Las compras de leche del gobierno mexicano favorecen a multinacionales

México no es un país autosuficiente cuando se habla de leche. Se consumen alrededor de 15,000 millones de litros cada año pero solo se producen 12,000 millones de litros¹. Esa falta de autosuficiencia también se refleja en el Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de la empresa con participación mayoritaria del Estado, Liconsa, que atiende a 6,275,061 beneficiarios, entre niños mayores de 6 meses, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores².

Para conseguir parte de esta leche existe el Programa Nacional para la Adquisición de Leche Nacional de Liconsa, que suma a más de 1,000 productores que enfrentan diversos problemas: compiten en condiciones desiguales con su leche fresca contra la leche en polvo importada, sufren la falta de políticas públicas que protejan sus intereses, y han visto los precios castigados por parte de los grandes industriales mexicanos. Producir leche y vivir dignamente de ello es complejo.

25 de las 365 empresas a las que el gobierno compró leche o servicios asociados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (dic 12-dic 18) son extranjeras. A pesar de ser un número que aparenta ser proporcionalmente pequeño, su presencia en el mercado es apabullante. Recibieron por adjudicación directa más de 10 mil millones de pesos por contratos pagados en dólares, de un total de 34 mil millones de pesos dedicados a ello.

Para este reportaje, PODER ha analizado 653 contratos para la compra y transporte de leche, compra de vitaminas y minerales, almacenamiento y producción de leche, análisis de la misma, publicidad y otros conceptos provenientes de las bases de datos de Compranet y del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) que se encuentran agregadas en la plataforma de análisis QuiénEsQuién.Wiki, de PODER, que forma parte de la Red PALTA (formada por siete medios de América Latina) para la investigación regional «La leche prometida».

Leche nacional vs. Leche importada

Liconsa se ha congratulado ante el hecho de que cada vez menos leche en polvo, que ella misma hidrata y a veces fortifica, es importada. Sin embargo, los números la contradicen. La importación de leche en polvo pasó de 34.5 millones de kilos³ en 2016 a 51.6 millones en 2018, siendo Estados Unidos el principal país proveedor con 45.5 millones de kilos. Ese país vende leche en polvo sin pagar impuestos y sin tener que presentar trámite previo de permiso de importación, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ahora T-MEC).

De los restantes, 3.6 millones de kilos provinieron de países de la Organización Mundial del Comercio y 2.7 millones de kilos de forma unilateral, sin especificar de qué países, según información de Liconsa sobre cupos de importación⁴. Los afectados: las personas de escasos recursos y poblaciones vulnerables, ya que el 20% de la leche que les vendieron a un bajo precio provino de importación, según expresó verbalmente Daniel Arévalo Gallegos, integrante del Consejo de Administración de Liconsa⁵. A diferencia de la leche fresca, la leche en polvo es un producto procesado que habitualmente proviene de los excedentes de la producción de leche fresca y quesos de grandes empresas extranjeras.

Los productores nacionales están en pie de guerra; el precio de la leche en polvo pone el precio del mercado, y provoca “una competencia desleal en términos de precio. La leche de otros países muchas veces ya viene subsidiada de su país de origen”, dice Sergio Soltero, director de COFOCALEC⁶ en entrevista para este reportaje.

Cuatro de las cinco primeras empresas beneficiadas por contratos de Liconsa son extranjeras. Ordenadas por importe contratado durante el sexenio de EPN son: ILAS de México, S.A. de C.V., subsidiaria de la española Reny Picot; Land O’ Lakes, de Estados Unidos; Philpot Dairy, canadiense y subsidiaria de Saputo Inc; Translíquidos Refrigerados López, S.A. de C.V. mexicana y la empresa con más número de contratos; e Industrias Lácteas Asturianas, S.A., también subsidiaria de Reny Picot.

Los cinco proveedores de Liconsa con mayores importes y número de contratos (2012-2018)

El Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), que abre el comercio entre México, Vietnam, Japón, Canadá, Brunéi, Chile, Malasia, Australia, Singapur, Nueva Zelanda y Perú, y firmado en su última versión el 8 de marzo de 2018, es ahora la nueva amenaza para las lecherías familiares que ya sufren por el T-MEC. Por eso, un grupo de 850 lecheros de las localidades de San Juan de Los Lagos y San Julián en Jalisco y 40 ejidatarios, presentaron un amparo contra el CPTPP.

“Los productores están demandando por un lado la inconstitucionalidad del tratado porque no se siguió el proceso correspondiente, y por otro, el impacto que tiene para pequeños productores lecheros la aplicación del Tratado. En el caso del sector lechero no se hicieron acuerdos paralelos para protegerlos”, explica Alejandro López, abogado representante de los productores.

