Desde los ríos Sonora y Bacanuchi, sitios de lucha y dignidad en donde hace seis años Grupo México arrojó 40 millones de litros de metales pesados y no tuvimos ni remediación, ni justicia, ni posturas claras de las autoridades, elevamos la voz para expresar la indignación que atraviesan nuestros pueblos y reafirmamos la postura de seguir exigiendo un río seguro, limpio, y digno para sus habitantes.
Desde hace ya seis años, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) hemos exigido cuentas claras por parte de las autoridades y de la empresa minera de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, acerca del plan de remediación del río Sonora, y de las deudas que han quedado pendientes. No hemos descansado en nuestro esfuerzo por obtener una remediación integral de los ríos Sonora y Bacanuchi, y una garantía de no repetición lo suficientemente sólida, de forma que pueda revertir la desconfianza generada en las comunidades de la cuenca a raíz de la desatención a nuestros reclamos y necesidades. A seis años de iniciar la lucha, de escuchar promesas de todos los colores, y de esperar que con cada cambio de gobierno municipal, estatal y federal mejoren nuestras condiciones de vida, seguimos esperando que las palabras se materialicen en acciones concretas que favorezcan nuestros territorios.
Tras la falta de claridad de nuestras autoridades, hemos sido protagonistas y promoventes de diversas acciones legales. En el 2016 interpusimos el amparo contra la megapresa de jales de Grupo México, que culminó en 2018, cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganamos, por primera vez en la historia de México, el derecho a la participación en asuntos medioambientales para una población no indígena. También logramos, con éxito, la resolución del amparo en contra del cierre del Fideicomiso Río Sonora. La SCJN invalidó dicho cierre, ordenando a las autoridades demostrar que se cumplieron los propósitos del Fideicomiso, y que la población sea parte activa de dicho proceso. Actualmente esperamos respuesta sobre nuestros amparos relacionados con la calidad del agua, con la Zona Económica Especial Río Sonora, y con los temas de salud para todas y todos los habitantes de nuestros pueblos.
Sin embargo, de poco sirven las victorias legales si las autoridades nos visitan, nos hablan, y después nos olvidan, así como a sus palabras. Durante el último año, hemos recibido en nuestra casa a la Semarnat, a la Conagua, al Insabi, a la Secretaría de Salud, a la Cofepris, y a la Profepa. Los hemos escuchado atentamente y hemos tomado nota de todos los compromisos que han hecho con la gente del Río. Y ninguno ha cumplido. A ellos les decimos que no bastan los foros académicos, ni las reuniones públicas, ni los proyectos de investigación sin participación social. No basta que muestren empatía en el momento, ni que prometan que van a solucionar los problemas. Les hacemos un llamado a asumir con seriedad los desafíos de nuestras comunidades, a utilizar su voz para hacer eco de la nuestra, y a cumplir con todo aquello a lo que sus cargos los obligan.
A seis años del derrame, Grupo México está llenando una megapresa de jales con millones de litros de desechos de su actividad minera y pretende iniciar la construcción de un acueducto que le abastezca de agua para sus operaciones. A seis años del derrame, nuestros agricultores, en cambio, no consiguen ni un solo permiso para regar sus tierras ni para dar de beber a su ganado. A seis años, nuestras autoridades municipales y estatales han decidido no hablar, poniéndose en nuestra contra. A seis años, las 36 potabilizadoras necesarias para garantizar nuestro derecho al agua se encuentran tan abandonadas como las personas del río. A seis años, las y los habitantes del Río Sonora y Bacanuchi enfrentamos serios obstáculos para ver garantizado nuestro derecho a la salud, y el inmueble que nos dijeron sería destinado a la clínica de especialidades de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental del Estado de Sonora (UVEAS), sigue en obra negra.
Es por ello que continuamos alzando la voz, optando por llegar a acuerdos que se transformen en acciones a favor de las personas afectadas, y buscando todas las vías posibles para garantizar la tranquilidad de nuestra gente. Nosotras y nosotros también proponemos y exigimos ser escuchados.
