1, del cual México es firmante desde 1989. Ya sea por ocultar información o por consultas simuladas, según lo denunciado por los pobladores y grupos de defensa, las empresas no toman en cuenta los intereses de la población y las autoridades no las hacen respetar esta garantía. La visita no oficial en México de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, vuelve a apuntar la relevancia de que tanto el Estado como las empresas efectivamente respeten y cumplan los procesos de consulta libre, previa e informada. Durante su visita la Relatora se ha reunido con pueblos afectados por este tipo de empresas. “En ningún momento hay el derecho al veto, los pobladores no pueden decir que no”, explica Diana Pérez, abogada de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua, grupo que defiende los derechos que viola el proyecto Ixtaca, que realiza Almaden Minerals. “Para las autoridades la consulta es un trámite administrativo más que las empresas necesitan. La consulta incluso debería ser antes de cualquier trámite o concesión de tierra, no una vez que la empresa ya está presente”. Almaden Minerals, la minera que compra voluntades Almaden Minerals reporta que ha realizado juntas comunitarias con hasta 35 comunidades y 600 asistentes para informarles sobre el proyecto y hacer consultas². Sin embargo, lo que la compañía califica de consultas, se acerca más a una “compra de voluntades”, explica la abogada Pérez. “La última junta fue en el Palacio Municipal y fue más bien un regaladero de cosas. La empresa hace rifas para regalar sillas de ruedas, celulares y otros bienes”. Entre otros hechos, la firma nunca informó a los pobladores que desde 2009 tiene una multa por parte de PROFEPA. Aún así, la empresa presume de transparencia. «Hemos comunicado los posibles impactos para el desarrollo del recurso (la mina) para que todas las partes involucradas estén informadas de lo que implica”, declara Morgan Poliquin³, director general de la compañía en su informe de Responsabilidad Social Corporativa de 2014. Pero la información que Almaden Minerals ha presentado a sus inversionistas no es la misma que ha dado a los pobladores ni a las autoridades mexicanas, causando incertidumbre en las comunidades. Almaden Minerals no reconoce que su mina a cielo abierto afectará a los 23,326 pobladores de Ixtacamaxtitlán, sitio donde se instalará el Proyecto Ixtaca. En un informe presentado a sus inversionistas el 22 de enero de este año declara que “el Proyecto Ixtaca está localizado en una área aislada y con poco a nulo uso de la tierra. La mina no requerirá el restablecimiento de ninguna comunidad”. Lo cierto es que, de 13 comunidades que serán perjudicadas, tres de ellas sufrirán grandes daños. Santa María Sotoltepec está en las faldas del cerro donde estará el tajo a cielo abierto, mientras que Zacatepec y Loma Larga están a menos de tres kilómetros. Autoridades omisas Las comunidades han reportado que las autoridades han fallado en hacer que la empresa cumpla con su obligación de respetar el derecho a un medio ambiente sano, al agua y a la salud⁴. Las omisiones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Economía (SE) han dejado el campo libre para que Almaden Minerals actúe sin tener en cuenta la voluntad de las comunidades afectadas. Las autoridades se señalan entre sí y se lavan las manos. La CNDH pidió información a SEMARNAT sobre el proyecto a raíz de una queja por parte de la Unión de Ejidos y Comunidades y la Secretaría del Medio Ambiente negó la existencia de permisos para el Proyecto Ixtaca, a pesar de que sí hay tres informes preventivos. Ante esta respuesta Nayeli Hacha, visitadora adjunta de la CNDH, comentó que girar los oficios “no cambiaría la determinación de la Comisión de concluir con la remisión del oficio a la Procuraduría Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA)”, comentó la abogada Pérez. Por su parte Juan José Camacho, Director General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía, comentó que la SE no tiene atribución de verificar si el territorio donde se otorga la concesión está habitado y que los derechos humanos no están considerados para dar la concesión, de acuerdo con un informe realizado por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)⁵, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)⁶, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER)⁷ y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua. El informe se hará público en los próximos meses. Para la abogada Pérez las irregularidades que ha cometido Almaden Minerals no habrían sucedido si no existiera “un compadrazgo” o al menos el desinterés por parte de las autoridades, que se suma a una falta de responsabilidad por parte de la empresa y el nulo seguimiento a sus actividades