Desde el 6 de agosto de 2014, cuando el país se enteró del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacánuchi y Sonora, se han redactado cientos de textos para explicar cómo ocurrió el “desastre ambiental más grave de la minería en México”, como lo calificó Juan José Guerra Abud, quien entonces encabezaba la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Asimismo, han abundado los reportajes para radio, televisión y medios digitales sobre esta tragedia que –ahora sabemos– pudo haber sido evitada por Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo México.
Por desgracia para las 22 mil personas a quienes este terrible suceso les cambió la vida, las preguntas que se hicieron poco después del derrame y las que se hacen ahora, casi cuatro años después, han cambiado poco: ¿Por qué la empresa no tomó medidas para evitar el desastre? ¿Qué ha hecho el gobierno para garantizar que se reparen los daños a la población? ¿Es posible que una empresa contamine un río y siga operando como si nada hubiera ocurrido? A partir de septiembre de 2014, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) –grupo ciudadano creado a raíz del derrame para luchar por la remediación y limpieza de los ríos Bacánuchi y Sonora, y exigir el resarcimiento de los daños a la población afectada– acompañados por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), hemos realizado una investigación para conocer cómo respondieron la empresa y el Estado a esta emergencia medioambiental y demandar que rindan cuentas.
Luego de dos años de ocurrido el derrame, el caso fue retomado por cuatro procedimientos especiales de Naciones Unidas: el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, el relator de desechos tóxicos, el de medio ambiente y el de agua, quienes en octubre de 2017 publicaron un documento en el que le solicitaron al gobierno de México y a la empresa responder una serie de preguntas sobre la respuesta y el seguimiento que dieron al desastre. Las respuestas del Estado y de la empresa llegaron dos meses después y sorprenden porque generan múltiples contradicciones tanto con la información emitida por diversas dependencias de gobierno como por el Fideicomiso Río Sonora, lo que vuelve a abrir múltiples interrogantes a las que ni el Estado ni la empresa han querido responder.
Desde PODER hemos analizado con detenimiento las respuestas del Estado y las de la empresa, y las hemos contrastado con la evidencia documental obtenida en estos años, así como con testimonios recabados en campo con personas del Río Sonora que viven a diario las consecuencias del derrame.
Además del informe completo y resumen ejecutivo en inglés y en español en pdf, pueden descargar los datos que sustentan este documento. Por un lado las imágenes que evidencian las afectaciones y en el otro link de datos encontrarán un archivo con todos los documentos oficiales que se citan en el informe.
Afectaciones al derecho a la salud
Respuesta del Gobierno Mexicano:
“Se realizaron 10875 revisiones médicas lo que permitió identificar 360 casos directa o indirectamente relacionados con la contaminación de metales pesados”.
Respuestas de Buenavista del Cobre:
“No se tiene conocimiento o se ha identificado caso alguno de personas que hubieren fallecido como consecuencia del mismo o que presenten enfermedades directamente relacionadas con la fuga de solución y que haya puesto en riesgo o causado daño a su salud”.
“La razón de que no se hubiera completado la construcción de las plantas de tratamiento y de la clínica era que sería irresponsable hacerlo, puesto que las autoridades municipales no tenían capacidad para explotarlas”.
Evidencia de daños a la salud
El derrame afectó a más de 22,000 personas de siete municipios situados en las orillas del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Cabe recordar que los metales pesados son bioacumulables, por lo que las consecuencias por consumirlos mediante agua contaminada pueden tardar meses o años en aparecer.
Existen indicios suficientes de que el nivel de contaminación de la zona estaría exponiendo a sus habitantes a graves riesgos para su salud, lo que se comprueba con el aumento del número de casos de determinadas enfermedades entre los habitantes de los municipios afectados. En julio de 2017, una improvisada Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) reportó que 381 personas del río resentaban desechos tóxicos en sangre y orina, y habrían sido afectadas por enfermedades de la piel, renales, cardiovasculares y oculares. Los testimonios de habitantes de la región confirman que las enfermedades del estómago y de la piel se han vuelto sumamente frecuentes a lo largo del Río Sonora.
