Las comunidades afectadas por actividades empresariales han desarrollado una amplia gama de estrategias para hacer frente a las violaciones de derechos humanos ocasionadas por proyectos de inversión; entre ellas, encontramos estrategias jurídicas, políticas y acciones de hecho. Si bien las anteriores estrategias han tenido ciertos resultados, éstos no han sido suficientes para impedir los atropellos cometidos en contra de la población. Continúan los casos de amenazas a líderes, las desapariciones, los asesinatos, el desplazamiento y los daños al medio ambiente. Todo ello sin que los gobiernos tengan la voluntad o la capacidad para proteger a las personas de dichos agravios. Los intereses económicos prevalecen sobre el interés social y los derechos humanos, dado que el Estado está capturado en gran medida por las élites empresariales.
Proponemos que una herramienta de EIDH se sume al acervo de herramientas existentes a fin de complementar los mecanismos de prevención, negociación y defensa que tienen los pueblos frente a proyectos de inversión.
Partiendo de la premisa de que los intereses económicos prevalecen sobre el interés social, los derechos humanos, las leyes y los fallos judiciales, creemos que resulta imprescindible que las comunidades se encuentren preparadas en tres áreas fundamentales. Primero, que conozcan la forma de operación de las empresas, es decir, cuáles son sus incentivos, su dinámica y su lógica operativa. En concreto, entender cómo deciden si invertir o no en un determinado lugar, con qué alcance y bajo qué condiciones. En ese sentido, resulta esencial una comprensión del concepto de “riesgo” tal como es entendido por las empresas. En segundo lugar, resulta esencial que las comunidades puedan evaluar y determinar con claridad cuál es, o podría ser, el impacto sobre los derechos humanos de un determinado proyecto. El marco normativo de los derechos humanos impone una serie de obligaciones a los Estados y a las empresas; es de vital importancia conocer dicho marco para utilizar los mecanismos de protección existentes. Por último, es clave que las comunidades se encuentren organizadas. La experiencia ha demostrado que las comunidades bien articuladas y cohesionadas tienen mucho mayor potencial para proteger y exigir sus derechos.
Proponemos precisamente una herramienta que sea útil para analizar y comprender tanto la lógica empresarial como el impacto en derechos humanos, contribuyendo a la vez a fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades. Si bien es cierto que actualmente existen herramientas de evaluación de impacto en derechos humanos, hemos observado que ninguna reúne los tres elementos mencionados anteriormente.
