- El pasado 5 de julio, la Secretaría llevó a cabo una reunión pública de información para cumplir con el mandato de la SCJN.
- “Llegan con siete años de retraso”, observaron habitantes, quienes reclamaron la total impunidad de la minera y la desidia de las autoridades.
- Representantes de la Semarnat se comprometieron a que gobierno abrirá proceso de participación de las comunidades y de evaluación de la actividad minera.
Bacanuchi, Sonora, 8 de julio de 2019.- En la Reunión Pública de Información organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el pasado 5 de julio, la comunidad de Bacanuchi logró revertir lo que parecía ser un “mero trámite” de la autoridad ambiental, al lograr que ésta se comprometiera a abrir un proceso de participación “que no se cerrará hasta que las comunidades estén tranquilas y conformes” frente a las actividades de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.
La reunión, que se desarrolló en la plaza pública ante la presión de la comunidad (cuando estaba convocada en un pequeño salón de la escuela), y que contó con la presencia de Cristina Martin, titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones de la Semarnat federal, así como de representantes de la Delegación de la Semarnat en Sonora, tenía por objeto que la autoridad informara a la comunidad sobre el proyecto “Nueva Presa de Jales de Buenavista del Cobre”, cuyo Informe Preventivo fue presentado por Grupo México en 2013 y autorizado ese mismo año. Ni la Semarnat ni Grupo México informaron oportunamente sobre la realización de este proyecto a las comunidades ubicadas en su área de impacto.
En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció que el derecho a la participación en asuntos medioambientales de la comunidad de Bacanuchi había sido violentado, al no haber tenido ésta la oportunidad de participar en el proceso de autorización del proyecto. Cabe señalar que la comunidad se enteró de la obra en 2016 al observar movimientos en la zona, cuando la presa ya estaba en construcción.
Aspecto de la Reunión Pública de Información en Bacanuchi. Asistieron 200 personas, aproximadamente.La reunión contó con la presencia de unas 200 personas de las comunidades, además de integrantes de varias organizaciones de defensa de derechos humanos como observadoras, entre ellas autoridades de la Tribu Yaqui, de la Red TDT y Serapaz. También asistieron representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
En el evento, el biólogo Germán Daniel González Siqueiros, jefe de la Delegación Ambiental de la Semarnat de Sonora, fue el encargado de la presentación, con el que informó a los participantes de las bondades del proyecto, asegurando que no hay riesgo alguno para las comunidades y que la presa se autorizó bajo la norma. Sin embargo, inmediatamente después de su participación, María Elena Bustamante, del Comité de Cuenca de Bacanuchi y una de las firmantes del amparo que dio inicio a este proceso, preguntó: “¿Por qué hasta ahora vienen a informarnos? Llegan con siete años de retraso.” Otras críticas se sucedieron a esta, relativas a que la presentación se hizo en un lenguaje técnico poco apto para la comunidad y a que la autoridad ha tenido un papel vergonzoso al autorizar una obra peligrosa “tras el escritorio, sin tomar en cuenta a la comunidad pero sí a Grupo México”.
En la reunión fueron recurrentes las preocupaciones compartidas por la comunidad sobre la salud de las personas y de los animales, la contaminación del agua, la tierra y el aire, la afectación económica y sobre el peligro de que una presa que puede almacenar 50 mil veces más desechos tóxicos que los derramados en 2014 por la mina Buenavista del Cobre pueda romperse y “arrasar con Bacanuchi”.
Oscar Pineda, investigador senior de PODER entregó a la autoridad, a solicitud de la comunidad, un documento con observaciones al Informe Preventivo del Proyecto, que presenta argumentos sustanciales sobre cómo la presa de jales amenaza los derechos humanos y viola la normatividad ambiental.
El documento se puede descargar aquí.A los reclamos de Bacanuchi se sumaron además los de asistentes de otras comunidades de la cuenca del río, como Aconchi y Banámichi: “Si está en peligro Bacanuchi, están en peligro todas las comunidades del Río Sonora”. Exigieron que Semarnat y la Profepa lleven a cabo un proceso de evaluación de todas las actividades mineras de la cuenca.
Participación de la comunidad en la Reunión Pública de Información en Bacanuchi.“Esto no se termina aquí. No vamos a descansar hasta asegurarnos que ustedes puedan vivir tranquilos -dijo Cristina Martin, a nombre del titular de la Semarnat, Víctor Toledo-. La funcionaria se comprometió a que Profepa vigilaría que Buenavista del Cobre esté cumpliendo con las medidas de prevención y mitigación, a revisar los permisos de las empresas mineras, a realizar planes de contingencia ante emergencias, y a organizar nuevas sesiones de diálogo con las comunidades del Río Sonora “para contestar con información adecuada, comprensible y oportuna todas las dudas que ustedes tengan”. Adicionalmente, se manifestó por promover cambios en su marco normativo y regulatorio “para propiciar la participación de las comunidades en proyectos mineros, aun cuando se trate de informes preventivos”.
“Lo que sucedió en la reunión, el compromiso de la Semarnat, es algo sin precedentes que han logrado las comunidades organizadas, opinó Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, quien aseguró que esta es una gran oportunidad para que la autoridad realmente haga su trabajo como reguladora, protegiendo el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas frente a actividades económicas de alto impacto ambiental”.
“Estamos contentas con el resultado” -opinó María Elena Bustamante al finalizar la reunión-. Es un paso más que hemos logrado”. “Ahora falta que en las siguientes reuniones se le dé seguimiento a los acuerdos. Esperamos que las autoridades vengan con respuestas y, sobre todo, que nos den seguridad para el futuro”, dijo Alicia Miramón, quien asistió a la reunión en representación de sus padres, firmantes del amparo. “Tenemos esperanza de que esta vez la participación sea efectiva”, añadió Francisca García, también representante del Comité de Cuenca de Bacanuchi.
Descarga más fotos de la Reunión Pública de Información en el siguiente enlace: https://share.mayfirst.org/s/Qt9JM79oBqsEEck
Más información:
María Fernanda Wray, responsable de comunicación externa de PODER, +521 (55) 3333 9644, comunicacion@poderlatam.org
