Menos de 1% de juchitecos aprobaron parque eólico en Oaxaca.
-La consulta indígena se realizó sin una adecuada traducción al zapoteco.
-Autoridades ignoraron 16 solicitudes de información realizadas por los indígenas.
-Grupos afines al parque eólico infundieron amenazas que cohibieron la participación.
-PODER y CDH-Tepeyac desistieron como observadores de la consulta.
Contrario a la versión de la Secretaría de Energía, sólo el 1% de los indígenas -y no la mayoría – consintió la construcción de un parque eólico en Juchitán, Oaxaca. Revelaron los observadores de la primera consulta indígena que se realiza en México para solicitar la aprobación ciudadana de un mega proyecto.
El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) junto a otras organizaciones (primero con Código DH y ProDESC, y despúes CDH-Tepeyac) denunciaron a través que la consulta indígena violó los cuatro principios que deben regir cualquier ejercicio de esta naturaleza: el carácter de previo, libre, informado y de buena fe.
Ese fue el motivo por el cual –casi al finalizar el proceso- tanto PODER como el Centro de Derechos Humanos Tepeyac (CDH-Tepeyac) se desistieron de la misión de observación, ya que las autoridades no atendieron sus recomendaciones.
Desde el principio hubo vicios en el procedimiento. De acuerdo con los reportes de las ONGas convocatorias se concentraron en internet -un medio al que pocos en Juchitán tienen acceso- y no en los medios convencionales que utilizan los indígenas para difundir información como el perifoneo o los carteles. La ineficiencia de la convocatoria derivó en asambleas con un promedio de entre 200 y 300 personas en una comunidad de 80 mil habitantes.
No hubo una traducción adecuada. Los intérpretes contratados por las autoridades, en repetidas ocasiones, no tradujeron las preguntas de los indígenas al español durante las asambleas. Tampoco tradujeron varias de las intervenciones del Comité Técnico que dirigió el proceso al zapoteco.
Ninguno de los documentos con la información detallada sobre el parque eólico se tradujo a la lengua indígena. Además, los observadores denunciaron que durante la primera etapa de la consulta no hubo un esfuerzo por simplificar la información técnica para la comprensión de un público no especializado.
El Comité Técnico -que agrupó a los representantes de gobierno que lideraron la consulta- ignoró por lo menos 16 solicitudes de información y 60 preguntas realizadas por los indígenas durante los nueve meses que duró la consulta.
Algunas de las solicitudes se referían a información sumamente básica para comprender el proyecto, por ejemplo: saber el origen y la situación jurídica de la empresa que construiría el parque eólico; el uso que tendría la energía eléctrica que generaría o los términos de los contratos de arrendamiento.
Los reportes de los observadores también dieron cuenta de que el Comité Técnico hizo acuerdos con la empresa a espaldas de la comunidad. Contra las reglas, el Comité Técnico incluyó a representantes de la empresa como participantes activos en la consulta, con el conflicto de interés que ello implicaba.
La Comisión Reguladora de Energía autorizó a la empresa para que comenzará la construcción y generación de energía eléctrica seis meses antes de que concluyera la consulta, en enero de 2015. Hasta julio pasado -cinco meses después de otorgado el permiso y un mes antes de que concluyera la consulta- el Comité Técnico informó a la comunidad de la existencia de la autorización.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por su parte, aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental a la empresa sin que la consulta indígena hubiera concluido.
La consulta no se realizó en un ambiente libre. Los reportes de los observadores registraron que hubo por lo menos 20 incidentes de seguridad contra los representantes de grupos indígenas que se oponían a la construcción del parque eólico, que cohibieron la participación.
Desde llamadas telefónicas y mensajes de texto con la orden explicita de desistirse de participar en la consulta, hasta actos de intimidación en domicilios y agresiones verbales durante las asambleas.
Uno de los incidentes más graves se presentó cuando uno de los miembros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco estuvo en riesgo de ser agredido por una persona presuntamente armada al concluir una de las asambleas.
La consulta indígena de Juchitán pretende convertirse en el modelo de consulta ciudadana para los proyectos que vendrán luego de aprobada la Reforma Energética. De acuerdo con PODER, el hecho es grave puesto que el proceso no respetó los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
