El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) Sustentable, que es el índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que contiene a las 30 empresas que supuestamente cumplen con altos estándares de medio ambiente, impacto social y gobernanza, se encuentra en un punto de inflexión para seguir probando su su validez.

Por lo menos seis empresas del índice, según un análisis de PODER con base en datos de QuiénEsQuién.Wiki, están involucradas en controversias ambientales, financieras y sociales: Grupo México con sus derrames de sulfato cobre en Sonora en 2014 y recientemente de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés; Mexichem con su explosión en el Complejo Pajaritos; Infraestructura Energética Nova (IENOVA) con su gasoducto que afecta a la Tribu Yaqui; Cementos Mexicanos (CEMEX) con sus contratos con Israel para el Muro separatista con Palestina; Alfa con su nuevo consejero, José Antonio Meade Kuribreña, señalado en el juicio contra Rosario Robles; y Grupo Financiero Banorte con su Afore XXI Banorte, que pactó con otras afores para beneficiarse por encima de sus clientes.

Estas contradicciones se podrían balancear con la actualización del IPC e IPC Sustentable que se presentará el próximo 20 de septiembre¹. En el caso del IPC Sustentable, RobecoSAM será la nueva evaluadora en lugar de la Universidad Anáhuac del Sur², que junto a EcoValores, la socia mexicana de la inglesa Experts in Responsible Investment Solutions (EIRIS), participó desde 2011 en la construcción del índice. EcoValores dejó de ser evaluadora en 2016.

Derrames y explosiones “sustentables”

Grupo México -propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México- se mantiene en el IPC Sustentable a pesar de que en agosto de 2014 su mina Buenavista del Cobre provocó el peor desastre de la historia minera de México, al derramar 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi y afectar a casi 25 mil personas, y de que el 9 de julio de 2019 derramó 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, poniendo en peligro uno de los mares con mayor biodiversidad del mundo.

La minera tampoco cumplió los estándares de gobernanza, ya que en el caso del derrame del río Sonora primero informó a los inversionistas y a la BMV que se trataba de un accidente a causa del exceso de lluvias y después se probó que fue una negligencia, que Grupo México adjudicó a la empresa que había instalado las tuberías en el represo Tinajas. Entre los actuales consejeros de Grupo México están Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Larrea y hasta este año director general de Rotoplas, de la que se adquirieron tinacos para supuestamente remediar las afectaciones del derrame; Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly Clark (empresa que también forma parte del IPC Sustentable), y padre de Claudio X. González Guajardo, fundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización señalada por la opacidad en la obtención de sus fondos.

Además son consejeros Antonio del Valle Ruiz y Fernando Ruiz Sahagún, que repiten presencia en el consejo de administración de Mexichem³.

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Mexichem, también en el IPC Sustentable, era la empresa propietaria de Petroquímica Mexicana de Vinilo, a su vez dueña de la planta Clorados III, que explotó dentro del Complejo Pajaritos de Pemex, causando la muerte de 32 personas y afectaciones a otras 160 que resultaron heridas. El 20 de abril de 2016, día de la explosión, la empresa reportó el desastre de forma puntual en la BMV⁴, pero no cumplió con el plazo marcado por las autoridades ambientales para entregar los documentos sobre cómo remediaría las afectaciones. Pasados tres años del desastre, y aún sin una remediación efectiva de la zona, la empresa presidida por Juan Pablo del Valle Perochena (hijo de Antonio del Valle Ruiz), cambió de nombre a Orbia, y asegura que se enfocará en trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como guía⁵.

Destacan en el consejo de administración Eduardo Tricio Haro, dueño de Grupo Lala, empresa que también aparece en el índice; Jaime Ruiz Sacristán, ex presidente de la BMV y primo de Antonio del Valle Ruiz; y Fernando Ruiz Sahagún, socio fundador del despacho Chévez, Ruiz, Zamarripa, que ha sido asesor de la propia Pemex. Este último es uno de los consejeros más buscados en los últimos seis años, según el diario El Financiero⁶.

También son consejeros Guillermo Ortiz, economista y presidente entre 2010 y 2011 del Panel Externo de Revisión de la Gestión de Administración de Riesgos del Fondo Monetario Internacional; Eugenio Santiago Clariond Reyes, también consejero en Invex y en 2017 presidente del Capítulo Mexicano del Comité Empresarial de América del Norte⁷; Alma Rosa Moreno Razo⁸, empleada en Pemex entre 2010 y 2018, es decir, al momento de la explosión en Pajaritos; Divo Milan Haddad, presidente de Círculo de Crédito⁹; Juan Pablo del Río Benítez, también consejero en Minera Autlán; y Álvaro Soto González, administrador legal en Mexichem. Por el lado familiar, como consejeros están Adolfo e Ignacio del Valle Ruiz, Antonio del Valle Perochena, líder actual del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), y María Guadalupe del Valle Perochena.

