Información de Méxicoleaks

* Los nombres de las fuentes han sido modificados por cuestiones de seguridad.

A menos de 50 metros¹ de las casas de la colonia Jardines Coloniales, en Saltillo, Coahuila, hay una Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) que Petróleos Mexicanos (Pemex) y el gobierno no tienen intenciones de reubicar por más que los vecinos de la zona piden su traslado. Durante alrededor de 14 años por momentos se les ha dado esperanzas, pero siempre falsas. Pemex se escuda con la excusa de que “no representa un riesgo para la comunidad”. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la gubernatura utilizaba la angustia de los vecinos como un arma política. Y la administración de Enrique Peña Nieto hizo de oídos sordos. Mientras tanto, la comunidad se resigna a vivir con los peligros que supone la TAD cerca de sus viviendas, jardines infantiles, centros deportivos y hospitales, según investigó PODER gracias a una filtración recibida vía Méxicoleaks.

Las graves emergencias que han dejado un rastro de muertos, heridos, daños al ambiente y destrucción de hogares en plantas de Pemex alrededor del país, como en el Complejo Pajaritos en Veracruz, tienen a los vecinos intranquilos con la Terminal, que lleva 46 años funcionando sin un accidente registrado. Don Gus*, comerciante de Jardines Coloniales, tiene su negocio a dos cuadras de la entrada de pipas a la planta y afirma que “es un riesgo tener la planta tan cerca. Sería muy bueno si se pudieran ir de esta zona”.

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El tema lleva tantos años que escaló hasta la Cámara de Diputados con una proposición del diputado por el estado de Coahuila, Jorge Enrique Dávila Flores. Luego de trasladar el tema a la Comisión de Energía del Congreso, como un punto de acuerdo, finalizó con una respuesta por parte de Pemex donde afirmó cumplir con todas las disposiciones legales y normas internacionales para continuar con la planta en esa ubicación. Además, aseguraron que el costo que implicaría la reubicación sería de 900 millones de pesos.

Lo que más preocupa a los habitantes de la zona es que Pemex dijo, a través de sus voceros, “que era más costoso reubicar la planta que los costos que dejaría algún desastre, pues ellos afirman tener un reaseguro internacional que cubre este tipo de situaciones”, dijo a PODER Clara Jiménez, vecina de la TAD*.

Efectivamente Pemex tiene un seguro que cubre daños en las instalaciones, al grado de que, de haber un accidente, el seguro le reconstruiría una planta o la instalación que sea para que quedara igual a como estaba antes de un desastre. El seguro también cubre daños por responsabilidad civil, pero es incapaz de regresar la forma de vida de los afectados por un accidente, como ya ha pasado en otras plantas de Pemex.

Lo económico es más importante

“Tuvimos entrevista con los directores de Pemex en donde nos dijeron que no se reubicarían porque no les conviene económicamente, ya que es un punto estratégico para distribuir los combustibles. Y que cuentan con un seguro internacional de muchos millones que los indemnizará en caso de siniestro. Que es una cantidad mayor que la que gastarían en reubicarse. Se manejó la idea de que el gobierno estatal les regalaría los terrenos para su reubicación, pero a partir de la administración del actual Gobernador ya no tocaron el tema”, afirma Jiménez.

En reiteradas ocasiones la ahora empresa productiva del estado informó sobre el alto costo que conlleva reubicar la TAD de Saltillo. Cuando el Congreso le preguntó por el tema, su respuesta fue un estimado de 900 millones de pesos con un aproximado de tres años de construcción, basado en una analogía con el proyecto “Nueva TAD Reynosa”. El costo real, resultado de un análisis técnico y operativo basado en las características de la TAD de Saltillo, no existe porque no se cuenta con un proyecto de inversión autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público².

En 2017, fecha de las cartas filtradas a PODER, Pemex contaba con una póliza de seguro por la cual pagó 546,480,191.17 dólares a Mapfre México, S.A. para asegurar el patrimonio en tierra y mar y la responsabilidad civil general derivada del desarrollo de sus operaciones. El grupo originario español y multinacional Mapfre lleva 80 años en México y sería el encargado de reconstruir o reemplazar cualquier propiedad destruida, por otra similar, en caso de siniestro.

El seguro cubre hasta 1,750 millones de dólares (33 mil millones de pesos actuales)³ para daños en instalaciones en tierra, como la TAD de Saltillo. Si hubiera una catástrofe en la terminal, Pemex gastaría menos que si reubicara la planta lejos de la población. Pagaría un deducible de 250,000 dólares (4.7 millones de pesos actuales)⁴ contra gastar 900 millones de pesos para mover la planta. Además, afirma que, de existir el proyecto, habría un incremento en los costos operativos que se trasladarían al consumidor final⁵.

La póliza también cubre las afectaciones y pérdidas causadas a la población civil derivados de accidentes por un total de 1,100 millones de dólares (20,797 millones de pesos actuales)⁶ para todas las reclamaciones que hubiere.

Firmas perdidas, falsas esperanzas

Desde 2005 los políticos del PRI de la zona han prometido a los ciudadanos que la reubicación de la TAD será una realidad. Entre ese año y 2017 los políticos locales hablaron con los medios, realizaron marchas junto con los vecinos, prometieron terrenos y, al final, las palabras se las llevó el viento.

