Perspectivas sobre #EmpresasYDDHH en el marco del IX Diálogo de Alto Nivel entre la Unión Europea y México

10 de julio, 2020. A continuación presentamos una perspectiva sobre la temática de empresas y derechos humanos presentada por más de 30 Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco de la novena edición del Diálogo de Alto Nivel entre la Unión Europea y México.

Se puede descargar aquí el documento colectivo, el cual contiene un resumen de esta nota, fichas de casos de afectaciones y recomendaciones ampliadas en diversos temas sobre derechos humanos que atañen a nuestro país.

Saludamos la iniciativa de la Unión Europea, y de todas las personas que junto con el Comisionado Reynders proponen para desarrollar regulación que permita prevenir, abordar y reparar abusos y violaciones a los derechos humanos y afectaciones ambientales debido a malas prácticas empresariales, así como a la distinción de otros modelos de regulación para 2021.

En el Estudio sobre los Requerimientos de Debida Diligencia en las Cadenas de Valor publicado por la Comisión Europea este año se señala que el 72.92% de las empresas que respondieron y que tienen más de 1000 empleados están de acuerdo que con esta regulación se beneficiarían por el otorgamiento de certidumbre legal. Si bien, el respeto a los derechos humanos no es negociable es importante señalar queprevenir impactos negativos medioambientales y a los derechos humanos,asegurar la sustentabilidad de la vida humana, no humana, de las operaciones responsables y las cadenas de valor también tiene beneficios económicos.

México forma parte de las cadenas de valor de múltiples empresas europeas. Por ello esta regulación debe de contener compromisos para asegurar el bienestar y la estabilidad económica de todas las y los trabajadorxs y de las comunidades que resultan alcanzadas por la actividad empresarial en cualquier contexto, incluyendo la crisis sanitaria actual y otras crisis económicas, por desastres naturales y otras.

Aunque las cadenas de valor formadas por las Pymes son numerosas y buscan tener esa valía añadida, hay que enfatizar que las empresas matrices tienen la responsabilidad y las utilidades máximas para que ellas, sus subsidiarias, sus cadenas y otras con las que tienen vínculos respeten los derechos humanos. En este sentido, los Estados tiene la última responsabilidad de exigir y monitorear este respeto, así como de prevenir, sancionar, corregir y asegurar la reparación del daño cuando exista. La regulación debe de pensarse también tomando en cuenta las actividades extraterritoriales, desde las obligaciones extraterrioriales en derechos humanos y desde los efectos transfronterizos en México.

Las entidades inversionistas, gestionadoras y fondos públicos de pensiones también tienen esta responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo saben y por ello solicitan a los gobiernos regular las actividades empresariales a través de procesos de debida diligencia obligatoria, como es el caso de los 105 inversionistas internacionales, incluyendo europeos, representando cinco trillones de activos bajo gestión, publicado desde la Alianza de Inversionistas para los Derechos Humanos. Por ello, dicho ordenamiento debe de contener provisiones sobre transparencia financiera para las entidades inversionistas y para los sujetos de derechos. También debe de contemplarse que la inversión por parte de Estados de la Unión en México entra en estas categorías, no sólo inversión y empresas privadas.

Es importante señalar que la reparación de las víctimas pasadas, actuales y posibles debe de ser abordada desde el acceso a la justicia y reparación efectiva e integral y deben de existir lineamientos generales además de los que cada Estado de la Unión generen. La oportunidad de incluir mejor acceso a la justicia de forma colectiva sería un gran avance y se requiere implementar la perspectiva de género e interseccional.

El acceso a la reparación es esencial para proteger a lxs trabajadorxs en las empresas europeas y su cadena de valor en cuanto a los efectos de la pandemia por Covid-19, a sabiendas de que las mujeres en estas cadenas resultan más afectadas. Esta crisis sanitaria ha traído fuertes impactos en los derechos laborales en México, como es el caso, entre muchos, de la española Cabify que redujo las horas laborales y pidió que lxs empleados firmaran “permiso de ausencia sin goce de sueldo” para reducir horas laborables y quien no firmara se les invitó a renunciar, y mostrando casos de liquidación condicionada con intimidación y negada.¹«>https://poderlatam.org/2020/04/cabify-durante-covid-19-o-te-recortas-el-sueldo-o-renuncias/]

La falta de análisis para evitar riesgos sociales, en la salud, en el medio ambiente que aborden la crisis climática, de contagio y enfermedad y otras emergencias sociales y que se ve muy claro en las industrias extractivas y manufactureras. Se observa por ejemplo en el otorgamiento de concesiones y adjudicaciones que pueden ir desde los 10 a 50 años sin contemplar los riesgos e impactos a largo plazo de estas actividades y poniendo en riesgo la estabilidad económica del país por demandas millonarias de incumplimiento del Acuerdo Global y otros tratados comerciales y de inversión. Se observa una protección de la inversión por sobre la protección a los derechos humanos.²

México es parte de la región más violenta para defender los derechos humanos y hay reportes que vinculan la actividad empresarial con asesinatos, criminalización y obstáculos a la labor de defensa y periodística. Esto debe de ser abordado en el ordenamiento europeo.

Pero no es necesario esperar a la publicación de esta urgente regulación, también urgen ahora mismo evaluaciones de impacto en derechos humanos para las inversiones de las empresas europeas en megaproyectos extractivos, incluyendo de energías renovables y en los proyectos sexenales del actual presidente, por ejemplo las españolas y portuguesas; las primeras en el corredor interoceánico y ambas en el tren maya. Este último proyecto impactará una de las zonas más biodiversas del mundo, ya que atravesará por la selva maya -segundo pulmón forestal de América Latina después de la Amazonia-, causando impactos irreversibles a la biodiversidad, al suelo y al agua. El proyecto afectará el Corredor Biológico Mesoamericano³ propiciando la degradación, deforestación y fragmentación de veintitrés áreas protegidas y tendrá efectos irreversibles hacia los pueblos originarios, en donde se observan obstáculos al disfrute del derecho al desarrollo, de libre determinación y del derecho a la consulta.

Relacionado al incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre consulta y causando violaciones graves a los derechos humanos, y al medio ambiente incluyendo el asesinato del defensor Samir Flores tenemos también empresas españolas que no han hecho evaluaciones para prevenir dichas afectaciones en cuanto al Proyecto Integral Morelos, proyecto energético en Huexca, Morelos que incumple también con la debida diligencia en derechos humanos que dicta la OCDE para las empresas multinacionales.

Algunas recomendaciones y solicitudes:

– Impulsar al Estado mexicano de manera urgente a implementar mecanismos obligatorios de debida diligencia en derechos humanos que sean compatibles con los compromisos internacionales que este tema se lleve a las mesas previo a la firma, ratificación y entrada en vigor del Acuerdo Global modernizado.

– Solicitamos que la sociedad civil de México y latinoamérica tengan acceso para participar en las consultas para el análisis que acompañará el desarrollo de la regulación de debida diligencia de la Unión Europea, en el desarrollo, monitoreo e implementación de la misma. Es necesaria la vinculación significativa de lxs sujetos de derecho incluyendo grupos afectados y asociaciones de trabajadorxs, organizaciones de la sociedad civil y otras partes como lxs financiadores e inversionistas.