BASURA S.A.

El gobierno de la ciudad de Aguascalientes acaba de revocar el contrato de concesión que entregó a la empresa privada Tratamiento y Procesamiento de Residuos Sólidos PIMSA para construir una planta recicladora en el relleno de San Nicolás, donde llegan más de mil toneladas diarias de basura. Este es el primer gran revés que recibe Diego García Coudurier, empresario relacionado a dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), y que ha construido un pequeño imperio alrededor de la basura.

El empresario Diego García Coudurier afirma en redes sociales que tiene operaciones en nueve municipios de México, sin detallar cuáles son. En esta investigación realizada por BI NOTICIAS con el soporte de PODER, y que también se ha realizado en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), se han encontrado, además de en Aguascalientes, proyectos de reciclaje de basura concesionados a sociedades del empresario en Querétaro, Cancún, Mérida, e incluso se le relaciona con San Miguel de Allende.

Sus proyectos han sido criticados por ser desfavorables para la finanzas de los municipios y en tres de ellos se ha evidenciado daño ambiental por la acumulación de residuos, falta de procesamiento o mal manejo de lixiviados.

Las razones para anular un contrato millonario

En una escueta respuesta oficial remitida el pasado 18 de septiembre a la redacción de BI Noticias para contestar un cuestionario que 7 días antes se le había enviado al equipo de la alcaldesa panista de Aguascalientes, Teresa Jiménez, se anunciaba la suspensión del proyecto con PIMSA para la construcción de la planta recicladora en el relleno de San Nicolás.¹ Las preguntas giraban alrededor del proceso de licitación, del contrato y sobre las relaciones del abogado García Coudurier con dirigentes del PAN.

La razón esgrimida para la cancelación es técnica, ya que a pesar de que aún no se ha empezado a construir la planta, los trabajos preparatorios están siendo muy problemáticos. El 2 de julio de 2020 la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente clausuró el relleno al encontrar que “aproximadamente 80 mil litros extras [de lixiviados] se están generando, y no se tiene un manejo adecuado. Que caigan al suelo o se filtren a los acuíferos es un tema preocupante”.² Además, la dependencia añade “otra causa [de la clausura] es que los residuos no están siendo compactados adecuadamente”.

El 27 de julio, la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMA) aseguró que PIMSA no se encontraba inscrita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “consideramos que la empresa, al no obtener el registro, empieza a retirar su maquinaria y personal. Sin maquinaria y personal, es imposible realizar la operación del sitio”. El propio gobierno municipal confirmó la falta de registro.³

La futura planta tampoco satisfacía a quienes realizan los trabajos informales del vertedero al que llegan mil toneladas diarias de basura. La mañana del 3 enero de 2020 las personas que viven del reciclaje se manifestaron en contra. “Trabajando aquí mi padre nos sacó adelante a mis hermanos y a mí y ahora yo hago lo mismo con mis hijos. Te pueden hacer mil promesas, pero ¿cómo estar seguro de que te las cumplan?”, se preguntaba uno de los manifestantes, preocupado por la continuidad de sus labores.

Tiempos apresurados para un contrato largo

Una foto publicada el 26 de octubre de 2018 en las páginas de sociales del diario de Aguascalientes, Página 24, mostró un almuerzo entre Gustavo Tristán y Maximiliano Rodríguez, dos regidores panistas, y Rubén Urbina Ortega, un representante de Tratamiento y Procesamiento de Residuos Sólidos PIMSA. En este momento el proyecto de la planta ya se había aprobado en el cabildo de mayoría panista y aún faltaban tres meses para que se publicara la convocatoria.

Ninguno de los tres comensales quiso responder al cuestionario que se les mandó al respecto de la conversación en esa reunión. El proyecto suscitaba dudas entre otros regidores. “En su momento si te piden votar en pocos días sin tener mayor conocimiento te preocupa lo que puedan vivir o no estas personas, pues de eso viven muchas familias. Tu servidor no volvió a tener otra respuesta o comentario al respecto, y pues bueno, se fue al congreso” afirmó Miguel Romo, comisionado de Ecología.

“Hay algunos que especulan que ya se tiene una empresa la cual será la encargada de hacer esto. No señores, va a haber una licitación nacional con reglas muy claras”, afirmó Sergio Augusto López Ramírez, diputado del Partido Verde Ecologista en la presentación del proyecto en el Congreso de Aguascalientes el 27 de diciembre de 2018, siete meses después de la aprobación por parte del cabildo.

