DENUNCIAN A EMPRESA MINERA CANADIENSE POR VIOLAR LEYES AMBIENTALES MEXICANAS
– Almaden Minerals pasa por alto dictámenes de la SEMARNAT violando la ley
– La empresa no ha informado a sus inversionistas sobre riesgos para su inversión
– Aunque afectan al medio ambiente, la empresa canadiense omite esa información sensible a sus inversionistas
Ciudad de México, a 1 de marzo de 2017– Aunque el permiso para seguir explorando terrenos en Puebla fue rechazado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la empresa minera Almanden Minerals anunció a sus inversionistas que seguirá con sus proyectos de exploración.
Las organizaciones de la sociedad civil Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, PODER, CESDER e IMDEC (en adelante “organizaciones”) explican que la SEMARNAT declaró “improcedente la solicitud” de operaciones de la minera toda vez que en el proyecto conocido como Ixtaca IV “no se demuestra que la actividad se ajuste a un Informe Preventivo, mandándose a archivar el trámite como asunto concluido”.
Comunican que el dictamen de la SEMARNAT confirma las conclusiones de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) realizada por esas organizaciones civiles y un equipo técnico y científico especializado en minería y derechos humanos, que concluye que ese proyecto ha causado, durante la etapa de exploración, daños al medio ambiente (ha realizado 236 barrenos más de los autorizados por SEMARNAT, perforado el acuífero, según información proporcionada por la empresa a inversionistas).
Indicaron que la zona de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán es el principal proyecto minero de la empresa canadiense en México y que, de llevarse a cabo el proyecto de explotación, se realizaría un tajo de más de mil metros de diámetro para la explotación de oro y plata a cielo abierto y se construiría una presa de jales con una capacidad de almacenamiento de 35 millones de litros sin recubrimiento, afectando tierras de cultivo, zonas de conservación prioritaria y el sitio de anidación de gavilanes, entre otros.
Las organizaciones detallaron que también acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para denunciar las violaciones a derechos humanos que han ocurrido durante la etapa de exploración contra las comunidades, y solicitar que se prevengan las afectaciones a los derechos humanos en caso de iniciarse la explotación minera, pero la CNDH concluyó “que no existe materia” remitiendo el caso a la PROFEPA.
La PROFEPA indicó que ha realizado una inspección a través de la cual identificó inconsistencias técnicas en coordenadas de los barrenos que presentaron en los Informes Preventivos Ixtaca, Ixtaca II, Ixtaca III y IIIbis. Además, corroboró que la empresa ha realizado más barrenos de los que autorizó la SEMARNAT, como documentó la EIDH citada. La PROFEPA inició un procedimiento para determinar si requiere sanción.
Denunciaron que Almaden Minerals, empresa extranjera que más concesiones tiene en el estado de Puebla con 28 títulos que abarcan 234,991 hectáreas, equivalente al 6.9% del territorio del estado de Puebla, también viola la ley porque aunque la SEMARNAT ha autorizado la realización de 291 barrenos, la empresa reporta a sus inversionistas haber realizado un total de 475 perforaciones entre 2011 y 2016.
Las organizaciones citadas indicaron que la empresa ha recurrido a diversas argucias legales para sobreponerse a los procedimientos para que las comunidades indígenas asentadas en esas tierras permitan o no la explotación de sus territorios. En 2016 Almaden Minerals demandó al gobierno mexicano después de la reforma a la Ley Minera en 2014 con el fin de evadir sus responsabilidades fiscales.
En el 2015 la comunidad indígena nahua de Tecoltemic y el ejido de Tecoltemi interpusieron un juicio de amparo contra Almaden Minerals luego de enterarse que la Secretaría de Economía le otorgó una concesión por 50 años. Denuncian que se sobrepone con el polígono de su ejido.
“Los afectados interpusieron el amparo alegando una violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política Mexicana por violación de sus derechos como comunidad indígena y agraria, mismo que un Juez Federal concedió la suspensión, sin embargo, la empresa ha hecho caso omiso y ha mantenido los trabajos de exploración en las concesiones y no ha informado a sus inversionistas sobre esta acción”, acusaron. La empresa, obligada a otorgar esta información a sus inversionistas, la omitió en su último informe anual.
Por último, revelaron que, aunque están documentadas las irregularidades a los derechos humanos y al medio ambiente que afecta a la población de Ixtacamaxtitlán en caso de llevarse a cabo el proyecto de explotación, la empresa canadiense insiste en la viabilidad del proyecto, omitiendo todas las irregularidades con sus inversionistas y les promete continuar “barrenando agresivamente”.