una vez que le ha sido concesionada la tierra. CONAGUA y Almaden Minerals no respondieron a las solicitudes de entrevista por parte de Rindecuentas.org. SEMARNAT no estuvo disponible. Lo más preocupante es que Almaden Minerals concentra poder en la Sierra Norte de Puebla, donde suma 14 concesiones (60.37% del total en la zona) a través de sus tres subsidiarias: Minera Gavilán, Minera Gorrión y Compañía Minera Zapata. Comexhidro simula consultas para el proyecto hidroeléctrico En el caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, impulsado desde 2013 por Grupo Comexhidro y Deselec y que pretende la desviación del río Ajajalpan para la generación de energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento, se han realizado supuestas consultas previas que han sido impugnadas por habitantes de Tlapacoya y San Felipe Tepatlán aludiendo que había sido un proceso de simulación y de compra de voluntades⁸. “Sí se hicieron algunas reuniones que no se sabía que eran consultas. Las que funcionaron como consultas fueron hechas a modo y atropellaron los derechos de todos, asistieron caciques que estaban de acuerdo con el proyecto”, explica la abogada Diana Pérez. Para prueba, existe una lista de asistencia del 19 de marzo de 2015 en Tlapacoya donde se registran sólo 25 firmas, de una población de cinco mil habitantes⁹. Grupo Comexhidro tiene un apartado en su web sobre consulta pública, en el que indica su compromiso de llevar “información veraz, completa y transparente a los habitantes y autoridades de las localidades aledañas a sus proyectos, siempre respetando usos y costumbres, a fin de que se mantengan informados sobre los proyectos que planea llevar a cabo”. La realidad es que se está muy lejos de que las comunidades que habitan las zonas donde se generan los nuevos proyectos sean vistas como sujetos de derechos. Jacobo Mekler, director comercial de Comexhidro y presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro), advierte que la acción de líderes sociales o políticos pueden representar un bloqueo. “La nueva consulta a los pueblos indígenas [protocolo fijado por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas]¹⁰ que se debe llevar a cabo para echar a andar nuevos proyectos hidroeléctricos (y en general, cualquier proyecto de infraestructura) ha paralizado el desarrollo de este sector…Esta situación ha generado retrasos de hasta cuatro meses en todos los proyectos hidroeléctricos que se están instrumentando en el país, y si no se resuelve pronto, podría impedir su desarrollo definitivamente”, escribe Mekler en un documento presentado a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía¹¹. Relaciones privadas provechosas La mexicana Comexhidro tiene una larga historia de relaciones con el gobierno, desde su creación en 1997 y con Salomón Camhaji Samra como director de una de sus subsidiarias. Camhaji Samra trabajó en la Comisión Federal de Electricidad, Altos Hornos de México (AHMSA) y es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía. Además la empresa recibe financiamiento del Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras, que asume los riesgos a la inversión para fomentar la privatización de los proyectos energéticos, de acuerdo con lo documentado por PODER¹². Por su parte, el proyecto sólo beneficia a más intereses privados. Promete proveer energía para varias empresas que también funcionan como socias de Comexhidro. Tal es el caso de Wal-Mart de México, Waldo’s, Vips, Suburbia, Colchas México e Ileana Jinich Mekler, según la Comisión Reguladora de Energía, que otorgó el permiso para producir energía RES/493/2013¹³. La escasa implementación de la consulta libre, previa e informada Organizaciones de la sociedad civil han presionado a organismos oficiales y a Naciones Unidas para que empresas y gobierno respeten e implementen procesos de consulta libre, previa e informada reales. Este año el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU visitó México y apuntó la necesidad del compromiso con las consultas sustantivas y los procesos de debida diligencia con los grupos potencialmente afectados por parte de las empresas, independientemente de la capacidad o voluntad del Estado¹⁴. El problema en sí mismo no es la consulta, sino cómo está planeado y pensado el proceso: para excluir a la población. Esto sucede en varios sitios de México; la Sierra Norte de Puebla es sólo un ejemplo de la mala implementación de las consultas que se llevan a cabo de esa forma debido a la defensa que hace el Estado de los intereses empresariales en lugar de los intereses públicos. Esto se ve desde el momento de redactar leyes o firmar acuerdos que posteriormente, en pro del “progreso” y en detrimento de la calidad de vida de miles de mexicanos, no se harán respetar.