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Gasoducto conflictivo pero “sustentable”

La Tribu Yaqui, en Sonora, se opone a que el Gasoducto Sonora pase por sus tierras. Su oposición se considera sabotaje, aunque no se ha realizado una consulta previa, libre e informada como establecen los estándares internacionales en respeto al derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación. La contratación la realizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2012 y la empresa encargada de realizarla es Infraestructura Energética Nova (IENOVA), subsidiaria de la estadounidense Sempra Energy, y parte del IPC Sustentable. El conflicto ya ha cobrado la vida de un joven de 18 años¹⁰ y a pesar de la tensión social, el estado sigue pagando a la firma aún sin terminar la construcción del ducto, como documentó Avispa Midia¹¹.

IENOVA está presidida por Carlos Ruiz Sacristán Director de Pemex y Secretario de Comunicación y Transportes en el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) y hermano de Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la BMV. Las conexiones van incluso más allá, Tania Ortiz Mena López Negrete, fue una pieza clave en la negociación con la CFE: “Mientras que ella formó parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como consejera (período 2015-2018), al mismo tiempo, se mantuvo como ejecutiva de Sempra, entre 2014 y 2018. Es decir, ocupó los dos roles de manera simultánea”, según el reportaje de Santiago Navarro en Avispa Midia. Ortiz Mena empezó a trabajar en IENOVA en el 2000, en septiembre de 2018 fue nombrada directora general y desde el 30 de enero de 2019 también es consejera en IENOVA¹².

Como consejeros de IENOVA también están José Julián Sidaoui Dibb y Alberto Felipe Mulás Alonso. El primero es ex subgobernador del Banco de México y también se unió en 2014 al Consejo de Administración de Grupo Financiero Interacciones¹³, recientemente fusionado con Grupo Financiero Banorte, que forma parte del IPC Sustentable. Mulás Alonso fue subsecretario de vivienda en la Secretaría de Desarrollo Social en la presidencia de Vicente Fox¹⁴, y además actualmente es consejero del Grupo Aeroportuario del Centro Norte, también integrante del índice sostenible.

Muro separatista y “sustentable”

El muro que separa Israel y Palestina, así como colonias israelitas en Cisjordania, está construido con materiales de Cementos Mexicanos (CEMEX). Desde 2004 la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el Muro israelí es ilegal por violar el Derecho Internacional. Aún así, CEMEX recibe pagos de Israel a cambio de su cemento y se mantiene en el IPC Sustentable.

“La complicidad de empresas como CEMEX permite que las políticas israelíes de ocupación, segregación racial y colonización se sigan desarrollando desde hace casi 70 años”, declararon en 2017 un grupo de organizaciones en una carta contra las acciones de CEMEX en Israel¹⁵. A raíz de ello, en 2015 el fondo de pensiones noruegas, KLP Funds, excluyó a CEMEX de sus portafolios de inversión¹⁶.

La cementara presidida por Rogelio Zambrano Lozano afirma en su sitio web y a sus inversionistas que sus tres plantas localizadas en Territorios Palestinos Ocupados, “operan en zonas industriales con los permisos y licencias requeridos por las leyes locales, y permanecen comprometidas con los principios delineados por el Pacto Mundial de la ONU”¹⁷.

CEMEX es una empresa que, a pesar de ser multinacional, mantiene su Consejo de Administración con lazos familiares y de conocidos. Uno de los consejeros más públicos es Francisco Javier Fernández Carbajal¹⁸, también consejero en Fomento Económico Mexicano (FEMSA) y Alfa, empresas regias que aparecen en el IPC Sustentable. Armando Garza Sada, presidente de Alfa y consejero de FEMSA, también es consejero de la cementera.

Los Fernández Carbajal, junto con los Zambrano y los Garza, son familias que se mantienen presentes en diferentes empresas de la BMV y en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, al ser CEMEX una de las empresas detrás de su fundación. En dicha universidad murieron cinco estudiantes, por el derrumbe de unos puentes mal construidos, durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.

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La “sustentable” del ex candidato

Uno de los cambios más sonados en cuanto a consejos de administración, fue el anuncio de Alfa al integrar en 2019 al ex candidato a la presidencia del país por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña como consejero independiente. Tras el juicio en contra de Rosario Robles por el desvío de dinero como secretaria de Desarrollo Social, el juez responsable, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a Meade, quien fue sucesor de Robles en la Secretaría de Desarrollo Social¹⁹. Alfa anunció a sus inversionistas la entrada de Meade, a través de un evento relevante ante la BMV, pero no emitió ningún comentario ante la investigación de su consejero. Su lugar en el IPC Sustentable tampoco se vio afectado.

La firma industrial es presidida por Armando Garza Sada, uno de los empresarios más influyentes en México. Participó en el grupo de Comercio e Inversión del B20 -grupo de afinidad del sector privado con el G20- como co-presidente. La familia Garza Sada también forma parte desde los inicios del CMN, la organización empresarial más poderosa del país, que históricamente ha tenido vínculos muy cercanos con el poder político.

