El 36% de los títulos de concesión para el aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) que fueron analizados en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), no tenían la documentación completa. En 2016 la SEMARNAT autorizó 502 títulos de los que la ASF analizó 36 y 13 contenían irregularidades.
Los documentos faltantes varían de los comprobantes de pagos de derechos, actas constitutivas o de nacimiento de los solicitantes, planos topográficos, montos de inversión, o bien, constancia de adecuado uso de suelo1. La muestra del estudio donde se obtuvo esta evidencia, ocurrió en: Ensenada, Baja California (12 títulos); Manzanillo, Colima (8 títulos); Puerto Vallarta Jalisco (12 títulos); y Puerto Peñasco Sonora (4 títulos).
Existe una clara relación entre el daño al medio ambiente y la entrega indiscriminada de concesiones o permisos, específicamente a los Sistemas Estuarios según especialistas radicados en la zona del Océano Pacífico (Jalisco y Nayarit). Son frecuentes las denuncias a desarrolladoras inmobiliarias por carecer de estudios de impacto ambiental antes de realizar obras que culminan en desastres.
En el informe correspondiente a la cuenta pública 2016 del que RindeCuentas.org posee una copia (el último realizado a esta dependencia), se revela también que en casos como el de Jalisco, la entrega de estos permisos se hizo a pesar de que las leyes locales lo prohíben.
Las concesiones “sin dueño”
De esos 36 títulos que fueron analizados para obtener la muestra, en 13 hubo irregularidades y, sólo seis de ellos se hicieron públicos en la auditoría. De los 23 títulos supuestamente correctos, la auditoría reportó que la SEMARNAT no tiene 227 documentos que, aunque no consideró cruciales, deberían existir para acreditar la concesión
Cómo ejemplo, la concesión DGZF-086/16 pertenece al negocio de restaurantes DSW SEAFOOD, S. DE R.L. DE C.V. que no entregó información sobre la inversión a realizar en el lote por el cual solicita el permiso.
Faltan documentos de identidad, de definición de proyectos, planos, o algún otro con el que se pueda identificar el uso de los concesionarios: “DGZF-086/16, DGZF-086/16, DGZF-086/16”.
En la investigación realizada por este medio de comunicación, también se encontró que los registros de concesión además de no incluir la documentación mencionada, se encuentran testados, por lo que es imposible determinar propiedad.
Otra concesión pública, la DGZF-110/16 no registró irregularidades, esta pertenece a Mara Soledad Miranda Ordoñez, quien es funcionaria pública de la administración del municipio de Ensenada Baja California2. La trabajadora del municipio se encuentra trabajando en el área del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Ensenada (FIDUE)3.
Tanto los permisos como las concesiones en su mayoría se otorgan por un periodo de 15 años, y tras una búsqueda exhaustiva al sistema de transparencia de SEMARNAT, no se reportó que alguno de los sancionados por la ASF estuviera en calidad de suspendido.
SEMARNAT no sabe ni quién le pagó
En el documento, la ASF apunta que la dependencia auditada carece de acceso a sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para validar los pagos en el sistema que determinaron como: “e5cinco”. Debido a ello, también les es imposible llevar un control de los servicios de concesión que están por otorgar. Es decir, la dependencia carece hasta de registro financiero de los procesos.
Bajo esa razón, hasta los diputados resultaron con observaciones. La autoridad fiscalizadora instó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se revise y evalúe la pronta posibilidad de modificar el artículo 3 vinculado a la Ley Federal de Derechos y el Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para otorgar calidad a la SEMARNAT de ente fiscalizador de los recursos generados por el aprovechamiento del espacio marítimo.
Como consecuencia del expediente, la máxima ASF entregó a la SEMARNAT otro documento donde se solicitaba: “Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”.
La auditoría emitió la Promoción de Responsabilidad para se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades.
Ambición y pobreza
Francisco de Asis Silva, investigador de la Universidad de Guadalajara , explica que a gran escala, es evidente que el registro irregular de las ZOFEMAT culmine en daño ambiental; aunque el principal interés de los desarrollos inmobiliarios es el de preservar el ecosistema para atraer con esos recursos naturales a la clientela interesada en prácticas ecoturistícas, jamás pondrían sus millonarias inversiones en riesgo.
Otro aspecto importante es el de diferenciar los permisos que se entregan desde la federación. El académico menciona que a diferencia de los grandes hoteles, los particulares que solicitan autorización para intervenir las zonas federales costeras, son esencialmente para construir bardas perimetrales en sus viviendas y en pocas o nulas ocasiones esto daña el entorno o privatiza espacios.
“Me extraña que los ayuntamientos que son quienes reciben el beneficio del presupuesto por explotación de las zonas federales, no tengan un padrón claro. Es importante porque ese dinero se usa para la propia preservación”.
La conclusión de Asis Silva se define en dos partes. El daño medioambiental en las zonas federales costeras, siempre es originado por la ambición de los grandes desarrollos inmobiliarios y por la pobreza.
Explica que tanto SEMARNAT como la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), tienen políticas encontradas. Mientras que SEMARNAT pide conservación del medio ambiente y el aprovechamiento de las zonas federales, SEDATU promueve el alza de la producción ganadera; lo que también ha originado devastaciones importantes en la zona: “Si no tienes que comer, explotas tus recursos y pocas veces sabes si estás dañando a alguna especie protegida”, finaliza Asis.
La vorágine inmobiliaria
Bartolo Cruz Romero, especialista investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de la Universidad de Nayarit, reconoció en entrevista para RindeCuentas.org que efectivamente existe una relación directa entre las concesiones que otorga la SEMARNAT para uso de las ZOFEMAT y, el daño ambiental a los sistemas estuarios.
“Bahía de Banderas ha experimentado en los últimos años un rápido crecimiento en su infraestructura turística y desarrollo urbano. Sin embargo, la presión generada sobre sus recursos, debido al rápido crecimiento de la población, la falta de un ordenamiento ecológico, lo que cancela cualquier posibilidad de implementar medidas de uso, manejo y aprovechamiento razonables, ha generado que los cuerpos acuáticos costeros día a día sean objeto de cierto grado de presión antropogénicas (contaminación, alteración y degradación ecológica)”, explican en su investigación.
“Sí existe una relación de daño ambiental entre las concesiones que otorgan las instituciones con los sistemas estuarinos. Caso específico sucede en Nuevo Vallarta, Nayarit. En este sitio se han otorgado permisos sin el conocimiento de SEMARNAT y PROFEPA hay construcciones que no cuentan con manifestaciones de impacto ambiental y aún así se realizan construcciones y remodelaciones en la infraestructura. Se realizan también construcciones en la zona federal argumentando permisos de parte de PROFEPA y SEMARNAT”, dijo.
Aunque el 9 de mayo del 2017 el Congreso del Estado de Jalisco prohibió la privatización de las playas de esta entidad, algunas de las concesiones siguen activas4.
La iniciativa de Ley Playas libres, es una buena oportunidad para recuperar los espacios de entrada a las playas, comentó Cruz Romero, sin embargo, aún existen lugares que históricamente siguen bloqueados y no permiten la entrada libre: “Considero que tiene que replantearse el objetivo que es el libre acceso al mar”.
Mira el video de Rompeviento TV sobre este tema:
