Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte sentencia que la comunidad de Bacanuchi tiene derecho a la participación en temas medioambientales.Si bien no se conoce la sentencia definitiva, ésta podría implicar que Grupo México detenga por completo la construcción y ampliación de una presa de jales, megaobra de más de 65 hectáreas, en Cananea, Sonora, hasta que exista plena participación y decisión de los habitantes de Bacanuchi.La sentencia es histórica. “Es un precedente importante para casos similares de comunidades que se enfrentan a megaproyectos”: abogado Luis Miguel Cano.Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018 – En un fallo considerado “histórico”, y un precedente para los casos de las comunidades afectadas por megaproyectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió hoy la sentencia al amparo en revisión365/2018, interpuesto por habitantes de Bacanuchi, Sonora, para reclamar su derecho a participar en temas medioambientales. La decisión tomada por los cinco ministros y ministras de la Segunda Sala fue de cuatro votos a favor y uno en contra.Benjamín Cokelet, codirector ejecutivo fundador de PODER, explicó que el fallo implica un revés para el Grupo México. “Si yo fuera un inversionista de Grupo México, estaría preocupado por esta sentencia. Podemos esperar que la empresa detenga por completo la ampliación de la presa de jales hasta que no se cumpla a cabalidad el proceso de participación y toma de decisiones sobre el proyecto por parte de la comunidad de Bacanuchi”.Bacanuchi es una población seriamente afectada por el derrame de sulfato de cobree acidulado de 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, por parte de la minera Buenavista del Cobre S.A. de C.V., propiedad del Grupo México. Al darse cuenta, en 2016, que la misma empresa estaba haciendo obras extensivas cerca de la comunidad, los habitantes se pusieron en alerta. Descubrieron que Grupo México estaba realizando una “ampliación” de una presa de jales, el lugar donde van a parar los desechos sólidos y líquidos resultantes del proceso de extracción de minerales. Esta nueva obra, de más de 65 hectáreas, reuniría 80 mil veces más desechos tóxicos que los derramados en 2014. Bacanuchi se encuentra en el área de afectación directa de este proyecto.“Hoy estamos contentas. Volvemos con una buena noticia para nuestras comunidades”, dijo Maribel Bustamante, quien junto con María Elena Bustamente estuvieron presentes en la SCJN para conocer el fallo. Ambas son representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora y habitantes de Bacanuchi. “Con este fallo tal vez nos aseguramos de que no haya otro desastre como el de 2014. No queremos que nuestros hijos y nietos sigan sufriendo. Queremos justicia para las familias, las comunidades y las personas que hemos sido tratadas como animales por la minera”, explicó. Con una sonrisa, María Elena Bustamante quiso enviar un mensaje a la Corte: “A nombre de las comunidades del Río Sonora, agradecemos a los ministros por darnos voz”.Luis Miguel Cano, abogado de PODER, quien lleva el caso en representación de los Comités de Cuenca Río Sonora, afirmó que “hay que celebrar, aunque con cierta cautela, porque aún no se conocen exactamente los términos de la sentencia”. Sin embargo, para Cano, “lo que esperamos es que la participación no sea una simulación, sino que sea un proceso efectivo y completo de información, diálogo y respeto a las decisiones las comunidades”. Cano agregó que la sentencia “es también un precedente importante para otros casos similares en los que las comunidades y personas organizadas luchan contra la falta de información y por su derecho humano a la participación ante los megaproyectos”.Acerca de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS): Agrupan a personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre S.A. de C.V. Los conforman habitantes de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures. Blog de los Comités de Cuenca Río SonoraEl Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organización regional, no gubernamental, sin fines de lucro. Su misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo. PODER logra esto mediante la investigación empresarial estratégica, las tecnologías de transparencia, la organización comunitaria y la vinculación estratégica para construir un movimiento ciudadano a favor de la rendición de cuentas empresarial. www.poderlatam.org Twitter Facebook Para más información, comunicarse con: María Fernanda Wray Responsable de Comunicación Externa, PODER mfw@poderlatam.org
Maribel Bustamante, de los CCRS, muestra sus manos, «dañadas por el agua envenenada» de la mina. «Luchamos porque no queremos que se repita una tragedia como la de 2014».