El Tratado tal como está, abriría las puertas a que las importaciones de leche en polvo de empresas de los países firmantes, como Nueva Zelanda, no paguen impuestos, como sucede con la leche que viene de Estados Unidos. La empresa que probablemente se beneficiará más es la neozelandesa Fonterra, líder mundial de leche en polvo y proveedora de Liconsa. Entre 2012 y 2018 obtuvo 520,074,877 pesos con 7 contratos por la compra de leche en polvo importada. El cupo de importación de leche en polvo este año es de 46 millones de kilos, según López.

De acuerdo con asociaciones de productores, una empresa exportadora de leche en polvo gana entre 50 centavos y un peso por kilo, mientras que un productor local gana entre 20 y 30 centavos por litro de leche fresca. En los últimos años Liconsa ha incrementado el precio al que compra la leche fresca de productores medianos y grandes, pero no alcanza para equiparar la ventaja que tienen las empresas extranjeras, a las que se les paga en dólares por su leche y muchas veces sin pagar arancel.

Según Bernardo Fernández Sánchez, Director de Operación de Liconsa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “tiene contemplado en 2020 un crecimiento del 50% de la red de acopio actual de Liconsa y una captación anual cercana a los 900 millones de litros, lo cual contribuirá de manera significativa a la disminución de importaciones y así poder llegar a la autosuficiencia alimentaria en leche”, respondió a PODER vía correo electrónico.

Proteger a los pequeños y medianos productores de leche

Un impuesto especial para la leche en polvo importada es lo que reclaman algunas organizaciones de productores lecheros, como la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche) y la Unión Ganadera Regional de Jalisco⁷. El problema de los productores nacionales, sobre todo los medianos y pequeños, es que la leche que no logran vender a Liconsa tienen que venderla a otras empresas o intermediarios, y al ser un producto perecedero, terminan cobrando mucho menos que los 7.20 pesos por litro (en 2018) que podrían recibir de Liconsa.

“La industria privada no es solidaria con los productores de leche”, dice Adalberto Velasco, presidente de La Unión Ganadera Regional de Jalisco, al hablar sobre las grandes empresas que compiten con los productores de leche a la vez que compran a menor precio la leche y no invierten en el sector. Jalisco es el estado productor de leche que más vendió a Liconsa en 2018, 255 millones de leche fresca por 1,550 millones de pesos, según informa la empresa del estado⁸.

Para Velasco, empresas como “Lala, Bimbo, Coca-Cola (dueña de Santa Clara) y Nutrileche desplazan a los productores lecheros grandes, medianos y pequeños. Como son tratos entre particulares el gobierno no se mete, pero la iniciativa privada debería de tomar el costo que paga Liconsa como referencia. Un precio justo es 7.20 a 7.50 pesos por litro. Pero la industria privada no responde a eso”.

“No tenemos mecanismos en México que impidan el crecimiento de grandes empresas sobre los pequeños productores. Si se pusiera un impuesto pagado por los industriales se podría distribuir ese ingreso a los productores”, explica Guillermo Márquez, director del Observatorio Ciudadano del Agua, en entrevista con PODER.

La lógica sería que cada vez haya más productores pequeños capacitados, en lugar de grandes industriales que crezcan a destajo. Eso, además, resolvería parte del impacto ambiental que provoca la producción de leche, al necesitar grandes cantidades de agua. “Nunca va a ser igual la contaminación orgánica de los pequeños productores a la de industriales, que ya tienen muchos más procesos químicos”, aclara Márquez.

Según Femeleche hacen falta entre 10 y 12 millones de litros diarios adicionales, es decir 400 mil vacas, para que México alcance autosuficiencia lechera. Los expertos entrevistados coinciden en que la meta se podría alcanzar con más recursos para Liconsa pero también con más compromiso por parte de la iniciativa privada para impulsar programas de mejora al sector ganadero.

“El problema de la autosuficiencia en el sector lechero sí requiere apoyo de Gobierno, pero entregaría resultados prácticamente inmediatos. Basta con tener la suficiente organización para alcanzar los puntos más altos de eficiencia y llegar a un plan rápido y escalable para la compra o crianza de nuevas cabezas de ganado que garanticen la producción necesaria”, explica Femeleche en un comunicado. Femeleche no estuvo disponible para entrevistas al cierre de este reportaje.

