El que ha sido el peor derrame petrolero de este milenio dejó en el mar que comparten México y Estados Unidos crudo como para llenar 264 albercas olímpicas. 793 millones de litros de petróleo fueron derramados en el Golfo de México con la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, de British Petroleum (BP) el 20 del abril de 2010. La empresa fue multada por negligencia con más de 60 mil millones de dólares en Estados Unidos. En México es otra la historia. Después de cinco años de una tibia demanda contra BP, el gobierno mexicano y la petrolera británica llegaron a un acuerdo en 2018 por 25.5 millones de dólares, a la luz del “buen ambiente de negocios” que actualmente vive BP en México, según descubrieron PODER y BuzzFeed News para esta investigación.
Pruebas ignoradas, pocos estudios, cancelación de investigaciones, reuniones con BP, negativas de la empresa, el temor a sentar un precedente con la demanda y la renuncia a reabrir el caso en el futuro, apuntan a que el gobierno mexicano siempre tuvo preferencia por llegar a un acuerdo extrajudicial con la compañía, dejando fuera los intereses de pescadores afectados. El derrame sucedió a 800 kilómetros de la costa mexicana y tan sólo 478 kilómetros de la frontera marítima.

La Huella Molecular del petróleo

Así como los humanos tenemos ADN, el petróleo tiene una huella que lo identifica según su origen. Los científicos que participaron en el monitoreo de las aguas y costas mexicanas del Golfo de México, ordenado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), solicitaron en repetidas ocasiones al gobierno que éste pidiera a BP y al gobierno estadounidense la Huella Molecular del petróleo derramado. México sí solicitó la huella en octubre de 2010, pero “nunca se tuvo respuesta”¹, según la minuta de una reunión interna del Grupo Intersecretarial para dar seguimiento al derrame en enero de 2013, obtenida vía transparencia.
Los 22 estudios que hicieron los científicos mexicanos, cuyo financiamiento se aprobó entre 2010 y 2014², revelaron, en primer lugar, el poco conocimiento que había en ese momento sobre el estado ambiental del Golfo de México y, en segundo lugar y más importante, que sí había presencia de hidrocarburos en algunas playas mexicanas del Golfo³.
“La posibilidad de obtener la huella molecular se siguió discutiendo con el gobierno de Estados Unidos y con la empresa con posterioridad a 2010. Sin embargo, éstos no la proporcionaron; en el caso del gobierno de Estados Unidos, una vez presentada la demanda señaló que la vía adecuada para obtener cualquier información, era a través del proceso judicial”, dijo la SRE en un cuestionario respondido para esta investigación.
Sin embargo, la respuesta de la SRE se contradice con la del INECC, que sí “adquirió muestras del estándar del petróleo del pozo Macondo en el año 2014, momento en que el monitoreo oceanográfico se encontraba en su fase final”.
“Yucatán cuenta con la Huella Molecular, pero no oficialmente”, refirió Margarita Caso, en ese momento directora de investigación en ordenamiento ecológico y conservación de ecosistemas del INECC, en la reunión intersecretarial de 2013. El comentario fue ignorado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que ya planeaba la demanda en contra de BP⁴.
La SRE en su respuesta a PODER dijo que “en las conversaciones sostenidas entre la SRE y el gobierno del estado de Yucatán, dicha entidad no manifestó contar con la huella”.

