Los ríos de la revolución

Los ríos de Jalisco, en México, están tomados, y desde los gobiernos se da prioridad a la industria por encima del abastecimiento de las comunidades. Aprovechando ese escenario, seis empresas cimbran conflictos entre los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que se resisten a entregar sus ríos o tierras.

Se trata de las firmas La Peninsular, S.A. de C.V.; Abengoa México, S.A. de C.V.; Amway de México, S.A. de C.V.; Grupo Hermes Infraestructura, S.A. de C.V.; Grupo México, S.A.B. de C.V.; y La refinería “Ing. Antonio M. Amor” (RIAMA), que encumbraron fuertes relaciones con funcionarios públicos de todos los niveles (y países), permitiéndoles así, apoderarse de dos de los caudales más valiosos para el país, los ríos Lerma y Verde.

Deudas bursátiles, contrataciones públicas adjudicadas directamente que ascienden a más de 14 mil millones de pesos, desplazamiento forzado y el constante riesgo sanitario, son la realidad provocada por el gobierno estatal y las seis empresas, que actualmente ostentan parte de los proyectos hídricos más ambiciosos de la región del Bajío en los ríos mencionados. Los habitantes de los pueblos afectados se cansaron de las promesas del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018), de poner el interés público por encima del privado y constituyeron la Revolución del Agua, un frente de lucha.

El hidroecosistema político

La guerra comenzó en Arcediano y la trasladaron al Zapotillo. La presa de Arcediano, en las zonas bajas de la barranca de Huentitán, estaría ubicada en una de las poblaciones más alejadas de la Zona Metropolitana de Guadalajara y según el gobierno local, debió estar lista para el año 2005, pero jamás se pudo concluir. Al no ser notificados los trabajadores de la obra, continuaron con sus labores hasta principios de 2017. Esto causó molestia entre los pobladores que se resistían al proyecto¹

Y se enfrentaron. Ante la renuencia de las autoridades a suspender definitivamente el proyecto, la resistencia civil instaló un campamento de activistas en el predio de una ciudadana llamada Guadalupe Lara, la única pobladora de la región a quien el gobierno estatal no pudo expulsar debido a seis amparos federales con los que defendió su hogar.

Ese mismo colectivo que organizó el plantón, solicitó además de la cancelación del proyecto y la destitución de Enrique Dau Flores, entonces titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y primer asesor de Aristóteles Sandoval Díaz. También se pedía la consignación de Dau Flores por los delitos de desacato a los amparos que interpuso Guadalupe Lara, quien se ha visto afectada por los trabajos preliminares para el embalse.

Al no poder montar la presa en ese lugar, el entonces funcionario del CEAS, Enrique Dau, decidió llevar el negocio a los causes del río Verde², explica para PODER el investigador y empresario del maíz, Manuel Villagomez.

“Enrique Dau Flores es un referente del problema del agua, él es un empresario del agua. Tiene 40 años dentro del gobierno manejando las dos puntas, sus empresas particulares y los proyectos de agua, Enrique Dau hizo el proyecto del Zapotillo porque Vicente Fox presionó mucho a Ramírez Acuña y Enrique Dau para que hicieran con el agua lo que él quería. Es un proyecto del PAN. Todos los convenios que desde la función pública firmó Enrique Dau, siempre ha puesto por encima el interés particular, sobre el interés general. Ese es Enrique Dau”.

El 29 de junio de 2017 Aristóteles Sandoval, entonces gobernador de Jalisco, anunciaba el fracaso: “Tengo que reconocerlo con toda sencillez y dejarlo absolutamente claro, salvar Temacapulín, ya no es técnicamente una variable asequible…”³. “Jorge” como le decían sus colaboradores al exgobernador priista, había faltado a su promesa y condenaba a los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo al despojo de sus tierras para construir una cortina de cemento de 105 metros que los dejaría bajo el agua.

Uno de los argumentos del Gobierno del Estado de Jalisco y la Comisión Nacional del Agua para tomar dicha elección era el del presunto rescate del lago de Chapala. Asegurando que la captación del río Verde estaba comprometida y que las plantas de tratamiento existentes no lograrían funcionar con toda el agua que se pretendía almacenar, los activistas aseguraron que los dichos oficiales no eran sostenibles.

“La supuesta relación que hay (entre el Lerma y el Zapotillo), son unas mentiras que ha estado echando el gobierno que dice que al construir la presa del Zapotillo, va a apoyar al lago de Chapala a través de su cuenca, pero no. La verdad es que ellos han propuesto que el agua que sacan de la presa el Zapotillo, se mande a León y que en León la van a tratar, ya tratada la mandan al río Turbio y de ahí la mandarán para apoyar la cuenca del río Lerma. Ahí hay un mensaje que lógicamente nosotros no aceptamos, porque en primer lugar en León las plantas de tratamiento no pueden con el agua de las curtidurías, la están mandando cruda, es decir, no tienen capacidad de limpiar esa agua, la mandan sucia al río Turbio, eso está en el convenio de 2005 que firmó Ramírez Acuña (exgobernador de Jalisco) con el gobierno federal y ese convenio estamos intentando echarlo abajo porque hay riesgo de contraer cólera. Ahí no hay ninguna mejoría para Chapala”, aseguró Villagomez.