Márquez habla de la necesidad de que “Liconsa tenga extensionismo por parte de los industriales. Hace años las grandes empresas tenían programas para ayudar a los productores, después se corrompieron, porque el gobierno les permitió ciertas trampas, como tener leche descremada almacenada en bodegas y así mucho más duradera por no tener grasa”. Es decir, que se maneje un modelo de “sistema-producto”, en el que se considera toda la cadena de producción, incluidos los industriales y se les obligue a tener mayor carga impositiva y políticas de ayuda a los lecheros pequeños.

La nueva promesa: menos leche mejor pagada

La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió elevar el precio de garantía para la compra de leche de 7.20 pesos por litro a 8.20 pesos por litro siempre que cumpla con cierta calidad, y comenzar a integrar a productores pequeños en la cadena de valor de Liconsa. Además, se fusionó a Liconsa con Diconsa dentro del órgano descentralizado, sectorizado de SADER, Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) y pasó así a ser dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) cuando antes estaba bajo la antigua Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora renombrada Secretaría de Bienestar.

“Para cumplir con el Programa de Abasto Social de Leche, Liconsa se abastecerá en primer término de pequeños productores que posean de 1 a 35 vacas y medianos productores de 36 a 100 vacas. Cuando exista precio de garantía el mismo se aplicará exclusivamente a los productores de leche antes mencionados. Para dar continuidad y certeza de que estas condiciones se cumplan, Liconsa revisará periódicamente su padrón de productores”, dice el artículo 26 de las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche 2019⁹.

Agrega que cuando las adquisiciones a productores pequeños y medianos no sean suficientes, Liconsa podrá comprar a precio comercial leche de productores con mayor número de ganado, al igual que “podrá surtirse de importaciones cumpliendo con la normatividad respectiva”.

Las compras del nuevo gobierno no reflejan este cambio. Desde el 2 de diciembre de 2018 hasta junio de 2019 Liconsa ha hecho 111 contratos para la compra y transporte de leche por 2,027,731,366 pesos, 50 en adjudicación directa, 49 en licitación abierta y 12 sin información, según datos obtenidos vía transparencia. Con sólo cuatro contratos, pagados en dólares, empresas extranjeras han recibido 61% del total gastado en contrataciones a cambio de 27 millones de kilos de leche en polvo importada y son las mismas empresas que con EPN: la española Industrias Lácteas Asturianas, la canadiense Philpot Dairy Products y la polaca Spoldzielnia Mleczarska Mlekovita.

“Antes de los 8.20, la mitad de la leche que compraba Liconsa era de Jalisco, pero con ese cambio ya no. La cosa es que no hay más presupuesto que el año pasado y sí se paga más cara, entonces se creó una distorsión de mercado”, dice Velasco, de La Unión Ganadera Regional de Jalisco. El problema reside en que el gasto programado de Liconsa y el subsidio que recibe del gobierno no aumentó, entonces se intenta comprar leche a un mejor precio para los productores, pero en realidad se está comprando menos cantidad, por tanto los productores nacionales se están quedando con remanentes que tienen que abaratar para vender a otras empresas.

Para Márquez la solución no solamente es aumentar el precio al que Liconsa compra leche, sino que se hagan mecanismos que permitan a los pequeños productores tener mejores capacidades y realmente lograr mayores márgenes de utilidad. “Aún con programas de incentivos que existen, quienes lo necesitan no pueden acceder a ellos porque nunca se les ha permitido tener una utilidad, planeación, pensar en el futuro”, dice.

El 12 de agosto de 2019 se reunieron pobladores de Los Altos de Jalisco y de Guanajuato con los gobernadores de esos dos estados, AMLO y la ex ministra de la Suprema Corte y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entre otros funcionarios. También asistieron productores lecheros, y aunque no fue el tema principal de la reunión, sí pidieron a las autoridades mayores controles sobre los industriales, la creación del impuesto sobre la leche en polvo importada y la resolución a su favor del amparo presentado contra el CPTPP. A decir de fuentes que asistieron, en conversaciones informales al final del evento, las autoridades prometieron analizar el tema con Ignacio Ovalle, responsable de SEGALMEX y titular de CONASUPO (la antigua Liconsa) durante el mandato de Carlos Salinas.

Fernández Sánchez agregó en su respuesta a PODER que el crecimiento de la cobertura de la red de acopio de Liconsa también pretende “generar una alternativa de comercialización de la leche para dichos productores que trabajan actualmente con la industria privada. Esto podría generar una nivelación de precios derivado de la competencia local por la materia prima”.

Este reportaje forma parte de la investigación regional «La leche prometida», liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA), que integran La Diaria de Uruguay, El Faro de El Salvador, OjoPublico de Perú, Datasketch de Colombia, La Nación de Argentina, PODER de México y OjoConMiPisto de Guatemala.

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