El lado sucio de la industria eólica

El 5 de septiembre de 1866 en las inmediaciones de la población actual de Juchitán de Zaragoza en el Estado de Oaxaca, un escueto batallón de hombres perseguido por el cansancio y el hambre buscó y encontró la alianza de poblaciones indígenas vecinas para acabar expulsando al batallón francés conocido como La Cola del Diablo. Las armas de los indígenas eran rudimentarias escopetas, machetes y hondas pero, sobre todo, el espíritu colectivo y la sed de justicia de una región donde el yugo de los conquistadores españoles y franceses había dejado heridas abiertas. La región del Istmo de Tehuantepec es rica en historias de resistencia épica que aún espolean a las generaciones actuales de Zapotecas e Ikoots para no claudicar y no ver su identidad y cultura borradas por la, a menudo rapaz, modernidad. Ésta es una región bendecida por una gran diversidad cultural indígena, tierras fértiles y, de manera crucial en el contexto energético, una de las mejores condiciones de viento del mundo.Desde 1993 el gobierno mexicano, no ajeno a la necesidad de acelerar su transición hacia las energías renovables dictada por el agotamiento del petróleo, ha abierto las puertas a la inversión extranjera directa, sobre todo española, para que desarrolle granjas de viento y dé pistoletazo de salida a la industria eólica en México. Se trata de una industria sumamente estratégica y que, al amparo de acuerdos como el de Kyoto y el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuenta con apoyos económicos por parte de instituciones como el Banco Mundial, entre otras. Teniendo en cuenta estas consideraciones, es fácil entender que la administración calderonista haya buscado desarrollar la industria eólica presentando planes energéticos ambiciosos y empujando a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que cumplan con los objetivos marcados.Sin embargo, este claro impulso institucional se ha dado de bruces con un régimen regulatorio ineficaz. Por una parte, ha generado incentivos para que se den irregularidades, sobre todo en lo que concierne a los procesos licitatorios en régimen de temporada abierta. Por otra, la legislación vigente en materia energética prima criterios de índole económica y no salvaguarda derechos básicos en materia medioambiental, de tierra y territorio, o laboral. En consecuencia, en el Istmo de Tehuantepec se impone un modelo de desarrollo eólico que beneficia a las empresas a expensas de las comunidades que son objeto de abusos graves; así, esta región se erige en un emblema del lado sucio de una industria que el discurso oficial promociona como sustentable y limpia. Amparados en su historia de resistencia, los pueblos zapotecos e ikoots han venido organizándose en un creciente movimiento de resistencia que busca defender su derecho al consentimiento libre, previo e informado y el desarrollo sustentable de su región. Si los abusos persisten y se desaprovecha la oportunidad de construir relaciones simétricas cimentadas en principios básicos de justicia, este movimiento tiene el potencial de obstaculizar o hasta detener el desarrollo de proyectos eólicos futuros.La organización colectiva de estas comunidades nos recuerda el costo social y medioambiental en el que se está incurriendo en la transición energética en México. Por eso, en este texto planteamos la siguiente pregunta básica: desarrollo eólico, sí, pero, ¿bajo qué condiciones? PODER y ProDESC – dos organizaciones civiles – se han asociado para plantear una solución alternativa al paradigma de desarrollo para la industria eólica. Este modelo busca articular e implementar un marco que garantice el pleno cumplimiento de los derechos humanos y transcienda esa falsa dicotomía entre el interés de las empresas, caracterizado por el imperativo de obtener ganancias, y el respeto al patrimonio y dignidad de las comunidades implicadas. Una vez implementado, el modelo garantizaría la libre, plena e informada participación de las comunidades en los procesos de toma de decisión, y refrendaría la posición de las comunidades implicadas como un sujeto político con el poder exclusivo de decidir de manera autónoma qué modelo de desarrollo les es más propicio, incluyendo la opción de un modelo más agropecuario y el rechazo a un modelo de desarrollo dictado desde fuera. En última instancia, el objetivo no es otro que garantizar la sustentabilidad social y medioambiental en el Istmo de Tehuantepec.