Más de 1,994 millones de pesos (87,972,887 dólares) es lo que el gobierno federal de México y el de la Ciudad de México (CDMX) gastaron a través de contratación pública entre el 2 de marzo y el 22 de mayo de 2020 para hacer frente a la pandemia por COVID19, según datos de Compranet analizados en QuiénEsQuién.Wiki.

Sobreprecios, contratación de empresas nuevas y firmas no relacionadas al sector salud, manchan el proceso de contratación de algunos de los insumos como cubrebocas, mascarillas N95 y KN95, ventiladores, guantes de látex, gel antibacterial, cloro, jabón, pruebas rápidas y moleculares y overoles, encontró PODER, como parte de una investigación regional liderada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (PALTA).

Hasta el 28 de junio, México registró 216,852 casos confirmados acumulados, 25,558 casos activos y 26,648 defunciones por COVID19. De los casos confirmados, 31.11% han sido o están hospitalizados. De esos, la Ciudad de México registra 47,047 casos acumulados.

Mascarillas N95 por encima del precio promedio latinoamericano

Antes de la pandemia, el precio de cada mascarilla N95, destinada junto con la KN95 al personal de salud, era de 70 pesos (3.08 dólares), según el medio Cuestione.¹ Y en octubre de 2019 el Instituto Nacional de Pediatría compró cajas con 20 mascarillas N95 a un costo de 20.50 pesos (poco menos de 1 dólar) cada mascarilla. Pero ante la COVID19, el precio de estos insumos aumentó hasta cuatro veces.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, compró 7,700 mascarillas N95 por 216.02 pesos cada una (10.27 dólares), casi 42% por encima del precio promedio al que 7 países de América Latina compraron este mismo insumo, según lo documentado por Red PALTA.

Llama la atención que el contrato SSCDMX-DGAF-046-B-2020 fue firmado en adjudicación directa el 10 de marzo, cuando todavía la Organización Mundial de la Salud (OMS) no había declarado la pandemia.

La proveedora fue la empresa Global Business Group, dirigida por José Luis García Rodríguez, que ya antes ha sido contratista del gobierno. Entre 2005 y 2019 obtuvo 4,101,140,896 pesos (180,856,220 dólares) a través de 118 contratos donde se usó dinero público federal², de acuerdo con información de QuiénEsQuién.Wiki. En su sitio, dice tener una trayectoria de casi 15 años en la industria farmacéutica. Desde abril de 2020 su página no tiene actualizaciones.³

García Rodríguez es también director de DOGA Systems Group, junto con David Elhi Domíguez Chávez y de Rot Point Center, S.A de CV.⁴, empresa que también ha sido proveedora de insumos médicos para el gobierno, a través de 70 contratos, la mayoría en adjudicación directa. El director de estas empresas figura por participar en foros de salud en espacios legislativos en México.

La misma secretaría que hizo esa compra, es la responsable de llevar “a cabo las medidas necesarias para evitar la especulación de precios”, según el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 30 de marzo de 2020.⁵ Pero Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, ha dicho en varias ocasiones que en cuanto a contrataciones para el coronavirus, se antepone la entrega de los insumos a los precios de los mismos.

Por su parte, la Delegación Estatal de Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), compró 1,400 mascarillas N95 a 150 pesos cada una. La empresa adjudicada fue Sodeime Ingeniería Médica, S.A. de C.V. Los datos relevantes del contrato AA-051GYN023-E112-2020, publicados en Compranet, no refieren a que son mascarillas N95, en cambio sólo dice “cubrebocas”, lo cual para efectos de rendición de cuentas genera información errónea.

Entre 2015 y 2019 Sodeime Ingeniería Médica obtuvo 18,374,743.80 pesos a través de 254 contratos con el ISSSTE y el IMSS de Morelos y de otras delegaciones estatales; 96% de los mismos fueron en adjudicación directa. Sodeime Ingeniería Médica fue dada de alta en octubre de 2012 en Yautepec con Esaú Flores Sánchez y Octavio Flores Sánchez como socios. Su dirección⁶ en 2019, según el Diario Oficial de la Federación, era Cuajilote 16 Barrio Santiago, en Yautepec, Morelos. En esa ubicación se encuentra un terreno con un portón con la palabra “Herrería”, y a un lado, una puerta soldada, según comprobó PODER en una visita realizada para este reportaje. Nadie atendió la puerta.