Una transacción a la orilla del caudal

El negocio de la presa el Zapotillo implica ya 16,162 millones de pesos. Esa suma se divide en dos obras en las que el Gobierno Federal aporta dinero: en primer lugar está la presa con 93.8% proveniente del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y 6.2% de recursos estatales; asimismo, la segunda obra se trata de un acueducto con una planta de tratamiento y distribución, esta edificación se realizaría con un 58.7% de inversión privada y un 41.3% del Fondo Nacional de Infraestructura (el documento de la Conagua se publicó sin especificar la suma de cada proyecto)⁴.

La presa le fue concesionada a las firmas La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V., FCC Construcción, S.A., y a Grupo Hermes, S.A. de C.V.. Los inversionistas del acueducto son Abengoa México, S.A. de C.V., Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, S.A. Sociedad Unipersonal, y Abeinsa, Ingeniería y Construcción Industrial, S.A.

En ambos proyectos, las empresas encargadas tienen fuertes señalamientos. En 2016, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) comunicó la suspensión de los certificados bursátiles de corto plazo de Abengoa, inversionista en la obra hídrica. Este acto ocurre cuando las empresas listadas en la bolsa se encuentran en alguna situación de crisis. En el caso de la española, fue debido al incumplimiento de pago de los cupones de emisiones⁵. Es decir estaba cerca de declararse en bancarrota.

El 27 de enero de 2017, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó una convocatoria por la asamblea de tenedores de los certificados bursátiles “ABNGOA 01115”, en donde se anunció que la empresa sería respaldada por Monex Grupo Financiero para lograr acuerdos con los tenedores a quienes Abengoa debía activos⁶.

Monex era la empresa que según diversas investigaciones periodísticas había erogado más de 4 mil millones de pesos en la campaña de 2012 para lograr que Enrique Peña Nieto llegara a la Silla Presidencial⁷.

Tal y como lo mencionaron los activistas del agua, Enrique Dau Flores, estuvo siempre detrás de las negociaciones relacionadas con El Zapotillo. “Es el hombre del dinero”, dice un ex funcionario que pidió reservar su identidad. Se trata de un priista con más de 40 años en la función pública, alguien que bien puede tomar asiento con los líderes del tricolor, como con los del Sol Azteca o el Albiazul.

Las aguas del río Verde son las más cotizadas de la región, esto debido a que no se encuentran tan contaminadas como las del Lerma-Santiago o el río Turbio. El exfuncionario de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, Enrique Dau Flores, no desaprovechó la oportunidad. El priista decidió apoyarse en el conocimiento que tuvo en la materia y constituyó otro negocio: La hidroeléctrica el Zapotillo, que funcionaría únicamente cuando el agua de la presa alcanzara su máximo.

Lerma-Santiago: El río que palideció por los metales

El río Lerma nace en Almoloya del Río, en el Estado de México y atraviesa los estados de Querétaro, Guanajuato, Michoacán hasta desembocar en el mismo lago de Chapala de Jalisco, y es uno de los más contaminados del país a causa de los miles de vertederos de metales y desperdicios⁸.

Esa fuerte concentración de desechos proviene, en gran parte, de las empresas de Grupo México⁹ y la refinería RIAMA¹⁰, a las que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), les premia con permisos de extracción de agua, y el Gobierno Federal, con contrataciones públicas, a pesar de que arrojan sus desechos al río.

Las acusaciones contra Grupo México circundan entre las catástrofes ambientales y los beneficios mediante bienes públicos, siempre favorecida por los gobiernos del PRI y el PAN. Grupo México, a través de sus subsidiarias, recibió 27 concesiones diversas (principalmente mineras) por 83,582 hectáreas, según datos de la Secretaría de Economía.

RIAMA, es una de las 6 refinerías que existen en el país y la única del Sistema Nacional de Refinación que produce alcohol isopropílico (IPA). La empresa que mide 520 hectáreas forma parte del complejo industrial RIAMA de Petróleos Mexicanos (Pemex) y es una de las que más conflictos dieron cuando el Plan Nacional de Hidrocarburos trabajó en el abatimiento del robo de combustible¹¹. La misma refinería es presunta responsable de tener varios vertederos de desechos en el Lerma.

