En México, la información sobre las semillas transgénicas se encuentra oculta bajo el eufemismo de “Organismos Genéticamente Modificados” (OGM). Pero eso no evita que las comunidades afectadas por estos sembradíos se percaten de las violaciones a los Derechos Humanos, despojo de tierras indígenas, tráfico de semillas y un crecimiento desorbitante en el último sexenio. Pese a que la contaminación transgénica es considerada como el ataque más frontal a la autonomía alimenticia, al territorio y a la vida campesina, los sembradíos de algodón OGM son los grandes olvidados por quienes estudian las semillas transgénicas. Y la transnacional Monsanto, recientemente adquirida por la farmacéutica Bayer, es su mayor postor.
El resultado del crecimiento desmesurado de este proyecto binacional para el campo, está cambiando abruptamente la vida de quienes habitan llanuras y planicies de los paisajes del país. El olvido de las personas que trabajan el campo es tan grande, que algunos de ellos, pasan décadas frente a juzgados y jueces tratando de defender sus Derechos al agua, a la tierra, a la salud y a la alimentación, en muchos de los casos, la lucha es tan larga que no viven para narrarla.
La aceptación comercial y de almacenamiento de biotecnología (transgénicos) en el campo tomó un rumbo cuestionado por diferentes sectores de la sociedad civil, desde principios de los años 70 del siglo pasado. Cuando la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) se convirtió en la responsable de la bioseguridad y se apoyó en un muy reducido Grupo Interdisciplinario de científicos que conformaron el “Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA)”, dando como resultado la Ley Nacional de Bioseguridad –también conocida como Ley Monsanto–1. Esas autoridades se enfocarían en estudiar las repercusiones ambientales que tenía el apostar por este nuevo sistema de siembra que principalmente carecía de estudios de impacto ambiental.
Al no obtener los resultados esperados en 1999 fue creada la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), misma que fue integrada por seis secretarías de estado –Es decir, funcionarios públicos–; y el problema siguió.
INVESTIGACIONES Y DEMANDAS
Los ensayos y estudios que se realizaron bajo estas dos direcciones tenían una falla de raíz, fueron aplicados en una escala mínima (nunca mayor a una hectárea) y sin haber tomado medidas estrictas de control, así lo explica el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) en su informe realizado en agosto de 20172. Y el resultado de este problema se reflejó en tribunales. Tan sólo en manos de RindeCuentas.org existen cuatro casos de amparos en contra de la transnacional Monsanto promovidos por campesinos de Yucatán, Quinta Roo, Campeche y Chihuahua.
El 5 de julio de 2013 nace otro conflicto jurídico. Una demanda colectiva de cincuenta y tres personas, campesinos, apicultores, investigadores, académicos, defensores de derechos humanos, ambientalistas, artistas, representantes de veinte organizaciones civiles, todos en contra de diversas empresas que producen semillas Genéticamente Modificadas (GM), culminó en otros 16 juicios de amparo dos de ellos promovidos por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (Sagarpa)3.
El caso no fue de conocimiento público en el país, hasta que un grupo de comuneros indígenas Mayas lograron vencer al Gigante Agroalimentario de los transgénicos, Monsanto.
LA PRIMER DERROTA DE MONSANTO
Monsanto ha logrado traficar sus semillas transgénicas con ayuda del gobierno, “tenemos que trabajar en liberar al Estado de la captura corporativa”, dice Raymundo Espinoza, uno de los abogados que trabajaron y ganaron el primer litigio, junto a los indígenas campesinos que lograron derrotar al gigante agroalimentario.
Lo que más preocupa a Espinoza es que los trangénicos que no son para alimentación no están siendo investigados. Él asegura que las semillas OGM siguen recibiendo recursos públicos para satisfacer sus necesidades empresariales, además, según su experiencia y la de su equipo de litigantes, estas empresas trafican con semillas a través de programas sociales de gobierno.
“Monsanto tiene tres elementos jurídicos encima: La recomendación, la sentencia y el permiso revocado […] Resulta que con todo eso, esa empresa sigue distribuyendo las semillas en los lugares. Además, nosotros [Su equipo de abogados] identificamos que el gobierno tiene programas de ayuda a los campesinos que incluyen ya no dinero, a veces la ayuda es en especie y, es tu Paquete tecnológico un costalito con tus químicos y te lo venden como semillas híbridas o mejoradas, pero no son, el gobierno es el que está repartiendo semillas transgénicas. En específico el gobierno Quintana Roo se hizo ese movimiento, yo he estado ahí, y en Campeche también ocurrió en programas de ayudas al campo les daban transgénicos”, dijo el abogado para RindeCuentas.
