Once muertes, una denuncia académica de impunidad y un pronunciamiento de contaminación múltiple por varios organismos de defensa de los derechos humanos orbitan en el contexto de la principal cementera del mundo con presencia en México. La empresa transnacional LafargeHolcim es acusada por diferentes frentes de ocasionar daños al medio ambiente en sus lugares de producción sin reparar el daño, pero el gobierno mexicano insiste en otorgarle la certificación de “Industria limpia” y permanece hasta la fecha en el Programa Nacional de Auditoria Ambiental (PNAA).
En 2010, la organización civil encargada de proteger el medio ambiente, Greenpeace México, se pronunció contra de Ecoltec por ser irresponsable con el tratamiento de sus desechos tóxicos y dañar el medio ambiente de las localidades del Estado de México donde se encuentran operando. Ecoltec es filial de Holcim/Apasco que a su vez es propiedad de LafargeHolcim.
En el mismo año, Jorge Arturo León Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentaba su publicación titulada: “Afecciones en la salud de la población de Apaxco Atotonilco expuesta a Contaminantes Organicos Persistentes (COP’S) por industrias que incineran residuos peligrosos y el caso de la fábrica de Ecoltec”. El médico especialista en enfermedades por contaminación y toxicidad revelaba que la historia de los daños a la salud de la comunidad de Apasco tenía por lo menos 10 años en total impunidad. Ambos casos tenían en común la denuncia en contra de LafargeHolcim por presuntos delitos ambientales.
Entre los incidentes más graves reportados por Greenpeace destacan tres incendios en diciembre de 2003, en septiembre de 2007 y en mayo de 2009, así como varias fugas de un residuo peligroso generado por las industrias químicas y de pinturas conocido como monómero de acrilato que es un solvente muy flamable, con fuertes propiedades irritantes para piel y mucosas que ocasiona cuadros de intoxicación aguda en las vías respiratorias.
Según explicó en su informe la organización civil, esta repetición de accidentes graves implica que Ecoltec violaba las normas técnicas sobre el manejo de residuos peligrosos al mezclar productos incompatibles para abaratar sus costos1. En ese mismo momento la empresa era auditada por el gobierno de México.
Por su parte, León Rodríguez explicaba que la comunidad donde produce Holcim/Apasco (con su filial Ecoltec) presentaba una gran historia de cuadros de intoxicación. Esos mismo cuadros de intoxicación derivaron, según el estudio, en la muerte de once campesinos en un accidente provocado por la contaminación del Río Salado el 21 de marzo de 2009.
El tema resultó tan irreparable para la comunidad que decidió organizar un plantón en las afueras de la empresa con el objetivo de que el gobierno tomara cartas en el asunto2. Así fue que los habitantes lograron varias entrevistas con funcionarios públicos de todos los niveles sin resultados. A la fecha, esta comunidad rica en cerros de piedra caliza y sus tierras de barro, no tienen condiciones para acceder a la salud o la justicia3.
El PNAA que sólo el gobierno respalda y la empresa rechazada por la ONU
A pesar de los señalamientos publicados en varios medios de comunicación y la lucha por la defensa del medio ambiente, la empresa sigue siendo reconocida por las autoridades como una “industria limpia”, y es la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)4 que le entregó los reconocimientos.
Uno de los pronunciamientos de la Profepa, del que RindeCuentas.org posee una copia, fue emitido el miércoles 29 de octubre de 2014, es decir, cuatro años luego de la denuncia realizada por los defensores ambientales y los pobladores. En dicho papel, las autoridades aseguraban que era el quinto año de la empresa en conseguir la meta mexicana de permanecer en el PNAA. Y aplauden su “compromiso” con el medio ambiente.
Actualmente en la Profepa se expiden tres tipos de certificados para esa denominación: el de Industria Limpia, el Calidad Ambiental y el de Calidad Ambiental Turística. El Programa consiste en una serie de actividades necesarias para fomentar la realización de auditorías ambientales (con auditores previamente registrados5). El ingreso al Programa es de carácter voluntario para las empresas con la finalidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación en materia ambiental. Pero parece que las leyes siempre olvidan.
Otro mecanismo relevante de protección al medio ambiente en el que Holcim Apasco está en disputa, es el Global Compact (GC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Global Compact es una iniciativa de sostenibilidad corporativa, la más grande del mundo. Surge cuando la ONU emitió un llamado a las compañías para alinear las estrategias y operaciones con los principios universales sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción, y a tomar medidas que promuevan los objetivos sociales, y algunas aceptaron, entre ellas Holcim.
LarfargeHolcim se muestra públicamente comprometida con aspectos tratados en el GC, como la transparencia, el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, incluso se promociona en medios de comunicación de esa manera.
Pero el mismo año de la publicación del investigador de la UNAM y el pronunciamiento de Greenpeace, la empresa fue expulsada del Global Compact debido, según se puede leer en el sitio oficial, a que no reportó el progreso sobre el combate a la violación de derechos humanos6.
En el documento que la empresa no entregó, se debía estipular que los poseedores del nombramiento que entrega la ONU deben: apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente, asegurarse de que no sean cómplices de los abusos, deben defender la libertad de asociación y el reconocimiento a la negociación colectiva, haber eliminado todas las formas de trabajo forzoso, reportar sobre la abolición del trabajo infantil, las empresas deben apoyar un enfoque preventivo a los desafíos ambientales y trabajar contra todas las formas de corrupción, incluida la extorsión y el soborno7. En México, alguno de esos requisitos no pudo ser cumplido.
Holcim hace negocios con terroristas
Seis años después de su expulsión del GC, en junio de 2016, el gobierno francés abrió una investigación sobre las actividades sirias en construcción. La investigación siguió a los informes publicados por los diarios Le Monde y FRANCE 24, que descubrieron los turbios acuerdos que Lafarge hizo con una serie de grupos armados, incluido el grupo Estado Islámico (IS)8, para mantener la planta de cemento funcionando.
En 2017, los ejecutivos de LafargeHolcim fueron investigados por estos reclamos en los tribunales civiles y penales. El mismo panel de jueces franceses designados por el Tribunal Superior de París, que supervisaba las investigaciones criminales, ahora está indagando si Lafarge puso a los trabajadores en riesgo o violó las sanciones internacionales pagando al Estado Islámico y otros grupos armados para que siguieran funcionando mientras la guerra se intentaba controlar.
Asimismo, seis altos ex funcionarios de Lafarge, incluidos dos ex ejecutivos en jefe, están siendo formalmente investigados bajo cargos de financiar el terrorismo9. Los jueces, que decidirán si los casos van a la corte, también están examinando una demanda presentada por Sherpa10, una organización francesa contra la corrupción que persigue abusos humanitarios por parte de corporaciones.
En la pestaña de “Salud y Seguridad” del sitio oficial de Holcim México, asegura que como empresa ambos calificativos son sus valores globales. También dice que su “objetivo” es el de generar un ambiente sano y seguro para comunidades, colaboradores, contratistas y clientes. Sólo que luego de las once muertes y los derrames tóxicos, siguen sin cumplirlo.
