“Matar al mensajero”. Plutarco de Queronea tenía razón. Ya sea al periodista, a la fuente, o más recientemente, al denunciante (alertador o whistleblower), el responsable de pagar por las malas noticias es el portador y no quien las genera. Y así, sumando a la norma, Roberto Macías se enteró que el Gobierno de México pretende, desde las oficinas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), lanzar una plataforma de protección a denunciantes y posteriormente una ley. Pero la sorpresa no eclipsó su enojo.

La noticia sería poco trascendental de no ser porque Macías se encuentra desde 2013 envuelto en una trama de cacería judicial en España, acusado de “revelación de secretos financieros”, por los que la Fiscalía de ese país pide cuatro años de prisión y una multa de 60,000 euros. Sí, a Macías se le quiere condenar por colaborar con la justicia y la Embajada de México lo sabe, y no ha mostrado interés en ayudar al alertador: “Desconocía por completo la información (sobre la nueva plataforma de la SFP para proteger a denunciantes)”, dijo Macías a PODER.

Macías había trabajado en 2013 como director administrativo de finanzas y recursos humanos del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) de España y de ahí surge el conflicto. A finales de ese mismo periodo, había recolectado un amplio contexto y evidencias de un aparato que desviaba fondos del gobierno a empresas de particulares, miembros de dicho sindicato. Sin embargo, se sabía imposibilitado para actuar por sus propios medios.

Fue así que, un año después, gracias a una filtración masiva a medios de comunicación, el fraude fue revelado y algunos directivos de la UGT fueron detenidos y vinculados a proceso. Pero el costo de aquella denuncia representó para Macías verse sumergido en una guerra judicial que sigue sin concluir y el desamparo de su propio país¹.

“Respecto a México, mi lucha ha sido contra la embajada y la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores), pues saben que soy un mexicano en situación de vulnerabilidad y víctima de la persecución de una organización sindical corrupta. Pero nunca han querido, ni han tenido la intención de ayudarme (…) En Andalucía yo he solicitado al Gobierno andaluz la puesta en marcha de una oficina Anticorrupción, que tenga como objetivo la protección de los denunciantes”, explica.

El nuevo gobierno sabe del caso desde enero. Veinticinco personas en calidad individual y nueve organizaciones en Europa, México y América Latina, firmaron un pliego petitorio dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que exigen intervenga en el caso del jalisciense Roberto Macías.

“El caso de Roberto Macías es escandaloso y sangrante, pues una organización sindical, la Unión General de Trabajadores (UGT), le acusa de filtrar a los medios de información las pruebas de su presunta financiación ilegal. El juzgado que investiga las cuentas del sindicato recibió recientemente un informe pericial en el que se estima como mínimo en 5,3 millones de euros las cantidades presuntamente desviadas. La actual dirección del sindicato ha pedido para Roberto Macías la infame pena de 4 años de prisión y el pago de 60.000 euros en concepto de reparación del daño moral”, se puede leer en el documento del que PODER posee una copia.

La deuda pendiente: La lucha por una iniciativa de ley

Un sistema de buzones seguros sin ley que lo fortalezca, no tiene sentido. De la misma forma, cualquier legislación mexicana que sea aprobada para ejecutar los sistemas de alertas seguras, debe proteger a todos los alertadores del mundo. México debe ser calificado como país refugio para whistleblowers, esas son las recomendaciones de Macías.

Por primera vez desde la aparición de Méxicoleaks (hace cuatro años), el Estado pretende replicar los buzones de alta seguridad. La Secretaría de la Función Pública anunció el día de hoy que lanzará su propia plataforma de leaking (filtraciones) con el objetivo de mejorar los protocolos de investigación gubernamental usando la misma tecnología de anonimato que la alianza Méxicoleaks.

El titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP, Jesús Robles Maloof, anunció que ese Sistema de Alertadores, será uno de los primeros esfuerzos de la dependencia por mejorar las investigaciones actuales. Posteriormente trabajarán para promulgar una ley.

No obstante, las propuestas para desarrollar esa ley comenzaron en febrero y no con el anuncio de la SFP. La primera fue presentada por el senador de Jalisco, Clemente Castañeda del partido Movimiento Ciudadano (MC) en diciembre de 2018 y subida a pleno en febrero del año en curso; sin embargo, la propuesta del emeceísta no contempla la opinión o asesoría técnica y legal de ninguna organización dedicada al tema, por lo que tiene fuertes deficiencias².

Veinte días después de la iniciativa de Castañeda, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, anunció que la fracción de MORENA en el Senado también se encuentra desarrollando una propuesta propia. El problema con la iniciativa de MORENA es que comienza desde la misma Función Pública con su buzón, sin que exista una regulación legal óptima³.

La “Plataforma Tecnológica de Alertadores” (nombre oficial del buzón de la SFP), nace a partir de la legislación actual, que no reconoce la figura del alertador en el sistema legal y solo hay un antecedente en una sentencia judicial del 2016, con corte específicamente penal⁴. Para que esta sea plenamente funcional es necesario crear una Ley Nacional de Alertadores que permita, no solo proteger a los alertadores que recurren a organismos públicos, sino una estructura legal que también potencie el whistleblowing en el sector privado como sucede en Estados Unidos y, que México proteja a cualquier alertador del mundo como reclama Roberto Macias y las organizaciones que lo respaldan.

