El 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, se registró un sismo con 7.1 grados de magnitud cuyo epicentro se localizó en el límite de los estados de Puebla y Morelos, a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Los reportes sismológicos indicaron que, si bien el terremoto tuvo menor magnitud que el ocurrido en 1985, la cercanía de su origen y la calidad lacustre del suelo de la Ciudad de México provocaron un alto impacto y afectaciones graves que se calcularon en casi 48 mil millones de pesos.
Es por ello que una coalición de organizaciones de derechos humanos decidimos salir a las calles de la ciudad para documentar las acciones del gobierno dirigidas a la atención de las víctimas. Integrantes de organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, Amnistía Internacional, Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) nos convocamos la mañana del viernes 22 de septiembre y nos organizamos en brigadas para visitar diferentes puntos de atención a personas damnificadas y al mismo tiempo identificar derechos violentados y autoridades responsables.
Este documento es resultado de un ejercicio ciudadano cuyo fin es documentar y analizar el impacto del sismo en los derechos humanos de las y los damnificados. Si bien no es un documento que agota los enfoques o los casos, sí pretende contribuir al debate sobre la escasa o nula preparación y atención del gobierno federal y local para proteger y garantizar de manera integral los derechos de las víctimas. El desastre que mostramos en este documento es evidencia de una serie de irregularidades asociadas con la captura del Estado por parte de la industria inmobiliaria que revictimizó a las y los afectados, y también deja ver los patrones de actuación de las autoridades en cuanto a catástrofes, ordenamiento territorial, supervisión de obras y derechos humanos laborales.
Como organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven los derechos humanos, para nosotras fue imperante evidenciar los patrones de irregularidad inmobiliaria y su papel en las graves consecuencias para la población, así como la opacidad y discrecionalidad en la información. Asimismo era de vital importancia visibilizar que en eventos de esta naturaleza emergen una serie de derechos vulnerados anteriores a la emergencia que se exacerban durante y que dejan impactos de largo plazo para las poblaciones más vulnerables. En el caso del sismo del 19 de septiembre esos impactos vulneraron particularmente los derechos a la vivienda y al trabajo, derechos fuertemente interrelacionados para acceder a condiciones de vida digna y todos ellos centrales en el marco de derechos humanos, y en particular de los derechos económicos, sociales y culturales.
La rendición de cuentas del Estado y las empresas en eventos de esta magnitud son elementos imprescindibles para identificar responsabilidades claras en las afectaciones a las víctimas, pero también para sentar precedentes en la atención de las irregularidades y opacidades que eventos como el sismo evidencian.
El informe se centra en tres aspectos:
1) mostrar las irregularidades de la industria inmobiliaria y de la construcción observadas en las visitas de campo a zonas de edificios colapsados durante el sismo;
2) la violación de los derechos humanos laborales invisibilizada durante y después de la catástrofe y;
3) la caracterización del proceso de reconstrucción según su enfoque cortoplacista y economicista sin considerar problemas sociales estructurales de la ciudad ni una perspectiva de derechos humanos que garantice el respeto de los mismos durante y después de una emergencia.
El objetivo final de este informe es reforzar la comprensión del problema a partir de sus causas estructurales y desde una perspectiva de derechos humanos.
