Compartimos el mensaje de organizaciones de la sociedad civil de América Latina en el marco del Foro de Empresas y Derechos Humanos celebrado en Ginebra, del 25 al 28 de noviembre de 2019.
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DIALOGO REGIONAL: LECCIONES APRENDIDAS, DESAFÍOS, INNOVACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Reflexiones desde los actores. ¿Estamos haciendo progreso?
27 de noviembre de 2019, Ginebra, Foro de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos, 8va Sesion
Se nos ha pedido que reflexionemos desde sociedad civil de América Latina y el Caribe sobre el progreso que estaríamos haciendo en la región en materia de empresas y derechos humanos.
Esta es nuestra visión.
1.- Esfuerzos insuficientes.
A pesar de los compromisos de derechos humanos adquiridos a nivel internacional y domestico por la mayoría de los estados, estos no se expresan nítida mente en lo referido a la actividad de las empresas.
Hasta ahora solo Colombia y Chile, han elaborado Planes de Acción Nacional (PAN) sobre Derechos Humanos y Empresas. Perú, México, Honduras y Argentina están en proceso de su desarrollo.
Aquellos existentes han sido elaborados con insuficiente información y participación de las comunidades afectadas por empresas, y de sociedad civil.
Los estudios de línea base elaborados por los estados para estos efectos no fueron adecuadamente incorporados en los PAN . Los Principios Rectores de la ONU en la materia tampoco fueron plenamente asumidos en ellos. En el caso de Chile, por ejemplo, el PAN no prevé la adecuación de los marcos normativos que inciden en la desprotección de los derechos humanos en el contexto de la actividad de empresas. Dichos Planes tampoco han sido implementados en su totalidad (Chile alrededor de un 40% al primer año, Colombia oficialmente el 86% al final 2do año).
El proceso de elaboración del PAN de Perú, en que se constata esfuerzos por construir confianzas a través de procesos de diálogos con sociedad civil, a pesar de las asimetrías, abre expectativas de un cambio de enfoque.
2.-Los impactos de la actividad empresarial en derechos humanos
Con todo, la actividad de empresas en la región sigue teniendo profundos impactos adversos en derechos humanos.
La matriz extractivista de las economías – reflejada en sus exportaciones – más de la mitad de ellas recursos naturales- impacta severamente los derechos de comunidades locales y pueblos indígenas.
Tal matriz, se ve reforzada con los acuerdos comerciales hasta ahora suscritos por los estados, sin participación, y sin asegurar una adecuada protección de los derechos humanos. A los acuerdo suscritos con EEUU y UE se suman hoy el TPP 11, en que participan México, Perú y Chile, y los acuerdos comerciales con China ( Costa Rica, Perú y Chile). La ausencia de consulta previa, y del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas de proyectos extractivos de grandes dimensiones incentivados por dichos acuerdos, sigue generando frustración
Ello explica la existencia de más de un centenar de conflictos socio ambientales por proyectos de inversión que hoy se verifican en Perú y Chile; y de cerca de 900 en México.
Junto a ello, solo el 2018 más de 80 defensores y defensoras del derecho a la tierra han sido asesinados en muchos casos, en defensa frente a actividades empresariales (Global Witness, 2018)
Los beneficios generados por la actividad económica en la región, liderada por empresas, no son distribuidos equitativamente. Nuestra región es la más inequitativa del planeta. Mientras el 10% más rico recibe el 40% del ingreso total, el 20% más pobre, sólo recibe solo el 2% (Banco Mundial, 2015).
El financiamiento ilegal de la política por empresas, la puerta giratoria, y la corrupción en general, involucran a empresas en todos los países de la región. El caso Odebrecht es demostrativo de ello. Este y otros casos – SQM en Chile, Banco de Crédito del Perú, Grupo Aval en Colombia, entre muchos otros- dan cuenta de un patrón de captura corporativa que resulta sumamente preocupante.
3.- Explosión social no puede sorprendernos.
No podemos sorprendernos entones de la enorme explosión social que hoy experimenta la región, tanto por cuanto afecta a la casi totalidad de los estados, como por la masividad y prolongación de la protesta ciudadana que se verifica en estos días.
En mi país Chile, la explosión social se prolonga ya por 40. La inequidad en los ingresos y el abuso por empresas, en particular las empresas privadas que controlan la salud y la seguridad social, y el reclamo frente a la captura corporativa del Estado, están al centro de ella. Lo mismo ocurre en la reciente protesta social en Colombia.
Por todo lo anterior es que pensamos que, lamentablemente, no estamos
haciendo progreso en materia de derechos humanos y empresas
4.- Los desafíos que de esta realidad surgen son muchos.
Ellos incluyen, en primer término a los estados. Tal como se señala en la convocatoria a este Octavo Foro de Naciones Unidas, para los estados «es hora de actuar.”
Ello implica en el nivel doméstico:
-Impulsar e implementar los PAN a través de procesos participativos con las comunidades afectadas y de manera transparente;
-Que asuman de manera efectiva los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la materia;
-Que promuevan la debida diligencia de las empresas públicas y privadas en materia de derechos humanos como obligatoria, como lo han hecho Francia y otros países;
-Que establezcan la consulta y el CLPI y reconozcan en ellos sus obligaciones extraterritoriales en la materia;
-Así como también establezcan indicadores y mecanismos de seguimiento efectivo de los PAN.
Junto a los PAN, los estados deben poner especial atención en:
-Fortalecer los mecanismos de reclamación y reparación judiciales y no judiciales;poner freno a la captura corporativa de los estados;
-Proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, investigar y sancionar a los responsables de violaciones a sus derechos, poniendo término a la impunidad hasta ahora existente en estos casos;
-Y dar protección efectiva a los derechos de pueblos originarios, afrodescendientes, incluyendo el derecho a la consulta y CLPI en el contexto de actividad empresarial.
En el plano internacional los estados deben:
-Asegurar que los acuerdos comerciales que suscriban garanticen efectivamente los derechos humanos, a través de la inclusión de cláusulas específicas, y de la realización previa de evaluaciones de impacto en derechos humanos (EIDH) de dichos acuerdos;
-Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), hasta ahora solo ratificado por cinco estados;
-Respaldar el Tratado Vinculante, un Tratado internacional sobre los deberes de las empresas de respetar los Derechos Humanos, con inclusión no solo de empresas transnacionales sino también de las empresas nacionales.
Para las empresas, se requiere que estas:
-Expliciten su compromiso político de respetar los derechos humanos;
-actúen con debida diligencia, en toda la cadena productiva y de suministros;
-respeten las decisiones de los pueblos y comunidades frente a las operaciones que desarrollen en sus territorios;
– y se abstengan de toda estrategia orientada a la influencia o captura corporativa de los estados
Para la sociedad civil y sectores afectados en sus derechos por empresas, dada su situación de desequilibrio de poder, se requiere impulsar estrategias que potencien
– La formación de comunidades en sus derechos en el contexto de empresas;
-la documentación y evaluación de impacto en derechos humanos (EIDH) por empresas;
– la defensa y denuncia nacional e internacional, en particular en la protección de los defensor@s de derechos humanos;
– y la coordinación para la incidencia en la elaboración de los PAN, y en el monitoreo de su implementación efectiva. La creación de una Plataforma sobre Empresas y Derechos Humanos con 20 organizaciones en Perú en contexto de la elaboración del Plan es un buen ejemplo en este sentido.
Solo si tod@s asumimos nuestras responsabilidades en este sentido podremos hacer progreso efectivo en la región, más allá de las declaraciones, en la materia que aquí nos convoca
Muchas gracias
José Aylwin
Observatorio Ciudadano, Chile