Compartimos la participación de Miguel Soto, Director de Vinculación Estratégica y Campañas de PODER, en el marco del Foro de Empresas y Derechos Humanos celebrado en Ginebra, del 25 al 28 de noviembre de 2019.
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Introducción
En México, una de las más grandes corporaciones mineras en el mundo, Grupo México, de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, está construyendo una presa de jales gigante cuyo tamaño equivale a 40 mil campos de beisbol, cerca de una comunidad de 200 personas llamada Bacanuchi.
Esto ocurre en la misma zona donde hace 5 años la misma compañía (Buenavista del Cobre, subsidiria de Grupo México) derramó 40 millones de litros de sulfato de Cobre de la misma mina en los Ríos Sonora y Bacanuchi. El derrame afectó a cerca de 22 mil personas que viven a lo largo 250 kilómetros de la cuenca del Río Sonora. Esto fue calificado por el gobierno como “el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México”.
A cinco años de esa catástrofe, no hay remediación, el acceso a la justicia sigue ausente para las comunidades afectadas y la colusión entre autoridades y compañías permanece. Con la construcción de esta nueva presa de jales, pero mucho más grande, la inseguridad para las comunidades del Río Sonora va en aumento.
La situación para las personas de Bacanuchi empeora, en vez de obtener jusitica, reparación y garantías de no repetición ahora enfrentan más amenazas. La historia de negligencia de corporaciones como Grupo México nos hacen creer sin duda que la nueva presa fallará. La pregunta ya no es si fallará o no, la pregunta es cuándo ocurrirá esto y cuándo tiempo tiempo tomará que los desechos de esa mina lleguen a la comunidad de Bacanuchi y sus ecosistema.
A continuación les comparto 5 fallas fundamentales de la nueva presa de jales:
1) La presa fue construida sin participación ni consentimiento de la comunidad. El caso fue litigado y llevado ante la SCJN. Las y los jueces ordenaron una reunión pública informativa la cual se llevó a cabo pero no cumplió a cabalidad la sentencia emitida por la Corte por lo que deberá ser repetida.
2) No hubo acceso a la información por parte de la comunidad. Un llamado “informe preventivo” fue aprobado por el entonces gobierno mexicano en”fast track”, solo 20 días.
3) No hay información sobre el monitoreo de aguas superficiales ni subterráneas. No hay información sobre las medidas de mitigación o prevención de impactos sociales ni en el ambiente.
4) La presa fue construida y comenzó a operar antes de tener aprobación de Semarnat.
5) Grupo México ni siquiera ha cumplido con sus obligaciones luego del derrame que provocó en 2014.
Recomendaciones
Lo que comparto a continuación no son necesariamente recomendaciones sino más bien exigencias de las comunidades organizadas en los CCRS, quienes buscan justicia y remediación desde hace 5 años.
Es indispensable que todas las partes interesadas se hagan responsables de lo que les corresponde y respetar la ley y la Constitución Mexicana.
Estas son las demandas
Al Poder Judicial:
Deben atreverse a dictar sentencias en favor de los derechos humanos y no dejarse intimidar por las corporaciones.
El gobierno mexicano debe:
-Garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, al agua y al acceso a la información. Han pasado 5 años y la comunidad aún ignora si el agua y los alimentos provienen de fuentes limpias y seguras.
-Garantizar el derecho al consentimiento y la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada. La participación debe ser segura y acorde con los estandares internacionales más altos como los del Acuerdo de Escazú.
-Inspeccionar la presa y exigir los reportes/monitoreos sobre tierra, agua y aire. Estos reportes deben ser públicos.
El gobierno mexicano debe ratificar ya el acuerdo de Escazú.
Necesitamos medidas obligatorias de debida diligencia en derechos humanos para empresas.
Grupo Mexico e inversionistas:
-La compañía tiene que detener de inmediato la construcción y operación de la presa de jales.
-Detener la coerción y división de comunidades.
-Informar a las partes interesadas, incluyendo comunidades, autoridades locales e internacionales, inversionistas sobre la situación legal, política, ambiental y social del proyecto.
-Desarrollar y presentar ante las autoridades, comunidad y OSC su reporte sobre mitigación y remediación.
-Cumplir con sus obligaciones legales derivadas del derrame de 2014.
-Que se garantice la remediación, medidas de no repetición, la finalización de la construcción de varios centros de salud y la reapertura del fideicomiso creado para la remediación.
-Los inversionistas deben involucrarse en un enfoque de derechos humanos y exigir a las compañías que los cumplan. Si esto no ocurre los inversionistas deben retirar su dinero de empresas cuyas actividades violan derechos humanos.
Las comunidades han sido testigas de corrupción, impunidad y de la protección de la que gozan las élites económicas durante mucho tiempo. Es momento de que los Estados cumplan con sus obligaciones y para las corporaciones cambiar sus malas prácticas. Seguir operando con la idea de “business as usual” es inaceptable.
Ultima reflexión
Lo que aquí hemos escuchado en los diferentes casos es un patrón muy similar de abusos cometidos por actores que son, por mucho, más poderosos que los Estados mismos. Este desbalance de poder es el elemento clave que garantiza la impunidad en las industrias extractivas y esa es la razón por la que necesitamos acciones obligatorias para proteger a las comunidades y a nuestro ambiente. La captura corporativa del Estado debe ser detenida. Los derechos humanos no son negociables.