Hermosillo 4 de septiembre de 2016. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó el día de ayer Hermosillo, Sonora, como punto de encuentro de las distintas comunidades afectadas del norte de México. El grupo de enviados especiales realizó una visita a Ures para conocer en primera persona las afectaciones del derrame de lixiviados por parte de Buenavista del Cobre (subsidiaria de Grupo México) de 2014 y en la tarde se reunió con representantes de diferentes comunidades que han expuesto seis casos paradigmáticos de la región.Los Comités de Cuenca Río Sonora han mostrado las afectaciones que sufren por el derrame de 40 millones de litros de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre, del cual se cumplieron 2 años el pasado 6 de agosto. Las comunidades han puesto énfasis en las omisiones de las autoridades responsables, la impunidad con la que la empresa ha afectado los derechos y modos de vida de la población del río y la falta de remediación integral y garantías de no repetición. Los pobladores organizados del Río Sonora también han denunciado los distintos obstáculos que se enfrentan para acceder a la justicia en este proceso donde el Proyecto en Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) los está acompañando.
Otro de los casos tratados es del Ejido La Sierrita de Galena en Durango. La comunidad, acompañada por ProDESC, está en juicio desde 2013 con la empresa Excellon de México S.A. de C. V. (filial de la Canadiense Excellon Resources Inc.) por incumplimiento por parte de la minera de las cláusulas sociales, económicas y medioambientales del contrato que firmaron en 2008. El juicio se encuentra en la etapa final y los representantes del ejido han expresado su esperanza de que la decisión del tribunal sea apegada a derecho y bajo los más altos estándares de derechos humanos.
Más allá de exponer sus casos concretos las comunidades han querido proponer una serie de recomendaciones al Grupo de Trabajo de la ONU con la esperanza que estas se vean reflejadas en su reporte, entre otras:
– Las empresas han de asumir su responsabilidad para que los derechos humanos no se vean afectados en ningún proceso de su cadena de valor.
– Se han de realizar procesos de debida diligencia en derechos humanos ex ante, donde se involucre a las comunidades potencialmente afectadas.
– Las casas matrices han de responsabilizarse por el actuar de sus subsidiarias en diferentes jurisdicciones, y siempre apegándose al estándar más alto.
– Se deben fortalecer las instituciones gubernamentales encargadas de regular el actuar empresarial, incluyendo aquellas a cargo de las evaluaciones de impacto social y medioambiental.
– Se han de potenciar y asegurar espacios de información y participación de comunidades y ciudadanos frente a proyectos que afectan su forma de vida.
También se espera que en el reporte sobre México que presente el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU se reconozca el alto grado de conflictividad en torno a ciertos proyectos e industrias, así como la violencia generalizada que aqueja al país-con características de conflicto armado no reconocido.