Empresas con contrataciones públicas despiden a trabajadores en medio de la crisis sanitaria

Dos listados de empresas que violan derechos laborales fueron revelados durante las conferencias matutinas del Gobierno de México por la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde. En ellas aparecen por un lado las empresas que despiden trabajadores durante la Emergencia Sanitaria, acto que calificó como ilegal, y por el otro las empresas que no cumplen con las indicaciones en materia de salud de cesar actividades presenciales.

En primer listado fue presentado el 8 de abril y contenía 84 razones sociales de todo el país que la STPS había identificado como violadores de los derechos laborales y estaba dividida en dos tablas. El primer bloque correspondía a las firmas que habían desaparecido a toda la nómina de la noche a la mañana, mientras que el segundo bloque correspondía a aquellas que habían realizado despidos significativos. “Los despidos que se den a raíz de la situación sanitaria que vive el país por el coronavirus (COVID-19) son injustificados e ilegales”, aseguró Luisa María Alcalde.¹

El segundo listado, denominado Quién es Quién, fue presentado el lunes 27 del mismo mes y contiene a las empresas que se niegan a acatar las ordenes federales de cesar actividades pese a ser consideradas como “no esenciales”. En total 13% de las empresas inspeccionadas no cumplen con la normatividad en el marco de la emergencia COVID-19 y 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia.

Ocho de las empresas mencionadas en el listado de las que despidieron trabajadores y una de las que se niegan a cesar labores, a través de sí mismas o sus matrices, facturaron para el Gobierno Federal 94 millones de pesos entre 2002 y 2019 mediante 190 contratos, en su mayoría, por adjudicación directa. Así lo revelan los datos de Compranet y el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) analizados a través de QuiénesQuién.Wiki.

7,720 trabajadores fuero despedidos indebidamente en el transcurso de los meses de marzo y abril por las empresas Servicios Administrativos de Wal Mart, S. de R.L. de C.V.; Grupo Posadas, S.A.B. de C.V.; Grupo Parisina, S.A. de C.V.; Coorporativo Vidavi, S.A. de C.V.; Semarsi del Norte, S. de R.L. de C.V.; Desarrollos Dine, S.A. de C.V.; Red de Climas Refacciones y Servicios, S.A. de C.V. y Coppel, S.A. de C.V, que también aparece en la lista de empresas que no acatan el cierre de actividades.

Coppel y Walmart, el doble discurso

Las compañías Walmart y Coppel acaparan más del 80% de los 94 millones de pesos mencionados en este reportaje. Es decir, 76,598,93.53 pesos les fueron asignados a estas dos empresas y en su mayoría se ejercieron por adjudicación directa.

La firma Coppel S.A. de C.V está doblemente señalada; además de despedir a 1,146 personas durante la contingencia sanitaria se le ha solicitado parar labores y ha decidido ignorar al Gobierno Federal. “Tenemos el caso de Coppel, que también ha sido exhortada e insiste en el no cumplimiento (…) La idea de estas visitas, como aquí el presidente lo ha dicho, es hacer un llamado, un exhorto a cerrar, a cuidar a las y los trabajadores, a cuidar a las comunidades”, dijo la titular de la STPS.

Asimismo, Coppel es la que más dinero recibió a través de contrataciones públicas y tiene el tercer lugar nacional en despidos, según las cifras del Gobierno Federal. En total a Coppel se le asignaron cerca de 49 millones de los 94 reportados en los portales de compras públicas entre 2002 y 2019.

Grupo Coppel sostiene un doble discurso ante la crisis. El pasado 3 de abril, mientras que en un acto que las autoridades calificaron como “ilegal” la compañía realizaba los despidos masivos en contra de sus trabajadores, lanzó una convocatoria para apoyar financieramente a las organizaciones civiles que trabajaran directamente en atender las consecuencias de la pandemia con población vulnerable (personas mayores a 60 años de edad e individuos con una enfermedad crónica preexistente).

Según se reporta en el sitio oficial de la empresa, “Comunidad Coppel” estaría entregando recursos, que se definirían dependiendo del proyecto postulado, a aquellas organizaciones que presentaran a la marca la mejor propuesta de atención.² En total se premió a 67 organizaciones entre las que resaltan fundaciones de índole médica en todo el país.

Es importante mencionar que el caso de Walmart es muy distinto. La compañía no recibió contratos con el Gobierno Federal desde la razón social que despidió a 717 personas de su nómina (Servicios Administrativos de Wal Mart, S. de R.L. de C.V.) sino que las adjudicaciones fueron a través de sus subsidiarias, Tiendas Wal Mart, S. de R.L. de C.V. y Nueva Wal Mart de México, R.L. de C.V.. Los contratos de esas empresas suman 27,261,1028.06 pesos.

Parisina, la gran contratista que despidió a miles

Grupo Parisina es la empresa que más trabajadores desahució según las cifras oficiales presentadas por la STPS: 1,670 personas quedaron desempleadas durante la crisis.

