Reportaje elaborado con base a un leak filtrado a través de la plataforma Méxicoleaks. Ecuador, son las 19:20 horas del 28 de marzo de 2014, un internauta cualquiera teclea la url www.youtube.com y no aparece la web. Intenta entrar en www.google.com para averiguar qué sucede pero tampoco lo consigue. Sin embargo, carga con normalidad el resto de las páginas de la red. A las 19:53 horas del mismo día el servicio se restablece y puede acceder a YouTube y Google. No fue problema de la empresa estadounidense, sino un bloqueo de dominios que realizó la Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios de Internet, Valor Agregado, Portadores y Tecnologías de la Información (AEPROVI) a petición del gobierno ecuatoriano del presidente Rafael Correa. Lo acredita un documento enviado a la plataforma Ecuador Transparente -cuya autenticidad fue verificada por la Associated Whistleblowing Press (AWP)– y que llegó a manos del blog RindeCuentas.org adscrito al Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) a través de Méxicoleaks. “El problema de ingreso a páginas de Internet como Google y YouTube se debió a que personal de AEPROVI bloqueó el acceso a ciertas páginas de Internet bajo solicitud del gobierno nacional¹”, señala el documento, un memorándum que la subsidiaria de la empresa Telefónica en Ecuador ofreció en respuesta a un cliente ecuatoriano -de alto nivel- quién le reclamó la falta de acceso a los dominios.

El funcionamiento de AEPROVI y el papel de Slim

AEPROVI administra dos servidores raíz en Ecuador: se trata del primer lugar que consulta la operadora cuando busca una web, en caso de no estar ahí AEPROVI abre el acceso a la red mundial. Si AEPROVI bloquea un puerto o protocolo, está cortando el acceso a todas las operadoras del país sin que éstas puedan evitar la restricción².
Las concesionarias no son sólo afectadas, ya que AEPROVI está formada por las 29 empresas más importantes³ del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Todas participan en la Junta General y escogen a la Junta Directiva, de quien depende el Director Ejecutivo⁴.
Claro, la marca de América Móvil es la única operadora que tiene doble presencia en la Junta General de AEPROVI vía las empresas Conecel y EcuadorTelecom⁵. Según el estudio de Marco Navas Alvear, investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, “Los grandes operadores de telefonía móvil (como Otecel y Conecel) eventualmente pueden, por su volumen de negocios, ejercer una influencia decisiva en las actividades del AEPROVI”⁶.
La empresa del magnate Carlos Slim domina el 70% del mercado ecuatoriano⁷ y en febrero de 2015, y a pesar de los continuos enfrentamientos con el gobierno de Correa⁸, consiguió la licencia para operar el 4G y ampliar el espectro del 3G. La concesión, muy similar a la que consiguió Telefónica, durará hasta 2023 y América Móvil tendrá que pagar anualmente 180 millones de dolares⁹.
“Los gobiernos ejercen cada vez más presión sobre los intermediarios y si no tienen una posición firme para asegurar el respeto a los derechos humanos la cosa se complejiza bastante, pues estas violaciones no sólo ocurren por presión del gobierno, sino también por intereses económicos, así que [las concesionarias] tienen un rol que jugar”, dice una activista ecuatoriana de los derechos humanos digitales que prefiere permanecer en el anonimato por miedo a represalias.

Los porqués de la censura

“Lo que pudo haber pasado es que ellos [empresarios] querían censurar a un grupo de páginas y al querer aplicar la censura atacaron una parte de infraestructura, protocolos o puertos, que afectó todo el servicio […] Eso ha pasado antes en países que quieren censurar páginas por cuestiones de copyright o pornografía infantil”, explicó el director de incidencia de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Carlos Brito.
“La censura pudo ocurrir por lo menos en dos escenarios diferentes: el primero, que las empresas se hayan puesto de acuerdo y al pasarse los protocolos de acción hayan cometido el mismo error, o bien, que la operadora que administra la infraestructura troncal -principal- haya tomado la decisión y afectado el servicio del resto de las compañías a las cuales renta su infraestructura”, señaló Brito.
En su reporte el informante -quién filtró la información de forma anónima a Méxicoleaks- apunta que se querían esconder los siguientes hechos: el 28 de marzo -día del bloqueo- a través de la plataforma Blogspot, que es administrada por Google, se publicó una serie de correos que supuestamente pertenecían al Secretario Nacional de Inteligencia de Ecuador, Rommy Vallejo. El intercambio de correos a través del servicio Hotmail revelaba detalles íntimos sobre una relación amorosa sostenida a finales de 2008 y principios de 2009¹⁰.
Un día antes del bloqueo, el 27 de marzo, la cuenta del presidente Correa fue hackeada supuestamente por la organización Anonymous Ecuador. Durante la intervención fueron publicados tuits que hacían referencia a una mafia de miembros del gobierno¹¹ e invitaban a los usuarios de la red a seguir un blog de Anonymous que denunciaría actos de corrupción de Rommy Vallejo y el ministro del Interior, José Serrano, y sugerían seguir¹².
Según la activista ecuatoriana: “La legislación da pie para una interpretación bastante subjetiva… […] Los bloqueos han coincidido con ciertas coyunturas en las que ha habido una ola grande de críticas al gobierno por alguna medida fuerte que haya tomado, se ha detectado un patrón que se puede identificar por una cuestión de observación simple: hay un bloqueo de contenidos y cuentas en Twitter relacionada con eventos políticos”.

El gobierno ecuatoriano censura habitualmente

El Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador mantiene acuerdos de cooperación con AEPROVI a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL)¹³. Entre otras medidas la Agencia tiene por objetivo bloquear el acceso a ciertos dominios: “La innovadora acción que ha implementado la SUPERTEL -hoy ARCOTEL- para combatir la piratería en el Ecuador, es el bloqueo de dominios específicos de Internet¹⁴”.
No es un caso aislado. En 2014 un oficial de seguridad de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) admitió que: “En cooperación con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y proveedores de Internet privados se bloqueó dominios de red para evitar su funcionamiento¹⁵”. En Ecuador no existe una organización fuerte de usuarios o consumidores de tecnologías de la información con la capacidad de hacer frente a AEPROVI¹⁶.
“Un bloqueo a Google o YouTube sí se puede considerar un ataque a la libertad de expresión”, aseguró el director de incidencia de la R3D, Carlos Brito, quién explicó que esta libertad no sólo consiste en la capacidad de emisión de contenidos, sino también en la de recibirlos y en la capacidad del canal para transmitirlos. Por lo tanto, “estamos ante una censura en tres partes” y puntualizó “si hay una muestra verificable de voluntad para impedir el acceso a dominios aunque hayan sido 15, 10 o dos minutos, es censura y punto. No hay vuelta de hoja”.
La relación entre gobierno y concesionarias de telefonía móvil e Internet es de dependencia mutua; sin espacios de control de la sociedad civil las malas prácticas y vulneraciones a los derechos humanos pueden pasar inadvertidas. América Móvil, por ejemplo, tiene presencia en 17 países¹⁷ de la región, con una participación mínima de mercado del 30%¹⁸ y en países como México o Ecuador la participación se eleva al 70%¹⁹. El esquema se puede replicar en cualquier lugar.