Testigos presenciales documentaron operaciones de la industria minera extranjera y nacional en al menos cuatro puntos del país durante la emergencia sanitaria más mortal de la última década, la pandemia por COVID-19.¹ Esto ocurrió pese a la solicitud presidencial de suspender labores, y respetar los derechos laborales de los obreros.

El Consejo de Salubridad General del Gobierno de la República declaró, el 31 de marzo de 2020, la suspensión obligatoria de toda actividad que no fuera clasificada como esencial para México. ² Y no fue hasta el primero de junio de este mismo año, que de la voz del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, las autoridades permitirían la reactivación de este sector como parte del Plan Nacional de Reactivación Económica calificándolo como: “actividad neo esencial”.³

Las empresas, Peñoles, Holcim Apaxco, TorexGold, Cobre del Mayo y Minera Autlán han estado durante años vinculadas a escenarios de múltiples asesinatos de líderes comunitarios y obreros, despidos masivos, la persistencia de grupos armados, sobornos donde las empresas dan gallinas a los pobladores, relaciones muy estrechas con gobiernos locales a cambio de dádivas y violaciones al derecho a un medio ambiente sano y al agua. La industria minera sometió a ese ecosistema a comunidades en Veracruz, Hidalgo, Sonora y Guerrero.

Guerrero, entre la pandemia y el paramilitarismo

En Guerrero las mineras jamás detuvieron labores, “simplemente nunca detuvieron actividad pero sí bajaron el número de personas laborando”, según las fuentes consultadas. Ninguna estuvo operando al cien por ciento; lo que sí, aseguran, es que: “al menos, de las que podemos referir (Torex Gold y Peñoles) rápido te puedo decir que sólo bajó a 70% del 100% de sus operaciones”, explicó el vocero de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), quien pidió anonimato debido a los altos índices de criminalidad de la región.

Industria Peñoles, una empresa mexicana propiedad de la familia Baillères y parte del conglomerado Grupo Bal, que comprende a las firmas Grupo Peñoles, El Palacio de Hierro y GNP Seguros, entre otras, y del que Alberto Baillères González es su principal accionista, es una de las empresas señaladas por REMA. Este conglomerado (Grupo Bal), como holding (sociedad financiera), tuvo ventas por 200 millones de pesos y 10 contratos entre el 1 de enero de 2018 y febrero de 2019 por 157.9 millones de pesos, a través de sus filiales GNP Grupo Nacional Provincial y Metalúrgica Met-Mex Peñoles. ⁴

En cuanto a Torex Gold, es una firma canadiense propietaria de la razón social Minera Media Luna S.A. de C.V y originalmente dirigida por el canadiense Fred Standford, quién impulsó un proyecto que superaba los 800 millones de dólares, sólo de inversión, para poder extraer oro de Guerrero. ⁵ A Torex Gold, REMA la reconoce como “la segunda más violenta de México. La primera para nosotros es Grupo México”. Los argumentos de los investigadores apuntan a que las dinámicas de extracción de recursos con esas firmas es muy distinta al resto: “luego luego llegan a intimidar, con gente armada, llegan dividiendo, es decir, tienen un programa de incremento de conflicto muy fuerte”.

La realidad que enfrentó Guerrero durante la emergencia sanitaria apunta a que “del grueso de las comunidades que están vinculadas a proyectos mineros, prácticamente ninguna está cerca de una zona o municipio con condiciones medianas para atender la emergencia de COVID-19”, explican los investigadores de REMA.