La empresa, radicada en la Ciudad de México, tiene una larga tradición en el país de venta de diferentes tipos de telas y servicios de decoración, cuenta con sucursales en casi todos los estados de la República. Parisina facturó, de 2002 a 2019, un total de 55,312.87 pesos por contratos públicos, la mayoría de ellos con el Instituto Nacional de Bellas Artes y algunos hospitales.

Uno de los hospitales en cuestión, el Hospital Juárez de México, adquirió cuatro juegos de telares que sirven como decoración. Por otro lado, el contrato más oneroso lo tiene la Secretaría de Educación Pública (SEP) quien compró a la firma juegos de cortinas por la cantidad de 22,066 pesos para ocupar en el Instituto Tecnológico de Baja California.

Pero el conflicto con el Gobierno Federal derivado de los 1,670 despidos va más allá de aparecer en la lista de la STPS. Al inicio de la pandemia por la COVID-19 las sucursales de Parisina de los estados de Hidalgo y Tamaulipas realizaron despidos sin indemnización. La respuesta de los empresarios tamaulipecos es que las sucursales en cuestión se encontraban en quiebra desde antes de que comenzara el problema sanitario, por lo que las medidas de encierro ciudadano requeridas por las autoridades locales terminaron por desmoronar la economía que sostenía a este negocio.

Algunos empleados mencionaron que fueron obligados a firmar la renuncia y no han recibido la liquidación por parte de la empresa que se dedica a la venta de telas.³ Hasta el cierre de esta edición la sede central del grupo en la Ciudad de México no ha fijado una postura oficial sobre si se harán cargo también de los trabajadores desplazados por sus sucursales.

En México existen dos modalidades de contratación para franquicias. Algunas empresas, cuando firman contrato de uso de marca con los compradores de sucursales, además solicitan que los trabajadores que firmen contrato cumplan con requerimientos específicos o sean contratados desde alguna empresa de subcontratación con quienes la firma sostiene convenios. La segunda modalidad no implica ningún tipo de acuerdo entre el manejo del personal por lo que los adquirientes de la marca serán los responsables del personal. De ser el primer caso, la empresa matriz es legalmente responsable de todos los trabajadores.

Las que desaparecieron

Semarsi del Norte y Corporativo Vidavi (ubicadas en Nuevo León y Jalisco respectivamente) desaparecieron completamente su plantilla de trabajadores, por lo que se presume se declararon en banca rota.

Semarsi del Norte era una empresa mediana con 224 trabajadores ubicada en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, dedicada principalmente a la reparación de frigoríficos e instalación de aires acondicionados.

Dicho oficio no tendría mayor relevancia de no ser porque fue contratada por Diconsa sucursal Regional del Norte, por el concepto de “Suministro de alimentos” y que el monto que debieron registrar por dicha contratación no aparece en el registro de Compranet. El número de licitación pública con la que Diconsa contrató a Semarsi del Norte es el 20159001-004-09 firmado el 27 de febrero de 2009 y solamente se reportaron los impuestos que pagó Diconsa, 42 pesos.⁴

Sobre la empresa tapatía que también desaparece, la firma Vidavi, se reporta que se encuentra ubicada en la ciudad de Guadalajara en las inmediaciones del barrio popular El Fresno. La empresa con vocación de seguridad privada contaba con una nómina de 597 activos y recibió 57,648 pesos en nueve contratos públicos, todos por adjudicación directa.

Como antecedente, esta empresa había intentado instalarse en el estado de Baja California Sur en 2018; sin embargo, las autoridades locales de la Dirección de Seguridad Pública la clausuraron tras reconocer que la empresa, junto a otras cuatro firmas, no cumplían con los lineamientos mínimos para operar en la entidad.⁵

Los contratos entregados a Vidavi tenían como objetivo adjudicar la seguridad del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y comenzaron a ser reasignados durante la administración del exgobernador priista Aristóteles Sandoval, pero dos de ellos perduraron con la nueva gestión de Movimiento Ciudadano encabezada por Enrique Alfaro Ramírez.

Sobre estas empresas que de la noche a la mañana desaparecieron a toda su plantilla de trabajadores, el Gobierno de México comentó que darían parte a los ministerios públicos en caso de haber incurrido en una presunta ilegalidad, pero los datos de cuántas denuncias se han presentado no fueron presentadas.

La discusión final sobre la fiscalización y exhibicionismo de las empresas que no cumplen con los derechos laborales desató además que ciudadanos de todo el país reclamaran que el Gobierno Federal no ha sostenido un escenario igualitario con todas las empresas.

El piso desigual fue denunciado por usuarios de redes sociales que sostuvieron el hashtag #Elektra como tendencia nacional toda la mañana del 27 de abril, debido a que esta empresa propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, aliado del gobierno de AMLO, se encontraba en las mismas circunstancias que, por ejemplo, la firma Coppel. Incluso, el millonario habría exhortado a sus trabajadores a mantenerse en sus puestos de trabajo y a no tener: “miedo del virus”⁶ sin ninguna consecuencia aparente, mientras ganaba el contrato más jugoso por difusión de las medidas del gobierno ante la COVID-19.

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