Una serie de deficiencias en el reporte de contrataciones por parte del gobierno mexicano -debido a la suspensión de plazos de las peticiones de acceso a la información y de la publicación de datos por transparencia proactiva- y la realización de adjudicaciones directas incluso desde antes de la declaración de emergencia sanitaria, han provocado que la información sobre cómo se está gastando el dinero público para hacer frente a la pandemia, fluya a cuentagotas. Esto es lo que halló PODER en esta investigación regional, liderada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (PALTA), en 7 países de América Latina.
Si bien el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo, comparte eventualmente información sobre las compras de insumos en algunas de sus conferencias de prensa diarias; y el subsecretario de salud Hugo López Gatell, junto con otros expertos, hace lo mismo en sus presentaciones sobre el tema, las plataformas oficiales para reportar las contrataciones están semi paralizadas. En el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) no se están reportando contratos de ningún tipo, y en Compranet se reportan poco y sin acceso completo a las contrataciones públicas para la emergencia sanitaria.
La información tampoco está disponible a través de la ley de transparencia, pues el 20 de marzo el gobierno suspendió los plazos de respuesta. Es decir, cualquier solicitud de información ingresada desde ese día en adelante, no será reconocida como presentada sino hasta levantados los plazos. El 30 de abril el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), declaró que se levantarán los plazos a partir de hoy, 4 de mayo. Solo a partir de esta fecha contará el tiempo obligatorio para que las entidades que realizan actividades esenciales, como las del sector salud, respondan
Excepcionalidad en la contratación
El 27 de marzo, tres días antes de decretar la emergencia sanitaria en México, AMLO publicó un decreto en el que declaraba el levantamiento de procesos regulares para la contratación de insumos, bienes y servicios necesarios para hacer frente a la COVID-19. Es decir, ya no sería necesario contratar a través de licitación pública. Sin embargo, esta investigación de PODER revela que incluso desde antes de la emergencia, el gobierno realizó contratos relacionados con el virus SARS-CoV2 de forma directa.
Las Unidades Compradoras empezaron desde el 17 de marzo a realizar contratos relacionados con la pandemia. A través de la herramienta QuiénEsQuién.Wiki, se han podido identificar, hasta el 26 de marzo, un día antes del decreto, 27 contratos, todos por adjudicación directa y por un monto total de 8,095,435.19 pesos (338,155.18 dólares). Por ejemplo, el 17 de marzo la Secretaría de Bienestar hizo un contrato con el proveedor Carlos Aguilar Priego por el servicio de impresión de formatos varios y volantes de prevención COVID-19, por 207,000 pesos (9,443 dólares).
La deficiencia en la forma de reportar contratos dificulta la vigilancia sobre procesos de contratación críticos en tiempos de pandemia, como el puente aéreo que se conformó desde el gobierno con la ayuda de la aerolínea Aeroméxico, para traer insumos desde China. Estos contratos para los vuelos del 7 y 10 de abril con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) no se encuentran. Y para el proceso entre Aeroméxico y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), firmado el 15 de abril, por más de 18 millones de pesos (776,900 dólares), no se han detallado el número de vuelos, ni el monto, ni el modelo de contratación del puente aéreo.1
En algunos estados, como en Chihuahua, la excepción de licitación pública también implica que no se tenga que explicar porqué se decide por una adjudicación directa. También les permite ignorar la formalización de contratos. Para ello pueden sólo realizar el pedido y la orden de compra. El precio pasa a segundo término como factor de decisión para bienes urgentes como material quirúrgico y de curación, productos para desinfección y productos higiénicos.
Sólo cuatro contratos para ventiladores-COVID19
Es imposible saber por registros públicos si el gobierno mexicano empezó a comprar insumos para hacer frente a la pandemia con antelación, considerando que los primeros reportes de COVID19 en China fueron de enero. El único indicio para conocer qué se está comprando es a través de los títulos, pues no se incluyen descripciones de los productos ni unidades o precio unitario.
Los primeros contratos que aparecen en Compranet están fechados desde el 17 de marzo. Entre esa fecha y el 24 de abril, se encuentran 130 contratos por 2,223,352,744 pesos (92,485,555 dólares), todos en adjudicación directa, con los términos “covid-19”, “covid”, “coronavirus”, “pandemia” o “sars_cov2” en su descripción.
