En una resolución inédita, el IFAI revoca respuesta de la Secretaría de Economía donde esta dependencia niega la existencia de información solicitada por el equipo de investigación de PODER acerca de las coordenadas de localización de las concesiones mineras, en contradicción con los principios de transparencia y derecho a la información.
Por Mayeli Sánchez Martínez,investigadora de PODER
En el centro de la producción de decisión de cualquier sociedad está la información. Sin datos, lo que se pueda dialogar pierde fuerza, y al monopolizar la información se fomenta un uso del poder inequitativo propio de gobiernos antidemocráticos. La falta de acceso a la información nos coloca a los ciudadanos al margen de poder decidir sobre el presente y el futuro de los territorios que habitamos. Esto es especialmente grave cuando desde el gobierno se establecen programas de desarrollo económico cuyas consecuencias viviremos las personas comunes, incluyendo el posible despojo de tierras, deterioro del ambiente, afectaciones a la salud y a las formas de trabajo.
En el caso de la industria minera en México, existen 25,352 concesiones vigentes que ocupan el 13.07% del territorio¹ (apenas un poco por debajo de la tierra que se cultiva, que es el 15.8%)². En la historia reciente del país se ha expuesto la falta de transparencia por parte del gobierno para informar sobre esta industria. Un ejemplo de esto es la investigación realizada por PODER sobre la presencia de las industrias extractivas en el territorio de la Sierra Norte de Puebla, en la que se rastrearon 78 concesiones vigentes de las 303 que hay en total para el Estado, y que concentran el 64% del territorio destinado a la minería en Puebla³]=»»>http://consejotiyattlali.blogspot.mx/], puso de manifiesto la dificultad que existe para conocer los datos sobre la localización de las concesiones y la falta de información que tienen las comunidades que habitan los territorios de dichas concesiones.
Por la opacidad que prevalece en esta industria, le tomó a PODER casi medio año realizar la investigación y sólo se logró mapear una parte pequeña del país. Aún así, la información generada es clave para las comunidades afectadas por la presencia de proyectos extractivos, especialmente aquellos que se relacionan con minería, ya que un adecuado flujo de información les hace saber las dimensiones exactas que abarcan las concesiones mineras, lo que a su vez permite analizar dónde puede haber un impacto social o medioambiental y tomar medidas para prevenir, mitigar o remediarlo. El motivo de dicha investigación fue justamente compensar la enorme falta de transparencia de la industria minera, tanto desde el gobierno como desde las mismas empresas mineras, lo que representa un vacío inaceptable en la gobernanza democrática de los recursos naturales del país. Las comunidades afectadas por la minería tienen derecho a saber las ubicaciones y el alcance de las concesiones mineras, y hasta el momento la Secretaria de Economía les está negando el ejercicio de este derecho.
De 2003 a 2013, el IFAI registró cerca de 700 solicitudes de información hechas a la Secretaría de Economía con el tema minería. En múltiples ocasiones, la solicitud incluye que se den a conocer datos sobre la ubicación geográfica de lotes mineros. Sin embargo, la información continúa sin estar disponible y hasta la fecha la única forma que existe para conocer la ubicación geográfica de los lotes mineros es asistiendo a los archivos de la Dirección General de Minas, en donde sólo permiten consultar 5 expedientes por día por persona y no se permite sacar fotocopias simples de la documentación, ni hacer uso de dispositivos, como teléfonos celulares y cámaras fotográficas, para obtener imágenes de los archivos. Esto le llevaría a cualquier mexicano que no viva en el área metropolitana costear una estancia de 5,070.4 días hábiles para poder acceder a la información, o pagar $4,965,000.00 M.N. por un archivo de datos conocido como shapefile, que sin ser un mapa, la Secretaría de Economía pretende cobrar como si fuese el equivalente a 20360 planos del INEGI⁴.
El 4 de febrero de 2014, ingresé, mediante el portal INFOMEX, la solicitud con folio 0001000012514 a la Secretaría de Economía, para pedir las “Coordenadas geográficas de concesiones mineras y asignaciones mineras de la República Mexicana en formatos digitales libres”. Esta información debería estar disponible de forma pública bajo criterios de máxima publicidad y disponibilidad de acuerdo a la Ley Minera Vigente, y además el derecho al acceso a la información está amparado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Sin embargo, la Secretaría de Economía se negó a entregar los datos. En un oficio sin número su Unidad de Enlace respondió que no contaba con esta información, motivo por el cual presenté un recurso de inconformidad. De forma inédita el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en un extenso estudio que consta en la resolución con expediente RDA 1045/14, revocó la respuesta de la Secretaría de Economía.
En respuesta a este mandato en el oficio 181.07636.DGRM.2014 fechado el 1 de agosto y notificado el 8 de agosto de 2014, la Secretaría de Economía responde:»Como resultado de la búsqueda exhaustiva realizada, se localizaron, EN SU TOTALIDAD, las coordenadas geográficas del punto de partida de las concesiones mineras de la República Mexicana que obran en los archivos de esta Dirección…Cabe mencionar que dichas coordenadas geográficas son las que, en su caso, fueron utilizadas al momento de realizar la representación de los lotes mineros en la cartografía minera».
En archivo adjunto a la respuesta se envía una hoja de cálculo en la que están las coordenadas del punto de partida. Usando tecnicismos para justificar su falta de transparencia, la Secretaría de Economía nuevamente se niega a hacer entrega de la información fundamental para la producción de decisión, y cuyo acceso es un derecho de los ciudadanos. La solicitud claramente pide «los datos geográficos de los polígonos de las concesiones mineras»; un punto de partida es solo el punto de referencia para poder determinar la ubicación de un lote minero. Este punto de partida puede formar parte o no del perímetro del lote minero; ni siquiera aporta información para conocer la dirección en la que se encontraría el lote. La negativa constante de la Secretaría de Economía impide a la población conocer y decidir sobre un tema crucial como es la industria minera, además de entrar en contradicción con los principios fundamentales de la transparencia y el derecho a la información.]]>