Phoenix, Arizona, al 12 de abril de 2016 – La ley de Asistencia Legal a una Corte en el Extranjero (FLA, por sus siglas en inglés), 28 USC § 1782, otorga a los tribunales federales estadounidenses la autoridad de recabar documentos y testimonios para ayudar en procesos judiciales en el extranjero. A través de esta ley los Comités de Cuenca Río Sonora han solicitado la ayuda del tribunal federal estadounidense para conseguir información que les permita fortalecer sus acciones legales en México respecto al derrame de lixiviados tóxicos en los ríos Bacánuchi y Sonora el 6 de agosto de 2014
Esta nueva acción legal se puede llevar a cabo ya que la empresa matriz de la mina Buenavista del Cobre es la estadounidense Southern Copper Corporation. Southern Copper cotiza públicamente en bolsa en EUA con sede en Phoenix y es propietaria de varias subsidiarias mineras del conglomerado multinacional Grupo México. Como empresa matriz Southern Copper debe tener información relacionada con las operaciones y las prácticas ambientales de Buenavista del Cobre, incluyendo información sobre el derrame tóxico.
Los Comités de Cuenca Río Sonora cuentan con la ayuda del Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER), el Despacho Jurídico de Lynn Coyle PLLC y la organización estadounidense EarthRights International (ERI). “Desde 2014, PODER ha acompañado a los afectados del derrame en Río Sonora y su consolidación en el movimiento Comités de Cuenca Río Sonora”, comenta Benjamin Cokelet, director ejecutivo de PODER. “Este apoyo incluye representar legalmente a las y los afectados utilizando todo lo que permita la ley, incluyendo en México, Estados Unidos de América o donde haya oportunidad de lograr justicia. Esperamos que el tribunal estadounidense acceda a otorgar la ayuda en este caso, lo cual marcaría un gran precedente en la lucha por remediar el peor derrame minero en la historia de México”.
La información que Southern Copper puede proporcionar mostraría no sólo lo que causó el desastre, sino lo que hicieron o dejaron de hacer los responsables que conducen a él, y si sabían que sus acciones u omisiones podrían causar estos daños. Entre las causas del derrame están: la falta de una válvula de seguridad para prevenir la fuga, trabajar sin estanques de desbordamiento ni geomembranas impermeables, y no tener permisos ambientales, entre otras. Todas ellas se le pueden atribuir a la falta de cumplimiento de las normas ambientales por parte de Buenavista del Cobre.
“Las empresas mineras como Southern Copper mantienen una estrecha vigilancia sobre las operaciones de sus subsidiarias, incluyendo información sobre los lapsos en los protocolos y los permisos ambientales y de seguridad”, dice Marco Simons, el representante legal de ERI. Los afectados confían que esta información les ayudará a obtener la remediación que han buscado durante los últimos dos años. “Creemos que la información obtenida a partir de la acción FLA será fundamental para apoyar los casos de nuestros clientes en México”, dice Christopher Benoit, el abogado de los afectados.
Durante el 2015 y el 2016 los afectados han presentado una serie de acciones legales en México para intentar que la minera y el gobierno mexicano limpien el derrame y repararen integralmente a las comunidades que durante dos años han continuado sufriendo los impactos. Fueron 40 millones de litros de lixiviados tóxicos y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre -propiedad de Grupo México- los que se derramaron y más de 25,000 personas fueron afectadas.
La acción se denomina In re Application of Alberto Salcido-Romo, Francisco Ramón Miranda, Francisca Garcia-Enriquez, and Oscar Ramírez Gamez for an Order Granting Leave to Issue Subpoenas for the Taking of Discovery Pursuant to 28 U.S.C. § 1782, con número de expediente MC-16-0035-PHX-DLR, ante el Tribunal de Distrito de EUA para Arizona.