Pruebas ignoradas

Como si fuera una novela de realismo mágico, la SRE presentó en el último día antes de que prescribiera el plazo legal, el 19 de abril de 2013, la demanda por daños en las costas y aguas mexicanas a causa del derrame del pozo Macondo 252⁵. Por presentarse tan tarde, la demanda entró en una suspensión junto con otras demandas para el caso BP.
“Cientos de demandantes presentaron reclamos en fecha similar. Dado el gran volumen de demandas, en mayo de 2013, la Corte de Distrito ordenó suspender temporal e indefinidamente todos los casos nuevos -incluyendo el de México- en tanto se resolvía aspectos fácticos y jurídicos comunes a todos”, explicó la SRE vía correo electrónico.
Antes de la demanda federal, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo interpusieron una demanda colectiva, que no fue suspendida por haberse presentado mucho tiempo antes, pero fue rechazada por la corte de Estados Unidos en septiembre de 2013. Para esa denuncia, el científico Sergio Jiménez sí encontró pruebas de daño⁶, que no trascendieron porque no fueron retomadas en la acción legal federal.
“Plumas de hidrocarburo creadas en la superficie por el accidente de derrame de petróleo de Deepwater Horizon, alcanzaron las costas de los estados de Tamaulipas y Veracruz en enero de 2011 y continuaron impactando en sus costas y en la vida marina”, escribió Jiménez en una declaración para la demanda en enero de 2013, obtenida para esta investigación. El científico también descubrió que 16 islas de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo tenían daños. Además, pronosticó que los efectos continuarían dañando las costas de estos tres estados durante 10 años⁷.
Jiménez pudo probar que había hidrocarburo de BP en las costas de Tamaulipas desde junio de 2010 porque los estados sí contaban con la Huella Molecular. “Serna y Asociados, los abogados de los estados, sí exigieron la Huella que BP había dado en los tribunales, incluso nos indicaron cómo hacer la comparación y el análisis de las muestras”, explicó en entrevista para este reportaje.
Un año después de esa declaración, el Gobierno Federal tuvo una reunión con diferentes instancias, incluidas la SRE y el INECC, para conocer el estado de la demanda federal, e hicieron referencia a las pruebas que tenía el estado de Tamaulipas y analizaron la posibilidad de usarlas. “Si se tiene el aval de Tamaulipas se podrían usar en nuestro caso”, se lee en la minuta de la reunión, obtenida vía transparencia⁸. No hubo seguimiento a esta idea en reuniones posteriores.
La razón por la que la mejor prueba que existía sobre la presencia de hidrocarburo del pozo Macondo, no fue retomada por el Gobierno Federal, es que los abogados de la Federación y de los estados no llegaron a un acuerdo para compartir pruebas. Desde noviembre de 2011 el Consultor Jurídico de la SRE, Arturo Dager, envió un correo a la Secretaría de Marina sobre una reunión con Serna & Associates, donde comentó la oferta de los representantes de los estados para coadyuvar en la demanda federal⁹.
Más allá de los estudios, la calidad de vida de las poblaciones costeras mexicanas ha empeorado desde el derrame por la baja en la pesca. Los pescadores no fueron incluidos en la demanda federal y actualmente la lucha de más de 10 mil de ellos sigue vigente con una demanda contra la empresa, en la corte de Luisiana, Estados Unidos, la misma donde el gobierno federal presentó su denuncia.
“Casi no hay [pesca]. Ha bajado mucho, mucho. Yo trabajo en aguas que no son aguas continentales, sino son ríos, pero que se alimentan del mismo mar. Entonces se deriva que, de la contaminación, los peces ya no entran. El mar ya no alimenta todos esos ríos. Todos estamos, ahora sí, sufriendo la misma situación. (…) de esa época hacia acá, todo ha ido mermando. Ya no hay la misma productividad, ya no es lo mismo”, responde Francisco, pescador de Agua Dulce, en Veracruz, a la pregunta de cómo ha cambiado la pesca desde el derrame.

