Una sociedad sin constituir, un abogado acusado de corrupción por el caso Lava Jato, y dos alcaldes, firmaron un acuerdo con el que se constituyó Grupo MAS, la compañía que arrebató las aguas municipales de Medellín, Veracruz y Boca del Río. Dos meses después, la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado reveló el modo en el que operaron para lograr un negocio de treinta años. Ahora, con nueve mil quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)¹ y dieciséis amparos en contra², los veracruzanos intentan expulsarlos.

Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A. de C.V., mejor conocido como “Grupo MAS”, es un consorcio conformado por las empresas Grupo Ambiental ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V., el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz (SAS) y los municipios de Veracruz y Medellín. Por su parte, el Grupo Ambiental ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V es otro consorcio conformado por las firmas Odebrecht Ambiental, S.A. e InterAgbar de México, S.A. de C.V..

Según se redacta en la Gaceta Legislativa número 97 del Estado de Veracruz, las empresas InterAgbar de México y Odebrecht Ambiental ganaron la Licitación Pública Internacional (LPI) número LPI-SAS-DAF-001/15 el día 09 de junio de 2015. Y para efecto de hacer uso de esa licitación, constituyeron, un día después (10 de junio), el consorcio ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V.³

Pero las fechas de la Gaceta Legislativa y el Contrato de Sociedad con el que se constituye la empresa ganadora de la licitación, no coinciden. El acta notarial que consta de la constitución del consorcio Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S.A.P.I. de C.V. (Grupo MAS) y del que PODER posee una copia, fue firmado el 01 de junio de 2015. Lo anómalo en dicho documento es que una de las empresas firmantes, Grupo Ambiental ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V., no existió sino hasta el 10 de junio de ese mismo año, según su acta constitutiva.

Es decir que sin haber constituido la empresa, el representante de Grupo Ambiental ProVeracruz, Javier Ramón Chuman Rojas (perseguido por la justicia brasileña en 2017), firmaba documentos legales a nombre de la misma, y los alcaldes de los municipios que entregaron su agua, no sólo lo sabían sino que firmaron de conformidad.

Sin trabajo, sin pago y sin pensión

Cuando Aguas de Barcelona (Agbar) y la Brasileña Odebrecht, ganaron el título de concesión que les otorgaba la facultad para gestionar el agua de las tres ciudades en el Puerto de Veracruz, responsabilizaron al Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) de los despidos que ellos generaron en julio de 2018. En tanto, en el Congreso continuaron con sus negocios autorizando el aumento tarifario. Los veracruzanos, en tan solo dos años, han sufrido un aumento del 26% en la tarifa regular por consumo.

Lo único que escucharon los más de mil trabajadores, es que una empresa extranjera había comprado los derechos de gestión de agua de su municipio y su puesto de trabajo sería ocupado por alguien ajeno a su sindicato.

El conflicto se hizo saber rápido y derivó en un levantamiento obrero que, hasta el día de hoy, mantiene las antiguas instalaciones del sistema de gestión del agua sin operaciones. Exactamente el 16 de julio de 2018, los trabajadores despedidos del SAS tomaron el edificio, y según sus propios dichos, no lo soltarán en tanto las autoridades no resuelvan su situación.

“El proceso de privatización comenzó en 2015, pero surte efecto en 2018. Desde ese momento fuimos vilmente despedidos más de 1500 trabajadores cuando le dan la concesión de agua a una empresa que es Aguas de Barcelona y Odebrecht, nosotros siempre nos opusimos”, comentó Angélica Navarrete, lideresa sindical de SAS.

En el estacionamiento de lo que fue SAS los sindicalistas calientan en un fogón de madera los alimentos del día y comparten las responsabilidades para poder hacer guardias de vigilancia, mientras unos cocinan, otros están en la puerta. Algunos de ellos toman empleos de horarios flexibles para poder compartir con sus compañeros los recursos necesarios para poder permanecer en huelga. Otros tantos ya fallecieron y nunca sabrán el veredicto.

La gente paga doble por todo, agua, servicios e infraestructura

Acorralado por los costos del servicio de agua en su colonia y preocupado por la contaminación en el Canal de la Zamorana, Rogelio Bonilla, vecino del Fraccionamiento el Floro, explica la emergencia que vive todos los días: “Este era un canal pluvial que a la hora de la privatización le metieron aguas negras”. La contaminación no es el único problema.

