Investigación conjunta de los aliados Méxicoleaks con base en una filtración que dió pie a una investigación de largo aliento.

Un conjunto de vestigios arqueológicos de gran valor histórico ha sido destruido y desmantelado para construir un centro comercial. La voluntad de los empresarios a cargo del proyecto, a través de la empresa Desarrollo de las Monjas, se impuso a las protestas ciudadanas e incluso a la normatividad que protege este tipo de patrimonio. Se trataba de una de las pocas estructuras que aún quedan en pie de lo que fue un importante centro ceremonial Matlatzinca¹, ubicado en Valle de Bravo, Estado de México y reconocido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desde 1975². El sitio arqueológico conocido como La Peña ha sido descrito como “un asentamiento muy complejo desde el punto de vista arquitectónico y arqueológico³”.

Los responsables de la obra destruyeron dos estructuras de la época prehispánica⁴ y una antigua casa de adobe con techo de tejas donde se ubicaba una gran cantidad de material cerámico y lítico constructivo de basamentos piramidales⁵. También echaron escombros sobre los muros de una antigua terraza de cultivo que no se ha explorado en su totalidad⁶ y talaron por lo menos 70 de los 176 árboles ubicados en el sitio⁷.

Terreno total en propiedad de Alejandro Martí y Alejandro Aboumrad, lotes que fueron adquiriendo de 2004 a 2011. Parte baja corresponde a Casa de Ídolos, parte alta a Las Monjas. Informe de Salvamento Arqueologico INAH 2014

Martí y Aboumrad, los rostros tras la destrucción

Los responsables de la destrucción de los vestigios arqueológicos son dos empresarios vinculados a políticos y empresarios de peso: Alejandro Joaquín Martí García y Alejandro Aboumrad Gabriel, propietarios del predio⁸ y únicos accionistas de Desarrollo de Las Monjas⁹.
Aboumrad Gabriel, de 71 años, es consejero del Grupo Carso desde hace 24 años y presidente del Grupo Proa, ambos de Carlos Slim¹⁰. Además es consejero en Grupo Rotoplas, empresa presidida por Carlos Rojas Mota Velasco¹¹, y presidente de Grupo Porcelanite¹², que pertenece a Grupo Lamosa, cuyo presidente corporativo es Federico Toussaint Elosúa¹³, miembro del Consejo Mexicano de Negocios, el grupo empresarial con más influencia en el país¹⁴.

Alejandro Martí García, nieto del fundador de Grupo Martí y actual consejero del grupo, es inversionista de diversas sociedades como Procorp¹⁵ y el Fideicomiso Hipotecario (Fhipo)¹⁶. El presidente de Grupo Martí es Alfredo Harp Helú¹⁷, el decimoquinto hombre más rico de México¹⁸ y primo de Carlos Slim Helú¹⁹.

Desarrollo de Las Monjas contrató para construir la plaza comercial a tres empresas constructoras: Mexico Retail Properties (MRP), Cumhisa y Consorcio de Ingenieros²⁰. MRP es dirigida por el cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Jerónimo Marcos Gerard Rivero, quien preside también Infraestructura Institucional (I2)²¹, donde Martí participa como accionista²². I2 “inyectó fondos a proyectos de obra federal concesionarios a empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor y financiero de la Casa Blanca de Las Lomas, en la que residía la pareja presidencial”, según la revista Proceso²³.

En Valle de Bravo un grupo de vecinos emprendió diversas acciones para detener el curso de la obra, entre otras, solicitaron a las autoridades municipales -sin éxito- la implementación de una consulta pública y para ello reunieron unas mil firmas²⁴. “Quieren convertir (los vestigios) en jardineras prehispánicas, lo cual me parece una aberración, un insulto y una ofensa como ciudadana defendiendo mi patrimonio arqueológico”, aseguró Natalia Fenton, una de las defensoras del sitio, en entrevista para RindeCuentas.org en diciembre de 2014.

Extensión que tendrá la Plaza Comercial Patio Valle. Informe de Salvamento Arqueologico INAH 2014

Los vecinos enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la cual solicitaban su intervención y de paso le recordaban la promesa de “rescatar la zona arqueológica y construir un museo de sitio”, que como candidato a gobernador del Estado de México realizó en 2005²⁵. La carta también fue remitida a otras autoridades pero ninguna reaccionó. Entre otras fue desoída por la representación de la UNESCO en el país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y las oficinas centrales del INAH.