López Ramírez propuso su inclusión poco antes del inicio de la sesión y en el mismo día que el Congreso del estado discutía la ley antiaborto, dirigida a proteger la vida desde la concepción. En medio de una discusión tan polémica, el dictamen del Relleno de San Nicolás fue aprobado por mayoría y sin mayor atención.

El 21 de enero de 2019 se publicó la convocatoria⁴, que para un contrato de 15 años daba sólo 15 días para presentar inscripciones, y se resolvería 24 días después. Diego García Coudurier presentó dos empresas: Tratamiento y Procesamiento de Residuos Sólidos PIMSA, que resultaría ganadora, y Vehículo de Participación Europea, controlada por la firma Tratamientos de Reciclados del Sureste (TRS), de la que el empresario se presenta como director general y presidente ejecutivo.⁵ Una tercera, GBS Soluciones en Residuos, fue representada por Alejandra Cecilia Pardo Cervantes, una ejecutiva que luego se convirtió en representante legal del Grupo GARCÍACOUDI, otra de las empresas de García Coudurier.

Las dos empresas restantes fueron Tecnosilicatos y Veolia. Durante el proceso, expresaron molestias, por considerar insuficiente el tiempo para presentar propuestas, pero no recibieron respuesta favorable de las autoridades. Lo hicieron de manera formal ante la Junta de Aclaraciones de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio. Incluso Alejandro Martí, representante de Tecnosilicatos de México, aseguró a los reporteros que este proyecto “es un tema algo delicado, obviamente son irregularidades bastante preocupantes.”

Tratamiento y Procesamiento de Residuos Sólidos PIMSA fue la única de las cinco empresas que finalmente entregó una oferta. Las autoridades consideraron que, a pesar de ser la única propuesta y de no tener otras con las cuales comparar, la empresa cumplía con los requisitos para intervenir en el relleno sanitario hasta 2033 y construir la planta de reciclaje.

Las relaciones que encumbraron a Garcia Coudurier

La historia profesional de Diego García Coudurier empieza en la Escuela Libre de Derecho, de la que egresó en 2006, siendo la única línea biográfica que aparece en la web del bufete Bufete Garcia Jimeno⁶, del que es asociado. En las aulas de la Escuela Libre también conoció a Ricardo Villarreal García, quien llegó a ser socio en la empresas de reciclaje Tratamiento De Reciclados Del Sureste, S.A. De C.V.

Los apellidos Villareal García son muy conocidos en Guanajuato. Los dos hermanos Ricardo y Luis Alberto fueron diputados federales por el PAN en el periodo 2012 y 2015. Luis Alberto Villarreal García llegó al punto de ser el coordinador de los diputados del partido, el segundo más poderoso de México en ese entonces.

Ocupaba esa posición cuando el diario AM de León, Guanajuato le acusó en marzo de 2014 de liderar una red de “moches”, o sobornos, entre los diputados del PAN. De acuerdo con la publicación, condicionaba la entrega de recursos públicos a los municipios a cambio de que éstos beneficiaran a constructoras y empresarios cercanos. La investigación periodística se basó en testimonios anónimosde diputados locales y federales. En entrevista colectiva para medios locales, Luis Alberto Villarreal García negó las acusaciones: “A menos de que ustedes me digan lo contrario, yo no conozco un solo nombre o una sola denuncia”. Cinco meses después perdió la coordinación por el caso “dipu-tables”, en donde aparecía en vídeos en una fiesta con bailarinas exóticas acompañado de otros legisladores.

Cuando el periodo en la cámara terminó, el grupo panista liderado por Luis Alberto se lanzó a diversas alcaldías: María Teresa Jiménez Esquivel en Aguascalientes, Marcos Aguilar Vega en Querétaro y su hermano Ricardo Villarreal en San Miguel de Allende. En todas esas jurisdicciones se realizaron contratos o concesiones relacionadas con plantas de reciclaje.

La sociedad de Ricardo García Villarreal y García Coudurier

En 2013, y con su primer mandato como diputado expirado, Ricardo Villarreal se convirtió en socio de la empresa Tratamiento de Reciclados del Sureste. Junto a él, como propietarios de la empresa, aparecen en la gaceta oficial de la capital del país Alberto Damián Chan García, y Diego García Coudurier.

La historia empieza en 2007 cuando el alcalde de Mérida, César José Bojórquez Zapata, del PAN, convocó a un proceso que terminó con la entrega de la concesión al ciudadano Alberto Damián Chan García. En el acta de la sesión de cabildo no se nombra a alguna empresa en particular.

