Los (malos) usos del dinero de bancos financiadores del gobierno

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó 200 millones de dólares a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a finales de 2015, para financiar el Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento (PRODI)¹. Parte de ese dinero terminó involucrado en un presunto esquema de desvío de fondos, operado por A Moot Point, S.A. de C.V. con funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), según se puede comprobar en QuiénEsQuién.Wiki, de PODER.

A Moot Point, fundada en 2014, de la noche a la mañana se convirtió en una gran ganadora de licitaciones². Con JAPAY tuvo dos contratos, el 28 y 29 de noviembre de 2016, por casi 7 millones de pesos, para la actualización del padrón de usuarios³ y para la adquisición de equipo de cómputo y escáners para el área de atención social y supervisión técnica de la dependencia⁴. Ambos contratos fueron bajo el opaco procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.

En junio de 2018, militantes del partido Movimiento Ciudadano en Yucatán denunciaron que A Moot Point se trataba de una estafa y que estaba involucrada en presunto desvío de dinero de más de 100 millones de pesos y no era un firma en emprendimiento como presumía⁵. Como respuesta, la empresa, dio de baja sus redes sociales y demandó a los militantes de Movimiento Ciudadano que hicieron los señalamientos⁶.

Reyes Alfredo Can Pool es al mismo tiempo socio mayoritario de A Moot Point y en 2005 apareció como beneficiario de un programa social yucateco para la mejora de la producción del campo, por ser un “productor de bajo ingreso en transición”⁷. Asimismo, según reportan diarios locales⁸, la empresa fue representada legalmente por Carlos Amaro Quiroz, cuñado de Sergio Vadillo Lora⁹, ex jefe del Despacho del Gobernador y ex coordinador de la campaña priista por la alcaldía de Mérida. La firma A Moot Point¹⁰, siempre según la denuncia, habría sostenido en nómina a algunos trabajadores del Gobierno del Estado a cambio de contrataciones por adjudicación directa.

Según el BID, el objetivo del Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento era “mejorar la calidad del servicio de agua y saneamiento en poblaciones, preferentemente entre 50 mil y 900 mil habitantes, mediante la ejecución de proyectos integrales de corto y mediano plazo por parte de los Organismos Operadores (OO), responsables de la prestación del servicio, con el fin de impulsar su sostenibilidad operativa y financiera”. En el caso de Yucatán fue usado en todo el estado, con 2 millones de habitantes, sin determinar cuáles poblaciones cumplían con el tamaño objetivo del Banco.

El BID financió entre 2011 y 2018 mínimo 1147 contratos por 2,260 millones de pesos según las bases de datos descargables de Compranet. La mayoría de ellos fueron dados por órganos estatales de agua, tal como la JAPAY.

El agua, interés común de los bancos de inversión

Baja California, Sonora y Tamaulipas son los tres estados de donde son las dependencias que usaron dinero del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) para financiar tres proyectos relacionados con el derecho al agua, a través de nueve contratos por 60.6 millones de pesos. La construcción del colector pluvial tecnológico de Sonora inició en 2017 y la rehabilitación del de Baja California en 2018. Mientras que Tamaulipas hizo uso del dinero del BDAN en 2013, según datos de QuiénEsQuién.Wiki analizados para este reportaje.

El BDAN reporta como su “impacto en México” 136 proyectos que han beneficiado a 14.3 millones de personas. 80% de esos proyectos han estado relacionados con el agua, 19% con la gestión de residuos sólidos, 21% con la calidad del aire, 16% con energía limpia y renovable y 4% con infraestructura urbana básica, según su sitio¹¹. Sólo tres de esos proyectos se reflejan en los datos de contratación en Compranet.

El gobierno mexicano y las empresas participantes deben aceptar la condiciones en el proceso de licitación que impone el BDAN. Por ejemplo, se abren las bases de licitación y se aceptan propuestas, pero no hay un fallo inmediato, al contrario, se llama a la empresa que mejor propuesta haya enviado, y si se llega a un acuerdo entre ella, la dependencia y el BDAN, se hace el contrato. De otra forma, se llama a la empresa con la segunda mejor propuesta.

Otros bancos financiadores

Entre 2011 y 2018, México hizo 1,767 contratos por 5,379,257,817 pesos y las unidades compradoras reportaron en todos ellos haber tenido dinero de bancos y organismos internacionales. Además del BID y el BDAN, como financiadores también están el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Oficina Internacional del Trabajo Acuerdo Bilateral (OITAB), que financiaron proyectos de 89 instituciones públicas, según el análisis de datos hecho para este reportaje.

La mayoría de los organismos ejecutores del financiamiento internacional han sido las dependencias estatales, como la JAPAY y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Pero las tres principales instituciones que hicieron más contratos con ese dinero son el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), y la Comisión Nacional de Electricidad (CFE).

El principal ejecutor del dinero del BIRF ha sido el BANSEFI, de acuerdo con lo que aparece en Compranet. Según el BIRF, entre 2002 y 2011 tuvo cinco proyectos con BANSEFI como responsable. Precisamente el 1 de diciembre de 2011, el BIRF aprobó el Proyecto de Inclusión Financiera y Consolidación del Sector de Ahorro y Crédito, con un compromiso de 100 millones de dólares¹². 19 días después BANSEFI contrató al World Council of Credit Unions, Inc., para la “adquisición de servicios de no consultoría”, por 349,720,000 pesos. Ese es el contrato con mayor importe de BANSEFI donde aparece el BIRF como financiador. El mismo 20 de diciembre de 2011, la dependencia hizo otros cuatro contratos por 875,721,344 pesos con financiamiento del banco perteneciente al Banco Mundial.

Otro proyecto de BANSEFI para el que usó financiamiento del BIRF en 2014 fue el programa Prospera Más, en el que intentó unir fuerzas con la antigua Secretaría de Desarrollo Social -ahora Secretaría del Bienestar- y Mastercard, para fomentar la inclusión financiera de beneficiarias inscritas en el programa Prospera, para personas vulnerables y de escasos recursos¹³. En mayo de 2019 beneficiarias de ese programa en Xalapa, Veracruz, denunciaron que BANSEFI se negó a entregar los apoyos, dado el vencimiento de sus tarjetas, mismas que el propio banco no había renovado ante el cambio de nombre del programa con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador¹⁴.

El BIRF es uno de los 5 bancos pertenecientes al Grupo Banco Mundial y es el que, por monto, más contratos ha financiado en México: 603 contratos por 3,023 millones de pesos. También participó en conjunto con el BID en seis contratos y con la OITAB en dos.

Los bajos estándares para rendir cuentas sobre los contratos que se hacen en México provoca que por ejemplo, se encuentren más proyectos que usan dinero internacional en las páginas de los bancos financiadores que los que se pueden encontrar en los datos gubernamentales de contrataciones públicas. La falta de transparencia en este sentido, hace que sea difícil relacionar los contratos que sí se encuentran con los proyectos específicos, dado los escuetos títulos de contrato. La renovación de cómo se reportan las contrataciones en el país, con o sin financiamiento internacional, se vuelve urgente.

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