por Benjamin Cokelet, codirector ejecutivo y fundador, PODER
Adaptado de una publicación en blog sobre gobernanza fiscal. Traducido al español.
20 de marzo de 2019
Imagina que tus antepasados han vivido a la orilla del Lago de Texcoco, en el valle conocido hoy como la Ciudad de México, durante miles de años. Han experimentado reasentamientos aztecas, eventos climáticos y la conquista española de Tenochtitlán. A pesar de todo esto toda tu familia y su identidad han sobrevivido, indisolublemente ligadas a la tierra y al agua que les sostienen.
Sin embargo, hace diecisiete años el Gobierno de México propuso por primera vez construir un nuevo aeropuerto internacional a menos de un kilómetro de tu casa, amenazando tu historia, tu sustento, tu comunidad y tu medio ambiente. Ya dos veces te has organizado con éxito para defender tus derechos, pero ahora es 2018 y hay más en juego: se han repartido los contratos, se ha incurrido en deuda pública, se ha iniciado la excavación y la construcción, y el costo del proyecto ya supera los 10 mil millones de dólares.
Esta situación (demasiado real para la gente y las comunidades de
Texcoco) se ha estado desarrollando durante meses en México. El
gobierno de Enrique Peña Nieto ideó su plan en privado, apropiándose de tierras, emitiendo bonos, asignando contratos de construcción y operación, y financiando el proyecto, en gran parte, con ingresos públicos, al tiempo que evadía las solicitudes de acceso a la información, las auditorías y el escrutinio.
Frente a los costos cada vez mayores, la incertidumbre de los ingresos y la inviabilidad económica, ambiental y social, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar Texcoco y reubicar el nuevo aeropuerto en una base militar. Aunque parezca una victoria para ti y tu comunidad, la carga pública del proyecto permanece y la pérdida de confianza en los proyectos de infraestructura es indeleble.
Durante la lucha se supo que cinco familias adineradas son las beneficiarias de más de la mitad de los contratos del nuevo aeropuerto, muchas de ellas sin tener que hacer una oferta. Una de estas familias también financia directamente el proyecto, sin mencionar los numerosos casos de “puertas giratorias” entre el regulador aeroportuario, las compañías constructoras y los acreedores. Ahora el nuevo gobierno debe asumir las pérdidas para salir de estos contratos.
También te enteraste de que los tenedores de bonos y los inversionistas internacionales se muestran renuentes a aceptar los términos de liquidación del gobierno. Además, las agencias de calificación crediticia han rebajado la calificación de los bonos mexicanos y han emitido advertencias sobre megaproyectos planificados.
El nuevo aeropuerto internacional (uno de los innumerables ejemplos que existen en México y en todo el mundo) pone de relieve el doble desafío de la rendición de cuentas empresarial en todas partes: el fin de la soberanía y la influencia del poder empresarial. El poder de las empresas transnacionales y de las instituciones económicas y monetarias mundiales para influir en las decisiones presupuestarias y financieras nacionales, incluidas las emisiones de bonos, la fijación de precios de la deuda y el acceso al crédito, es abrumador. Del mismo modo, el riesgo de que en un país las empresas se apropien de la toma de decisiones del Estado es real, ya sea en relación con la contratación pública, con el financiamiento de la infraestructura o con los propios reguladores.
Enfrentando tales obstáculos, como residente de Texcoco, ¿qué expectativa razonable tendrías de que el suministro de información (transparencia) y la exigencia de resultados (rendición de cuentas) sirvan al interés público? La respuesta a la pregunta tiene que ver con un sistema económico más grande que cualquier país en particular.
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Según el reciente Foro Económico Mundial de Davos, las grandes empresas están más preocupadas por el estado del capitalismo global que por el Estado o sus presupuestos per se. Si se menciona la política nacional (la democracia en muchos casos), la mayoría de las veces es como un medio, no como un fin. Actualmente la preocupación es si el liderazgo global (presumiblemente de la red de instituciones multilaterales) puede lidiar con el conflicto social y las economías tambaleantes para mantener abiertas las compuertas del mercado mundial. En estas situaciones, el capital tiende hacia soluciones basadas en el mercado y no hacia la acción del Estado (excepto en el caso de las acciones policiales en tiempos en los que se perciba una crisis), para asegurar el futuro.
