Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), subsidiaria de Mexichem y Pemex, entregó 1 año y 7 meses tarde su programa de remediación para la explosión de su planta Clorados III en el Complejo Petroquímico Pajaritos, en Veracruz. A 10 meses de haber dado los documentos ni los afectados ni la población en general conoce su contenido, pues las autoridades siguen analizándolo. Sin remediación, los habitantes de la zona aledaña al complejo, que de por sí ya estaba contaminada por la presencia de Pajaritos, continúa enfrentando un riesgo para su salud. Mexichem recibió más de 300 millones de dólares por parte de la compañía aseguradora.

En la explosión del 20 de abril, de la que en 10 días se cumplen 3 años, murieron 32 personas y 160 resultaron heridas. El 1 de noviembre de 2016¹ era la fecha limite que tenía PMV para entregar el plan de remediación y el estudio de caracterización, según lo que ordenó la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (PROFEPA), pero la empresa no lo entrego hasta el 15 de junio de 2018². La autoridad ambiental también ordenó a PMV, creada en 2013 por la firma Mexichem con 56% de las acciones y Petróleos Mexicanos (Pemex) con 44%, retirar residuos y enviarlos a empresas autorizadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) antes del 1 de julio de 2016.

SEMARNAT no respondió sobre por qué la empresa no entregó los documentos dentro de los plazos marcados por PROFEPA. La Secretaría tampoco ha confirmado si la empresa ha retirado los residuos. Curiosamente la empresa presentó el programa de remediación, el estudio de caracterización y dos estudios de evaluación de riesgo a la población humana pocos días antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018.

“Pudo haber sido plan con maña de la empresa o una estrategia legal”, dijo el ex-diputado Juan Fernando Rubio Quiroz en entrevista con PODER. Rubio Quiroz presentó en 2016 un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a las autoridades a entregar estudios y soluciones a los daños causados por la explosión.

Según SEMARNAT, a 10 meses de que recibió los documentos, sigue analizando los documentos enviados por PMV y todavía no tiene el resultado definitivo de la evaluación. Mientras que los dos estudios de evaluación de riesgo a la población humana están siendo analizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). El órgano descentralizado de la Secretaría de Salud se negó a dar una entrevista a PODER.

Esta es la segunda semana consecutiva que COFEPRIS se niega a dar entrevistas a la reportera de PODER por representar a un medio de una organización de la sociedad civil. El reportaje Tabacaleras y COFEPRIS: El acuerdo de la secrecía, que denuncia graves irregularidades por parte del organismo también salió sin su posición.

Mexichem afirma que la zona no necesita remediación

Aunque SEMARNAT no ha validado el programa de remediación, para PMV el problema está resuelto y aunque las autoridades no han dado respuesta a la población, la empresa sí ha informado a sus inversionistas.

“No es necesaria ninguna remediación o compensación”³ informó Mexichem el 2018 en sus reportes financieros a la Bolsa Mexicana de Valores. En los informes no explica ninguno de los documentos entregados a las autoridades, ni por qué fueron entregados con 19 meses de retraso.

Lo que si que explicó la empresa es que en fecha 12 de abril de 2018, dos meses antes de entregar el programa de remediación, “firmó un acuerdo de compensación [con las autoridades] por afectaciones indirectas a la atmósfera mediante el cual se impuso a PMV la obligación de adquirir bonos de carbono y retirar materiales de un terreno definido por la PROFEPA/SEMARNAT, en compensación por los gases de efecto invernadero en equivalentes de CO2 y ácido clorhídrico liberados durante la explosión e incendio”, medidas que en su segundo reporte trimestral de ese año asegura haber cumplido.

Dicho acuerdo, firmado menos de tres meses antes de las elecciones presidenciales en México, no fue dado a conocer al público por las autoridades. Tampoco Mexichem reportó un evento relevante ante la Bolsa Mexicana de Valores⁴ ese día, es decir, no lo dio a conocer a sus inversionistas sino hasta su reporte trimestral.