Presupuesto limitado

Luis Soto, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (ICMyL-UNAM)¹⁰, participó en la realización de los estudios encargados por el INECC. Su sorpresa fue mayor cuando en algún momento “entre finales de 2013 y principios de 2014”, la nueva administración del INECC, liderada por María Amparo Martínez Arroyo, anunció que “ya no habría recursos para más monitoreo”.
“Inicialmente el plan era mantener el monitoreo por cinco años, pero algo pasó arriba, en las instituciones del gobierno, algo de lo que no estuvimos enterados. La primera reacción fue que el presupuesto no era suficiente para mantener el monitoreo de cinco años, así que eso fue doloroso para nosotros, porque sabíamos la importancia de estudiar esto, la contaminación del agua es muy engañosa”, dijo Soto en entrevista para esta investigación.
El cambio de dirección tuvo motivos políticos en el contexto de la Reforma Energética, impulsada por Enrique Peña Nieto. Después de la cancelación de los estudios, Edward Peters, funcionario del INECC, anunció a los científicos que se haría un libro con sus descubrimientos, pero esto nunca sucedió.
Soto relata que él, junto con otros seis o siete científicos, tuvieron una conversación con la Dra. Amparo Martínez, ahora directora general del INECC, en la que se les dejó ver que con la futura Reforma Energética, las prioridades ambientales habían cambiado. “Nos dijeron que no nos quejáramos, porque el dinero venía en camino desde una dirección diferente, de la Secretaría de Energía. Entonces Sener dijo, ‘yo tomaré el problema, olviden el problema ambiental’. Entonces, en mi opinión, el enfoque de las investigaciones empezó a dispersarse. La razón era que México empezaba a empujar muy fuerte la extracción de petróleo en aguas profundas”.
De hecho, en las reuniones internas del Gobierno a lo largo de los ocho años que han transcurrido, se plantea en diferentes momentos que Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Energía (SENER), busquen acercamiento “del más alto nivel con BP”, para llegar a un acuerdo.
El INECC reconoció, en una reunión convocada por la SRE en febrero de 2017 para dar seguimiento al derrame, que los recursos destinados al monitoreo se habían agotado, pero que ello no implicaba que “el proyecto para establecer una línea base haya concluido”, según la minuta de esa reunión¹¹.
En México los recursos fueron escasos, tanto del lado gubernamental como empresarial. En Estados Unidos, BP invirtió más de 1.3 mil millones de dólares para que sus investigadores hicieran 240 estudios, menos de cinco años después del derrame.

Demanda sin pruebas

Alrededor de 70 millones de pesos fueron gastados del erario mexicano en los 22 estudios científicos que supuestamente servirían para la demanda contra BP, pero al final no se presentaron como pruebas, según aceptó la SRE¹². La cifra no es exacta, dado que en un principio las dependencias negaron hacer públicos los estudios, vía transparencia, por tratarse de información que pudo ser usada en la demanda del gobierno contra BP.
Según la SRE, los estudios sí serían usados como prueba una vez que la corte de Estados Unidos levantara la suspensión de la demanda mexicana. “Conforme a la legislación estadounidense, la exhibición de evidencia en un juicio, se lleva a cabo en una etapa posterior a la presentación de una demanda. Si bien la demanda se presentó en tiempo y forma, un mes después se suspendió el procedimiento por orden judicial, por lo que nunca se llegó a la etapa procesal en la que era posible exhibir pruebas”, justificó la SRE en sus respuestas al cuestionario.
Ante varios recursos de revisión interpuestos por PODER, el INECC terminó publicando silenciosamente los estudios en un micrositio¹³ el 10 de julio de 2018; aún así, las irregularidades fueron varias: algunas ligas no servían, había faltas de ortografía, no estaban todos los estudios, algunos tenían el estatus de “en desarrollo”, y otros estaban repetidos.
Hasta la fecha, sólo el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), que sí tuvo acceso a la Huella Molecular, no ha hecho públicos sus estudios ni sus conclusiones, por estar su respuesta en un documento marcado como confidencial en un Recurso de Revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), interpuesto por PODER.
Sin embargo, los mismos científicos del IMP que firman el estudio confidencial, sí reflejaron sus impresiones sobre el daño del petróleo de BP en un artículo publicado en una revista científica en inglés, en 2017. En él hablan de la presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos en el agua y sedimentos que podrían estar relacionados con el derrame de Deepwater Horizon.

Reunión previa al acuerdo con BP

Alejandro Posadas, agregado de SEMARNAT en Washington, D.C. en 2011, fue testigo de la primera reunión entre BP y el gobierno mexicano. Antes de interponer la demanda, el gobierno mexicano buscó por distintas vías un acercamiento con BP. El 1 de junio de 2011 sucedió la primera reunión entre ambas partes. La cita fue en Nueva York, Estados Unidos. Entre los asistentes por parte de la empresa estaba Christophe Sladen, entonces director general de BP México. En ese encuentro, la delegación mexicana presentó un estudio a la empresa que, según Alejandro Posadas, no era concluyente de que el derrame hubiera causado daño en México, según declaró en entrevista para esta investigación.
“Fue una reunión tensa, porque pues ellos [BP], obviamente lo que sostuvieron fue precisamente que en toda la información que ellos tenían no había habido, digamos, el cauce de la contaminación no había ido para México. Y con algunos cuestionamientos muy escépticos con relación a los estudios que habíamos presentado. Al final, hasta donde yo recuerdo, manifestaron su disposición a continuar las pláticas y a que el gobierno mexicano les hiciera llegar más información sobre estos posibles daños”, dijo Posadas en entrevista con PODER.
3.3 millones de dólares fue el estimado que hizo el gobierno mexicano por las labores de monitoreo, según información que dio el gobierno al despacho que lo asesoró, para que fuera enviada a BP, ante petición de la propia empresa después de la reunión. BP también pidió pruebas de los daños ambientales que el derrame dejó en las costas y aguas mexicanas, pero el gobierno nunca envió tal información¹⁴. La SRE explicó para esta investigación que “en ese momento no contaba el gobierno con un documento que respaldara contundentemente tales afectaciones, ya que los estudios técnicos sobre la situación en el Golfo de México realizados por las autoridades nacionales aún no concluían”.

