La representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su interés por las recomendaciones surgidas de un estudio sobre las industrias extractivas en el país y la situación de las comunidades indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias.
El estudio, presentado en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidades (UNPFII) de 2013 por el dirigente zapoteco Saúl Vicente Vázquez, sugiere que el gobierno mexicano establezca una ley federal de consulta y consentimiento previo libre e informado que cumpla con los estándares internacionales establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, recomienda que la reforma de la Ley Minera sea acorde con los derechos de los pueblos indígenas.
El estudio presentado ante el pleno del UNPFII expone que las concesiones mineras, las cuales equivalen al 35 por ciento del territorio nacional y son mayormente controladas por empresas canadienses, provocan conflictos entre las poblaciones afectadas y las empresas mineras. Continúa explicando que dichas empresas se caracterizan por el uso de tecnologías que producen notorios «pasivos ambientales,» es decir, producen líquidos o sólidos que dañan el medio ambiente y la salud humana.
El documento destaca que una de las razones por las que las comunidades rechazan los proyectos mineros es la escasa e inadecuada información que reciben acerca de los mismos, así como la poca capacidad del Estado para asegurar el respeto de los derechos de las comunidades indígenas que habitan las zonas. Aunque México ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo en 1992, lo cual garantiza a los pueblos indígenas el derecho de ser consultados en lo referente a desarrollos en sus territorios tradicionales, la Secretaría de Economía – la entidad encargada de autorizar las concesiones mineras – otorga las concesiones sin consultar a las comunidades donde se establecerán las minas.
La Secretaría tampoco realiza estudios serios sobre los impactos en la región o sobre los beneficios para el país. De hecho, son las propias empresas mineras quienes financian esos estudios. Primero se otorgan los derechos sobre el subsuelo y luego se analizan los impactos, los cuales no siempre están bien analizados ya que hay claros conflictos de intereses. Los conflictos socio-ambientales con empresas mineras no son poco comunes en México.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, actualmente en México hay 32 conflictos. Los motivos son: contaminación del medio ambiente, falta de consentimientos de las comunidades para el proyecto, problemas de salud, enfrentamientos sociales, entre otros. De los 32 conflictos, más de 15 son con empresas canadienses. Lo cual no es inesperado si se considera que en 2012 la Secretaría de Economía reportó que de las compañías mineras extranjeras operando en el país, 72 por ciento eran canadienses. ¿Y por qué tantas empresas mineras vienen a México? Para empezar, en México las empresas pagan relativamente pocos impuestos en contraste con otros países, anualmente 7.5% sobre la utilidad operativa y de 0.5% por oro, plata y platino.
En Canadá, por ejemplo, el gobierno cobra regalías mineras a una tasa de entre 10 y 17 por ciento según la provincia, Estados Unidos tiene una tasa del 10 por ciento, más los impuestos regulares, y Chile cobra 9 por ciento. Aunque el discurso oficial mantiene que las inversiones extranjeras mineras traen muchos beneficios, como la generación de infraestructura, empleos en las regiones y una derrama económica para el país, según Jennifer Moore, coordinadora para Latinoamérica de Mining Watch, cuando las regalías y los impuestos son muy bajos los empresas mineras se llevan sus ganancias y las comunidades locales pagan los costos por el impacto de su operación.
Este es el caso de México, donde las empresas mineras se llevan hasta 95 por ciento de las ganancias. Así, aunque la reforma hacendaria se contempla la implementación de regalías al sector minero a partir de este año, se necesita de una reforma integral para proteger los derechos humanos y el medio ambiente.

REFERENCIAS

Animal Político. «Recomiendan a México reformar Ley Minera en respecto a indígenas.» por Margarita Warnholtz. Consultado el 31 de mayo de 2013.http://www.animalpolitico.com/2013/05/sugiere-onu-a-mexico-reformar-ley-minera-para-respetar-a-indigenas/?utm_source=Contextly&utm_medium=Sidebar&utm_campaign=Previous#axzz2W67cGLxq
Sin Embargo. «Mineras de Canadá generan crisis social.» por Andrea Vega. Consultado el 26 de junio de 2013. http://www.sinembargo.mx/26-06-2013/662368]]>