Las consecuencias de esa insuficiencia de infraestructura detonaron en que el estado se posicionó en el lugar 12 de 32 entre las entidades con más contagios del virus. Ante el incremento de casos, el Gobierno del Estado creó 300 fosas comunes en la ciudad de Acapulco porque los panteones y crematorios se encontraban colapsados. Las excavaciones comenzaron, según reportó la alcaldesa Adela Román, el 23 de mayo de 2020 y tendrían como objetivo depositar los cuerpos de las personas que no pudieran tener acceso a servicios fúnebres. ⁶

Asimismo, la entidad está marcada por una relación entre la actividad minera y la industria criminal. En total, 14 grupos delincuenciales como Guerreros Unidos, Los Ardillos o la Familia Michoacana se disputan el poderío de la zona denominada “Cinturón de Oro o Cinturón Dorado”. Bajo este contexto, los guerrerenses tuvieron que hacer frente no sólo a la criminalidad, sino también a la pandemia. ⁷

Fue el propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, quien confirmó la existencia de los grupos paramilitares (organizaciones mercenarias con entrenamiento marcial que no pertenecen a la estructura militar legal) en la entidad y que se encuentran operando entre las 24 policías comunitarias y autodefensas en más del 50% del territorio. ⁸

El saldo actual es de cuatro militantes sindicales del proyecto Media Luna acribillados; el más reciente fue un joven de tan sólo 29 años de edad, a quien asesinaron dentro de su domicilio. Los familiares del difunto denunciaron que el crimen fue cometido por grupos paramilitares contratados por la minera que fue el escenario de un paro laboral en 2018, mismo que culminó en un movimiento de los más de 600 integrantes del Sindicato Nacional Minero de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica (CTM) intentando emanciparse.⁹

Víctimas de la insolvencia médica en Sonora

En el otro extremo del país, en el municipio de Álamos en el estado de Sonora, es prácticamente imposible hablar sobre la situación laboral de los obreros de la minería o las comunidades aledañas, debido a que las empresas les obligan a firmar un contrato de confidencialidad y los vecinos se encuentran más preocupados por la insuficiencia médica que por la actividad minera. Las autoridades lo saben pero normalizaron esta práctica.

La industria jamás suspendió labores por completo durante la emergencia sanitaria por la COVID19, explica Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, presidente municipal de Álamos. Por ejemplo, la firma Cobre del Valle “estuvo trabajando en su 25%, es decir, de 1500 trabajadores que tenía, la mina ahora está operando con 250 ó 300. Lo que siempre le he reconocido a esta mina es el trato responsable y la ayuda que le da al municipio”.

En este mismo municipio se registró un caso de despido masivo de trabajadores de otra mina, de nombre Cobre del Mayo. Y aunque el mandatario asegura que los despidos no ocurrieron durante la pandemia, la realidad es que sí.

Según las propias declaraciones de Balderrama Cárdenas, los despidos ocurrieron en el mes de mayo, dos meses después que el Gobierno Federal anunció la emergencia sanitaria. ¹⁰ La explicación del edil es que “los recortes fueron antes de la pandemia y la pandemia no los ocasionó. No lo digo porque yo tenga un compromiso con la mina, sólo me gusta ser claro. La mina trae esos recortes desde hace un año por la caída del precio del cobre que está a la baja”.

Para él, al igual que lo menciona el vocero de REMA, el verdadero problema es la insolvencia médica que azota a casi todas las ruralidades. “Todo es muy lamentable, porque de no pedir ayuda, no hubiéramos tenido la capacidad ni el recurso humano, ni la infraestructura, es decir, no hubiéramos tenido equipo médico para atender a nadie. Desgraciadamente te voy a ser muy claro, los servicios de salud no son suficientes”, explicó.

La neocolonización, regalan iglesia a cambio de tierras

Frente a la emergencia sanitaria, Desiderio Villegas, extrabajador minero y líder campesino, cuenta que la industria de los metales únicamente llegó a interrumpir la tranquilidad del pueblo. El decreto de Andrés Manuel López Obrador, donde se determina que la minería es industria esencial, les afecta porque bajo ese pretexto comenzaría otra vez la actividad de lucha del pueblo, y como consecuencia, también el acoso de la empresa: “A veces llegan a venir ofreciendo marranitos, gallinas, médicos y andan ahí coqueteando, ¿no? Por otro lado, pues también andan comprando voluntades” finaliza.