Pese a toda la evidencia del conflicto agrario, las autoridades seguían promoviendo las semillas GM. Y para el 2015 –año en que la SCJN había emitido la primer resolución en contra de la empresa de transgénicos–4, el Senado de la República se pronunció a favor de esos cultivos. El asambleísta del Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Salvador López Brito, utilizó la tribuna de la Cámara Alta para solicitar a la Sagarpa que “Fomenten la producción social de las semillas”, pero se refería a las transgénicas. Y el pleno lo apoyó.
En el documento que emitieron al Ejecutivo, los legisladores pedían que se instrumente un programa fomento a la producción de maíz y un informe sobre los permisos en sus fases de liberación experimental o piloto, para el maíz y frijol transgénicos que se hayan aprobado hasta esa fecha. En el dictamen con punto de acuerdo, también se pedía el estado que guardaban las seis solicitudes de permisos para la liberación comercial de maíz transgénico en Tamaulipas y Sinaloa5. Lo llamaron los “Cultivos estratégicos para la producción”.
De acuerdo a las estimaciones de la Sagarpa, para 2018 las importaciones de maíz llegarían a 8.9 millones de toneladas, es decir, un incremento de 13 por ciento respecto al 2010; para el caso del frijol, el volumen de importaciones se había incrementado al pasar de 1.8 mil toneladas en 1998 a 95 mil en 2010.
EL GRAN NEGOCIO
Pero el dinero no estaba ahí. El mercado de protección de cultivos estaba valuado en 2010 en 10 mil millones de pesos y el de semillas GM en 7 mil mdp; y en ese mismo año, la semilla del algodón GM ya representaba el 70 por ciento de la producción nacional según Bayer Crop6. Y Monsanto lo sabía.
En un estudio más amplio se explicaba que la superficie total de los sembradíos de transgénicos registrados en México por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) entre el año de 1988 a 2004, sumó un total de 667,510 hectáreas, y de ellas, casi el 90 por ciento era para algodón en fase experimental o piloto. Otro dato relevante, es que el principal país con el que México hace negocio con la fibra de algodón es EE.UU, específicamente con los estados de California y Atlanta7.
Pese al alto crecimiento de la producción de las semillas GM, existe un registro emitido por la propia Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) donde reconocen deficiencias en las solicitudes para liberar transgénicos al ambiente. En el oficio número CN/087/2012 el director general de impacto de riesgo ambiental de la dependencia, advertía haber encontrado “inconsistencias” en las medidas de bioseguridad durante el proceso de acopio propuestas por Monsanto, las cuales fueron calificadas como “Contradictorias” a lo establecido en la ley al no aclarar el nivel de responsabilidad que asumía la empresa en caso de una afectación ambiental derivada de la liberación experimental.
Pese a la crítica, para finales del 2016 el Estado Mexicano había otorgado a Monsanto ocho nuevos permisos para la siembra de este insumo8. Nadie se percató entonces de que no sólo el maíz estaba siendo amenazado por la biotecnología.
Las entidades federativas donde se otorgaron los nuevos permisos para el cultivo de materiales genéticamente modificados según la solicitud de transparencia número 08210000003216, fueron: Chihuahua, Coahuila, Durango, Baja California, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León.
Un año después de la llegada de estas semillas, México anuncia (sin especificar gastos o geolocalización de predios) la implementación, en una extensión territorial de 200 mil hectáreas, un plan binacional con Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU) para combatir “las dos principales plagas del algodonero”, la del gusano rosado y picudo algodonero que casualmente sólo afecta a productores en las inmediaciones de: Chihuahua, Coahuila, Durango, Baja California, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León, justo donde Monsanto obtuvo los permisos de Sagarpa9.
Asimismo, en el comunicado público el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) promete para los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, una declaratoria de Zona libre (de plagas que afectan al algodón) para finales del 2018.
Según informó la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a través de su Enlace INAI MVZ: Tan sólo esta empresa, posee permisos activos para trabajar algodones transgénicos en una extensión territorial de casi medio millón de hectáreas en nuestro país, un circuito cinco veces más grande que en el 2010.
