Uber y Cabify depositan el 1.5% de cada viaje en el fideicomiso privado Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón que tiene como objetivo mejorar la movilidad en la Ciudad de México. Han pasado casi tres años desde que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) empezó con este esquema y entre taxistas enojados, ciclistas que trabajan con las aplicaciones en peligro y las firmas negadas a enfrentar más regulaciones, el dinero sigue sin utilizarse.

“No tenemos evidencia documental sobre porqué se hizo como un fondo privado. Actualmente estamos buscando las mejores formas de ejercer y transparentar el fideicomiso, ya sea modificando el convenio o haciendo una donación a la Ciudad de México, por ejemplo”, dijo en entrevista con PODER Guillermo Javier Felipe Ávila, Director de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la SEMOVI y Coordinador Ejecutivo y Presidente Suplente del Comité Técnico del Fideicomiso vigente desde el cambio de gobierno.

El origen de un fondo privado para fines públicos

El fideicomiso se originó en agosto de 2016 con Uber como único fideicomitente; en enero de 2017 se adhirió Cabify y para marzo de 2017 ya era tan polémico que el entonces titular de la SEMOVI, presidente del Comité Técnico y creador del Fondo, Héctor Serrano, anunció que solicitaría una auditoría al fideicomiso, para evitar que “se politice y polemice el tema de los recursos aportados por las empresas Uber y Cabify”¹. Sin embargo, la Contraloría de la Ciudad de México no hizo ninguna auditoría “por no tenerla programada”. Lo que sí realizó fue una revisión, según respondió la dependencia vía transparencia.

El año pasado la Auditoría Superior de la Ciudad de México finalmente hizo una auditoría para revisar las cuentas del Fondo durante 2017. Encontró tantas irregularidades que en total hizo 15 observaciones. La principal, que el dinero no fue utilizado para mejorar la movilidad de la Ciudad de México.

“Se está en proceso de conformación de proyectos correspondientes”² y “hasta esta fecha, no se han presentado proyectos”: la primera fue la respuesta de Claudia Patricia Reculés Velasco, exdirectora de Servicios al Transporte de Ruta de la SEMOVI a la Contraloría de la Ciudad de México en 2017, y la segunda del Comité Técnico vigente a una solicitud de información de PODER. Parece que el cambio de administración no ha significado un cambio en el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón.

La presidencia del Comité Técnico del Fideicomiso recaé en el titular de la SEMOVI. Tanto Héctor Serrano (2015- octubre 2017), como Carlos Augusto Flores Meneses (octubre 2017- diciembre 2018) y Andrés Lajous (desde diciembre 2018) han ostentado la presidencia del órgano que tiene la facultad de decidir sobre el destino de los fondos y sus inversiones.

Curiosamente el primer Comité Técnico se quiso deshacer de la responsabilidad y en mayo de 2017 decidió que la figura de fideicomisario de la SEMOVI pasaría a la Secretaría de Finanzas de la CDMX, cosa que no se concretó, dado que “Finanzas no tiene atribuciones de movilidad”, respondió el funcionario Guillermo Ávila.

La SEMOVI usará el Programa de Sustitución de Taxis

“Una decisión ya tomada y adoptada por el Comité Técnico es que el Programa de Sustitución de Taxis se va a financiar con el dinero del fondo”, reveló Guillermo Ávila en entrevista a PODER. La respuesta que recibió PODER en junio de este año vía transparencia fue que el Comité Técnico todavía analizaba “cómo determinar el mecanismo idóneo para ejercer los recursos para que cumpla con los fines del fideicomiso”³. Mejorar el servicio de taxis y concesiones es una de las 12 finalidades del fondo, junto con “diseñar e implementar acciones dirigidas a la seguridad de la movilidad del ciclista”.

“El Programa de Sustitución de Taxis es un objetivo central de SEMOVI, genera mejores condiciones para usuarios y concesionarios y también se busca que los vehículos cumplan con características de protección al medio ambiente y otras medidas, como accesibilidad”, respondió Ávila ante el cuestionamiento de por qué preferir a los taxis sobre los ciclistas y peatones.

En la administración pasada se pensó usar el dinero del fondo para corredores de transporte público en Eje 5 Sur y Eje 6 Sur, pero la idea no prosperó, según informó Claudia Reculés a la Contraloría. Los proyectos continuaron y se ejecutaron sin recursos del Fideicomiso.

El Comité Técnico actual está conformado por Andrés Lajous, titular de SEMOVI y presidente del Comité; los y las miembros propietarios: María de los Ángeles Muñóz Muñóz, Subsecretaria de Transporte de la dependencia; Jorge Sosa García, Director General de Administración y Finanzas; Oscar Geovani Santiago González, Director de Control Vehicular de Licencias y Permisos de Particulares; como miembro suplente María Fernanda Rivera Flores, Directora General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable; como coordinador ejecutivo y presidente suplente, Guillermo Javier Felipe Ávila Reséndiz, Director de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable; como secretaria ejecutiva, Lizbeth Cabello Galicia, Subdirectora de Normatividad de la Dirección de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable; y como invitado permanente Arturo Martínez Salas, Director General de Asuntos Jurídicos.

Nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero tiene el Fidecomiso

Unos 300 millones de pesos, esta es la aproximación que dio el entonces titular de la Semovi Flores Meneses en noviembre en 2018 durante su comparecencia ante la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México⁴ y que repitió el actual secretario Lajous. No se puede corroborar la cifra, ya que al ser un fideicomiso privado, el monto exacto permanece confidencial. Otras cifras previas a 2018 se encuentran en la revisión que hizo la Contraloría de la Ciudad de México⁵ y la auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Ciudad de México⁶ por su propia iniciativa. No coinciden entre ellas.

La Contraloría afirma que en enero de 2017 Uber depositó 30,553,578.92 pesos⁷, mientras que la Auditoría indica que para el primer trimestre de 2017 esa misma empresa había depositado 28 millones de pesos. El documento de la Auditoría no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el de la Contraloría no especifica si lo incluye. Ni tan siquiera con el IVA se explicaría la diferencia de 2 millones de pesos.

El baile de cifras sigue. Desde que comenzó a operar el fideicomiso, en 2016 y hasta 2017, había más de 183 millones de pesos según la Contraloría y 192.5 millones, según la Auditoría. Desde enero y hasta diciembre de 2017 únicamente Uber había aportado 112 millones de pesos, según el informe de la Auditoría. Por su parte, la revisión de la Contraloría suma 70 millones más que dio la empresa en agosto de 2016. La misma revisión 13J de la Contraloría da cuenta de 1,868,985.46 pesos aportados por Cabify entre marzo y julio de 2017. La cifra no ha sido actualizada en ningún documento público u obtenido vía transparencia desde entonces.

Inversiones financieras con resultados mínimos

“Se busca el menor riesgo posible” respondió Guillermo Ávila al ser cuestionado acerca de por qué este Comité tampoco ha decidido invertir el dinero del fondo en instrumentos más agresivos que hagan crecer el fondo mientras éste no se ejecuta en proyectos. El Comité Técnico del Fideicomiso tiene la facultad para indicar los instrumentos en los que el patrimonio del mismo debe ser invertido, y en caso de no hacerlo, el dinero se invertirá “en instrumentos de deuda con valores que emite el Gobierno Federal, por considerarse de menor riesgo”.

En septiembre de 2016, por ejemplo, con los 70 millones de pesos que había hasta ese momento en el Fondo -aportación de Uber- se tuvo un rendimiento de 129,067.23 pesos, es decir, del 0.18%. El rendimiento de febrero de 2017, último del que se tiene cuenta en la revisión de la Contraloría, fue de 0.39% sobre el capital de 101,664,885.66 pesos en el fondo⁸. Una inversión rentable es aquella que da un retorno mayor a la inflación. En los años que ha funcionado el fideicomiso, la inflación en México ha sido de 6.77% en 2017 y 4.9% en 2018.

La administración pasada intentaba esconder esta realidad: “incluso sus rendimientos se han incrementado”, dijo Meneses Flores sobre el Fondo en noviembre de 2018. El aumento fue mínimo, los rendimientos mensuales de las aportaciones no alcanzaron ni el 1% desde septiembre de 2016 hasta febrero de 2017, fechas disponibles en la revisión 13J.

No es del todo cierto que no se ha ejecutado el dinero del Fondo, si no que ha servido para su propio mantenimiento. Sólo para el cuarto trimestre de 2017, Banco Interacciones, fiduciario del fideicomiso, recibió 62 mil pesos como pago de sus honorarios, según se puede leer en el informe de la Auditoría.

Un comité sin reuniones ni reportes

Según las reglas de operación las reuniones del Comité deberían suceder cada 120 días; en la revisión de la Contraloría, el Comité reportó la reunión del 2 de mayo de 2017 como “ordinaria”, pero en la auditoría lo hizo como “extraordinaria”. La auditoría indica que durante 2017 sí se realizaron esas sesiones, pero la SEMOVI no proporcionó pruebas de las reuniones durante 2018 solicitadas vía transparencia, y se limitó a enviar listas de asistencia de tres sesiones extraordinarias sucedidas en 2019, ya con Andrés Lajous como titular de la SEMOVI.

La explicación de por qué no se han celebrado sesiones ordinarias este año, también solicitada vía transparencia, no fue respondida. Tampoco las minutas de las reuniones fueron enviadas. Las sesiones extraordinarias del Comité actual sucedieron en mayo, junio y una más sin fecha, según las listas de asistencia enviadas a PODER⁹. Guillermo Ávila, actual Coordinador Ejecutivo del Comité, afirma que “existen las sesiones de los Comités anteriores, pero eso entra también en el secreto fiduciario”.

