El 6 de agosto de 2014, México sufrió el mayor desastre ambiental en la historia de su industria minera. Hasta la fecha no ha habido acceso a una remediación integral y a la justicia y, por lo tanto, al pleno disfrute de los derechos humanos de las personas afectadas. Los ríos Bacanuchi y Sonora fueron contaminados con 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) proveniente de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. (BDC). Este desastre, provocado por la negligencia de BDC, ha afectado a más de 22,000 personas de siete municipios situados en las orillas del río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.
BDC, con el objetivo de evitar dar cuentas realmente, acordó con el Gobierno Federal de México canalizar la remediación por medio de un fideicomiso, en el que comprometió un monto de 2 mil millones de pesos, pero del que se ejerció sólo la mitad, sin garantizar, por tanto, una remediación efectiva del derrame ni el acceso a la justicia de los afectados por el mismo.
En el informe que compartimos analizamos las acciones llevadas a cabo por el Fideicomiso Río Sonora (FRS), su composición y los gastos realizados por el mismo para mostrar las fallas en la gestión de dicho instrumento, así como cuestionar que haya dado cumplimiento a sus objetivos, poniendo en duda los argumentos que se han esgrimido por parte de su Comité Técnico y de las autoridades para proceder a su cierre.