Desde agosto de 2016, el Fideicomiso Río Sonora y COFEPRIS, entidades encargadas de detectar, dar atención e indemnizar a los afectados en su salud por el derrame dejaron de publicar información sobre afectaciones a la salud.
El aumento de personas enfermas coincide con la hipótesis de la bioacumulación de metales pesados en sangre y abona a la demanda de que las autoridades sigan monitoreando y atendiendo las afectaciones a la salud que irán creciendo con el tiempo, lo que era el objetivo de la instalación de la UVEAS, cuya construcción fue prometida por la empresa y, según se dijo, daría atención hasta el año 2029, aunque este centro de salud ya no se construirá porque Buenavista del Cobre retiró su apoyo.
La atención a las personas cuya salud se ha visto mermada por el derrame ha sido en general de mala calidad: los testimonios dan cuenta de diagnósticos cuestionables (“a todo nos dicen que es alergia”, reportó una señora), o que se les hacen análisis cuyos resultados tardan meses en conocer, además de la falta de medicamentos para tratar los padecimientos. Sólo en casos excepcionales se reportan buenas experiencias de atención a la salud.
Afectaciones al derecho a un medio ambiente sano
Respuesta del Gobierno Mexicano:
“El programa de remediación atiende el área afectada de manera zonificada y no así de manera parcial (…) La legislación nacional impone la obligación de remediar el suelo efectivamente impactado por la contamiación de que se trate, en el caso concreto se refiere, especialmente, a la zona 1”.
Respuestas de Buenavista del Cobre:
“No se tiene conocimiento o se ha identificado (…) la pérdida de especies animales como consecuencia del accidente”.
“Las conclusiones anteriores nos permiten concluir que hasta la profundidad estudiada (50 cm), los suelos y sedimentos de la zona del Arroyo tinajas, Ríos Bacanuchi y Sonora no se encuentran afectados por la presencia de metales asociados al derrame del pasado 06 de agosto de 2014”.
Evidencia de daños al medio ambiente
La investigación que desarrollamos PODER y CCRS provee datos suficientes para afirmar que la contaminación del Río Sonora persiste. Un estudio hecho por el laboratorio Intertek Testing Services de México, octubre de 2014, a pedido de la PROFEPA, concluye que de las muestras recolectadas en el cauce seco del arroyo Tinajas y Río Bacánuchi, nueve rebasan el límite máximo permisible para arsénico, una para vanadio y otra para plomo.
Sabemos que estos elementos provinieron de los lixiviados vertidos a ambos ríos, ya que el contenido de la sustancia derramada coincide con los elementos encontrados en el suelo, de acuerdo con información presentada por la empresa el 9 de agosto de 2014. Asimismo, el estudio de 2014 del Laboratorio ABC, realizado a pedido de la empresa, y publicado en el sitio web del Fideicomiso Río Sonora, afirma que con los datos aportados por CONAGUA se puede estimar una masa de 74.8 toneladas de metales aportados al ecosistema por este derrame, principalmente fierro y aluminio (83%), seguidos de manganeso y cinc (8%).
Estas estimaciones coinciden con el diagnóstico ambiental realizado en 2016 por la UNAM, el cual señala que los datos recabados demuestran:
«la existencia de daños al estado base de los ecosistemas y recursos naturales, las condiciones químicas, físicas y biológicas en los Ríos Bacanuchi y Sonora. Este resumen aporta los elementos suficientes para (1) acreditar el daño ambiental y el nexo causal entre las afectaciones al ecosistema y el derrame, y (2) justificar el sistema de seguimiento que se debe implantar para medir a largo plazo la evolución del impacto
ambiental ocasionado por el derrame».
Estos tres estudios cuestionan la versión del gobierno y la empresa, en el sentido de que no exista presencia de metales en el suelo asociados al derrame, ya que los estudios citados fueron encargados por el mismo Fideicomiso Río Sonora, en cuyo Comité Técnico participan autoridades federales y representantes de las empresas responsables del derrame.