La trampa legal

Para iniciar las obras Aboumrad y Martí realizaron una trampa legal: obtuvieron la licencia de construcción, de uso de suelo y la autorización a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) alegando a las autoridades municipales y estatales que tenían la liberación del INAH para todo el terreno. Sin embargo, el predio donde se asentará la plaza comercial consta de dos predios, Casa de Ídolos y Las Monjas. La empresa únicamente contaba con la liberación del INAH para este último, por tanto, las obras comenzaron sin que Casa de Ídolos contara con los permisos necesarios²⁶.
 
Al emparejar el terreno -en la primera fase de la obra- destruyeron las estructuras prehispánicas del predio Casa de Ídolos, terreno que se ubica dentro de una poligonal de protección que el INAH estableció en 1984²⁷. Para estos casos la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece una pena de prisión de tres a diez años y una multa hasta por el valor del daño causado²⁸.

El representante legal de Desarrollo de las Monjas, Adalberto Arellano, asegura a Méxicoleaks: “No sabíamos que el predio [Casa de Ídolos] no estaba liberado hasta que el INAH nos hizo ver que no había pasado por el proceso de liberación, entonces se detuvieron los procesos y empezamos el procedimiento [de solicitud de liberación]”²⁹. A pesar de que la destrucción está documentada en los propios informes del INAH Adalberto Arellano aseguró -a pregunta explícita de los reporteros de Méxicoleaks- que “no, no hubo ninguna afectación”³⁰.

Consumada la destrucción, el Centro INAH del Estado de México procedió a la suspensión de las obras para iniciar el rescate y posteriormente el salvamento de los vestigios arqueológicos que quedaron en Casa de Ídolos³¹. “Nosotros entramos precisamente para corregir el problema, no nos podemos oponer al desarrollo urbano siempre y cuando se integre y se concilien los distintos intereses”, afirmó el arqueólogo José Hernández Rivero³², quien comenzó los trabajos de rescate y posterior salvamento en Casa de Ídolos y se retiró del proyecto un año antes de que el Centro INAH concediera la liberación a la empresa Desarrollo de las Monjas.

Antes de retirarse Hernández Rivero ordenó a los arqueólogos bajo su cargo que desmantelaran 19 estructuras para que se pudiera proceder a la liberación. Los arqueólogos en cuestión dejaron constancia de su inconformidad con la decisión en uno de los informes al señalar: “se tuvo que cumplir con dicha acción aunque no se estuviera de acuerdo”³³.

Con la liberación de ambos predios en las manos a de Desarrollo de las Monjas sólo le basta renovar la licencia de uso de suelo, construcción y la MIA -que obtuvo en la pasado mediante la trampa legal- para dejar asentado sobre los vestigios arqueológicos su Plaza Comercial Patio Valle.

El INAH le otorgó la liberación con una sola condición: deberá reconstruir algunas de las estructuras que se desmantelaron para exponerlas al público en las áreas comunes de la plaza comercial³⁴. Para Hernández Rivero ésta fue una buena solución: “No nos podemos oponer a todo. No queremos que el INAH sea el ‘y no’ […] En el proyecto de [Desarrollo de las Monjas] es la primera vez que se integran los vestigios arqueológicos, me parece un proyecto muy respetuoso”.

La destrucción de vestigios arqueológicos en Casa de Ídolos es un caso más de una serie de destrucciones al sitio arqueológico que comenzaron desde los años 80, una actividad que se ha consumado bajo la actuación omisa del INAH. Para muestra, uno de los lotes que Aboumrad y Martí compraron para asentar la plaza comercial -en el pasado- fue señalado porque en el se construyó una tienda de materiales y casas habitación sin haber solicitado la liberación del INAH³⁵.

La Peña se convirtió en sitio de verano

En los últimos treinta años La Peña perdió la oportunidad de ser un sitio arqueológico y se convirtió en un lugar de veraneo. Las casas construidas sobre el sitio impidieron a los arqueólogos conocer con más profundidad sobre la cultura Matlatzinca y explorar vestigios como el “monumental” centro ceremonial del que hablan los que trabajaron en el lugar³⁶.

