Los seis desastres de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto

Enrique Peña Nieto presentó en agosto de 2013 la reforma energética como la solución para que Petróleos Mexicanos (Pemex) se modernizara, ganara competitividad en el mercado nacional e internacional, e impulsara la economía de sus trabajadores y de las regiones ricas en hidrocarburos. Sin embargo, cinco años y cinco meses después, los resultados de la controvertida reforma están lejos de beneficiar al país.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), empezó su sexenio con una guerra frontal al robo de combustible, pero hay otros desastres que sucedieron durante la administración Peñista que quedan pendientes de resolver y que pueden ser una oportunidad para el nuevo gobierno para impulsar un mejor manejo de Pemex. Aquí presentamos seis.

Todo para Odebrecht

Emilio Lozoya Austin, director de Pemex entre 2012 y 2016, y miembro de los golden boys del Partido Revolucionario Institucional (PRI), parece ser el hombre clave para la consolidación de la brasileña Odebrecht en el país. La empresa, acusada de sobornar a funcionarios en países de América Latina y África a cambio de contratos para infraestructura, tuvo en el complejo Etileno XXI su proyecto más ambicioso en México.
Si bien las gestiones para la realización de Etileno XXI, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, empezaron durante el gobierno del panista Felipe Calderón, fue Peña Nieto quien hizo un decreto a modo para beneficiar a Odebrecht, a través de su filial Braskem en conjunto con la mexicana Idesa.
El beneficio consistió en elevar los aranceles para importar toda clase o tipo de polietilieno a México, para que lo que se produjera desde Etileno XXI, inaugurada en junio de 2016, fuera más competitivo en el país. Hasta ahora Etileno XXI ha representado pérdidas por 1,900 millones de dólares, según informó la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

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Odebrecht, acusada en México de dar un soborno de 10.5 millones de dólares a Lozoya Austin, tuvo contratos para otras obras de infraestructura, como Los Ramones II y la Refinería Minatitlán, en las que se registraron sobrecostos y desvíos.

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Siendo uno de los casos más controvertidos, AMLO y su gabinete no tardaron en pronunciarse. Según la nueva secretaria de Energía, Rocío Nahle, Pemex empezó a revisar el contrato con Braskem-Idesa desde antes de que tomara posesión López Obrador¹. Por su parte la extinta Procuraduría General de la República (PGR), ha negado hacer pública la investigación del caso, a pesar de los llamamientos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) para que libere la información.

Pajaritos, culpables sin señalar

Casi tres años después de que se aprobara la reforma energética, la planta de una empresa creada entre Pemex y Mexichem, como ejemplo y bastión de la colaboración entre la ahora firma productiva del estado y compañías privadas, explotó². El saldo fue de 32 muertos y 130 heridos. Nadie resultó culpable.
Cuatro días después de la explosión, Nahle, en ese momento legisladora federal de Morena, dijo que exigiría a Pemex que se le retirara la concesión de la planta a Mexichem³. En los meses que va del nuevo gobierno, Nahle como secretaria de Energía no ha hablado sobre el caso ni sobre Mexichem.
La desgracia sucedió durante la gubernatura en Veracruz de Javier Duarte, el mismo que también abrió las puertas a Odebrecht y sus 3.7 millones de dólares de soborno en el estado⁴. Contraria a la suerte de Duarte al ser aprehendido por otros delitos, Mexichem fue absuelta de la explosión dos años después.
Mexichem, de la familia Valle Ruíz y subsidiaria de Grupo Empresarial Kaluz, era el accionista mayoritario de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PVM), fundada junto con Pemex y dueña de la Planta Clorados III, la que explotó el 20 de abril de 2016. La creación de la joint venture prometió elevar la producción de cloruro de vinilo a 405 mil toneladas anuales, desde las 200 mil toneladas por año que se producían antes⁵, pero la eficiencia de Pajaritos quedó altamente comprometida.
Pajaritos es una de las grandes deudas de EPN en el ámbito energético. No sólo su explosión sería un presagio para las gestiones del ex presidente en la industria energética, sino que fue el ejemplo de cómo ahora y gracias a la reforma energética, los intereses de la antes empresa paraestatal, podrían terminar en manos de extranjeros individuales y empresas de Pemex localizadas fuera del país.

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Cuando se absolvió a Mexichem de cualquier responsabilidad, también se le obligó a remediar los daños al ambiente. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó recorridos en la planta en mayo de 2016 y dio hasta el 1 de julio de ese año para que la empresa retirara residuos peligrosos y hasta el 1 de noviembre de 2016 para que presentara un plan de remediación aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero el 13 de julio la Cámara de Diputados publicó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades y a Pemex a solucionar afectaciones de la explosión. El buscador de trámites relacionados a Residuos Peligrosos y Actividades Altamente Riesgosas de la Semarnat no permite distinguir caso por caso, pero desde 2016 hasta 2019 ningún trámite fue presentado en Veracruz.
En mayo de 2018 Mexichem compró el 44.09 por ciento de las acciones de Pajaritos que permanecían en manos de Pemex⁶.