Por si fuera poco, un informe de 2015 de la PROFEPA afirma que Buenavista del Cobre incurrió en 55 irregularidades, fue negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos al evadir el cumplimiento de las normas ambientales relativas al manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera. Ese mismo informe señala que los hechos y las omisiones de la empresa son graves, riesgosos y pueden provocar daños a la salud humana, a los recursos naturales, a los ecosistemas y a la biodiversidad, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico y violando el derecho humano a un medio ambiente sano.
La falta de transparencia y el ocultamiento de la información sobre el estado del medio ambiente en la cuenca del Río Sonora por parte del gobierno federal y las subsidiarias de Grupo México nos condujeron a un complicado proceso para obtener la documentación que demuestra que el Río Sonora sigue contaminado, y evidencia la intención de la empresa e instancias gubernamentales involucradas de ocultar la información para esclarecer lo sucedido.
Afectaciones al derecho humano al agua potable
Respuestas del Gobierno Mexicano:
“CONAGUA ha llevado a cabo de manera exhaustiva y seguirá implementando medidas precautorias con el objetivo de mantener la calidad de los cuerpos de agua”.
“El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó la perforación de pozos nuevos, la rehabilitación, construcción y equipamiento de la infraestructura de agua potable existente, así como los estudios respectivos. Esto significó la dotación de infraestructura de 41 pozos”.
“Se destinó la cantidad de $125.8 millones de pesos provenientes del Fideicomiso para la perforación, construcción y equipamiento de infraestructura hídrica de 63 nuevos pozos en beneficio de la población afectada para garantizar el suministro de agua”.
“Se instalaron 2 plantas potabilizadoras móviles”.
Respuestas de Buenavista del Cobre:
“La calidad del agua de los pozos clausurados precautoriamente se analizó constantemente y se determinó por COFEPRIS como apta para el consumo humano desde octubre de 2014”.
“Se destinó la cantidad de $125.8 millones de pesos provenientes del Fideicomiso para la perforación, construcción y equipamiento de infraestructura hídrica de 63 nuevos pozos en beneficio de la población afectada para garantizar el suministro de agua”.
“Se instalaron 2 plantas potabilizadoras móviles”.
Evidencia de contaminación de los cuerpos de agua
Luego del derrame, el principal reclamo de quienes viven en los municipios afectados ha sido la falta de agua potable, así como inacción de las autoridades para garantizar que el agua sea de calidad óptima. Se anunció públicamente que habría un monitoreo constante de los pozos de agua, pero CONAGUA, una de las dos autoridades comprometidas a llevar a cabo esa acción, ha dicho en un juicio que esto no es de su competencia. La otra autoridad comprometida en el tema, COFEPRIS, ha actuado con una metodología cuestionable. Los análisis de agua que presenta el portal del Fideicomiso Río Sonora no explicitan cómo se diseñó el muestreo y la periodicidad con la que se presentan los datos no es adecuada: hay meses sin datos y hay valores que se repiten en varios meses, lo que es inaudito dada la baja probabilidad de obtener los mismos valores cuando el agua se mueve constantemente. La falta de rigor del monitoreo del Fideicomiso no permite considerar sus resultados como concluyentes.
Uno de los avances que la empresa y el gobierno manifiestan en sus respuestas al Grupo de Trabajo de la ONU es la apertura de nuevos pozos, pero esta acción se ha realizado en la región afectada con el uso de normas que (como la NOM-127-SSA1-1994, sobre Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano) están por debajo de los estándares internacionales, lo cual viola el derecho al agua salubre y de calidad. De acuerdo con el testimonio de un habitante: “En algunas poblaciones los pozos que abastecen de agua a la población no fueron reubicados después del derrame de desechos tóxicos en el río, a pesar de que era necesario, porque algunos de estos se encuentran a escasos 200 metros de la afluente del río, e inclusive se tiene conocimiento de que en el pasado alguno de estos pozos se ha llegado a inundar cuando la afluente
del río ha crecido”.
