Este reportaje forma parte de VivirConVIH.org y fue realizado en colaboración con Salud con Lupa.

Cinco meses sin estudios de carga viral y con carencia de medicamentos, en mitad de la emergencia sanitaria por covid-19, es la situación en la que, al menos, se encuentran nueve personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). “Si algo en México es transexenal, son los problemas con el aparato de salud pública”, explica una de las personas afectadas que pidió anonimato.

Las pruebas serológicas en pacientes que viven con VIH deben tener cierta frecuencia dependiendo la carga viral y son fundamentales para determinar la etapa en la que se encuentra el virus en el organismo. La ineficiencia del Estado para atender el derecho a la salud de las personas afectas por la vieja pandemia del VIH durante la nueva pandemia de la Covid ha disparado el mercado ilegal de Antirretrovirales (ARV). En el primer mes de confinamiento cinco personas seropositivas perdieron la vida y el gobierno no está detallando en sus reportes de Covid cuántas personas que viven con esta condición están luchando por su vida en las salas de algún hospital a causa del nuevo virus.¹

El problema es sistémico: Uno de los principales obstáculos para el análisis del sistema de contrataciones públicas de medicamentos en México es la descentralización indiscriminada del sistema farmacéutico que abastece a la nación, lo cual ha generado complicidad entre las instituciones del Estado y la industria farmacéutica, según denuncian activistas como Luis Armando Quiroz y Alaín Pinzón.

Al no existir transparencia en los procesos de adquisición de medicamentos, las dependencias muchas veces simplemente fallan en proporcionar lo que ellos mismo llaman “Tratamientos de vida”. El nombre deriva de la necesidad del paciente de tener una correcta adhesión, ya que sin ellos su vida corre peligro, y en ocasiones son las mismas instituciones las que abastecen el mercado ilegal. Las víctimas son siempre las mismas. Toda persona que por azares del destino requiera de una cita con el área de especialidades.

Entre la vida y el medicamento, el mercado negro de los ARV

Ante el desabasto, incrementado por la covid-19, algunas personas acuden al mercado ilegal para intentar cumplir con su tratamiento. Adquirir los medicamentos ARV con este método suele superar por mucho las percepciones del salario mínimo, por lo que su compra solo la pueden realizar personas con alto poder adquisitivo.

Otro problema con el mercado ilegal es que literalmente se trata de robo a los almacenes de medicamentos del Estado. “Que no se olvide que el consumo de esos medicamentos es en detrimento de la salud de otras personas. Anteayer había una cuenta vendiendo un medicamento que recién llegó al país para tratar la hepatitis, y sin duda, el origen son los almacenes del sector salud”, explicó Pinzón.

“Sí tenemos wey, ya dile”, asegura un sujeto con gafas oscuras mientras increpa a otro que usa un cubrebocas, que oculta su rostro, a decir el precio de los fármacos. “Son mil pesos por el empaque de Truvada y otros dos mil pesos por la fórmula compuesta de Efavirenz”, aseguró el segundo sujeto. De haber aceptado, lo tendrían para el día siguiente.

Esa escena, donde grupos de jóvenes que no pasan de los 30 años venden medicamentos de manera ilegal, ocurrió a las 4 de la tarde del penúltimo sábado de agosto en Jalisco. Específicamente en una colonia nombrada por los mismos tapatíos como “El barrio de las medicinas”, o bien, “El Santuario”, frente al edificio del Palacio Federal en Guadalajara, en la entidad gobernada por Enrique Alfaro Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano. No hay policías y todas las personas que pasan por ese lugar saben perfectamente lo que ahí ocurre.

Los medicamentos que ahí ofertan claramente poseen la leyenda que cita: “Clave para uso exclusivo del sector salud”, es decir que su venta está prohibida debido a que se trata de medicamento comprado por el Estado. De ahí que algunos activistas como Pinzón, director del grupo de apoyo comunitario VIHveLibre, argumenten que en ocasiones son las propias instituciones las que trafican con medicamentos: “Truvada, de manera legal (y fuera de las instituciones de salud) se puede conseguir solamente en el genérico con un costo de tres mil pesos (…) Cualquier cosa se puede conseguir, nuestra teoría, que no hemos podido comprobar, es que hay personas de la Secretaría de Salud u otras dependencias metidas en el tráfico y generando un desabasto en los almacenes”.

Pinzón, además, encontró pruebas de tráfico de medicamentos en redes sociales como Facebook; este caso era similar al de la venta en espacios públicos. Los medicamentos localizados por Pinzón también poseen clave identificadora del Estado y conservan la leyenda: “Prohibida su venta”.

Ante el embate del comercio ilegal y las fallas en el sistema de salud que todos los días le reportan, Alaín Pinzón y su organización se encuentran repartiendo medicamento por toda la república apoyándose principalmente en donaciones de organizaciones de la sociedad civil.