Según el inversionista de fondos de riesgo Seth Klarman, «Mientras el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial seguía erosionándose, los mercados ignoraron las implicaciones a largo plazo de un aislamiento mayor de Estados Unidos, un mundo cada vez más a la deriva y un liderazgo global en juego».
El vacío creado por la retirada de Estados Unidos como potencia hegemónica bajo Donald Trump también tiene a otros al límite. Larry Fink, CEO del gigante inversionista BlackRock, que gestiona activos equivalentes a lo que sería la tercera economía más grande del mundo, lo dice claramente: «Los grupos de interés están presionando a las empresas para que se involucren en temas sociales y políticos delicados, especialmente cuando ven que los gobiernos no lo hacen de manera efectiva. […] A su vez, el mundo depende de ustedes [los directores generales de las empresas transnacionales] para que adopten y aboguen por un enfoque a largo plazo en los negocios. En un momento de grandes trastornos políticos y económicos, su liderazgo es indispensable».
Aunque resulta irónico que Klarman y Fink pidan a los líderes empresariales que garanticen el orden mundial cuando sus empresas, Baupost Group y BlackRock, respectivamente, están implicadas en los mismos temas que señalan como preocupantes, sus comentarios indican el cambio acelerado (que podría decirse que comenzó en Bretton Woods en 1944) mediante el cual el capital mundial se aleja de las naciones como sus defensoras y en su lugar recurre a la integración internacional de las instituciones supranacionales, incluyendo el tan citado Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y las Naciones Unidas, así como el menos conocido Banco de Pagos Internacionales, el Grupo de los Siete y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por nombrar algunos. Esta arquitectura internacional, posicionada por encima y más allá de las jurisdicciones nacionales, es donde el capital global crea, hace cumplir y se adapta a las reglas financieras, de inversión, monetarias y de otros tipos en nombre de los intereses transnacionales, en la mayoría de los casos en detrimento de los estados-nación.
El principal efecto de este cambio no es otro que el palpable fin de la soberanía nacional, no sólo sobre toda la esfera económica, sino sobre los bienes y espacios públicos en general. Donde antes existía la política liberal moderna para defender los bienes comunes, hoy nuestro mundo posmoderno privatiza la plaza pública y exalta la propiedad privada por encima de todo. Ésta es nuestra nueva normalidad, con implicaciones reales para la rendición de cuentas empresarial en todas partes.
El ejemplo de México es particularmente ilustrativo, uno de numerosos casos en todo el mundo. Desde la década de 1980, casi todas las grandes industrias han sido privatizadas, desde los ferrocarriles hasta las minas, los bancos y las refinerías. Además, las carreteras, los aeropuertos, los puertos marítimos y los servicios postales, por nombrar algunos, han sido objeto de diversos grados de privatización. Literalmente, la plaza pública (los sitios históricos, las aceras, las calles, los espacios verdes) ha sido objeto de branding, de licenciamiento, de arrendamiento y de venta a los intereses privados. Con las corporaciones transnacionales convirtiéndose en el motor del cambio económico a medida que asumen funciones públicas, incluyendo la recolección de flujos financieros y de otras riquezas, y dirigiéndolas hacia el norte (principalmente hacia los Estados Unidos, aunque eso está cambiando particularmente en el caso de China), parecería que el capital ha reemplazado en gran medida al Estado.