Según las narraciones del señor Bonilla, la nueva empresa, Grupo MAS, se encargó de desmantelar la planta de tratamiento de la región y a los pocos días de haber logrado la concesión, les aumentaron los costos por el servicio porque tras la llegada de Agbar, a algunos vecinos les llegó doble recibo o simplemente un aumento considerable de la noche a la mañana.

Las declaraciones de Bonilla se alinean a los documentos. En la papelería de entrega/recepción, de la que PODER posee copias, donde se especifica toda la infraestructura entregada por las autoridades el día 11 de septiembre de 2015 y signado por Ana Berta García, jefa de departamento de lo jurídico y control patrimonial y Carlos Fabián Zakimi, gerente de administración contractual del SAS, se registraron irregularidades como donaciones sin justificación o adquisiciones por el concepto de “Posesión” sin aclarar a lo que se refieren.

En el documento se explica el tipo de bien, dimensiones y porcentaje de aprovechamiento. El Pozo 1A ubicado en Norte #3 entre las calles Poniente 3 y Poniente 5 de la colonia Ruiz Cortínez, posee una superficie de 500 m² y con un porcentaje de aprovechamiento del 100%, el inmueble fue vendido por 950,000 pesos.

Otros, por ejemplo el Pozo 05, ubicado en el paseo del Lago entre las calles Andador y Centellas y Andador Tormenta con una superficie de 585 m², aprovechamiento del 100% y un valor de 11,193,000 pesos, únicamente reportan “Posesión” como medio de adquisición.

Asimismo, el Pozo Geo Villas en la calle Lirios entre Coatepec y calle 8 en la colonia Geo Villas del Sol, con una dimensión de 275 m², un valor de 349,000 pesos y un aprovechamiento también del 100%, estipula como medio de adquisición la “Donación”.

En ninguna parte del documento sobre los inmuebles se reportó que hubiera defectos o daños en los mismos; sin embargo, esto no concuerda con lo redactado en la Gaceta Legislativa, donde se explica que el motivo de generar la relación público privada con Agbar-Odebrecht, era que la empresa paraestatal SAS necesitaba inversión por crisis de las instalaciones y de la situación financiera.⁴

Un negocio “turbio” en tiempos de Duarte

“Todo esto nació en la época de Javier Duarte de Ochoa y obvio hay un cúmulo de posibilidades de corrupción porque no fue casual”, arremete la diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN). Y es que la asambleísta lleva por lo menos tres años intentando que las autoridades fiscalicen ese negocio.

Uno de los grandes rivales para que esto ocurra es el alcalde Ramón Pool Gil, quien se empeña en deslindar la concesión de aguas a Grupo MAS de Javier Duarte, sin embargo, existe prueba documental de que el exgobernador priista incluso inauguraba algunas sus obras.

En julio del 2019, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Dunyaska García presentó un Punto de Acuerdo para increpar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una investigación sobre la concesión; sin embargo, el pleno de asambleístas rechazó la oportunidad argumentando que: “Grupo MAS no posee bienes públicos”. Es decir, para la cámara de diputados, el agua y los inmuebles donados, no son un bien público.

La diputada explica para este medio de comunicación que existe una laguna legal que permite que las empresas exploten los recursos naturales y bienes muebles, sin ser objeto de investigación debido a que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) únicamente contempla como recurso nacional el dinero público. Es decir, las empresas que hacen negocio con los bienes naturales, muebles e inmuebles, no pueden ser sujetas a una investigación de la ASF.

“Consideramos que hay una gran laguna en lo legal cuando los federalizados son únicamente considerados cuando son en materia financiera, dejando de lado los intangibles o naturales, que en este caso son tomadas por empresas transnacionales para hacer negocio”, comentó la diputada federal.

En decir que para la legisladora, el hecho de que el contrato coincida con el involucramiento de las empresas Odebrecht Ambiental e InterAgbar, junto a la administración del ahora preso Javier Duarte de Ochoa, acusado de organización criminal y lavado de dinero, hace necesaria una investigación inmediata del título de concesión.

*Esta publicación se ha producido en conjunto con Ingeniería Sin Fronteras Cataluña y con la contribución financiera de la Unión Europea, su contenido es responsabilidad exclusiva de PODER.