Vancouver, BC. 12 de diciembre, 2017.– Un grupo formado por canadienses y mexicanos se manifestó de manera pacífica frente a las oficinas de la empresa Almaden Minerals para protestar contra el proyecto minero Ixtaca que se lleva a cabo en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, el cual pretende extraer oro y plata de la zona, y se encuentra apenas en etapa de exploración.
Portando banners con leyendas que decían “Almaden Minerals está destruyendo nuestro hábitat” y “Almaden Minerals una empresa que pone en riesgo la vida y el agua de miles de personas”, los manifestantes invitaron a los peatones a interesarse sobre el proyecto minero que la empresa impulsa en la Sierra Norte de Puebla, así como las violaciones a los derechos humanos que ha generado en México. Asimismo, advirtieron a los inversionistas que la empresa no les ha informado sobre de la oposición al proyecto ni de las quejas presentadas ante las bolsas de valores de los Estados Unidos y Canadá contra la empresa.
“A los inversionistas les pedimos que se desistan de seguir invirtiendo en el proyecto minero de Almaden, llamado Ixtaca, porque su inversión está en riesgo. La empresa les ha mentido, ya que no les ha comentado los procesos de resistencia y tampoco de las acciones legales que se han hecho para defender la vida de las comunidades de Ixtacamaxtitlán”, dijo Ignacia Serrano, integrante de la delegación de afectados de Ixtacamaxtitlán.
Por su parte, Kate Murray de la organización Mining Justice Alliance dijo que “por desgracia, lo que escuchamos de los habitantes de Ixtacamaxtitlán no es una historia desconocida. Nuestra organización recibe regularmente informes de daños humanos y ambientales asociados con proyectos mineros canadienses, muchos de los cuales tienen su sede en Vancouver. Los ciudadanos, las instituciones y los inversionistas canadienses deberían hacer más para prevenir los abusos relacionados con la minería”.
Esta protesta marca el final de una gira de trabajo que inició el 5 de diciembre, en la que cuatro integrantes de la región afectada —Ignacia Serrano, Alejandro Marreros, Francisca Zamora e Ignacio Carmona, acompañados por la organización civil PODER— mantuvieron reuniones con autoridades del gobierno de los ministerios de Asuntos Globales, Comercio Internacional y diversos comités parlamentarios de Canadá, así como con inversionistas mineros, sindicatos, comunidades indígenas y medios de comunicación.
La delegación de mexicanos compartió con estos actores los resultados de una evaluación de impacto en derechos humanos, la cual muestra los daños generados por el proyecto de Almaden Minerals hasta ahora y la devastación que provocaría en caso de pasar a la fase de explotación.
Realizada con apoyo de expertos en diversas disciplinas, y en colaboración con la comunidad afectada, la evaluación de impacto concluye que la presencia de una mina a cielo abierto en la zona generará daños irreversibles a los derechos al agua y la salud de las más de 25 mil personas que habitan en el municipio, así como al ecosistema de la región. Aunque el proyecto se encuentra aún en etapa de exploración, la empresa ya ha violado las normas ambientales mexicanas y el derecho al agua de los habitantes de la región.
Esta gira de trabajo en Canadá se realiza luego de meses de llamados de la sociedad civil de ese país a favor de una mayor rendición de cuentas para las empresas canadienses, incluida una carta abierta de 180 organizaciones no gubernamentales en 2016, y un exhorto de Naciones Unidas de 2017 el cual señala que las empresas de Canadá pueden, y deben, poner un mayor énfasis en los derechos humanos.