La responsable de la Delegación Estatal del ISSSTE en Morelos, Verónica Itzel Solano Flores, compartió con PODER que Sodeime Ingeniería Médica tiene otra dirección administrativa, también en Yautepec. Ésta difiere con la dirección fiscal, ya identificada en este reportaje.

Después de la entrevista con PODER, Solano Flores envió una carta a la empresa para que aclarara su dirección y enviara muestras de que opera desde la misma. En respuesta, la empresa envió videos donde se observa que en la dirección de Cuajilote 16 tiene insumos médicos y oficinas y aclaró que las oficinas “no se encuentran rotuladas debido al alto grado de inseguridad en el municipio» y porque sólo venden al gobierno.

Solano Flores también afirmó que el precio de las mascarillas N95 al que vendió Sodeime es el promedio al que el ISSSTE Morelos ha comprado esos insumos desde que inició la pandemia, y que después de un estudio de mercado y de recibir ofertas de otras empresas, Sodeime Ingeniería Médica fue la ofertante con el menor precio.

El precio promedio de las mascarillas KN95 y N95 al que compró la Ciudad de México y el gobierno federal, fue de 125.46 pesos cada pieza (5.44 dólares), tomando en cuenta sólo aquellos contratos en los que PODER pudo identificar el precio unitario. Destaca que en el contrato para comprar más cubrebocas no se registra el precio más bajo; es decir, el volumen de compra no bajó el costo para el gobierno.

Mascarillas quirúrgicas

El 19 de marzo de 2020 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que el precio promedio nacional de los cubrebocas quirúrgicos era de 2.39 pesos (0.11 dólares) por cada pieza⁷; sin embargo, tanto el gobierno federal como el de la CDMX compró muy por encima de este precio. El monto promedio de los cubrebocas quirúrgicos al que compraron ambos gobiernos fue de 11.01 pesos (0.48 dólares) por cada uno. Si se toma el precio ponderado, 8.19 pesos cada cubrebocas, en más del 50% de los contratos se pagó un precio unitario más caro, según los datos recabados por PODER.

El ISSSTE Morelos, misma dependencia que firmó con Sodeime Ingeniería Médica para adquirir mascarillas N95, contrató a la empresa Garken Medical, S.A. de C.V. para comprar 14,780 cubrebocas quirúrgicos a 11 pesos cada uno, 8.61 pesos por encima del promedio nacional publicado por Profeco. Los destinos de los cubrebocas en ambos contratos eran la Clínica Hospital Dr. Rafael Barba Ocampo en Cuautla, la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano de Jojutla de Juárez, y la Clínica de Medicina Familiar en Cuernavaca, todas en el Estado de Morelos, donde hay 1980 casos de COVID19.

Garken Medical afirmó, vía correo electrónico, que el precio de los cubrebocas en pandemia obedece a varios factores: el desabasto a nivel mundial provocado por el cierre de producción y exportaciones desde China, el registro sanitario ante Cofepris que sí tienen los cubrebocas vendidos al gobierno y que el fabricante Degasa también subió su precio.

“En mayo, cuando el ISSSTE nos adjudicó el contrato nosotros adquirimos el producto directo a fabricante en 8.5 más IVA, por lo que impactamos sólo un 23% de utilidad bruta, si de este margen descontamos gastos de administración, costos de logística y pago de ISR, es un costo bastante conservador y bajo partiendo de las condiciones de mercado”, respondió la empresa a las preguntas enviadas por PODER.

La respuesta de Garken Medical refleja que en la compra de insumos médicos se replica lo que el sector salud gubernamental identificó en la industria de los medicamentos, “una proliferación de empresas distribuidoras en lugar de fabricantes”, según afirmó Zoé Robledo, director general del IMSS, en un conversatorio en línea realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para América Latina y El Caribe, el 15 de junio.

La responsable de la Delegación Estatal del ISSSTE en Morelos, Verónica Itzel Solano Flores, afirmó a PODER que a Garken se compraron únicamente 11,850 cubrebocas por 151.206 pesos, y que la razón por la que el estado no contrata directamente con los fabricantes es porque éstos requieren pagos a contraentrega, mientras que con distribuidoras pueden pagar 20 días hábiles después de entregados los insumos.

Comercializadora Cruhoz también vendió por encima del precio promedio de Profeco, a 8.36 pesos cada (0.34 dólares) uno en un contrato por 10,825 cubrebocas a Telecomunicaciones de México. La empresa fue constituida en 2015 por Mario Enrique Ortega Toward y Carlos Enrique Zacarías Ramírez en Oaxaca, y resalta que su objeto social está relacionado con la construcción, compra, venta y distribución de productos para la construcción.

