Campesinos, comerciantes, amas de casa, jóvenes e incluso familias enteras presenciaron una representación teatral a cargo de estudiantes de la licenciatura en Desarrollo Rural del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Promoción y Desarrollo Social (CESDER-PRODES) y escucharon algunos discursos en defensa de la tierra.
“Una vez más, en el caminar de esta lucha de ya casi cinco años, venimos a manifestar de manera contundente nuestro rechazo al proyecto minero de Almaden Minerals por los abusos y las violaciones que está cometiendo en nuestros territorios y comunidades campesinas e indígenas; y también venimos a pedirle a la población de Santa María que cierre las puertas a este proyecto y sea expulsado de manera definitiva de nuestras comunidades”, señaló la activista Ignacia Serrano de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua y de la Tierra Atcolhua.
Terminado el primer mitin, la Caravana formada por decenas de camiones de redilas, camionetas pick-up y automóviles, podía verse desfilar en la carretera hacia la cabecera municipal de San Francisco Ixtacamaxtitlán donde tendría lugar el acto central del día. Ya en el centro de Ixtacamaxtitlán, otro centenar de personas esperaba el arribo de quienes habían parado en Santa María para iniciar un ritual indígena, en una clara alusión a las recientes declaraciones de la consultora GMI Consulting que, en un estudio que realizó para la minera, declaró que no existe población indígena en la zona de impacto del proyecto.
Almaden Minerals lleva más de 15 años explorando el territorio de la Sierra Norte, pues hay registro de sus concesiones en la región desde marzo de 2003. Morgan Poliquin, director y presidente ejecutivo de Almaden, conoce el sitio al menos desde 1994, por haber hecho su tesis doctoral acerca de ella para la empresa de su padre, Duane Poliquin.
El objetivo de la canadiense es explotar los depósitos de oro y plata que ha encontrado en el subsuelo de Ixtacamaxtitlán, para lo que necesita obtener el permiso de uso de suelo, facultad que está en manos del Presidente Municipal, Eliazar Hernández Arroyo, de extracción panista, quien en febrero de 2013 declaró no estar “a favor ni en contra de la minería”, pero que “si hay problemas de contaminación, y si los hubiera lo vamos a manifestar”.
Durante el acto central en San Francisco Ixtacamaxtitlán los oradores exigieron al edil que no concediera el uso de suelo para la explotación minera, debido a que los múltiples daños al agua, al medio ambiente y a la salud superarían los beneficios que obtendría la población.
“Vengo por defender el derecho de la vida, porque la vida es lo primero antes que las cosas materiales”, dice Reynaldo Cervantes Macías, uno de los manifestantes proveniente de Xinacatla, mientras porta su cartel fosforescente. A él le preocupa que la población sea ignorada en la toma de decisiones, porque la empresa “ha venido a ver las autoridades y los han convencido para que puedan comprar lo que no es de ellos. Lo importante es que tenían que ver a los pueblos para decir si lo autorizamos o no porque esto es entre todos, no nada más con las autoridades; entonces como campesinos nos debemos levantar para defender nuestros derechos para dejarles a nuestros hijos, nietos y biznietos su futuro”.
En su intervención, Benjamin Cokelet, director ejecutivo del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), recordó que la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos* elaborada por las comunidades integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades, CESDER, IMDEC y PODER documenta los impactos negativos que tendrá el proyecto minero de Almaden en la región, y dijo que gracias a la oposición de las comunidades el valor accionario de esta empresa se encuentran hoy en el punto más bajo de los últimos años, al pasar de 2.84 USD por acción a sólo 0.82 USD.
El proyecto minero Ixtaca, como lo denomina la empresa, se localiza en la cabecera de la cuenca del Río Apulco, a unos cuantos metros de la población de Santa María, y afectaría las tierras de cultivo de la población de Loma Larga, entre otras, además del suministro de agua de más de 1,600 personas que habitan en las 11 poblaciones que estarían dentro de la zona de impacto directo de la mina.
Ixtacamaxtitlán es un municipio de 25,326 pobladores que viven en 126 localidades dispersas con menos de 2,500 habitantes y poco más de 60 con menos de 100 habitantes, según el censo de 2010 del INEGI.
* La Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) puede consultarse en: http://bit.ly/EIDH_español