Protegiendo derrames futuros de Pemex

Para el abogado Posadas, una de las razones por las que el gobierno mexicano buscó un acuerdo desde un principio, en lugar de una demanda directamente, fue la posibilidad de que la demanda pusiera las bases para lo que legalmente se conoce como precedente. Es decir, si México actuaba con todo el peso de la ley para que BP respondiera para remediar los daños, en caso de que la industria petrolera mexicana -especialmente Petróleos Mexicanos (Pemex)- tuviera un accidente que pudiera dañar a los Estados Unidos, la demanda se tomaría como un antecedente para entonces exigir que la empresa fuera castigada de la misma manera, con todo el peso de la ley.
“Si tú empujas demasiado un precedente ese te va a perseguir a ti después, y nosotros somos una nación petrolera y es frecuente que tengamos derrames, y lo tuvimos antes, en el caso del Ixtoc. Entonces, si tú quieres presionar demasiado sin que tengas toda la evidencia científica, pues ese mismo precedente te va a perseguir a ti cuando te toque ser el responsable”, explicó el abogado en su despacho en la Ciudad de México.
Para que México pudiera demandar a BP bajo la Oil Pollution Act, necesitaba probar que Pemex puede reaccionar bajo las mismas leyes y criterios en caso de un derrame que afecte a Estados Unidos. Para eso, el gobierno estadounidense, a petición del mexicano, tiene que otorgar una “certificación”. El tema era delicado por cómo se comprometería a Pemex. En diciembre de 2011, Patricia Espinosa Cantellano, entonces secretaria de Relaciones Exteriores, envió una carta al presidente Calderón, en la que le externó preocupación por generar un precedente.
“Es importante evaluar cuidadosamente la conveniencia política y económica de tal certificación, en especial ante la inminente explotación conjunta de yacimientos en aguas del Golfo de México y en particular en el caso hipotético de que Pemex pudiera ser demandado por daños transfronterizos ante un derrame”, se puede leer en la carta, obtenida vía transparencia para esta investigación¹⁵.
El tema fue analizado en diferentes momentos por los consultores jurídicos de la SRE para la presentación de la demanda. Tal era la tensión de cómo hacer para que el gobierno mexicano no fuera castigado tan gravemente en un posible derrame futuro, que en enero de 2013, tres meses antes de que expirara el plazo para presentar una demanda por el derrame, seguían pensando cómo resolver el tema. Incluso solicitaron a BP firmar un convenio para extender el plazo para demandar, pero BP se negó. SRE pensó en presionar a la empresa a través de SENER¹⁶, en el contexto de la Reforma Energética.
El despacho que representó a México fue Schulte, Roth & Zabel, LLP., con un costo de 1.9 millones de dólares. Entre 2010 y 2018, antes de que el gobierno mexicano retirara voluntariamente la demanda, ambas partes sostuvieron únicamente dos reuniones para tratar el tema. Mientras que entre 2013 y 2018, el gobierno tuvo 17 reuniones internas para hablar de la demanda contra BP, según respondió la SRE vía transparencia; sin embargo, entregó sólo 16 minutas. Entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, el asunto estuvo olvidado en la administración saliente de Felipe Calderón y la entrante de Enrique Peña Nieto. No hay minutas de ese periodo.

