Esta investigación forma parte de la Torre de Control, sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 186 mil millones de pesos ha conseguido el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). A pesar de que la paraestatal GACM ganó un premio por mejor financiamiento aeroportuario por parte de la revista LatinFinance¹, varios organismos la acusan de opacidad en el manejo de recursos. Entre los puntos negros de la “obra emblemática” del presidente Peña Nieto se encuentran un financiamiento complejo, bancos prestamistas e inversionistas de contratistas y consejeros relacionados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El NAICM empezó en 2011 siendo controlado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), también empresa estatal y, en septiembre de 2014, pasó a manos del GACM. Para poder asumir la obra mientras administraba el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Grupo Aeroportuario tuvo que reformar sus estatutos por completo².
Fundado en 1998 como parte del gobierno federal el GACM, hasta antes de cambiar sus estatutos, únicamente fue tenedor de las acciones de otras dos subsidiarias también creadas por el gobierno ese mismo año: del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM) y de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (SACM). La primera es la que administra principalmente el aeropuerto conocido como “Benito Juárez”, mientras que la segunda presta servicios administrativos³. A pesar de que sus estatutos la ubican como una sociedad en la que el Gobierno Federal es accionista en 99.999% y ASA en .001%, para la construcción del NAICM la paraestatal GACM ha fungido de forma muy parecida a una Asociación Público Privada con un complejo esquema de financiamiento⁴; sin embargo, Federico Patiño Márquez, su director general, ha negado que sea así⁵.
La necesidad de que el GACM obtenga recursos públicos en 58% y privados en 42% surge de que, cuando el gobierno federal concesionó la obra a la empresa para construir, administrar, operar y explotar lo que será el nuevo aeropuerto por 50 años, lo hizo a sabiendas de que la paraestatal no tenía fondos para operar. Este hecho fue ampliamente criticado por la propia Auditoria Superior de la Federación (ASF) en un informe realizado en diciembre de 2015⁶.
Actualmente los recursos del GACM para el NAICM provienen de tres fuentes principales. Por el lado privado, están los créditos por alrededor de 4 mil millones de dólares con bancos privados nacionales y extranjeros, y la colocación de 2 mil millones de dólares en bonos internacionales⁷. En cuanto al monto público, se trata del propio dinero que estaba contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La Tarifa de Uso Aeroportuario
La tercera fuente de ingresos es el pago de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) que el AICM cederá al GACM bajo un fideicomiso manejado por Nacional Financiera (Nafin) como fiduciaria. Entre 2014 y 2015 este pago que hacen los usuarios superó los 3 mil millones de pesos.
La TUA es una de las figuras más extrañas en el financiamiento del NAICM, pues está considerada dentro del 42% que aportarán instituciones privadas, por estar en un financiamiento controlado por Nafin; sin embargo, los recursos sí son públicos, pues surgen de la paraestatal GACM.
Incluso la ASF ha puesto atención a la TUA y pidió a Nafin detalles de dicho financiamiento. Nafin se negó bajo el argumento de que “es un negocio privado que no administra ni ha recibido por ningún concepto recursos públicos federales, por lo que no puede ser una entidad fiscalizada”⁸. Esto significa que Nafin no quiere ser auditada, pero sí cobrará 10 mil millones de pesos más IVA por su labor como fiduciaria⁹.
Vale la pena recordar que, durante 11 años, Nafin fue el lugar de trabajo de Federico Patiño Márquez¹⁰, director general del GACM desde 2015, quien posteriormente saltó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) por cinco años, entidad que también otorgó créditos por más de 18 mil millones de pesos al nuevo aeropuerto¹¹.
“La TUA es del AICM, que es del gobierno y esa tarifa es también la garantía que el gobierno federal está promoviendo para pagar los créditos que ha pedido al sector privado. Debería ser información pública”, dijo a RindeCuentas.org Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, asociación crítica con el esquema de financiamiento y transparencia del NAICM.
México Evalúa ha criticado públicamente el esquema de financiamiento. La organización documentó que se han ejercido montos mínimos que ponen en duda que el NAICM esté operando en 2020, como ha prometido el gobierno¹². En 2015 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto anual de 7,088 millones de pesos, después hubo un recorte a 5,500 millones de pesos, pero aun así, hasta el primer trimestre del año pasado, se ejercieron 2,495 millones de pesos.
Bancos, prestamistas e inversionistas de contratistas
Varios bancos privados han jugado un papel importante en el financiamiento que busca el GACM. Para cuadrar las cuentas, el GACM necesita contratar deuda por hasta 6 mil millones de dólares, ya sea a través de créditos bancarios o colocación de deuda.
Banco HSBC, BBVA Bancomer, Banamex y Grupo Financiero Inbursa fueron los primeros en otorgar un préstamo por mil millones de dólares en 2014¹³. Para finales de 2015, 13 bancos habían aportado 3 mil millones de dólares más como crédito al NAICM. A ellos se sumaron JP Morgan, Santander, Scotiabank, Bank of Tokyo, Credit Agricole, Mizuho, Sumitomo, ING y Sabadell¹⁴.
Un aspecto sobresaliente es que algunos de esos bancos, además de ser prestamistas del proyecto, también son inversionistas, como ocurre con otras divisiones del Grupo Carso de Carlos Slim, ganador del contrato más grande del NAICM: la construcción del edificio terminal por más de 84 mil millones de pesos. Carso tiene como inversionistas a Inbursa, propiedad del mismo magnate, además de Sumitomo Mitsui Trust Asset Management, Impulsora de Fondos Banamex, BBVA Bancomer Gestion, Scotia Fondos y HSBC Global Asset Management.
Ricardo Dueñas Espriu, actual director corporativo de Finanzas del GACM y encargado de vigilar que los recursos fideicomitidos se apliquen, hizo parte de su carrera en el banco JP Morgan, donde estuvo desde 2007 hasta 2011 como experto en inversión bancaria en mercados emergentes¹⁵.
Según Octavio Mayen, director de Comunicación del GACM, el hecho de que los mismos bancos sean prestamistas del grupo controlador del nuevo aeropuerto e inversionistas de empresas ganadoras de grandes obras, “no representa un conflicto de intereses, pues son cosas distintas”, dijo a RindeCuentas.org.
Consejeros con el PRI
La ASF criticó la estructura del GACM para el proyecto del NAICM como “insuficiente para satisfacer la complejidad y naturaleza de las actividades constructivas del proyecto”¹⁶. El GACM está conformado por 19 miembros: 12 consejeros de la administración pública, tres consejeros independientes y cuatro directores. El sitio oficial del NAICM no menciona directamente los nombres de los funcionarios que son consejeros funcionarios, pero sí las posiciones en las secretarías. Algunos de estos personajes mantienen relaciones con el PRI.
El primer director del GACM durante el proyecto del NAICM fue Manuel Ángel Núñez Soto, gobernador priista de Hidalgo entre 1999 y 2006, y cercano a Alfredo del Mazo González, líder del Grupo Atlacomulco del Estado de México¹⁷. Se especuló que la salida de Núñez Soto se debió a diferencias con Gerardo Ruíz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, presidente del Consejo de Administración del GACM y diputado priista entre 1997 y 1998.
Humberto Roque Villanueva, actual subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, nombrado por Miguel Ángel Osorio Chong, es otro consejero del GACM quien ha estado ligado al PRI durante toda su vida política. Fue presidente del partido en 1996 y precandidato presidencial en 1999 en las elecciones internas del partido que perdió frente a Roberto Madrazo. Roque Villanueva pasó a la historia del viejo priismo por deslindarse del sexenio de Carlos Salinas una vez acabado¹⁸, y por la “roqueseñal”, gesto obsceno con el que, se dice, festejó la aprobación de su propuesta de aumentar el IVA en 50% cuando era diputado durante el mandato de Ernesto Zedillo. El gesto quedó registrado en una fotografía¹⁹.
Por su parte, José Salvador Sánchez Estrada²⁰, nombrado en 2016 subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo es miembro del Consejo del GACM. El pasado de Sánchez Estrada está ligado a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz y prófugo de la justicia. Durante la gubernatura de Duarte, Sánchez Estrada fue su asesor, representó al estado en la Ciudad de México y fue jefe de la Oficina del Programa de Gobierno de Veracruz. Anteriormente, fue secretario de Finanzas y Planeación durante la gubernatura de Fidel Herrera, también señalado por el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes. Sánchez Estrada aparece en una lista de denuncias de la ASF por presuntamente haber participado en la evasión de 4,600 millones de pesos cuando sostuvo ese puesto en finanzas²¹.
Alejandro Medina Mora Nieto también es consejero del GACM por ser subdirector jurídico de la Comisión Nacional del Agua²². Es hijo de Eduardo Medina Mora²³, propuesto por Enrique Peña Nieto como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e involucrado en los hechos de San Salvador Atenco en 2006. En aquel momento era titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y el gobernador del Estado de México era Peña Nieto. Alejandro Medina Mora Nieto estuvo de 2013 a 2015 en la Oficina de Presidencia²⁴.
Oscar de Buen Richkarday es uno de los tres consejeros independientes que el GACM nombró ante recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)²⁵; sin embargo, si bien actualmente no es funcionario público, sí lo fue desde 1997 hasta 2011, e incluso fue subsecretario de Infraestructura entre 2006 y 2011²⁶.
La OCDE recomendó que el GACM debía fortalecer su Consejo de Administración y establecer criterios, lineamientos y políticas que los miembros deberían de seguir. A la fecha se ha hecho público un Código de Conducta, además de la adhesión de los tres consejeros independientes.
Las relaciones entre la paraestatal, los bancos públicos y privados, y el Consejo de Administración abonan a la falta de transparencia que ha rodeado al proyecto del NAICM desde el primer día en que las grandes empresas ganaron contratos jugosos a costa de las comunidades y del bien público.