El mal uso bajo advertencia de Lopinavir

Pese a que el gobierno federal emitió un comunicado durante la pandemia de la covid-19 dirigido a todas las instituciones de salud pública en el que advertían sobre el uso inadecuado del tratamiento ARV en pacientes con la nueva enfermedad, PODER posee pruebas de que el medicamento Lopinavir fue utilizado para atender covid. [«. Uso de Lopinavir para Covid: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Uso_de_medicamentos_de_eficacia_no_demostrada_en_pacientes_con_COVID.pdf]

Las autoridades del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, reconocieron que: “Debido a que era el único tratamiento antiviral que el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez tenía disponible, los ARV fueron utilizados en 116 pacientes de covid”.

Los medicamentos para tratar el VIH que fueron utilizados para combatir el nuevo coronavirus fueron el Lopinavir y Ritonavir de 200 mg, de Rinolaveo laboratorios. Hasta el momento se desconocen las implicaciones que esta práctica tendrá en el abasto de ARV para la población que vive con VIH.

Esta misma información fue solicitada a varias dependencias, entre las cuales, únicamente la dirección general de la Secretaría de Salud reportó carecer de la misma.

Según la propia información del Gobierno Federal, algunos de los medicamentos o intervenciones que se han usado en México hasta ahora para tratamiento de covid-19, y que al momento carecen de evidencia científica de ser eficientes contra este padecimiento son los siguientes: Cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, tocilizumab, ivermectina, remdesivir, plasma de pacientes convalecientes, anticoagulantes y otros.

Las consecuencias de estos tratamientos que carecieron de farmacovigilancia fueron evidentes. Al poco tiempo de que las autoridades declararan Emergencia Sanitaria por covid-19, algunas organizaciones de la sociedad civil tuvieron que generar redes de apoyo para autoabastecer de medicamento a las personas que viven con VIH y que no habían podido tener acceso a su medicamento.

La crisis en pacientes seropositivos por COVID

A través del grupo de apoyo comunitario, nueve personas organizaron una campaña en redes sociales donde mostraban pancartas que ocultaban su identidad, pero denunciaban diferentes deficiencias en el Sistema de Salud derivadas por la pandemia de la covid. Los principales reclamos fueron la tardanza en la entrega de ARV, la falta de equipo médico para realizar el conteo de células CD4 (cantidad de glóbulos blancos), estudios PCR de VIH, el cambio en la cantidad de ARV (dejaron de entregar tratamiento para tres meses obligando a las personas a exponerse más frecuentemente) y la indisposición de parte del personal para atender a esta población.

Los estudios médicos son indispensables para esta población debido a que el recuento de CD4 les indica el número de células CD4 que hay en una gota de sangre. Cuantas más, mejor. Mientras que el estudio de la carga viral mide la cantidad de VIH. Es decir, que sin estos estudios desconocen su estado de salud, y por ende, el tipo de tratamiento al que deben ser adheridos.

Sobre el cambio en la cantidad de tratamiento entregado, estas personas explican para PODER que en su caso, por tratarse de una emergencia sanitaria, exponer a las personas inmunodeficientes a filas que podrían durar hasta cinco horas, todos los meses, entre personas probablemente portadoras del coronavirus, era potencialmente mortal. Asimismo, argumentan que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda la entrega de tres meses de medicamento, no de uno como lo realiza actualmente la Secretaría de Salud en México.

Otro de los entrevistados, explica más a detalle el riesgo de acudir constantemente a las clínicas covid. Él asistía a la clínica ubicada en Tlatelolco hasta que fue transformada en una clínica covid y para no correr riesgo, tuvo que moverse a la Clínica Condesa donde ahora mismo es atendido. “Pusieron ese hospital, el de Tlatelolco, como Hospital covid. Cada mes era una pesadilla porque me estaba exponiendo, es decir, corría peligro de contraer la enfermedad”.

En el mismo sentido que el entrevistado en Tlatelolco, Alaín Pinzón, explica otra parte de las complicaciones que surgieron con la covid-19: “El problema se complica porque tienes que pedir permiso en el trabajo más veces porque tienes más citas médicas, las veces que tienes que gastar en el trabajo por transporte… Son cosas que las autoridades no están viendo. Ahora con la pandemia, el gran pretexto (excepto en la Secretaría de Salud), en el IMSS tienen problemas con las recetas resurtibles, esto está generando que los pacientes con VIH también se vuelvan portadores de covid”.

Entre los reclamos, existe otra exigencia relacionada con la transparencia. Con los datos presentados por la Secretaría de Salud ante la covid, es imposible determinar cuántas personas se encuentran en riesgo por vivir con VIH. Los archivos, consultados por PODER, contemplan únicamente el registro de la existencia de algunas comorbilidades en pacientes que fueron a consulta por Sars-Cov-2, entre ellas pacientes que presentaron inmunosupreción. No obstante, debido a los múltiples factores por los que el cuerpo presenta esta sintomatología, resulta imposible identificar cuántos de ellos pertenecen a la población que vive con VIH.

Una falla en el sistema obradorista

Pero el problema con el desabasto no es, según los especialistas, generado por la emergencia sanitaria mundial. Por ejemplo, Luis Andrés Quiroz, defensor de Derechos Humanos y Consultor en Derecho a la Salud, explica para este medio de comunicación que la problemática surge, en un principio, con el nuevo sistema de contrataciones.