Los primos Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, y José Antonio Rivero Larrea, tienen malas practicas muy similares. Minera Autlán, de Rivero Larrea, vierte químicos en un arroyo del Río Claro, en Hidalgo, que nace en la laguna de Atezca y pasa por Tlaxinca, Ixcatlán y Cuxhuacán, de Molango; y Tamala, San Simón y Acuimantla, de Tepehuacán. Esta misma empresa es señalada por ejecutar lo que los comuneros denominan “ingeniería de conflicto”. ¹¹

Tras la llegada de esta firma, Desiderio Villegas cuenta para PODER que lo primero que ocurrió fue la colusión con las autoridades municipales, en ese entonces del priista Ángel Baltazar Pérez Peréz, para construir una iglesia que anunciaron como regalo de la mina a la comunidad.

“Nosotros conocemos esto como ingeniería de conflicto, la empresa se coludió con autoridades municipales para construir una iglesia. Y entonces hubo un conflicto porque a la mitad de la comunidad la corrieron de ese templo, pero nosotros construimos otro y dejamos de ir a esa iglesia porque es producto de un engaño, una medida para dividirnos”, explicó Villegas.

En ese centro religioso, que en realidad habría sido “modernizado” más que edificado, se celebran las festividades del Señor de la Salud. Son varias las comunidades que conforman esa celebración que consta de poner un castillo y hacer fiesta.

“Estos señores se aprovecharon de esta imagen para dividirnos”, aseguró el líder campesino. Lo raro para él es que la gente, que a veces le tiene miedo al Señor de la Salud, de todas maneras se han mantenido firmes con su embestida, y debido a eso, se vieron en la necesidad de hacer otra capilla. “Se hizo hasta campaña municipal de un señor que llegó a ser alcalde, al Señor de la Salud lo usaron para eso”, reclama.

La migración inversa de Veracruz y las minas no metálicas

Lo que llegó con la COVID-19 a Veracruz, fue el abandono de las fuerzas laborales. “Llegaron cinco camiones cargados de chavas que trabajan de amas de casa en Monterrey diciendo que ya no pueden trabajar porque si salen de casa el domingo, por el virus, ya no las dejan regresar las patronas. Lo mismo ocurrió con gente de la construcción, se terminó el trabajo en Ciudad de México y pues todas estas personas también se fueron a la milpa”, explica Alfredo Zepeda González, sacerdote jesuita.

La otra escuela, como los lugareños nombran al arado del maíz, fue ocupada lentamente por veracruzanos que se encuentran en situación laboral irregular en las grandes ciudades, mientras eso ocurría, una segunda alerta les despertó. En Huayacocotla que es la entrada a la sierra más abrupta, salen las cañadas que van en picada hacia la parte de la huasteca, toda esa parte, ya es región indígena. En esa zona, últimamente ha querido entrar la Minera La Victoria, que tiene la concesión pese a la negativa de los comuneros ejiidales. “Como son mineros dijeron aquí no entras. Entonces ahorita hay una confrontación porque han intentado sobornar para meterse”, comentan fuentes a PODER.

Para estas comunidades lo más problemático para atender en mitad de la pandemia, son “los niveles de corrupción causados por los intermediarios que quieren negociar más con gente que logran corromper, que con el ejido completo”, explica Alfredo Zepeda.

Las similitudes de conflicto entre estas cuatro entidades se ven íntimamente relacionadas con su actividad minera. Ninguna de las personas entrevistadas por PODER, salvo el alcalde de Álamos, quien debido a las aportaciones en el sector salud se vio obligado a trabajar sin el Estado y atender a la población de la mano de estas compañías, consideran a la industria minera como un sector aliado para la población.

La causa de la mayoría de estas agresiones radica en la imposibilidad del Estado Mexicano para realizar inspecciones in situ, que puedan dar fe de que estas industrias, ubicadas en su mayoría en zonas de difícil acceso, efectivamente estén cumpliendo con las normativas federales. Uno de estos ejemplos es el lineamiento de la Secretaría del Trabajo, que como requisito para regresar a sus labores solicitó que las empresas mineras presentaran un plan de medidas de protección, asunto que sin una inspección local da espacio a los informes sin pruebas que ponen en riesgo la salud de los pobladores.

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