Negocio de BP florece en México

“BP reiteró su interés en alcanzar una solución amistosa y definitiva del conflicto, teniendo presente el buen ambiente de negocios que actualmente se vive en México, tanto actual como en el largo plazo”, comentó el consultor jurídico a los asistentes de otras dependencias, en una reunión en la SRE el 18 de agosto de 2017, seis meses antes de que el gobierno y la empresa cerraran el acuerdo¹⁷.
Efectivamente, México es un buen negocio para BP. La empresa no ha tenido ningún tipo de acercamiento con los pescadores afectados de Tabasco y Veracruz, pero desde 2015 ha ganado cinco áreas petroleras, licitadas en las rondas de exploración de la Reforma Energética, justo frente a estos estados en el Golfo de México. Además la compañía tiene 279 estaciones de gasolina en 17 estados de la República, incluidos, otra vez, Tabasco, Veracruz y Campeche. En febrero de 2017 el Centro Nacional de Control de Gas otorgó a BP Energía México permisos para dos gasoductos en el país¹⁸.
La británica ganó su primer campo de exploración en la ronda 1 de la licitación 2 en 2015, a través de la empresa argentina Pan American Energy, LLC¹⁹, en la cual tiene 50% de participación accionaria. En diciembre de 2016, a la par que era multada en Estados Unidos por 18.7 mil millones de dólares por el derrame de 2010, en México, BP Exploration México ganó dos áreas en la ronda 1²⁰ de la licitación 4, en consorcio con las empresas Statoil E&P México y Total E&P México²¹. La CNH adjudicó otros dos campos a la empresa, uno a Pan American en solitario y otro a Pan American con la francesa Total, el 27 de marzo de 2018²², un día antes de que la corte de Estados Unidos aceptara oficialmente el retiro voluntario de la demanda contra BP.
El derrame no empañó la percepción general sobre BP. Las filas para cargar gasolina en la primer gasolinera de la empresa en el Estado de México fueron reportadas con sorpresa por distintos medios.
La relación entre el gobierno mexicano y BP es más fuerte que nunca. La empresa tiene planes de abrir 1,500 gasolineras en los próximos cinco años, y la inversión fue bien vista por el secretario de energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien asistió, junto con Christophe Sladen, entonces director general de BP México, a la inauguración de la primera estación de servicio de BP²³.