Todo empezó con la construcción de la presa Miguel Alemán en la década de los 40³⁷. El agua sepultó la valiosa Pirámide del Zancudo³⁸ e inundó las tierras agrícolas comunales de los vallesanos. Debido a eso los comuneros reclamaron la posesión de los predios ubicados sobre La Peña y en 1947 ganaron un juicio de amparo que les concedió la posesión pero no el de uso de suelo³⁹.
La reforma constitucional al artículo 27° de 1975 permitió a los comuneros pasar del régimen de propiedad comunal al de propiedad privada, y por lo tanto comprar y vender terrenos⁴⁰. “Valle de Bravo no tiene área para desarrollo urbano porque está rodeado de bosque. Por eso cualquier centímetro urbanizable es muy cotizada. El problema ahí es que todo lo que se pueda construir va a valer mucho dinero y por eso hay tanta rebatinga por las tierras”, señaló el arqueólogo Hernández Rivero⁴¹.

Para vender sus terrenos con un mayor valor los dueños necesitaban poseer los derechos de uso de suelo y, para obtenerlos, era necesario que el INAH realizara trabajos de rescate de los vestigios arqueológicos en los predios y que posteriormente -y dependiendo de lo encontrado- les otorgara la liberación.

No todos los propietarios tuvieron la paciencia suficiente para proceder por la vía legal. El lado sureste de La Peña fue una de las zonas que “se perdió total e irremediablemente para dar paso a la construcción de casas de fin de semana⁴²”. En 1997 el Centro INAH había detectado por lo menos seis inmuebles construidos de manera irregular -sin gestionar la liberación del terreno ante el Instituto- y tan sólo uno sancionado⁴³.

Bonifascio González Peñaloza -el mismo que promovió el amparo de 1947- incluso se saltó la negativa del INAH y comenzó obras en los lotes de su propiedad. En el lote 102, donde el Instituto negó la liberación luego de realizar los trabajos de salvamento debido a que localizaron varias terrazas y -hasta donde se permitió explorar- 110 entierros, hoy hay una casa⁴⁴. En el lote 47, donde el arqueólogo Manfred Reinhold -primero en realizar exploración del sitio⁴⁵– encontró vestigios en los años 70, también hay otra casa⁴⁶.

Hay vestigios arqueológicos dentro de las casas de verano, pues algunos de los propietarios ni siquiera permitieron el acceso del Instituto a sus predios para realizar los trabajos de rescate o salvamento⁴⁷. En uno de los jardines de las casas veraniegas posa como adorno una cabeza de serpiente. Este tipo de piezas se considera de gran relevancia porque “desarrollaron un estilo único en su género para la región y época”. Piezas similares se trasladaron a la presidencia municipal de Valle de Bravo y al parque público El Pino⁴⁸.

Las omisiones del INAH

Ante la mirada omisa del INAH La Peña sufrió “fuertes saqueos” durante los 80. El Instituto no emprendió acciones de protección o investigación a pesar de que el custodio residente del sitio, Roberto Salazar, informó “de manera insistente” los hechos⁴⁹. La omisión del INAH fue tal que incluso las autoridades gubernamentales participaron en la destrucción de La Peña.

El mismo año en se que delimitó la poligonal de protección se destruyó una estructura con una altura promedio de cinco metros para construir el Instituto de Salud del Estado de México en Valle de Bravo. Los ciudadanos denunciaron los hechos ante el Centro INAH, pero “ninguna acción administrativa fue emprendida para llevar a cabo el rescate correspondiente”⁵⁰.

El propio INAH apresuró la liberación de algunos predios al no respetar sus procedimientos. Destaca el caso de la cueva Casa del Diablo. En 1998 el arqueólogo Hernández Rivero señaló en un informe que el director del Centro INAH del Estado de México en ese entonces, Cesar Aldama Muciño, otorgó una liberación anticipada a los predios donde se ubica la cueva a pesar de existir un dictamen legal de parte de los arqueólogos que trabajaron en los predios⁵¹.
Como el caso anterior, los informes de 1995 a 1998 revelan diversas inconsistencias del INAH, por ejemplo: trabajos de salvamento desastrosos, liberaciones efectuadas sin acatar las recomendaciones de los arqueólogos en campo o instrucciones que sugieren la pronta liberación de los predios ante la presión de los particulares, entre otras.

Los últimos vestigios de un importante centro ceremonial Matlatzinca se han destruido con la complicidad y omisión del INAH, donde hubo importantes estructuras ahora habrá un centro comercial. Es una historia que se ha repetido en los últimos 35 años en Valle de Bravo. Hoy ya no se trata de comuneros, sino de la élite empresarial de México que ha pasado de exhibir esculturas en su jardín, a destruirlas y poner los restos en un rincón del estacionamiento de su última inversión: La Plaza Comercial Patio Valle.