Por segunda ocasión, Méxicoleaks recibió un paquete de denuncias, la mayoría en materia electoral, en contra del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) Juan Gregorio Regino y parte de su equipo. Se trata de dos expedientes que contienen denuncias presentadas el 12 de abril del año en curso, que señalan de nueva cuenta presuntos actos de corrupción dentro de la institución.
“Es un asunto inédito para mi ¿no? Yo tengo muchos años en la administración pública y nunca me había tocado un caso así”, fueron las palabras del funcionario cuando se le cuestionó, por primera vez, sobre la presunta participación de su secretario general, Jonathan “M”.
Pero este medio de comunicación tuvo acceso a los expedientes 20197/2019 y 20199/2019 en los que se le señala a Gregorio Regino, como copartícipe del caso. Al respecto, la directora general adjunta de coordinación, Alma Rosa Espíndola Galicía, en entrevista para PODER, comentó que su titular no mentía cuando dijo desconocer el caso.
“El afirmó que era un caso inédito, porque así es. Estas denuncias, aunque están hechas, no estamos obligados a conocer el contenido de las mismas (…) Podemos afirmar que no mintió, porque justo las denuncias son anónimas”, afirmó.
Las denuncias relatan el desvío de 80 mil pesos a través del mismo programa, pero con diferente objetivo. El primero de los casos (el 20199/2019), según se relata en la constancia de hechos, tenía el objetivo de mejorar la imagen pública de Gregorio Regino en San Miguel Soyaltepec, del estado de Oaxaca el 31 de octubre al 5 de noviembre de 2018, lugar de origen del funcionario, pagando 40 mil pesos para ser canalizados a los danzantes Huehuetones toxo’o (ofrenda de danza tradicional del día de los muertos).
En ese caso particular, la denuncia se realiza en contra de Gregorio Regino, y los trabajadores, Nicandro González Peña, director de investigación; Iván León Javier, uno de los traductores que trabajaron para la campaña de Ricardo Anaya Cortés; Wilfrido Aximiliano Piliado Flores, director de administración; y Giovana Guadalupe Olivares Muñoz, jefa de departamento.
Los recursos en cuestión salieron del presupuesto federal del programa P003 “Educación y Cultura Indígenas”, y de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal donde se estipula que corresponden a la partida 44102 de gastos por servicio de traslado de personas. Ese dinero no pueden utilizarse para promover la imagen política y social de ningún funcionario público.[
Asimismo, se presentó la denuncia número 20197/2019. En este expediente se denuncia explica que los funcionarios públicos: “Jonathan Michell Aguilar Velázquez, asesor personal de Gregorio Regino; Nicandro González Peña y Nelson Martínez Pérez, otro de los traductores que accedieron a trabajar con Ricardo Anaya”, por un préstamo interno en efectivo que se realizó con la misma partida.
Esos recursos también fueron obtenidos del programa P003 Educación y Cultura Indígenas de la partida 44102 gastos por servicio de traslado de personas. Recursos que no pueden utilizarse para “préstamos internos” entre funcionarios públicos. Se tratan de un cheque, también por la cantidad de 40 mil pesos.
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Sin embargo, al no contar con resoluto definitivo, efectivamente el titular no está obligado a conocer las acusaciones. Según narra Espíndola Galicía, todo podría tratarse de una guerra en contra del titular.
DECLARAN GUERRA JUDICIAL
La administración se ha visto plagada de denuncias, la mayoría de competencia laboral. Así explican la directora adjunta Alma Rosa Espíndola Galicía, y el coordinador de comunicación social, Rogelio Hermenegildo. Aseguran que cuando un trabajador es cesado, pocas veces ocurre de manera en que ambas partes queden conformes, también están quienes legítimamente sienten que se les violentaron sus derechos.
“Sí hemos sentido acoso, también sentimos acoso de gente que siente que se le trastocó un derecho y que ha interpuesto demandas en materia laboral y de manera recurrente, hemos sido objeto del blanco… Que no podemos decir sí es tal, porque nos reservamos el derecho de tomar las acciones legales que corresponden, pero sí había una campaña en nuestra contra, sí, sí la hay”, dijeron ambos.
Sin especificar quiénes o de qué modo, la directora aseguró que se reservarán el derecho a tomar acciones legales en contra de quienes resulten responsables por la guerra que se está llevando en tribunales y organismos de control. Sobre los posibles avances de la investigación pasada, la titular comentó no estar posibilitada para dar dicha información.
“En efecto había denuncias en contra de un funcionario público, y los avances nosotros como no somos la instancia competente para darlos toda vez que no somos la instancia competente que lleva la investigación, entonces nosotros somos muy respetuosos de las distintas instancias (…) El funcionario no está en funciones, es lo que yo te puedo decir”, aseguro.
CRONOLOGÍA DE LAS DENUNCIAS
El 14 de mayo de 2017, se presentó de manera anónima a través del sistema integral de denuncias ciudadanas (SIDEC) y de la secretaría de la función pública (SFP), denuncia contra el director general del INALI Gregorio Regino quien había tomado el cargo en febrero de ese año. La que el SIDEC dio número de folio 24729/2017.
La SFP turnó la denuncia al Órgano Interno de Control del INALI en donde se le dio el número de expediente OIC/DE/013/2017 con fecha 16 de mayo de 2017.
El 31 de agosto del 2018, las autoridades del TEEM señalarían de nueva cuenta al secretario particular de Gregorio Regino. El entorno del “Incidente”, como fue calificado por el TEEM, es relativamente el mismo. Las autoridades judiciales dan cuenta de una investigación llevada por el Ayuntamiento de Valle de Chalco en donde se le solicita a Jonathan “N” que colabore con la publicación de la Convocatoria de representantes indígenas ante el Ayuntamiento de Valle de Chalco en diversas lenguas. Pero entonces, el INALI se había negado a responder.
El 13 de febrero DE 2019 se presentó otra denuncia. El acusante asegura que los servidores públicos Idalia “N” y Jonathan “N”, quienes se desempeñan como secretaria de la Dirección General y secretario particular del director general Juan Gregorio Regino respectivamente, habrían hecho uso de los recursos con los que cuenta la institución para favorecer al excandidato albiazul a la presidencia de la República, Anaya Cortés.
El modo de operar, según se define en la denuncia, es el siguiente: En mayo del 2018, los trabajadores señalados, en pleno horario laboral (09:48am hasta las 17:08pm) y haciendo uso de información del INALI, presuntamente habrían hecho uso el registro de traductores y las computadoras de la dependencia, para contactar a los agentes bilingües certificados por el INALI para ofrecerles un trabajo alternativo en la campaña de Ricardo Anaya Cortés como traductores de sus mensajes1.
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En 12 abril de 2019 se presentó otra denuncia en contra de Jonathan Michell Aguilar Velázquez, Nicandro González Peña y Nelson Martínez Pérez (uno de los traductores que accedieron a trabajar con Ricardo Anaya), referente a un “préstamo interno en efectivo”, que se registró en el SIDEC con el FOLIO 20197/2019.
En ese mismo mes, finalmente se presentó la denuncia más reciente. Está vez en contra de Juan Gregorio Regino (Titular de la dependencia), Nicandro González Peña (director de Investigación), Iván León Javier (otro traductor que trabajó para Ricardo Anaya), Wilfrido Maximiliano Piliado Flores y Giovana Guadalupe Olivares Muñoz; por canalizar los recursos al lugar de origen del director general del INALI, se registró en el SIDEC con el FOLIO 20199/2019.