Tanto Humberto Moreira, durante su gubernatura (2005-11), como su hermano Rubén Moreira, durante la suya (2011-17), apoyaron públicamente la reubicación de la TAD. Según los vecinos, cuando Humberto se encontraba en campaña política para las elecciones a gobernador de Coahuila, prometió que la terminal se iría de Saltillo. El resultado de las administraciones de los hermanos fue una deuda de 71 mil millones de pesos para el estado.

En 2012, cuando Rubén era gobernador, alrededor de 300 habitantes de la zona salieron a marchar para exigir a Pemex la reubicación de la TAD. Además, se entregaron 2,000 firmas de los inconformes a la Secretaría de Coahuila como petición ciudadana, la cual fue apoyada por David Aguillón Rosales, entonces Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI⁷.

Un año más tarde, el entonces secretario de gobierno, Víctor Zamora, afirmó que había muchas posibilidades que en 2014 se reubicaría la planta y que se reuniría con los directivos de Pemex para discutir el tema. Las promesas escalaron hasta el punto de decir que el gobierno de Coahuila estaría dispuesto a donar los terrenos para la “nueva planta”⁸. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno no localizó evidencia que certifique esta decisión, ni minutas del tema desde 2005 hasta la fecha, según descubrió PODER vía solicitudes de transparencia.

Este caso llegó a los oídos del Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados, por medio de Jorge Enrique Dávila, diputado por Coahuila en la legislatura pasada. Fue en octubre de 2015 cuando Dávila presentó una proposición para reubicar la planta. El caso fue dirigido a la Comisión de Energía quien solicitó a Pemex una explicación de por qué no se había considerado la reubicación de esta planta.

Casi tres meses después, Pemex envió como respuesta un listado con nombres de documentos y normas con las que cumple dicha planta, al igual que el costo que tendría si ésta es reubicada. Al ser un pronunciamiento, el Congreso no tomó cartas en el asunto y el caso quedó cerrado. Aunque la respuesta habría llegado el 6 de abril, se registró que, días antes, el diputado seguía haciendo promesas al aire y afirmaba que “el trámite era lento y toma tiempo pero que será una realidad”⁹, pese a saber que el “trámite” era sólo un llamado a que Pemex explicara por qué no se había reubicado, más no una orden.

Los vecinos, cansados y con el temor latente, volvieron a reunir 1,500 firmas que se entregaron a un coordinador del PRI en Saltillo en 2017, enviado por Víctor Zamora, el secretario de gobierno. Según afirma la comunidad, Zamora era el intermediario entre el gobierno de Moreira y ellos para lograr la reubicación. Las firmas nunca llegaron a la Secretaría de Gobierno. La dependencia respondió vía transparencia que no hay evidencia de que el secretario recibiera dichas firmas de los ciudadanos inconformes con la TAD.

Lo que dicen las cartas

Cuando empezó a funcionar la TAD de Saltillo no existía viviendas ni población cerca. Con el paso de los años la zona se volvió más poblada, se crearon barrios, construyeron tiendas y caminos alrededor de la instalación. Hoy en día, una vialidad de dos carriles es lo que separa las casas de la terminal de almacenamiento.

“Se están escuchando y sintiendo explosiones subterráneas que cimbran las ventanas y las casas”¹⁰, se afirmaba una serie de cartas, enviadas por vecinos de la zona a Pemex y a la Secretaría de Energía (SENER), entre otros órganos, como argumento para exigir que el gobierno y la empresa tomaran acciones.

En estas cartas, filtradas a PODER vía Méxicoleaks, se evidenció la poca colaboración por parte de la administración de Enrique Peña Nieto para dar atención a la preocupación de la comunidad en Saltillo. El Secretario de Energía de EPN, Pedro Joaquín Coldwell, era el presidente del Consejo de Administración de Pemex, hecho que en su momento fue denunciado por tener un conflicto de interés¹¹. Pemex respondió que los accidentes ocurridos en algunas casas “no son derivadas de su actividad”¹².

Desde 2016 se registran movimientos en la tierra que han alarmado a la comunidad. En su momento, el subdirector operativo de Protección Civil mencionó a La Vanguardia “que la zona residencial está construida sobre tierra que antes era dedicada a la agricultura, por ende, es posible que el terreno se esté asentando y provoque las vibraciones”¹³. Sin embargo, los vecinos reportaron explosiones provenientes de la empresa General Motors, producto de la creación de una nueva máquina.

Para los vecinos la situación era alarmante, pues si el movimiento de las explosiones se sentía en sus casas, ubicadas a lado de la TAD, y a casi un kilómetro y medio de las instalaciones de General Motors, “es lógico que en la terminal de Pemex también se sintiera el movimiento de la tierra”.

Según informó Protección Civil en Saltillo a este medio, la unidad está en “contacto con personal de PEMEX SEGURIDAD para atender cualquier asunto relacionado con ductos y cualquier tipo de contingencia que se pudiera presentar”.

A la fecha, las detonaciones han terminado. General Motors respondió vía correo electrónico que no tenía ninguna declaración que hacer con respecto a la temática del reportaje, únicamente “que todas las actividades y procesos realizados por General Motors de México siempre se encuentran en estricto apego a lo que las disposiciones legales aplicables prevé”.

Pemex no respondió a la solicitud de entrevista para este reportaje. Para los vecinos convivir con las pipas de gasolina, los movimientos en la tierra, la inseguridad y las alarmas de la terminal que los despiertan en la madrugada, se ha convertido en una situación normal, aunque mantienen el deseo de que un día la TAD se vaya de la zona.