Operar fuera de la ley ocasionó el peor desastre ambiental de la industria minera en los últimos tiempos. El 6 de agosto de 2014 se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora porque la mina Buenavista del Cobre -subsidiaria de Grupo México- operaba sin acatar normas básicas de seguridad exigidas por la ley.
La minera propiedad del segundo hombre más rico de México¹, Germán Larrea Mota-Velazco, ha trabajado sin un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos bajo el auspicio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La autorización del Plan está pendiente porque Buenavista del Cobre lleva tres años sin entregar a la dependencia la información necesaria para completar el trámite, según reveló una solicitud de información² realizada por la organización no gubernamental PODER, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación.
Buenavista del Cobre almacenó la solución de sulfato de cobre acidulado -el químico que contaminó los ríos- en instalaciones que se encontraban en construcción³, por lo menos hasta la primera mitad de 2015⁴.
El terreno que alberga los represos donde se procesa el sulfato -desde mayo de 2014- tenía un avance de construcción⁵ de 50% después que ocurriera el derrame de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Las instalaciones tampoco contaban con sistemas de detección y control de derrames⁶, sin embargo, la minera aseguró que el derrame fue ocasionado por un exceso de lluvia.
La versión de Grupo México fue desmentida por los datos oficiales. Según la estación climatológica de Bacánuchi -la más cercana a Cananea- el 6 de agosto de 2014 llovió cinco milímetros –se necesitan entre 50 y 100 para causar algún tipo de inundación-. Tres días antes no llovió.

Simular la reparación del daño

Los daños económicos, a la salud y a la forma de vida de las comunidades ocasionados por el derrame no han sido reparados a un año de los hechos.
Buenavista del Cobre no cuenta con un Plan de Remediación Ambiental⁷ autorizado por la Semarnat para las siete comunidades afectadas por el derrame: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.
La minera dividió el territorio afectado en cinco zonas y debía hacer un Plan de Remediación para cada una. Sin embargo, fue hasta julio de 2015 -once meses después del derrame- cuando entregó a la Semarnat el Plan para una de las cinco zonas.
Grupo México reparó el daño únicamente en el terreno donde se ubican sus concesiones mineras que abarca 30 kilómetros desde el área donde inició el derrame. Esta es la zona uno.
No hay Plan de Remediación para las comunidades afectadas porque éstas se ubican en las cuatro zonas restantes donde la Semarnat no ha evaluado ni aprobado el trámite, a pesar de que el Plan debió entregarse y aprobarse a la brevedad de ocurrido el derrame.
No es claro si el Plan de Remediación no se ha aplicado en estas zonas porque la minera no lo ha entregado a la Semarnat ó porque el trámite está pendiente en la propia dependencia. La respuesta de la Semarnat a la solicitud de información⁸ realizada por PODER deja ambas posibilidades abiertas.
La versión oficial sobre la remediación oculta hechos que pudieran revelar negligencia. El Procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, explicó en conferencia de prensa⁹ que la remediación ya se había aplicado en los primeros 30 kilómetros desde el punto donde ocurrió el derrame, la zona uno, sin aclarar que ese territorio abarca únicamente las concesiones mineras de Grupo México.

Fideicomiso insuficiente en monto y falto de estudios

Los apoyos para los afectados se han repartido sin un orden. El Fideicomiso río Sonora, creado por Grupo México en colaboración con el gobierno federal para resarcir los daños, no se basó en un estudio socio-económico para definir el reparto de recursos.
El apoyo económico a los afectados ha sido insignificante en comparación con las pérdidas. Por citar un ejemplo, algunos de los agricultores que siembran cacahuate fueron indemnizados con 10 mil pesos por hectárea, cuando una hectárea cosechada genera ingresos por 65 mil pesos.
Falta aplicar casi 800 millones de pesos del Fideicomiso. Hace un año la minera se comprometió a resarcir los daños con 2,000 millones de pesos, un monto que equivale al 0.013% de los ingresos brutos que Grupo México obtuvo en 2014.
El 40% de los recursos del Fideicomiso se destinaron a rubros que no tuvieron nada que ver con los afectados; por ejemplo, el 97% de los recursos para la compra de tinacos se pagaron a intermediarios como el Colegio de Ingenieros Ambientales de México y el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora¹⁰. 24 millones de pesos se gastaron en publicidad¹¹, más de lo que se gastó en el concepto -poco claro- de “Atención y seguimiento médico” al cual fueron asignados 20 millones.
La Comisión Presidencial del Fideicomiso aseguró -en conferencia de prensa- que la totalidad de los recursos se había utilizado para reparar los daños¹², a pesar de que los datos del propio sitio web del Fideicomiso desmientan la decisión sobre el destino de los 1,204 millones de pesos repartidos hasta ahora.

Afectados organizan defensa

Alrededor de 300 afectados se organizaron en Comités de Cuenca para defender los derechos al agua de calidad, salud y medio ambiente sano -entre otros- que Grupo México violó con el derrame.
Los Comités de Cuenca interpusieron cinco amparos contra Buenavista del Cobre, Semarnat, Profepa, Sagarpa, Conagua, la Secretaria de Salud, Cofepris y el titular del ejecutivo federal, para exigir que cumplan con su deber de garantes en la reparación de los daños.
Los Comités de Cuenca del río Sonora piden a Grupo México:
-Aplicar un Plan de Remediación Ambiental para los siete municipios afectados.
-Construir las plantas potabilizadoras con el método de ósmosis inversa que el Fideicomiso prometió a cada municipio y comisaría de la zona afectada.
-Resarcir las pérdidas económicas con base en un diagnóstico y censo de los daños.
-Realizar estudios y ofrecer servicios de salud confiables a través del Fideicomiso, pues testimonios de los Comités aseguran que los médicos auspiciados por la minera trivializan sus síntomas. Lo han corroborado quienes acudieron con un médico privado que contradijo el diagnóstico oficial.
-Construir la clínica que prometió.
Y al gobierno federal:
-Asegurar que Buenavista del Cobre opere con las autorizaciones que obliga la ley, para empezar, con el Plan de Manejo de Residuos.
-Elaborar y aplicar el Plan de Re-activación Agrícola que prometió la Sagarpa a los agricultores afectados en septiembre de 2014¹³.
-Medir la sanidad del agua con estándares internacionales, ya que las NOM mexicanas que evalúan la calidad del agua son muy permisivas, de acuerdo con el análisis del abogado que representa a los Comités de Cuenca, Luis Miguel Cano.
-Que se consulte a los Comités de Cuenca -como posibles afectados- antes de otorgar a la minera cualquier permiso ambiental.
La defensa emprendida por los Comités de Cuenca del río Sonora puede sentar un precedente a nivel nacional de acuerdo con el abogado que defiende a los afectados, pero si no logran obtener sus peticiones más de 22 mil personas continuarán afectadas por los efectos que ha causado el derrame desde hace un año.
Mientras tanto Grupo México continua con su plan para convertir a Buenavista del Cobre en la tercer mina de cobre más grande del mundo¹⁴, con una inversión de 3 mil 400 millones de dólares que pretende aumentar 180% su capacidad de producción¹⁵.]]>