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Amway, por el agua y por la tierra

Otra de las irregularidades detectadas sobre el uso del agua, es la de los permisos de extracción del Lerma para empresas que no radican en las inmediaciones del cauce. Un ejemplo es lo ocurrido con la transnacional Amway/Nutrilite, S.R.L. de C.V., propiedad de la familia Devos, de la que el miembro más influyente es la actual secretaria de educación del gabinete de Donald Trump, Betsy Devos, cuya familia logró apropiarse de una porción considerable del agua del río Lerma pese a estar asentada en Jalisco y Colima¹².

Para el académico y activista del Observatorio Ciudadano del Agua, Guillermo Márquez, la irregularidad de la extracción en ríos lejanos se ejecuta de la siguiente manera:

“Es que luego encuentran trucos… Incluso donde es más patético es: si existe un acuífero sobre explotado y, tú tienes una concesión de un acuífero que sí tiene agua, puedes hacer un intercambio de volúmenes diciendo que el agua que tengo concesionada del acuífero A, que sí tiene disponibilidad de agua, yo no la puedo usar de ahí, necesito usar del acuífero B, entonces… ¿Cómo hicieron trampa en ese sentido?, pues que no están expidiendo un título del acuífero B. No sé si es legal, pero lo están haciendo”, explicó a PODER.

La misma empresa también está envuelta en un conflicto donde los campesinos luchan por la propiedad donde actualmente se construyen plantíos de transgénicos. El despojo se ejecutó el 15 de febrero de 1994, según cuenta Carmen Figueroa, la abogada que todavía trabaja con el ejido de San Isidro para la recuperación de sus tierras.

Reunidos en el Club de Industriales de Jalisco, un grupo de funcionarios y empresarios lograron fraguar un acuerdo para no entregar las 280 hectáreas al predio. En el documento que prueba la reunión, y del que PODER tiene una copia, se cita entre los asistentes al entonces delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Alejandro Díaz Guzmán; al exsecretario de Desarrollo Rural de Jalisco, Arturo Gil Elizondo; al exdelegado de la Secretaría de Desarrollo y Fomento Industrial, Gustavo Martínez Güitrón; y al subgerente de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, Rafael Hidalgo Reyes.

Para dicho acuerdo, Nutrilite, envió a David Tuttle (representante de lo jurídico) y a José Roberto Vargas Maciel -quien posteriormente fungiría como director adjunto de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)¹³ y propietario temporal de una parte del predio “El Petacal”- y a sus abogados Enrique Romero Anaya y Adriana de Aguinaga, además de Sergio Vargas Maciel, hermano de José Roberto.

El objetivo era el de representar a la empresa frente a un requerimiento que iba dirigido a Arturo Warman Gryj, receptor del oficio en el que el exgobernador de Jalisco Alberto Cárdenas, solicita al entonces Secretario de Reforma Agraria la expropiación de tierras ubicadas en el ejido de San Isidro.

Pero ese no es el único riesgo de la comunidad. Recientemente, cerca de cuatro hectáreas ubicadas en la localidad de San Isidro, son reclamadas por un sujeto identificado como Edgar Sadot Córdova Zamora, quien asegura ser el verdadero propietario de una zona donde han habitado más de 800 personas por más de un centenar de años. La persona que reclama la propiedad de las tierras de los parajes que inspiraron a Juan Rulfo para escribir El llano en llamas, argumenta por medio de un amparo presentado en 2013 (868/2013), que él es el auténtico dueño.

El acto reclamado es en contra de un decreto ejecutado en el mismo año de la demanda de amparo, en el que el expresidente municipal, mediante las oficinas de catastro, entregó títulosde propiedad a los habitantes. Hasta el momento del cierre de esta ediciónla presidencia municipal no se ha pronunciado al respecto.

La lucha sigue para las comunidades con el cambio de gobierno. El actual gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, quien había aprovechado la coyuntura mediática para prometer en campaña que “él sí protegería a los pueblos”, reculó¹⁴. El acuerdo que el político de Movimiento Ciudadano, Alfaro Ramírez, había realizado previamente a las elecciones era de mantener la cortina de la presa a 80 metros y no aumentarla para no inundar a las comunidades; sin embargo, ya en funciones, dijo que seguiría con el proyecto debido a que de todas formas la construcción ya ponía en riesgo a las comunidades¹⁵.

“Hay que recordar que la presa El Zapotillo no la hizo ni el Presidente de México ni un servidor, es una obra que ya está ahí y que ahora lo que necesitamos es que llegue el agua a la gente de Los Altos y a la gente de Guadalajara”, señaló, incumpliendo a su palabra¹⁶.

Con la postura del representante del gobierno, las compañías tienen la posibilidad de continuar con sus negocios. Según el análisis de Guillermo Márquez, experto en el tema del agua, apoderarse del agua del río Verde es importante para las empresas puesto que la contaminación del Lerma es tanta que su uso ya no es viable, principalmente para la industria de producción de alimentos.

Mira el video de Rompeviento TV sobre este tema:

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