Los daños: Salud y ambiente

Dos meses después de la explosión, sucedida bajo la gubernatura del ahora preso Javier Duarte, PROFEPA le dio a PMV un plazo de 45 días hábiles, que vencían el 1 de julio de 2016, para que retiraran los residuos peligrosos provenientes de las sustancias químicas que se encontraban en los equipos de proceso, como el “ácido clorhídrico, Etano, Etileno, catalizador de Cloruro Cúprico y 1,2 Dicloroetano”. Los residuos tenían que ser enviados a empresas autorizadas por SEMARNAT.

Todavía hoy es imposible saber si la empresa cumplió con esta responsabilidad. SEMARNAT evitó responder esto vía transparencia y tampoco proporcionó el listado de empresas autorizadas para recibir residuos peligrosos. Ni SEMARNAT ni PROFEPA respondieron a la solicitud de entrevista antes del cierre de este reportaje.

La organización Greenpeace detectó 59 químicos tóxicos para el ambiente y la salud humana en el agua proveniente de la tubería de descarga de la planta,instalada en el arroyo Nuevo Teapa, que se une al Río Coatzacoalcos. Una de las principales sustancias que se encontraron fue el dicloruro de etileno (EDC), un líquido tóxico volátil que era fabricado en ese complejo y que al ser ingerido o inhalado, puede afectar el sistema nervioso central, al hígado, los riñones, los pulmones y al sistema cardiovascular, según la ONG⁵.

“Después de la explosión cayó una especie de ceniza que cubrió toda la región. En seis ciudades y pueblos había esta ceniza. Nosotros tomamos algunas muestras”, explica a PODER el Dr. Lorenzo Bozada, científico que en 2016 participó con Greenpeace en su análisis. Lo que se encontró en la ceniza fueron furanos y dioxinas, que en México es obligación reportar cuando están por encima de cero.

Pajaritos era un peligro para la salud de las poblaciones aledañas desde mucho antes de la explosión, según probó Bozada en un estudio hecho en 2005, en el que se analizaron huevos de gallinas que vivían libres en los patios de poblados cercanos al complejo. Los resultados de dicho análisis fueron altas concentraciones de furanos y dioxinas en los huevos.

“El problema es lo que esconden los resultados. La alta frecuencia de cáncer y otras enfermedades en gente joven, incluso niños, en esta región, podría tener una explicación”, dijo el también consultor ambiental en Coatzacoalcos, que en 2017 publicó un estudio sobre el efecto a futuro de los furanos y dioxinas a los que estuvieron expuestas más de 300 mil personas durante y los días posteriores a la explosión.

PMV asegurado, ¿y las personas?

El 16 de abril de 2018, cuatro días antes del segundo aniversario de la explosión y sin haber entregado el programa de remediación, Mexichem firmó un acuerdo con la aseguradora para recibir el pago por el desastre: 323 millones de dólares, declaró la empresa en su reporte del primer trimestre de 2018⁶.

262 millones de dólares (mdd) fueron por daños a la propiedad, 48 mdd por la interrupción de negocios de las plantas y 13 mdd por “otros gastos”. El segundo rubro, la interrupción de la planta, incluye “los daños a terceros, responsabilidad civil y de medio ambiente, asesoría, desmontaje parcial, etc”, según el desglose que hace la firma.

32 personas muertas y 160 heridos. Ese fue el costo humano de la tragedia, que reportes independientes aseguran que se pudo haber evitado. “El dato establecido no considera a los obreros que sufrieron lesiones permanentes en ojos y oídos, ni se conocen los criterios de indemnización utilizados”, según el estudio del Dr. Bozada publicado en la revista El Jarocho Cuántico el 2 de abril de 2017.

“La salud y seguridad de nuestra gente son nuestra prioridad. Nos esforzamos por garantizar la seguridad en nuestras instalaciones y en las comunidades en donde operamos y en el medio ambiente”, se lee en el Código de Ética de Mexichem⁷. Ese principio no se refleja en sus acciones, fuera de hablar de “daños a terceros”, en sus reportes trimestrales Mexichem, no hace ni una mención a los heridos de Pajaritos, tampoco habla sobre una remediación para ellos y sus familias.