Pero la SFP ya contemplaba un sistema de esta naturaleza. Se trata del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), que desde su fundación jamás hizo públicos sus resultados y para el cual no existía una regulación (al igual que ocurre con el buzón presentado) que amparara esos resultados.

Finalmente, este escenario también genera una gran oportunidad para que la embajada de México en España o la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fijen una postura de amparo al alertador mexicano acusado y perseguido por un sindicato español. PODER solicitó entrevista directamente con Roberto Velazco, encargado de la comunicación de dicha dependencia, pero hasta el momento del cierre de está edición no hubo respuesta.

No puede volver a ocurrir un caso Aristegui

Comenzar con esta ley también debería evitar que se repitan casos como el de Aristegui. Durante el periodo en el que Macías luchaba de la mano de organizaciones civiles por una España menos corrupta, en México ya se gestaban los primeros pasos de un sistema netamente ciudadano para proteger a quienes, como Macías, deseaban denunciar casos de corrupción: Méxicoleaks apareció en un espacio de deficiencia gubernamental total para proteger a los denunciantes.

La historia de esta alianza comenzó con un gran obstáculo. “Por pérdida de confianza” (sic), uno de los 3 grupos radiofónicos más poderosos del país dio por terminada su relación laboral, el 12 de marzo del 2015, con la periodista Carmen Aristegui. Al unísono, la sociedad mexicana le entregaba a la misma comunicadora los registros más altos de credibilidad y audiencia de la historia de los medios de comunicación en México. “Daremos la batalla, no es tiempo de sometimientos”, respondió la periodista a las acusaciones. Tres días y 166 mil firmas de radioescuchas después⁵, una apabullante manifestación circundó las instalaciones centrales, en Ciudad de México, de la estación MVS Radio, el 15 de marzo de 2015.

La manifestación y la recolección de firmas tenían como objetivo solicitar a la empresa que se le respetaran los derechos laborales a Carmen Aristegui; en respuesta a las quejas de la ciudadanía, la estación respondió que el despido se debía a las políticas administrativas, y que el haber hecho uso de la marca MVS junto a la de Méxicoleaks, comprometía los recursos de la empresa; sin embargo, la alianza únicamente implicaba el trabajo colaborativo de la unidad de investigación de la periodista (a quienes también despidieron) y no a los recursos de MVS.

En palabras de la propia periodista, su despido respondía a un ataque dirigido y articulado. Y el 13 de febrero de 2018 ganaron la batalla. Meses antes de las elecciones presidenciales que destituirían el bipartidismo del país, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la primer sentencia del juzgado recargando en el derecho a la libertad de expresión y asegurando que el despido de la periodista, fue ilegal⁶.

Méxicoleaks, la alternativa

La plataforma ciudadana de denuncias anónimas, Méxicoleaks⁷, ha logrado revelar grandes casos de corrupción en el país, tales como: El momento exacto en el que el excandidato a la presidencia de la República José Antonio Meade avaló un desastroso contrato de Pemex con Odebrecht, pese a las recomendaciones técnicas de que no lo hiciera⁸; el operativo “Ecatepec 13” con el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretendía asegurar votos a favor de su militante Alfredo Del Mazo⁹ o la millonaria liquidación de Ochoa Reza de la Comisión Federal de Electricidad¹⁰. Y cumpliendo con su objetivo, en ninguno de los casos se comprometió a los filtradores (como frecuentemente ocurre con las denuncias en gobierno).

Un año después de la victoria de Carmen Aristegui en tribunales, el 13 de marzo de 2019, la alianza anunció, en su cuarto aniversario, otras dos noticias importantes para el desarrollo de la plataforma: la apertura de un canal de mensajería instantánea haciendo uso del sistema Signal para recibir información, y la incorporación de ocho medios de comunicación más que ya trabajan en conjunto.

Asimismo, la plataforma que nació con sólo ocho aliados, ahora cuenta con una estructura nacional que le permite realizar investigaciones en casi todos los puntos del país. Los aliados actuales son: Periodistas de a Pie, Animal Político, Revista Proceso, Aristegui Noticias, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), La Red en Defensa de Los Derechos Digitales (R3D), Rompeviento TV, Chiapas Paralelo, Raíchali de Chihuahua, La Verdad de Juárez, ZonaDocs en Jalisco, LadoB de Puebla y Pie de Página.

Gracias a esa ampliación de la alianza, Méxicoleaks logró descentralizar los procesos de filtraciones seguras en el país, dando como resultado investigaciones con mayor incidencia directa en las comunidades afectadas y protección del anonimato de fuentes que no se encuentran en el centro de México.

En cuanto a la evolución del canal de Signal, la plataforma ha recibido más de 30 leaks (filtraciones) en un periodo de cuatro meses, es decir, el canal tuvo el mismo nivel de aceptación que la plataforma.

Actualmente, los whistleblowers (filtradores o alertadores) han enviado a la alianza más de 600 filtraciones con información que no habría sido revelada de no ser por la existencia de este sistema. También se ha logrado la suspensión de funcionarios públicos que violentaron la normativa electoral, se revelaron múltiples negocios plagados de malas prácticas correspondientes a la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) y se han denunciado daños al medio ambiente, entre otros. Y ninguno de ellos fue expuesto, Méxicoleaks seguirá siendo la opción más segura, a la espera de una ley que otorgue las mayores garantías a los alertadores.

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