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Afore multada pero “sustentable”

Grupo Financiero Banorte, presidido por Carlos Hank González, forma parte del IPC Sustentable desde su primera muestra en 2011, y si bien es una firma que anualmente publica su reporte de sustentabilidad, recientemente se ha visto a su administradora de fondos de ahorro para el retiro, Afore XXI Banorte, involucrada en actos que desfavorecían a los clientes.

La afore de Banorte pactó con otras tres, Profuturo GNP Afore, Afore Sura y Principal Afore, para reducir los traspasos de cuentas individuales, acto al que todo aquel inscrito en una afore tiene derecho, para así disminuir la competencia entre ellas, según se dio a conocer en 2017. Por esto, la Comisión Federal para la Competencia Económica (COFECE), las multó por alrededor de 1,100 millones de pesos²⁰. Grupo Banorte no perdió su lugar en el IPC Sustentable, y al contrario, después de que Afore XXI Banorte aceptara su culpabilidad, anunció que buscaría una reducción de la multa²¹.

Grupo Financiero Banorte tiene 27 consejeros: 24 hombres y tres mujeres. Destacan Alfredo Elías Ayub, director de la CFE durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón y a quien el actual director de la empresa productiva del estado, Manuel Bartlett, acusa del debilitamiento de la CFE por firmar contratos que favorecían a empresas privadas²²; y José Antonio Chedraui Eguía, director comercial de Grupo Comercial Chedraui, que demandó a Fiesta Mart, empresa que compró en 2018 en Estados Unidos, por 13 millones de dólares porque la adquisición “se volvió desagradable”, según informa Chedrauileaks. La empresa no ha mencionado públicamente las demandas a sus inversionistas²³.

En el lado de las consejeras, están Guadalupe Phillips Margain, directora general de ICA; Carmen Patricia Armendáriz Guerra, presidenta de Valores Financieros; y Graciela González Moreno²⁴, madre del presidente de Banorte, Carlos Hank González.

Una oportunidad de cambio

La razón por la que cualquier empresa del IPC Sustentable permanece en el índice, a pesar de violentar derechos humanos, es que cuando éste se creó la BMV, con Luis Téllez Kuenzler como presidente, no adquirió de EcoValores su servicio Convention Watch y el sistema Factiva, a través del cual se monitorean notas en la prensa sobre el incumplimiento por parte de las empresas de los principios ambientales y sociales. Cuando una firma comete una falta ambiental, social o de gobernanza, la evaluadora le manda un alegato, al cual la empresa puede responder de formas distintas. Si no responde, o si responde pero sigue repitiendo acciones que dañan, entonces es expulsada del índice.

Además de Grupo México, Mexichem, CEMEX, Grupo Financiero Banorte, Alfa y IENOVA, pertenecen al IPC Sustentable: Alsea, América Móvil, Arca Continental, Banco Santander México, Bolsa Mexicana de Valores, Coca-Cola Femsa, Controladora Vuela Compañía de Aviación, Corporación Inmobiliaria Vesta, Fomento Económico Mexicano, Genomma Lab Internacional, Gentera, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, Grupo Aeroportuario del Sureste, Grupo Bimbo, Grupo Elektra, Grupo Herdez, Grupo Lala, Grupo Rotoplas, Grupo Televisa, Hoteles City Express, Industrias Peñoles, Kimberly Clark de México, Quálitas Controladora y Walmart de México. Todas ellas con profundos vínculos con la élite económica mexicana y con el Consejo Mexicano de Negocios.

Desde hace dos años la BMV dejó de gestionar la conformación de la muestra de los índices, incluido el IPC Sustentable, y creó una alianza con S&P Dow Jones Índices para que ésta fuera la gestora. Con el cambio a RobecoSAM como evaluador del índice sustentable, la BMV dejó de ser intermediaria. Ahora RobecoSAM envía directamente a S&P su evaluación para que ésta aplique su metodología y defina la muestra.

RobecoSAM contestó a PODER que su evaluación sí cuenta con un Análisis de Medios y Stakeholders (MSA por sus siglas en inglés), a través de su herramienta de monitoreo RepRisk, para encontrar “controversias corporativas”. “Las historias en las noticias que el Análisis de Medios y Stakeholders cubre, incluyen un rango de temas como crimen económico o corrupción, fraude, prácticas comerciales ilegales, temas de derechos humanos, disputas laborales, seguridad laboral, accidentes catastróficos o violaciones ambientales”, según el manual de la metodología MSA²⁵.

Sin embargo, incidentes o acusaciones “sobre actividades legítimas, incluso si esas actividades son controversiales en su naturaleza”, no son consideradas como casos dentro del MSA. Dentro del manual se define que sólo los casos calificados por RobecoSAM y por el Comité de Índices Sustentables de S&P Dow Jones como extremadamente severos, podrían resultar en un ajuste inmediato en la calificación de la empresa y en su posible exclusión del índice.