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El vacío dejado por la soberanía nacional, en gran medida causado por el capital global y sus instituciones, ha sido llenado esencialmente por el poder corporativo. Tradicionalmente, el Estado era necesario para mediar entre los intereses de las empresas a fin de garantizar la competitividad. Los deberes liberales modernos de legislar, ejecutar y hacer cumplir los reglamentos sobre las empresas se consideraban necesarios para garantizar que el interés público prevaleciera sobre cualquier interés privado particular. Eso fue en el pasado; en el presente, las estrategias financieras de optimización de ganancias a corto plazo guían la toma de decisiones de las empresas en el mundo posmoderno en detrimento de los accionistas comunes y de los grupos de interés por igual.
Hoy en día, la toma de decisiones por parte del Estado (que una vez fue
una manifestación del interés público) ha sido capturada en mayor o menor medida por el capital mundial y las empresas transnacionales. En algunos países, como Indonesia, Brasil y Sudáfrica, entre otros, el sistema económico nunca se desarrolló más allá de la etapa del capitalismo de compadrazgo, en el que una oligarquía (mediante una puerta giratoria de influencia entre el gobierno y las élites empresariales) obtiene y mantiene, entre unos pocos privilegiados y a menudo de manera ilegal, una influencia decisiva, sobre todo, desde la política macroeconómica hasta las adquisiciones.
El caso de México es especialmente flagrante. Hasta el último recuento, 37 personas poseen o mantienen influencia sobre el 28% de la economía nacional a través de la interrelación de las direcciones corporativas, la puerta giratoria y la corrupción, lo que hace que sea posiblemente el país más desigual del planeta.
Desde los años sesenta, una organización, el Consejo Mexicano de Negocios, integrada por los propietarios del capital mexicano, se reúne regularmente con el Presidente o su representante para participar en un simple quid pro quo: el poder ejecutivo proporciona información privilegiada a la élite antes de anunciar decisiones oficiales, por ejemplo sobre megaproyectos como el nuevo aeropuerto o la reciente privatización del petróleo y la electricidad, a cambio de que el sector empresarial exprese públicamente su apoyo al Presidente y a su gobierno para conferirle legitimidad. Esencialmente, en México la captura corporativa se ha institucionalizado.
En otros países, incluyendo los Estados Unidos, pero indudablemente en todo el mundo, la captura corporativa no está regulada o es incluso legal, como en el caso del cabildeo en los EE.UU. A menudo los efectos corrosivos del amiguismo y la captura pasan desapercibidos porque son predecibles; no obstante, cuando el legislador o las propias reglas cambian (el «mal tipo de corrupción») es cuando tendemos a notarlos. Juntos, el capitalismo de compadrazgo y la captura del Estado tienen el efecto de frustrar las capacidades de gestión del Estado, eliminar la competencia entre las empresas y propagar la desigualdad de precios, utilidades y salarios.
El poder corporativo por derecho propio es formidable. Pero ante el vacío de la soberanía y en presencia de la captura resulta abrumador, tanto como motor del capital global y como factor determinante en la toma de decisiones públicas. Con cada vez menos mecanismos para legislar y hacer cumplir las regulaciones sobre las empresas en cualquier país, las decisiones sobre aeropuertos multimillonarios, flujos fiscales, solvencia crediticia de un país, etcétera, se determinan con mayor frecuencia en la suite ejecutiva de un administrador de activos transnacionales en la ciudad de Nueva York que en los pasillos del gobierno en la Ciudad de México.
Por así decirlo, la rendición de cuentas empresarial y la gobernanza fiscal no fueron los “temas del día” en Davos, ni tampoco la defensa de la transparencia o la rendición de cuentas del tipo que practican las ONG, los filántropos y el mundo académico. En cambio, el sistema económico mundial sí está a la orden del día. Para las organizaciones defensoras, la pregunta debería ser: ¿por qué no nos centramos el sistema económico mundial también?