92% del importe total fue para un solo contrato a Levanting Group por 2,500 ventiladores, encargados el 30 de marzo. Hasta el 17 de abril, los ventiladores no habían sido entregados, a pesar del carácter de urgente con el que se firmó el contrato. La empresa pertenece a Baldemar Pérez Ríos, empresario de Guanajuato sentenciado por fraude bursátil en Estados Unidos y por falsificación de documentos en contratos con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.2
Desde enero de 2020 hay al menos otros 30 contratos en Compranet con la palabra ventilador o ventiladores en su título, pero sólo hay cuatro, incluido el de Levanting Group, con la palabra Covid-19 hasta el 24 de marzo, por lo que son los únicos contratos sobre ventiladores que se puede asegurar que fueron hechos para afrontar la emergencia sanitaria.
Los otros proveedores de ventiladores para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son Medical Dimegar, S.A. de C.V. por 650,000 pesos (26,401 dólares) por un ventilador de traslado adulto-pediátrico; Servicio y Soporte Biomédico, S.A. de C.V., por 8,760,000 pesos (355,808 dólares) por 8 ventiladores adulto-pediátrico; y Viasis OCC, S.A. de C.V. por 416,648 pesos (16,950 dólares) por consumibles para ventiladores volumétricos. Todos los contratos fueron firmados el 23 y 24 de abril.
Aunque Compranet tiene la posibilidad de adjuntar archivos, la forma en que las Unidades Compradoras han reportado los contratos a partir de la pandemia, mantiene las mismas deficiencias que antes: algunos sin datos relevantes del contrato ni otro tipo de documento, como se reportó en TodosLosContratos.mx.
La reacción de la sociedad civil
Un grupo de organizaciones, entre ellas PODER, envió una carta a los y las comisionadas de INAI, solicitando que no se aplacen más los tiempos para no afectar más el derecho de acceso a la información. Igualmente se señaló que no se encuentra información detallada en las plataformas para hacer seguimiento del ejercicio de los recursos destinados para atender la emergencia.3
A pesar de que el INAI aprobó la implementación de una mesa de trabajo de transparencia proactiva para “detectar la información que resulte de interés a la sociedad y sea vital” para orientar las acciones del Gobierno Federal, y de que reconoce que la “información relativa a la compra de insumos para la atención del COVID-19” ha sido una de las solicitudes recurrentes, esto no se ha reflejado aún en los datos liberados por las dependencias del gobierno que están comprando insumos.4
Como respuesta a la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, el INAI ordenó reiniciar los plazos de respuesta a solicitudes a partir del 4 de mayo y también se contempla la creación de un micrositio donde se reporten procesos de contratación para hacer frente a la pandemia.
La importancia de conocer cómo se están haciendo las compras de insumos, equipo médico y sanitario, radica en que, además de hacerse con dinero público, impacta en la seguridad a la que puede aspirar y exigir las personas enfermas y el personal médico que atiende a pacientes con coronavirus. En varios hospitales del país se ha denunciado la falta de equipo de protección adecuado para atender a pacientes infectados. Incluso, algunos han tenido que adquirir material por su cuenta, o arriesgarse a ser contagiados.
Mientras que autoridades aseguran que todo está bien, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, residentes, médicos y adscritos acusan que no cuentan con las medidas mínimas de seguridad: la división entre el triaje respiratorio y pediatría son biombos, las gafas se lavan con agua y jabón y son usados indistintamente por el personal médico, y la mayoría no cuenta con máscaras N95, solo con cubrebocas plisados, según dijeron fuentes anónimas a PODER.5
Esta nota forma parte de una investigación regional, liderada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta) , que integra La Diaria de Uruguay, El Faro de El Salvador, OjoPúblico de Perú, Datasketch de Colombia, La Nación de Argentina, PODER de México y OjoConMiPisto de Guatemala apoyada por Hivos y Open Contracting Partnership. Para leer sobre el sistema de compras y contrataciones de América Latina en el marco de la COVID-19, ingresa a www.redpalta.org.
Mira el video de Rompeviento TV sobre este tema: