209 proveedores del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), en el sexenio pasado en la Secretaría de la Función Pública y ahora responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), están por debajo de la calificación mínima en su cumplimiento como para ser premiados al momento de ser contratados por el gobierno. Empresas como Deloitte (antes Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C.), ICA, Broxel y Dragados del Golfo cuentan con una calificación de cumplimiento otorgada por la autoridad menor a 80, en una escala de 0 a 100. Estos datos, obtenidos de Compranet, son analizados para el proyecto TodosLosContratos.mx de PODER, que evalúa cómo se reportan las contrataciones en México desde 2001 hasta 2018. Este proyecto se lanzará el 20 de agosto.

Hasta el 18 de julio de 2019, fecha de descarga de los datos de proveedores del RUPC¹, había 18,720 proveedores en dicho registro, de los cuales 9,423 tienen un grado de cumplimiento de 100; de esos, 293 aparecen con 100 tanto en el listado de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) como en el de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).

11,108 proveedores han sido evaluados por sus contratos celebrados bajo la LAASSP, de los cuales 170 están por debajo de 80, pero de esos, sólo 75 tienen una calificación por encima de 0.00. Mientras que 2,021 proveedores han sido evaluados por sus contratos bajo la LOPSRM, de los cuales 39 tienen un grado de cumplimiento menor a 80. A 5,591 proveedores en el RUPC no se les ha evaluado ni un contrato, a pesar de que algunos cuentan con contratos ya terminados.

Las responsables de evaluar el cumplimiento del proveedor son las Unidades Compradoras de cada dependencia del gobierno y deben evaluar cada contrato al término del mismo², para hacer un promedio entre los contratos evaluados en los últimos 5 años desde su inscripción en el RUPC y establecer un grado de cumplimiento, que se mide de 0 a 100. El objetivo es que esa información pueda ser consultada cada vez que se le otorga un contrato a un proveedor y que si su grado de cumplimiento es igual o mayor a 80, se le reduzca desde 10% hasta 50% el monto de la garantía de cumplimiento, dependiendo de su calificación³. Sin embargo, actualmente, si el grado de cumplimiento es menor a 80, ésto no representa ningún obstáculo para que los proveedores sigan siendo contratistas del gobierno.

La base de datos de proveedores evaluados de la SFP no es clara en explicar cómo se construyen algunos de sus campos, no se conoce qué parámetros se usan para medir el cumplimiento ni los códigos de los contratos evaluados, por lo que no es posible revisarlos. Además, la forma en que se evalúa, da oportunidad a que los proveedores que no cumplieron totalmente con sus contratos previos, sigan siendo contratistas sin que se pueda revisar su grado de cumplimiento.

Proveedores que no cumplen

Según los datos del RUPC, el despacho Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C., ahora propiedad de la firma internacional Deloitte, tiene 93 contratos en Compranet (dato que no se sabe si se construyó usando Compranet -antes Compranet Plus-, Compranet 3.0 o ambos, pues el diccionario de la base de datos no lo especifica), sólo 2 evaluados y 63.50 como grado de cumplimiento.

Según un análisis con datos que podrán encontrarse en QuiénEsQuién.Wiki a partir del 20 de agosto, 63 contratos con Deloitte fueron hechos después de su registro en el RUPC y 50 de ellos le fueron adjudicados después de que el primero terminara y supuestamente fuera evaluado. Los tres principales clientes gubernamentales de la consultora para esos 63 contratos fueron la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Administración Portuaria Integral de Veracruz y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Otro caso es Dragados del Golfo, S.A. de C.V., una firma con sede en Veracruz, con un grado de cumplimiento de 76.30, que obtuvo 10 contratos después de que su primer contrato obtenido desde su fecha de registro en el RUPC fuera evaluado.

Una de las que tiene menor grado de cumplimiento, 44.74, es la firma Especialistas en Limpieza Coordinada y Mantenimiento, S.A. de C.V., prestadora de servicios de limpieza. Tiene 75 contratos, de los cuales 38 fueron evaluados.

Destaca el caso de Broxel, operadora de servicios financieros dentro de la industria financiera-tecnológica, a la que se le calificó sólo un contrato, único que se celebró después de su fecha de inscripción en el RUPC, y obtuvo un grado de cumplimiento de 72. Según el RUPC esta firma tiene 9 contratos, pero los datos sistematizados en TodosLosContratos arrojan sólo 6. Ningún conteo toma en cuenta el contrato para la emisión de las tarjetas del Metro de la Ciudad de México, por no haber ocupado dinero federal.

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Contratos no reportados

A la práctica de que algunos contratos no se evalúan, se suma los casos en los que los contratos no son ni reportados en la base de proveedores evaluados de Compranet.

ICA (Ingenieros Civiles Asociados), una de las constructoras más grandes del país, tiene 22 contratos reportados en el RUPC bajo la LOPSRM, cifra que no coincide con los 24 que se encuentran en los datos analizados por PODER. Además, en la base de proveedores evaluados no aparecen los, por lo menos, 4 contratos adjudicados bajo la LAASSP que tiene ICA y que sí están en los datos para este reportaje. Tres de esos contratos terminaron hace 5 años y ni uno ha sido evaluado.

Según datos analizados por PODER, la empresa de Bernardo Quintana que ha enfrentado diversas crisis financieras, tuvo 6 contratos después de su fecha de registro el 4 de agosto de 2014, por 480,1947,077 pesos. Si bien su primer contrato desde su inscripción en el RUPC terminó 4 años después, los otros cinco terminaron entre 2015 y 2017, y a la fecha de descarga de los datos, sólo dos habían sido evaluados, con un grado de cumplimiento de 45.

Las tres principales dependencias compradoras para esos 6 contratos de ICA fueron la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Prevención y Readaptación Social y la SCT.

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Si bien el principio de evaluar a los proveedores del gobierno es un buen indicador de transparencia y podría ser útil para la rendición de cuentas, la forma en que actualmente funciona esa evaluación -sin una penalización a los que están por debajo de 80 en su cumplimiento y sin documentación suficiente que permita aclarar cómo se construye la calificación-, evita que se cumpla el objetivo.

Según el análisis, se vuelve evidente que es necesaria una evaluación de proveedores y contratos completa, que abarque diferentes aspectos a calificar, y que eventualmente se reporte de manera clara.

Al momento de esta publicación, la SHCP no ha respondido a la solicitud de información para resolver dudas metodológicas sobre cómo se construye la evaluación ni sobre si se planean mejoras al sistema de evaluación.