La contratación de Dora Orrantia Cervantes por parte del IMSS resulta extraña, pues en el acta de adjudicación del contrato AA-050GYR031-E125-2020 no aparece como proveedora adjudicada, pero en lo que el IMSS reporta en Compranet sí aparecen los datos relevantes de su contrato por 46,144 cubrebocas a un precio de 5.50 pesos cada uno. En el acta de adjudicación aparece Moisés Vázquez Orrantia. En ese contrato también le fue adjudicada la compra de bolsas biodegradables, caretas protectoras, lentes protectores y termos congelantes.

Empresa nueva vende ventiladores en Tabasco

Entre el 2 de marzo y el 22 de mayo de 2020, el gobierno de federal y el de la CDMX gastó 1,236,501,629 pesos (54,528,487 dólares) en la compra y renta de ventiladores y respiradores para atender la COVID19, a un precio promedio de 881,859.94 cada ventilador. Hasta ahora el gobierno ha juntado 9,000 ventiladores, según dijo a Pie de Página el subsecretario de Salud y vocero del gobierno para la atención a la COVID19, Hugo López Gatell.⁸ Los responsables de proveer los equipos usados en pacientes graves, fueron 27 empresas distintas, entre las que destaca Roferati S.A. de C.V., de reciente creación.

El 23 de marzo el IMSS Tabasco firmó un contrato con Roferati para adquirir 30 ventiladores neonatal pediátrico adulto a un precio de 1,300,000 pesos cada uno (52,802.59 dólares), mientra que el más barato lo vendió la empresa New World Tecnology, S.A. de C.V por 99,990 pesos (4,405.9 dólares) cada uno.

Al momento de la adjudicación, Roferati tenía exactamente seis meses de haber sido constituida en el estado de Tabasco, de donde es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de los focos rojos con 7,330 personas con COVID19.

En una búsqueda en línea de Roferati, creada por Rodrigo Ramírez Amaya Anguiano y Félix Tijerina Martínez y registrada en Tabasco pero con un notario de Nuevo León, según el acta constitutiva de la empresa, ambos de 24 años, no aparece ningún sitio web de la misma. Tampoco está en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de Compranet, y en el registro de proveedores de Tabasco⁹ solamente indica que está ubicada en Av. Adolfo Ruíz Cortines, una de las avenidas más grandes de Tabasco, sin especificar el número.

Roferati ha sido proveedora de otros insumos durante la pandemia, según lo que se encuentra en QuiénEsQuién.Wiki. Ha ganado 43,190,453 pesos (más de 1 millón de dólares) a través de 6 contratos, incluído el de ventiladores, y todos en adjudicación directa con el IMSS Tabasco y el IMSS Chiapas, por insumos médicos.

Por los montos que representa, y la importancia de los ventiladores, en medios se han reportado las irregularidades en la compra de los mismos. En Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat denunció la desaparición de 7 respiradores de una clínica del IMSS, mientras que se denunció la compra de ventiladores a sobreprecio a Cyber Robotics, empresa perteneciente a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad. En Sonora, una negociación fallida dejó sin 50 ventiladores a la entidad¹⁰ y la empresa Beijing Aeonmed Co., negó haber vendido ventiladores a la firma Levanting Global Servicios, contratada por el gobierno mexicano.¹¹

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un operativo encabezado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para identificar operaciones financieras y bancarias con posible desvío de recursos y robo de insumos para enfrentar la COVID19.¹² La estrategia implica identificar en tiempo real transferencias de recursos que se consideren en riesgo; sin embargo, también debería publicarse de manera proactiva y completa en el sitio de coronavirus.gob.mx, todos los contratos que el gobierno federal y los estatales han hecho para afrontar la COVID19, de otra forma el camino a la plena transparencia será incompleto.

IMSS Sonora y Tabasco, la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX y Telecomunicaciones de México no respondieron a las solicitudes de entrevistas por parte de PODER.

Roferati y Comercializadora Cruhoz no tienen ningún contacto disponible, Sodeime Ingienería Médica fue contactada pero no respondió a las solicitudes de entrevista. Mientras que José Luis García Rodríguez, de Global Business Group, respondió al primer contacto diciendo que enviaría información, misma que hasta el cierre de este reportaje no fue enviada.