Este reportaje fue publicado de forma simultánea en RindeCuentas y en la revista Proceso.
Es negra noche en Hermosillo, Sonora, mientras un grupo de personas mueve 400 kilos de mariguana de una pick-up blanca a un vagón de tren en el patio propiedad de Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (Ferromex). Al conductor de la camioneta que transportó la droga hasta el sitio le han dicho que sólo es ropa. El chofer nunca se bajó de la camioneta y no pudo identificar si los que cargaron los paquetes eran guardias de seguridad. En la bitácora de entrada no está registrada la camioneta.
El testigo del delito, un sello de seguridad con número 0979756 FXE está roto y tirado a 150 metros de la entrada del patio, justo debajo del vagón. Según los guardias, no pueden abrir el sello nuevo que mantiene cerrado el vagón y oculta la droga, por ser material fiscal. El intercambio de sellos no fue registrado en ninguna bitácora. El tren se dirige a Nogales, Sonora, para cruzar la frontera de Estados Unidos, según un expediente judicial obtenido por RindeCuentas.
A las 11 de la noche ocho guardias y el chofer son detenidos y llevados al ministerio público. El tren y la droga son asegurados y resguardados. Es el 27 de marzo de 2006, todavía faltan nueve meses para que Felipe Calderón sea electo presidente e inicie la guerra contra el narcotráfico, pero las cosas no cambiarán mucho dentro de ese patio de Ferromex.
Se repite la escena en octubre de 2016 con un cambio de protagonista, en vez de 400 kilos de mariguana son 97.6 kilos de metanfetamina, de acuerdo con la respuesta de la PGR a la solicitud 0001700321616. En 10 años el gobierno mexicano no ha desarrollado una política para controlar el transporte de drogas en trenes.
No existen protocolos del gobierno
En los últimos 11 años las autoridades han decomisado más de 5 mil kilos de droga en patios o trenes propiedad de Ferromex y su socia estadounidense Union Pacific, según un conteo realizado por RindeCuentas a través del monitoreo de medios y solicitudes de transparencia.
“Los grupos de narcotráfico mexicanos también transportan drogas ilícitas a Estados Unidos a través de trenes de carga comerciales y autobuses de pasajeros”, según el informe National Drug Threat Assessment (NDTA), publicado en 2016 por la Drug Enforcement Administration (DEA). Entre 2006 y 2016, se decomisaron 61,255 kilos de todo tipo de droga en trenes en la zona sur de Estados Unidos, según información obtenida de la Customs and Border Patrol (CBP) para esta investigación.
En México ni la Procuraduría General de la República (PGR), ni la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ni la recién creada Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), tienen protocolos o convenios con el sector privado para evitar el tráfico de droga.
La PGR declaró “inexistente” documentación oficial sobre una colaboración con Ferromex para “reducir la carga de droga en patios o trenes de la empresa”, así como tampoco tiene un protocolo específico cuando “encuentra droga en patios o trenes de Ferromex”. Incluso la PGR negó que haya existido comunicación entre personal de la PGR y personal de Ferromex entre 2006 y 2016, según la respuesta a la solicitud 0001700107317.
SEDENA respondió vía solicitud de transparencia 0000700216616 como inexistente cualquier documento sobre “procesos que la SEDENA tenga donde se relacione a las empresas Grupo Ferroviario Mexicano, Ferromex, Ferrosur…”.
Por su parte la ATFR considera en su segundo reporte trimestral de 2017 como una amenaza el robo, vandalismo y descarrilamiento. A la pregunta específica de por qué el tráfico de drogas no forma parte de esas amenazas, la ATFR respondió vía transparencia que su “objeto es regular, promover, vigilar y verificar la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento de la infraestrucutra ferroviaria y la prestación del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares, garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, fomentar la interrelación de las terminales ferroviarias con la operación multimodal, así como imponer sanciones”, declaró en la respuesta a la solicitud 0901000003117. En la misma solicitud negó la existencia de una colaboración entre ella y Ferromex
Union Pacific responsabiliza a Ferromex del problema
Union Pacific, después de 10 años de juicio, se vio obligada a colaborar con la CBP para evitar la entrada de droga en sus trenes entre 2011 y 2016. Este acuerdo fue para que la agencia aduanera estadounidense redujera el monto de las multas por descubrimiento de drogas en trenes fronterizos de un acumulado de 500 millones de dólares a tan sólo 40 mil dólares y dejara de multarla mientras duraba la colaboración.
Durante los años de juicios, de 2001 a 2011, Union Pacific apuntaba a Ferromex como el responsable de verificar y asegurar que los trenes que cruzan la frontera estuvieran limpios de droga. Desde su fundación en 1998 el 26% de Ferromex es propiedad de Union Pacific, luego de que en 1997 Grupo México y Union Pacific consiguieran la concesión de 6,200 kilómetros de ferrovías en el norte de la República, de acuerdo con Forbes.