Llamamos al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, a dar una respuesta clara para los ríos Sonora y Bacanuchi y su gente. Exigimos participar en planes de acción con plazos y soluciones claras, concretas y expeditas para la contaminación del río, y para la reactivación económica del territorio, dejando de lado cualquier plan de favorecer a las empresas por encima de nosotras y nosotros.
A seis años del derrame, estas son las seis acciones urgentes que exigimos a la Semarnat, Conagua, Cofepris, Profepa, Secretaría de Salud, y a la Secretaría de Economía, desde los Comités de Cuenca del Río Sonora:
1. Garantizar el agua limpia y suficiente. Exigimos monitoreos independientes en todos los pozos y tener acceso completo a los resultados de esos monitoreos. También demandamos la reubicación de los pozos contaminados y la instalación, operación y mantenimiento de las potabilizadoras comprometidas a lo largo de todo el Río. Queremos que todo el proceso sea participativo y supervisado por las comunidades.
2. Asegurar nuestro derecho a la salud. Queremos estudios independientes y especializados a lo largo de todo el Río Sonora para evaluar nuestro estado de salud y los efectos de la contaminación en nuestro cuerpo. Exigimos total acceso a los resultados de estos estudios. Demandamos que se construya la clínica de especialidades en Ures, pero también que se expanda la atención médica especializada a toda la cuenca, incluyendo a las comunidades más alejadas de Hermosillo, como Bacanuchi.
3. Reactivar la economía desde abajo. Exigimos participar, junto con las autoridades, en el diseño de un programa completo para recuperar el valor de todo lo que se produce en la región. Queremos seguridad laboral y respeto a las actividades que desarrollamos, como el trabajo del campo; que se rehabiliten las tierras y que se nos asegure que están libres de metales pesados. Demandamos que se preste especial atención a las actividades primarias de la región y a la vocación agrícola, ganadera, de comercio y de turismo comunitario del Río Sonora.
4. Dejar de privilegiar a las mineras sobre las comunidades. Demandamos que se vigile fuertemente la actividad minera y que se frene a toda costa la sobreexplotación de los recursos naturales, especialmente del agua, que las empresas están realizando en la región. Exigimos que las autoridades hagan su trabajo y gobiernen para la gente, no para las empresas, y que no dejen en manos de las mineras la solución de los problemas públicos. Las comunidades tenemos derecho a participar y decidir frente a nuevos proyectos mineros o a la expansión de los mismos.
5. Participar para decidir el rumbo del Fideicomiso Río Sonora. A raíz de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperamos trabajar con las autoridades en un plan claro para implementar y asegurar la remediación ambiental en toda la región, y que el Fideicomiso se mantenga abierto hasta que haya cumplido con lo que prometió. Además, exigimos que se transparenten los recursos del Fideicomiso y se castigue a los culpables en el caso de desvío o mal uso de esos recursos.
6. Cancelar la presa de jales de Grupo México. Exigimos acceso a la información y transparencia total sobre las inspecciones de la Profepa a la presa de jales de Grupo México, que las autoridades nos prometieron hace más de un año. Demandamos que se cancele la megapresa, cuya construcción violó nuestro derecho a la participación y cuya presencia en la región llena de angustia y temor a las comunidades.
Al presidente, a la gobernadora, y a todas las instituciones que han venido a hacer promesas a nuestro territorio, les decimos que la omisión de sus obligaciones es una negación de nuestro futuro. El silencio, la ausencia de acciones efectivas, y la falta de compromiso de las autoridades constituye un violación a nuestros derechos humanos, a nuestra seguridad hídrica, y a la vida que hemos construido en la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi.
A seis años de vivir esta tragedia, demandamos seis acciones urgentes para el Río. ¡No puede pasar más tiempo!
Justicia, remediación y no repetición
Comités de Cuenca Río Sonora
5 de agosto de 2020