En noviembre del 2018, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que le confiere a la Secretaría de Hacienda la facultad de comprar los medicamentos de manera centralizada.²

En el viejo esquema existía la Comisión Reguladora de Precios, dependencia que emitía un documento que garantizaba un sólo costo. De ahí, las tres grandes compradoras de ARV eran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud (SSA) y Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida); luego Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compraban al IMSS a través de la compra consolidada.

Cuando entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todo el sistema de compras de medicamentos fue modificado. Ahora las instituciones de Salud que anteriormente realizaban dos compras al año junto a los 32 sistemas estatales, ya no lo hacen. Ahora lo hacen desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con asesoría del sector salud. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS siguen comprando por su cuenta.

Este cambio fue recibido con molestia por algunas personas, debido a que un supuesto atraso en los pagos detuvo toda la cadena de producción y las personas se quedaron sin el medicamento en el mes de febrero del año en curso. Por ejemplo, la fundación VIHDHA y la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH emitieron un comunicado público en contra del desabasto generado por la compra consolidada.³

El problema, según explican las organizaciones, no es la búsqueda de nuevos sistemas de contratación pública que en este caso ahorró 1,741 millones de pesos al erario, sino que ese ahorro, se haya ponderado sobre la salud de los derechohabientes.⁴

La farmacovigilancia que pudo prevenir enfermedades

“Lo que en México falta es la supervisión”, asegura Luis Andrés Quiroz. Como en cualquier negocio, tiene que haber un control de calidad; esto no ocurre en México. Para saber qué medicamentos se están utilizando y qué implicaciones tienen en la salud de los usuarios, es muchas veces necesario acudir a estudios de laboratorio que las instituciones no tienen. Ese es su caso.

“Hoy en día no hay un proceso de supervisión por parte del Estado, porque con los recortes presupuestales que hemos tenido, más específicamente hablando, desde el sexenio anterior, la supervisión de medicamentos ha sido nula (…) Yo no me niego a utilizar el producto, sólo compruébame que lo que me voy a llevar a la boca, por lo que yo estoy pagando con mis impuestos sea de calidad comprobada, porque si era un tema de costos, podrían comprar a otros países como Guatemala o la India”, explicó.

Luis Adrián Quiroz, explica sobre su experiencia con los medicamentos de sustancia activa Tenofovir Disoproxil Succinato y Darunavir, manufacturados por las farmacéuticas Sandoz Inc de origen Suizo, especializada en biotecnología y parte del conglomerado Novarits Group, y la mexicana Landsteiner también especializada en biotecnología, que son las principales proveedoras de los ARV.

Esas dos empresas, según Quiroz, no cumplieron con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 177, que solicita la presentación de pruebas de biocomparabilidad e intercambiabilidad con relación al tratamiento de patente. Es decir, que comprueben con estudios médicos y farmacéuticos el cumplimiento con los principios de seguridad, eficacia y calidad.

Según explica el activista y consultor, la diferencia radicó en la composición de la sustancia activa. Mientras que el medicamento original contenía Tenofovir Disoproxil Fumarato, el medicamento por el que fue suplantado contenía Tenofovir Disoprovil Succinato. Ambos fueron catalogados con clave 4396 a pesar de no ser el mismo compuesto.

Lo que ocurrió con el caso de Luis Quiroz, fue que justo cuando estaba por aprobarse el uso de este medicamento (tenofovir succinato) –que erróneamente fue calificado como genérico–, no se poseían los estudios necesarios para determinar si las cápsulas garantizaban la salud de los consumidores.

Debido a lo antes mencionado, Luis Quiroz padeció de insuficiencia renal relacionada con el fármaco que le había otorgado el Estado. Y para poder acceder a otro tratamiento, tuvo que presentar un amparo y comprobar estos daños con estudios que él consiguió.

PODER solicitó una entrevista con el director del área de adquisiciones, Carlos Miranda, principalmente para que hablara sobre el caso de Luis Quiroz y explicara por qué los nuevos procesos de compra-venta estaban generando desabasto en el país. Su respuesta fue la siguiente: “Híjole, con esto de la pandemia el personal no está trabajando, mejor has tu solicitud por transparencia”.

Aunque, finalmente gracias al amparo de Luis Quiroz, las autoridades se vieron obligadas a otorgar diferentes claves al medicamento reconociendo que no era un genérico del Tenofovir, el riesgo con otros medicamentos está latente en tanto las autoridades no comiencen a explorar el contenido de todas las fórmulas recetadas por el sector salud. “Es algo que impactaría positivamente a todos los derechohabientes, no sólo a quienes vivimos con VIH”, finalizó Luis. Todo esto lo aprendió sobre la marcha. Conforme ponía en riesgo su salud.

Esta compleja amalgama de errores logísticos, tráfico, pagos atrasados y carencia de determinación científica para evaluar las cápsulas, seguirá latente en tanto las autoridades no mejoren sus mecanismos de rastreabilidad de los fármacos que adquieren. En casos como el de los tratamientos ARV, la opacidad es la muerte.