El acuerdo de colaboración entre Unión Pacific y la CBP incluía asegurar la frontera y, entre otras medidas, desarrollar “un programa integral para expandir la colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y México sobre los trenes transfronterizos”. Union Pacific invirtió 50 millones de dólares para fortalecer la tecnología, infraestructura y capacitación de personal. Además CBP, Union Pacific y otros “actores de interés” compartirían inteligencia, análisis y coordinación.
“Otras iniciativas endurecerán la inspección y detección en la frontera de Estados Unidos y alentarán inversiones en corredores ferroviarios mexicanos”, se lee en el documento firmado el 19 de agosto de 2011. Aún así, no existe un acuerdo formal entre Ferromex y el gobierno mexicano.
Los propietarios de Ferromex
Los trenes mexicanos se privatizaron en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) y fue en ese momento que Grupo México creó su rama de transportes y pasó a controlar gran parte de las ferrovías del país, como constata la empresa en su web. En 2001, un año después de acabar su mandato, Zedillo entró al consejo de administración de Union Pacific, aliada de Grupo México, donde permaneció hasta 2006, reportó Proceso.
Grupo México Transportes, subsidiaria de Grupo México y propietaria del 75% de Ferromex, es propiedad de los dos hombres más ricos del país: Carlos Slim Helú y Germán Larrea Mota Velasco. Grupo Carso-Sinca Inbursa posee 25% de Grupo México Transportes (GMXT), -antes Infraestructura y Transportes Mexicanos (ITM)-; el restante 75% es de Grupo México, según el sitio web de la empresa. Grupo México Transportes tiene como consejeros a Roberto Slim Seade y Arturo Elías Ayub, entre otros. Mientras que Grupo México tiene como consejero a Claudio X. González Laporte.
El pasado 28 de septiembre, Grupo México Transportes mandó a la Bolsa Mexicana de Valores su prospecto de Oferta Pública Inicial para listarse en el mercado bursátil el primero de noviembre. Para Ferromex hacerse pública significa una oportunidad de recapitalizarse después de la reciente compra de Florida East Coast Railway Holdings Corp. (FEC) por más de dos mil millones de dólares. Ferromex espera duplicar el flujo operativo de la división de transporte de Grupo México, de 154 millones de dólares en 2016, a 328 millones de dólares en 2021, dijo Alfredo Casar Pérez, presidente ejecutivo de la división de transportes de Grupo México, citado por El Financiero en marzo.
Con esta compra Ferromex amplia su campo de acción, sumando puntos de operación en el estado de Florida y controlando los principales puertos del estado que tienen un importante tráfico con Veracruz. Actualmente tiene cinco entradas en la frontera: Ojinaga y Ciudad Juárez en Chihuahua, Nogales en Sonora, Mexicali en Baja California Norte y Piedras Negras en Coahuila.
Ya este año la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Federal de la Competencia Económica (COFECE) emitieron dictamen y opiniones sobre el estado de poca competencia y regulación mínima en la industria ferroviaria en México. La OCDE estimó que México debería tener una regulación de transporte en trenes más cercana a la de Estados Unidos en cuanto a tarifas y cruce de vías. La compra de FEC le dará a Grupo México acceso al 70% del territorio del país vecino, mientras mantiene, junto con Kansas City Southern de México, el control del 72.3% de las vías férreas de México.
Seguridad incierta
“La droga se podría poner en el tren en tres momentos: en el patio, en el transcurso o en la línea fronteriza. En el patio sí o sí se tiene que prestar un trabajador de Ferromex o agente de Cusaem [Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México], porque hay cámaras y más seguridad”, comentó un ex maquinista de Ferrosur (otra ferroviaria de Grupo México) en entrevista con RindeCuentas. En cada tren en movimiento viajan cuatro agentes de Cusaem, los cuales resultan insuficientes hasta para detener robos comunes.
Cusaem toma fuerza en 2010 en el Estado de México, durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, y se ha beneficiado con contratos por 8,130 millones de pesos con diferentes dependencias de la federación desde enero de 2013. El PRI evitó que sus finanzas fueran auditadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), y se trata de una organización muy opaca ya que no figura como agencia pública estatal y tampoco está en el registro de empresas de seguridad privada, aunque ofrece servicios a privados y otros estados, reportó Eje Central en Cusaem, hoyo negro en Edomex.
En los patios de Ferromex suelen haber 10 agentes distribuidos en los dos kilómetros que mide el parque de maniobra de los trenes. Según la experiencia del ex maquinista, además de controlar la zona estos agentes son los encargados de poner los sellos. Los agentes son cooptados con amenazas de grupos criminales y tienen miedo a denunciar por represalias de los criminales y por evitar el despido.
En 2008 la empresa invirtió 200 millones de dólares en equipo especializado reforzar la seguridad en sus patios y trenes, reportó La Jornada. Pero en su informe de 2016 no existe ningun rubro específico para seguridad en su reporte de la división de transportes.
Consultados por RindeCuentas, ni la PGR ni SEDENA ni Grupo México Transportes estuvieron disponibles para responder antes del cierre de esta edición.

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