El pasado 12 y 13 de marzo de 2020 se llevó a cabo en la Ciudad de México el foro regional sobre ‘Debida Diligencia en Derechos Humanos y Reparación frente a los Impactos de las Actividades Empresariales en México y América Latina’. Uno de sus objetivos fundamentales fue detonar un diálogo incluyente y multi-actor sobre cómo elevar el potencial que las empresas tienen para ser agentes reales de cambio en un contexto nacional de graves abusos a los derechos humanos vinculados a las actividades empresariales y de emergencia global.
El evento fue co-organizado por el Grupo Focal de Organizaciones de la Sociedad CIvil para Empresas y Derechos Humanos en México, organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y la Universidad de Monterrey.
El foro regional contó con la asistencia de más de cien personas cada día, incluyendo a personas de comunidades de México y Latinoamérica, del sector privado, representantes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales internacionales y academia. Además, participaron en diferentes mesas de discusión cuarenta y siete ponentes de distintos países, entre ellas Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Dante Pesce, miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.
El foro regional no solamente representó un evento histórico que logró reunir a personas con roles claves para impulsar la debida diligencia en materia de derechos humanos y reparaciones efectivas, sino que visibilizó la necesidad de buscar a nivel regional y nacional que los gobiernos tomen medidas para la protección de los derechos humanos ante los impactos negativos que las empresas pueden llegar a generar.
Un evento como el foro regional resulta de suma importancia en un contexto global como en el que nos encontramos. Solo en el año 2019 se documentaron 572 ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos, ataques que en su mayoría se llevaron a cabo en América Latina.
Al día de hoy, en Latinoamérica y México no existen mecanismos obligatorios de debida diligencia en materia de derechos humanos para hacer frente a las consecuencias negativas de los derechos humanos de comunidades y personas que son afectadas por operaciones de las empresas. Así, en la coyuntura de la pandemia del COVID-19 la consecuencia por la falta de debida diligencia en derechos humano ha resultado en violaciones de derechos humanos: los derechos laborales de personas a las que se les ha obligado a reducir sus salarios y que han sido sometidas despidos injustificados; el derecho a la salud de miles de personas a las que se les expone a contraer el virus al seguir operando empresas cuyas operaciones no son esenciales; el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas que laboran en el sector salud y desempeñando labores esenciales.
El foro regional abrió un espacio necesario para el contexto en el que hemos vivido y en el que nos encontramos ahora para abrir un diálogo entre representantes de comunidades vulneradas, representantes de gobierno y de empresas y de intercambio de experiencias a nivel global y regional y, determinar qué resulta fundamental para detener abusos de derechos humanos causados por las operaciones de la empresas.
Por un lado, entre las discusiones se plantean algunos puntos respecto de la debida diligencia en materia de derechos humanos, incluyendo: los avances existentes, los retos que representa un mecanismo obligatorio de debida diligencia, las experiencias en el desarrollo de evaluaciones de impactos a los derechos humanos y su necesidad como instrumento para mitigar el cambio climático.
Por otro lado, se demostraron los obstáculos para que las personas y comunidades afectadas tengan acceso a la justicia por los abusos a los derechos humanos causados por las empresas. Las personas de las comunidades resumieron en sólo unos minutos las razones por las que se debe de avanzar a mecanismos efectivos de reparaciones al señalar lo siguiente:
“No estamos pidiendo mucho ni exigimos algo que no sea nuestro por derecho. Nuestros territorios deben dejar de ser vistos como zonas de sacrificio donde los animales, las plantas y los humanos somos imprescindibles. Queremos que se detengan los megaproyectos que nos amenazan. Queremos que nuestros territorios sean respetados. Queremos agua, tierra y aire limpios para todas y todos”, aseguró Rebeca Nuño, del colectivo Un Salto de Vida.
El foro regional constó de una diálogo constructivo entre diferentes actores claves para avanzar la agenda en materia de empresas y derechos humanos, pero sin dudas representa más que eso. El espacio evidenció la necesidad de seguir promoviendo el desarrollo de mecanismos de debida diligencia obligatoria y en mecanismos de reparación que aseguren una reparación integral y que, los impactos negativos que tienen las actividades de las empresas en las comunidades no volverán a repetirse. El foro regional es un paso para progresar a un marco normativo y en la política pública, pero también es una muestra que se seguirá la lucha para que se garanticen los derechos humanos de las comunidades y todas las personas ante los impactos negativos de las empresas.
Los dos días del foro fueron transmitidos en directo desde YouTube y se puede revisar la grabación mediante este vínculo y la memoria fotográfica aquí.
El evento fue realizado con apoyo de la Unión Europea (a través del proyecto “Industrias extractivas y derechos humanos en Centro América: promoviendo diálogo e implementación de los PRNU en contextos de alta conflictividad y riesgo para defensoras de pueblos indígenas y comunidades” de Oxfam IBIS/Oxfam México/Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y del “Proyecto Conjunto sobre Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe” de OACNUDH/OIT/OCDE).