Un acuerdo muy discreto

El gobierno mexicano sí fue recompensado con 25.5 millones de dólares por parte de British Petroleum, como parte del acuerdo al que llegaron el 15 de febrero de 2018. A cambio, México se conformó con que BP no aceptara responsabilidad de ningún daño actual ni futuro en las costas mexicanas del Golfo de México como consecuencia del derrame de 2010²⁴.
Los pagos fueron divididos en dos momentos y propósitos: 15.3 millones de dólares para el reembolso del monitoreo e investigación y otros costos relacionados con el incidente –mismos que el gobierno mexicano calculó en un primer momento en 3.3 millones de dólares–. Del dinero que forma parte del acuerdo, 7.5 millones fueron pagados 30 días después del acuerdo y 7.8 millones antes o el 15 de mayo de 2018. 10.2 millones serán pagados al INECC antes o el 30 de noviembre de 2018, para la protección socio-ambiental, conservación y/o restauración del Golfo de México. Este monto debe ser designado e implementado por el gobierno mexicano.
Aunque México use el dinero para monitorear y encuentre daños del derrame en el Golfo de México, no podrá volver a demandar a BP por ese motivo. “La conclusión fue la de vigilar el Golfo de México a través de los programas de protección socio-ambiental, conservación y restauración”, dijo la SRE.
BP primero ofreció 20 millones de dólares y el gobierno mexicano contraofertó a 50 millones de dólares²⁵. El acuerdo fue por la mitad y sólo 5 millones más que la primera oferta de la empresa, según se puede leer en las minutas de las reuniones intersecretariales de octubre de 2017.
Previo a formalizar el acuerdo, se reunieron los representantes de BP y funcionarios mexicanos el 27 de julio de 2017. Los asistentes mexicanos fueron Alejandro Alday González, consultor jurídico de la SRE y Amparo Martínez, directora del INECC. “La empresa dijo a la Titular del INECC que cuenta con la evidencia científica para afirmar que el petróleo del derrame no llegó a las aguas mexicanas, y que por lo tanto, BP no ha causado daño ambiental alguno en México, y que dicha evidencia ha sido validada por sus científicos –entre ellos algunos mexicanos–, y por funcionarios de PROFEPA, con quienes se reunieron en México hace algunos meses”, según la minuta obtenida vía transparencia²⁶.
Ni el gobierno ni la empresa hicieron público este acuerdo, y una de las cláusulas del mismo es que se tienen que avisar uno al otro en caso de revelar la información.
En Estados Unidos los pescadores y negocios costeros recibieron 10 mil millones de dólares de la multa a BP. El acuerdo firmado con México no prevé una suma específica para los pescadores, ni se mencionan en dicho documento.
INECC respondió que de recibir el recurso de BP, y ser ella responsable de manejarlo, se “podría invertir en un Programa multi-institucional que elaboró el INECC en 2017”, que “contempla la participación de las comunidades tanto en el diseño y acompañamiento, durante la realización del mismo, así como en la distribución de los beneficios que se deriven de sus resultados”, respondió el instituto para esta investigación vía correo electrónico.
“Todos sufrimos las consecuencias que British Petroleum, en un momento dado, vino a ocasionar. Fue la única, fue el único problema que sí nos agobió bastante. Por eso mi inconformidad hacia British Petroleum. Y que nosotros necesitamos ser respaldados por nuestras autoridades mexicanas, para que de un momento a otro ese problema se vea compensado con algo”, dice Francisco, el pescador de Aguas Dulces.
Este no es el primer accidente grave en la historia de BP, pero sólo cuando las afectaciones se tratan de Estados Unidos, donde dirige un tercio de sus negocios, la empresa responde con grandes cantidades de dinero. Para la explosión de su refinería en Texas en 2005, donde murieron 15 personas, BP pagó más de 1.5 mil millones de dólares. Un año después, con su derrame de petróleo en Alaska debido a una tubería corroída, pagó 225 millones de dólares a ese estado.
Mientras tanto en México, no sólo se lleva una demanda pasiva, sino que se le otorgó a su director general, Christophe Sladen, la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca por “sus aportaciones en favor de la relación económica y educativa entre México y Reino Unido”²⁷ el 29 de junio de 2018.
Sladen fue director de BP México por más de 10 años y hasta mayo de 2018²⁸, y estuvo al tanto de la demanda mexicana. Asistió a la reunión de 2011 con funcionarios mexicanos y también estuvo copiado en correos electrónicos entre BP y el gobierno. Pero el derrame que dañó a pescadores, costas y aguas mexicanos no hizo lo mismo con la figura de Sladen ante el gobierno mexicano. La insignia es el mayor reconocimiento de México al que puede aspirar un extranjero. Sladen es el único empresario de la industria energética que ha sido reconocido con este nombramiento.
“British Petroleum tiene sus gasolineras aquí. Sea como sea, se lleva una moneda de los mexicanos, en lugar de que viniera a resarcir el daño que nos ocasionó aquí en el Golfo de México. No viene a resarcir ese daño que hizo, sino que al contrario, pone su gasolinera, que hasta ahorita se rumora que están por Córdoba. Nada más a vivir de los mexicanos. No me gusta eso. Cuando una empresa americana viene, pacta con el gobierno mexicano, ya el negocio se hizo; los problemas que éste ocasione pasan a segundo término. Y no hay problema, porque ya se arregló el asunto. Los que sufrimos el problema somos nosotros. ¿Entendió? Y es lo que nosotros quisiéramos: que British Petroleum se hiciera cargo de resolver lo que en un momento dado ocasionó”, exige Francisco.
Angélica Ruiz, nueva directora general de BP México, no se ha pronunciado sobre el derrame de hace 8 años. BP negó dar una entrevista para este reportaje, pero comentó vía correo electrónico que “apuntamos que toda la evidencia disponible confirma que el petróleo del incidente de Deepwater Horizon no alcanzó las costas y aguas mexicanas”. Igualmente envió un estudio del científico Robert I. Hadad, que concluye que no hubo afectación en México. “El reporte del Dr. Hadad fue presentado este año en una demanda en la Ciudad de México”, agregó BP, pero no dio detalles de dicha demanda.