La Auditoría encontró que en diversas ocasiones durante 2017 el Comité Técnico no hizo su trabajo y no pudo solventar las observaciones negativas de los auditores. El Secretario Ejecutivo del Comité de aquel entonces, nombrado directamente por Héctor Serrano (16- oct 17) y de quien no se conoce el nombre, por ejemplo, no probó llevar registros de gastos y operaciones. Otro ejemplo, la app Urbvan registró 10 vehículos, pero SEMOVI no firmó convenio con ella para hacer que también aportara al Fondo.

PODER pudo comprobar que el Comité Técnico de 2018 estaba conformado por Carlos Augusto Meneses Flores, Presidente y Secretario de Movilidad; Jesús Alberto Romero Cárdenas, Subsecretario de Transporte; Moisés Israel Bussey García, Director General de Transporte de Ruta y Especializado; José Nicolás Albarrán García, Director General de Transporte Particular; Alejandra Balandrán Olmedo, Directora General de Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros; María del Carmen Ventura Acosta, Directora General de Administración; y Lorena Judith López Trejo, Directora Jurídica.

El usuario asume el costo extra y no recibe ningún beneficio

Actualmente ya existen empresas competencia de Uber y Cabify, como Didi, Beat, RetsaChofer, Bolt y Jetty, pero sólo las dos primeras aportan 1.5% de cada viaje al fideicomiso. Aun así, hasta el 15 de agosto de 2018 ninguna de ellas había completado su registro. Cabify, por ejemplo, sólo había registrado un vehículo en 2016. En consecuencia, SEMOVI no había emitido ningún permiso, según informó la Auditoría.

“Estamos en proceso de regularizar a todas las empresas que operan en la ciudad, lo cual incluirá las aportaciones”, dijo Guillermo Ávila. Más allá de los permisos de las empresas, la realidad es que ese 1.5% que supuestamente aportan las compañías, lo termina pagando el usuario, según pudo comprobar PODER con varias entrevistas a ex conductores y trabajadores tercerizados de Uber. Ninguna de las empresas ha perdido un peso, pues siguen cobrando a los usuarios la aportación para SEMOVI y a los conductores afiliados una cuota por usar la aplicación.

“Yo empecé con Uber hace tres años y me cobraba 8% por cada viaje, pero a lo largo de tres años me di cuenta que ya me cobraba hasta 37%, y si preguntas por razones dicen que porque el modelo de coche se va devaluando, pero tampoco ofrecen ninguna clase de prestación. Además, yo me daba cuenta de que existía mucha diferencia entre lo que decía la aplicación que le cobraba al usuario y mi ganancia ya sin la cuota de Uber. Uber decía que al usuario se le cobró la parte proporcional para el gobierno”, explica a PODER Carlos, ex conductor de Uber, quien renunció porque la empresa no le pagó desperfectos causados por los usuarios.

Por su parte, Luis, proveedor de diferentes servicios tercerizados para Uber, critica que el modelo de “socio de Uber es un disfraz. A Uber no le importa los conductores”. Luis relata a PODER que además de que la empresa no es clara con los porcentajes que le cobran al conductor, en diferentes ocasiones atendió llamadas de los conductores sobre distintos problemas y Uber actuaba sin ninguna responsabilidad hacia ellos.

Las nuevas regulaciones de SEMOVI, anunciadas este año, incluyen que las empresas paguen impuestos. “Se ha dicho que van a retener impuestos a los conductores, pero no se sabe si entonces ya van a tener prestaciones. Es decir, si a ti como empleado te quitan impuestos deberías de tener prestaciones”, explica Luis.

“Necesitamos prestaciones, un seguro para tu familia. Uber ahora da un tipo de becas, pero porque Didi le está quitando mercado, pero ¿cuánto tiempo después y por qué motivos lo está haciendo?. Como conductor uno está expuesto a todo”, cuestiona Carlos.

“Manifestamos abiertamente que Uber no participa ni tiene injerencia en las decisiones respecto al uso y destino de este fondo, mismo que está enfocado en la mejora de la movilidad de nuestra ciudad, como su nombre lo indica. Estamos totalmente a favor de la transparencia relativa al destino de este tipo de fondos, de forma que sea de conocimiento público el uso de los mismos. Como ya hemos compartido anteriormente, esperamos que los recursos sean destinados al beneficio de la ciudad y sus ciudadanos”, respondió Uber a PODER y aclaró que la empresa ha contribuido con el 1.5% de cada viaje trimestralmente desde septiembre de 2016.

Didi y Cabify no respondieron a las solicitudes de entrevista de PODER antes del cierre del reportaje.

El Comité Técnico del Fideicomiso analiza todo lo relacionado con la aportación del 1.5%, pero hasta ahora no ha tomado una decisión sobre si ese monto cambiará, si se buscará que lo absorban directamente las empresas y no los usuarios y si se buscará proteger los derechos laborales de los socios conductores de las aplicaciones.