La protesta pacífica coincide con una conferencia de prensa que tuvo lugar este mismo miércoles en el Parlamente canadiense, en Ottawa, como parte de la gira de trabajo en ese país que realizan cuatro integrantes de la comunidad de Ixtacamaxtitlán a fin de compartir los resultados de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos con autoridades gubernamentales, inversionistas y diversos aliados de la sociedad civil.
Realizada con apoyo de expertos en diversas disciplinas, y en colaboración con la comunidad afectada, la evaluación de impacto concluye que:
La creación de una mina a cielo abierto en la zona generará daños definitivos a los derechos al agua y la salud de las más de 25 mil personas que habitan en el municipio, así como al ecosistema de la región.
Aunque el proyecto se encuentra apenas en fase de exploración, la empresa ha violentado ya la normatividad mexicana y el derecho al agua de los habitantes de la región al realizar 236 barrenos más de los que permite la norma y con mayor profundidad de lo permitido, según ha informado la empresa misma. Además, la Almaden ha reportado haber perforado pozos de agua, sin contar con un permiso para utilizar agua con fines industriales, lo que pone en riesgo la calidad del agua que consume la población.
A partir del análisis de los reportes generados por la empresa para sus inversionistas, la evaluación de impacto encontró que la empresa canadiense ha mentido al afirmar de que la zona donde planea hacer la mina se encuentra deshabitada; a pesar de que en el municipio de Ixtacamaxtitlán cuenta con 25,326 pobladores que viven en 126 localidades con menos de 2,500 habitantes y poco más de 60 localidades con menos de 100 habitantes, según el censo de 2010 realizado por INEGI.
La compañía tampoco comunicó a sus inversionistas los procedimientos jurídicos iniciados por los opositores al proyecto y que están actualmente en marcha, entre los que destacan: un juicio de nulidad, que busca cancelar el permiso de exploración en el área que posee la empresa por haber violado las regulaciones ambientales mexicanas; y una solicitud de cancelación de las concesiones que posee esta empresa realizada ante la Secretaría de Economía.
La gira de trabajo de los afectados en Canadá se realiza luego de meses de llamados a favor de una mayor rendición de cuentas para las empresas canadienses, incluida una carta abierta de 180 organizaciones no gubernamentales de ese país en 2016, y un exhorto de Naciones Unidas de 2017 el cual señala que las empresas de Canadá pueden, y deben, poner un mayor énfasis en los derechos humanos.