Ignoraron a todos

Vencido el plazo para que PMV retirara los residuos peligrosos, los diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Omar Ortega Álvarez presentaron el 13 de julio de 2016 un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a la SEMARNAT, a la Secretaría de Salud y a Pemex a realizar investigaciones y estudios necesarios para evaluar y reparar los daños causados por la explosión. Además de que les pidieron a las dependencias y a PROFEPA presentar un informe en el que se detallaran cómo resarcir los posibles daños⁸.

“El punto de acuerdo fue aprobado por la Cámara, pero ninguna dependencia respondió a nuestra solicitud. Hasta el 31 de agosto de 2018 no tuvimos aviso en el Congreso de que la empresa había entregado nada. Debieron mandarnos una agenda informativa al respecto”, respondió con sorpresa e indignación Rubio Quiroz al enterarse de que PMV entregó en junio de ese año el programa de remediación.

Otra entonces diputada que reaccionó fuertemente contra PMV cuando sucedió la explosión, fue la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien en 2016 era coordinadora de la bancada de Morena. Nahle pidió que se le quitara la concesión a la empresa privada y criticó el mal manejo que hizo de la planta⁹.

Pero no sólo no se le quitó la concesión a PMV, una vez que explotó la fracción etileno-monocloruro de vinilo en su cadena productiva sal-cloro-sosa-etileno-monocloruro de vinilo, se le permitió que en lugar de reconstruir la planta para restablecer toda la producción, continuara únicamente con su cadena de sal-cloro-sosa dentro del complejo Pajaritos. En 2017 Mexichem anunció su decisión de no reconstruir¹⁰ y en julio de 2018, un mes después de entregar el programa de remediación a SEMARNAT, adquirió el 44.09% de las acciones de PMV que todavía pertenecían a Pemex¹¹.

Ni Nahle ni el actual presidente Andrés Manuel López Obrador han dicho una palabra sobre la remediación a los daños de la explosión en Pajaritos.

La empresa que se ocultó

Mexichem pertenece a Antonio del Valle Ruiz y su familia, una de las más ricas en México con 3,400 millones de dólares (mdd) y en la posición 85 de los más ricos del país, según Forbes¹². Mexichem facilitó a PODER documentos que ya eran públicos por ser una empresa que cotiza en el mercado de valores, pero no respondió a las preguntas específicas ni a una solicitud de entrevista.

Actualmente su hijo, Antonio del Valle Perochena preside el consejo de Grupo Kaluz, a la que pertenecen Mexichem, Elementia, Banco Ve por Más, el banco Byline Bank y las escuelas de Innova Schools México. También es desde febrero de 2019, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, es decir, uno de los hombres más escuchados dentro del sector empresarial. Otro de sus hijos, Juan Pablo del Valle Perochena es presidente de Mexichem.

Antonio del Valle Perochena es también dueño de la empresa Ternium México, S.A. de C.V. que se sobrepuso a los intereses de la comunidad ejidal de la Sierra de Manantlán, en Jalisco, de mantener el área como Zona Natural Protegida. Desplazó a los Wixárika de sus tierras y obtuvo en septiembre de 2017 una autorización federal para desarrollar su mina Peña Colorada.

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En 2013 y con el contexto de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, Mexichem y PPQ Cadena Productiva -empresa creada en España en abril de 2013 por PMI Holdings BV, también subsidiaria de Pemex ubicada en Holanda- firmaron un acuerdo para crear PMV, y a través de ella iniciar con los trabajos en Pajaritos, uno de los complejos, junto con el de Cangrejera y Morelos, dedicados al etano.

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Dentro de los actuales consejeros de Mexichem figuran Eduardo Tricio Haro, dueño de Grupo Lala; Fernando Ruiz Sahagún, fundador del despacho Chévez, Ruiz, Zamarripa; y Jaime Ruiz Sacristán, ex presidente de la BMV y ex director de la Asociación de Bancos de México y primo de Antonio del Valle Ruiz¹³.

“La empresa se ocultó”, dice Bozada, científico y habitante de Coatzacoalcos. Van a cumplirse tres años de la tragedia que arrebató la vida a 32 personas y dejó más contaminación y riesgos para la salud de los pobladores de la zona. No sólo la población general no conoce el tardío programa de remediación, además, hasta la fecha no hay responsables.