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La campaña para defender a tu comunidad contra el nuevo aeropuerto internacional es una victoria manifiesta, pero de alguna manera se siente vacía. En el pasado, las familias de élite se beneficiaron de manera desproporcionada al ganar contratos públicos. Los intereses de los tenedores de bonos transnacionales, inversionistas y agencias de calificación crediticia parecían estar antes que los de ustedes, la gente de Texcoco. Y si no fuera por un cambio de gobierno, el Estado débil capturado por los intereses corporativos habría impuesto el megaproyecto a pesar de tus mejores esfuerzos. No tendrían la seguridad de que esta situación no se repetirá en el futuro. ¿Qué papel, si lo hay, debería desempeñar la rendición de cuentas empresarial para aliviar tus temores?
Como defensores y defensoras, nuestro trabajo se encuentra en una encrucijada. Una de las vías nos lleva a ampliar nuestros esfuerzos de transparencia y de rendición de cuentas a la red de instituciones multilaterales que propagan el capital global, incorporando análisis de poder y de captura corporativa en nuestro trabajo, refinando y mejorando nuestros esfuerzos de rendición de cuentas en el país y en el extranjero. Otro camino (el que hemos seguido hasta ahora) nos lleva a más de lo mismo: la disminución de la utilidad de nuestras estrategias
nacionales a medida que la disminución de la soberanía y el aumento del poder corporativo transnacional vuelven irrelevantes nuestros esfuerzos. Propongo lo primero.
Si nos espera una lucha por reclamar el interés público, debemos enfrentarnos con audacia, pero con inteligencia, a los dos desafíos que tenemos por delante. Nuestros esfuerzos deben abordar las preocupaciones de la gente de Texcoco en materia de derechos humanos. Debemos aprender de los movimientos sociales que buscan la igualdad y la justicia, incluyendo comunidades, trabajadores, pueblos indígenas, feministas y muchos más y construir poder con ellos.
Debemos cambiar la norma social de las expectativas de rendición de cuentas empresarial, dejando de lado los arreglos tecnocráticos y el compromiso de los gobiernos nacionales para adoptar un enfoque más amplio de la investigación, la organización y los esfuerzos de rendición de cuentas. Debemos hacer nuestro un movimiento cultural de cambio para re-territorializar el paisaje global con alternativas posmodernas al capital global. Debemos pensar y actuar globalmente, como ciudadanos globales.
Por ejemplo, PODER (una de varias organizaciones que contribuyen al movimiento para la rendición de cuentas empresarial) fomenta la realización de campañas locales y globales en América Latina, acompañando a las comunidades y a otros grupos de interés para obtener y ejercer la inteligencia empresarial y el acceso a la toma de decisiones, con el fin de resistir los abusos a los derechos humanos patrocinados por las empresas. El objetivo es apoyar a los «garantes de la rendición de cuentas» locales en los nodos estratégicos de la economía global para que sirvan como mecanismos horizontales de rendición de cuentas informados y con conocimientos sobre campañas, esencialmente como mecanismos de control del poder corporativo.
También debemos comprometernos de manera crítica, aunque constructiva, para asegurarnos de que nuestros esfuerzos no caigan involuntariamente en manos del capital mundial, un sistema que ha demostrado maestría en crear, adaptarse y beneficiarse de la división y de las tensiones sociales. Si somos inteligentes, aprenderemos a usar una variedad de herramientas, incluyendo muchas contenidas en el capitalismo, como armas en nuestra lucha. Las estrategias de los accionistas y sus proxy, la ampliación de los indicadores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) para que incluyan la gobernanza fiscal, la legislación nacional para la reforma financiera, la divulgación de información sobre los beneficiarios reales, las leyes y protecciones para informantes que denuncian irregularidades, las evaluaciones del impacto en derechos humanos y muchos otros medios que nos ayudarán a lograr nuestro objetivo.
¿Cuáles serán nuestros nuevos bienes comunes, la plaza pública y el interés público reimaginados? A mi modo de ver, debemos «enfurecernos, enfurecernos contra la muerte de la luz». La rendición de cuentas empresarial será relevante (sí, incluso para la gente de Texcoco) y operará en el interés público cuando nos expandamos y organicemos para que así sea. Demostremos que la democracia es todo menos una fachada para el capitalismo.