Planta de Burgos detenida y en manos de Trafigura

Una de las estrategias de la reforma energética fue abrir ese mercado a empresas extranjeras y de inversión privada, para que junto con Pemex, supuestamente, levantaran la extracción y producción de hidrocarburos, petroquímicos y derivados; sin embargo, lo que pasó estuvo lejos de fortalecer a la nueva empresa productiva del estado.
Pemex cedió la construcción y propiedad de obras estratégicas a empresas privadas en zonas de especial relevancia para la producción de hidrocarburos y petroquímicos, como la Cuenca de Burgos, al noreste del país. Ahí, la empresa Trafigura fue contratada, sin licitación pública de por medio, para instalar una planta fraccionadora dentro del Complejo Procesador de Gas Burgos (CPGB).
Distintas irregularidades plagaron desde un inicio el trato entre Pemex y la multinacional, empezando por contratos ocultos hechos en 2015, precios que favorecían a la privada y terminaría pagando Pemex, y una clara opacidad por parte de la empresa del estado, dirigida por Carlos Treviño Medina al momento de responder a solicitudes de información.

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A cuatro años de distancia, la planta no ha entrado en operaciones y tanto Trafigura como Pemex enfrentan una denuncia de Chemisa, subcontratista de Trafigura para construir la planta.

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La promesa de la reforma energética del impulso al CPGB, donde se produciría nafta refinada y diésel, seguirá esperando. Dentro de la estrategia energética de AMLO, Trafigura y Burgos no han formado parte de los pronunciamientos.

British Petroleum exculpada de su derrame

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto llegó a un acuerdo con British Petroleum (BP), empresa responsable de derramar petróleo como para llenar 264 albercas olímpicas en el Golfo de México en 2010.
Primero, el gobierno no hizo caso a los científicos de institutos públicos sobre la necesidad de invertir para investigar sobre las reales afectaciones del petróleo en costas y mares mexicanos, luego no presionó a la empresa para que ésta diera muestras de su petróleo para determinar si coincidía o no con el que se había encontrado en tierras y aguas mexicanas.
La reforma energética otra vez se interpuso. BP comunicó al gobierno mexicano su interés de llegar a un acuerdo, en vista del “buen ambiente de negocios que se vive en México, tanto actual como en el largo plazo”.
Finalmente, el 15 de febrero de 2018, la SRE y BP llegaron a un acuerdo, sin ninguna conversación con pescadores afectados, para que el gobierno mexicano retirara la demanda que mantenía contra la compañía en cortes estadounidenses. A cambio, BP pagó 25.5 millones de dólares. La cláusula irrenunciable para la empresa fue que México aceptó no volver a abrir el caso en su contra bajo ningún motivo.

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El dinero pagado por BP pretende fortalecer acciones para el cuidado del ambiente por parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y cualquier instituto que pida acceso a los recursos. Falta hará, pues el gobierno de AMLO redujo el presupuesto del INECC para 2019 a 210,766,273 pesos⁷, desde los 261,420,963 pesos que tuvo en 2018⁸.

Huachicoleo a la alza

La ordeña ilegal de gasolina ha sido la bandera de salida para López Obrador, al incluso asegurar que sus antecesores conocían la situación y no hicieron nada para detenerlo. El 25 de enero de 2019, acusó al ex presidente Vicente Fox (2000-06) de impedir que la gasolina fuera marcada para identificarla como robada⁹.
Debido a la lucha frontal de AMLO contra el huachicoleo, distintos estados del país se quedaron sin abasto de gasolina por varias semanas, lo que provocó descontento social y empresarial, sobre todo después de que la reforma energética de EPN permitiera a empresarios gasolineros poner sus marcas por lo alto.

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De los últimos tres presidentes, Peña Nieto fue quien permitió el mayor crecimiento de número de tomas clandestinas en el país. A un año de su mandato, entre 2012 y 2013, la cifra creció de 1,635 a 2,871. Para 2018 ya existían 12,581 tomas clandestinas, según documentó Forbes¹⁰.
Es decir, en el sexenio de quien impulsara la Reforma Energética, supuestamente con el objetivo de hacer que Pemex “se modernice y de mejores resultados”¹¹, el huachicoleo, medido en tomas clandestinas, creció 338 por ciento. El costo de la actividad ilícita ascendió a 147 mil millones de pesos¹².
Otras cifras menos conservadoras indican que en realidad el huachicoleo creció 752 por ciento en el sexenio de EPN. En casi seis años Pemex registró 40,071 tomas clandestinas, según un reportaje del diario Excélsior¹³.

BlackRock, la gran jugadora energética

Las rondas de exploración y la apertura para inversiones privadas en infraestructura energética permitieron a BlackRock, la mayor administradora de fondos en el mundo, hacer su mina de oro a partir de la reforma energética. La cercanía entre Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores con Larry Fink, director y fundador de BlackRock, marcó el paso de la empresa en el sexenio pasado.
Entre 2015 y 2017 se hizo del control directo e indirecto de cinco proyectos de infraestructura energética, incluidos dos gasoductos considerados de seguridad nacional, y seis bloques de exploración petrolera.
Su estrategia de comprar a otros fondos energéticos mexicanos más pequeños, le dio acceso a empresas que compitieron en las rondas de exploración. Con los seis bloques que tiene, BlackRock controla 11.8 por ciento del área concesionada para explotación en el Golfo de México.
Además, invirtió en Los Ramones. Al día de hoy, el gasoducto que conecta México con Estados Unidos y es considerado de seguridad nacional, es 45 por ciento propiedad de BlackRock, gracias a la compra que hizo la empresa del otro dueño, el fondo First Reserve.

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No parece que la influencia de una de las empresas más poderosas del mundo se acabará con el cambio de gobierno, a pesar de que se mantiene crítica sobre la administración de López Obrador¹⁴. Durante la campaña presidencial, Fink se reunió con los candidatos, entre ellos AMLO. Carlos Urzúa, el ahora secretario de Hacienda, describió el encuentro como positivo¹⁵.

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