Otra de las grandes promesas que se hicieron mediante el Fideicomiso Río Sonora, poco después del derrame, fue la instalación de 36 plantas potabilizadoras para eliminar los metales pesados en el agua. Estas 36 potabilizadoras se redujeron a 28 en febrero de 2016 y, finalmente, en abril del 2017, se anunció que se construirían solamente nueve de ellas. La justificación de la empresa para reducir su número fue que los niveles de contaminación “se habían estabilizado”. La empresa respondió al Grupo de Trabajo de la ONU que la razón de que no se hubiera completado la construcción de las plantas de tratamiento y la clínica de salud para atender a la población era que “sería irresponsable hacerlo, puesto que las autoridades municipales no tienen capacidad para explotarlas”.
El equipo de PODER junto con habitantes de las localidades donde se inauguraron las plantas potabilizadoras visitaron las mismas y comprobaron que ninguna de las cinco plantas fijas ubicadas en Mazocahui, San Felipe, La Capilla, Banámichi y San Rafael está funcionando, como tampoco funcionan las cuatro plantas potabilizadoras móviles.
Mala gestión de sustancias y desechos peligrosos por parte de la empresa
De acuerdo con diversas solicitudes de acceso a la información, hemos podido verificar que la empresa Buenavista del Cobre no contaba con las autorizaciones de SEMARNAT para el manejo de residuos peligrosos al momento del derrame.
En 2011, la minera envió a SEMARNAT su Plan de Manejo de Residuos y, un año después, la dependencia le solicitó más información para autorizarlo. La empresa solicitó una prórroga y durante tres años la SEMARNAT no exigió la información a la minera y ésta no la entregó, por lo que el trámite continuaba pendiente. El 6 de marzo de 2018 fuimos informados de que la empresa había registrado su plan de manejo
de residuos peligrosos en agosto de 2017, tres años después de sucedido el derrame.
En el último año, se han reportado diversos casos de muerte de animales luego beber agua del río Sonora. En diciembre de 2017, en Huépac, seis caballos y seis vacas murieron después de que llovió por varios días,
el río creció y la zona se anegó. El dueño de uno de los caballos, vio cómo éste se desplomó de manera fulminante apenas a 10 metros del lugar donde bebió agua.
Impunidad y falta de acceso a la justicia para las personas afectadas
En los casi cuatro años de exigencia de reparación de los daños causados en el Río Sonora, los CCRS han enfrentado múltiples obstáculos para acceder a la justicia. Aquí algunos ejemplos:
• Para interponer una demanda de amparo, se les exige a los ciudadanos acreditar su identidad, pero las autoridades locales le niegan a los habitantes las cartas de residencia que solicitan, o hacen cobros excesivos por las mismas.
• Aún teniendo las pruebas de existencia de quienes exigen justicia, los juzgados llaman a ratificar firmas incluso a los adultos mayores que se ven imposibilitados a viajar.
• En Aconchi y en Banámichi, los presidentes municipales han tomado acciones de represalia a quienes han firmado como quejosos en los amparos. En Aconchi, despidieron a una empleada del ayuntamiento. En Banámichi, retiraron un apoyo para construcción a un habitante que firmó un amparo.
El resultado de estas prácticas es la falta de garantías para acceder a los derechos más básicos, peor aún, al vivir en un sitio vulnerado. Otro resultado es que, en la práctica, se limita el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los individuos.
Según el abogado de PODER que representa a los CCRS, al momento de querer acceder a la justicia, hay obstáculos que impiden que el juicio de amparo sea un recurso sencillo, accesible y efectivo. Así destaca el hecho de que se haya negado la posibilidad de demandar a la empresa como directamente responsable de la violación de los derechos humanos, pues los juzgados y tribunales competentes se han rehusado a tenerla como autoridad para efectos del juicio de amparo, alejándose así del principio 26 de los Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.
Al final, lo que está en juego es la definición del sistema con la que operan las relaciones entre gobierno y empresas, del cual se busca excluir a las personas afectadas.