En 2009, once meses antes de dejar el cargo, Bojórquez Zapata como alcalde cede la concesión de dicha planta a García Coudurier, en un movimiento aprobado por el cabildo en donde se estipula que la operación estará a cargo de la empresa denominada “Tratamiento de Reciclados del Sureste”⁷ hasta 2022. En febrero de 2010 un abogado denunció a Artículo 7 que detrás de esos movimientos había operado una maniobra bien planificada con sobornos de millones de pesos para dar a García Coudurier la concesión.

La nueva presidenta municipal de Mérida, Angélica Araujo (Partido Revolucionario Institucional, 2010- 2012) cerró la planta operada por Tratamiento de Reciclados del Sureste en 2011 porque el tratamiento de reciclado llevaba procesos equivocados, que derivarían en una contingencia ambiental, según la dirección de Servicios Públicos.

La planta se volvió a abrir el 30 de septiembre 2014 con el nuevo alcalde Renán Barrera (PAN, 2012-2015) y Ricardo Villarreal como accionista. La novedad es que con la basura habría generación de energía. Gran parte de la documentación que se ha pedido vía peticiones de información sobre el estado de la planta se ha marcado como confidencial.

Ricardo Villarreal, diputado por segunda vez desde el 2018, admitió por escrito a los reporteros su participación en Tratamiento de Reciclados del Sureste, pero asegura “hace ya varios años, como consta en diversos documentos públicos, dejé de participar en la misma.” y asegura que está “acostumbrado a vivir bajo el más amplio escrutinio sobre su actuar.”

“En cuanto a las concesiones que pudiera haber obtenido empresas relacionadas con el Sr. Diego Coudurier, a quien conozco de hace muchos años como un empresario serio y quien ha buscado mejorar el medio ambiente de nuestro país, siendo una de las pocas empresas recicladoras de México, desconozco las concesiones que a la fecha tenga, lo único que sí sé es que tiene concesiones en diversos puntos del país y con diferentes partidos políticos; en el caso particular que se me pregunta de Querétaro y Aguascalientes lo desconozco”, dijo Villarreal. Al mismo tiempo, negó haber ayudado a su antiguo socio y compañero de aula a conseguir negocios en los municipios gobernados por sus compañeros del PAN.

El modelo de negocio de la basura

García Coudurier ha logrado convertir la basura en millones de pesos para sus empresas. Una de las claves en su operación está en su modelo de contratación, que garantiza que sus empresas tengan un pago seguro sin importar el número de toneladas de basura que entran en su planta. Además de que los municipios le entregan la materia prima para que la procese y pueda vender, a las empresas se les paga por hacer este procedimiento, es decir, cobran por recibir materia.

El proyecto de Aguascalientes, antes de su cancelación, fue cuestionado por el regidor Miguel Romo del PRI. Desde la convocatoria, el municipio se obligaba a sí mismo a entregar un volumen diario mínimo de 1,053 toneladas de basura, sin siquiera tener obligación de procesar y reciclar un porcentaje mínimo, pues se le daba el derecho de “determinar libremente el volumen de residuos a tratar”.

La empresa PIMSA, que de todas las participantes fue la única que entregó propuesta, cobraría 223.88 pesos por tonelada, garantizando un ingreso mínimo de 235 mil pesos al día, recibiera o no basura. El priísta cuestionó el proyecto desde el inicio y fue uno de los dos votos en contra. Había dudas “como que empezaban pagando el precio inflacionado a 15 años y otras cuestiones que dejaban mucho que pensar”, explicó para este reportaje.

Aunque el mejor ejemplo del negocio que sí logró forjar con la basura de miles de ciudadanos, es en Querétaro. En 2016 Broquers Ambiental, la empresa de García Coudurier, ganó la licitación presentando la oferta más baja: 146 pesos por tonelada, 169.36 incluyendo impuestos.⁸ El límite del gobierno de Querétaro eran 170 pesos por tonelada.

Meses antes de la inauguración de la planta, la empresa por conducto de su representante legal y apoderado legal, Lic. Diego García Coudurier y Lic. Rubén Urbina Ortega, solicitó una modificación de tarifa debido a una inversión extraordinaria de 109 millones de pesos más para beneficio del medio ambiente.

El gobierno del exdiputado panista Marcos Aguilar Vega respondió de forma generosa porque “consideró que se encuentra justificado”. Se aprobó un aumento de 87.49 pesos en total por tonelada, para llegar a un total de 281.64 pesos⁹, ya con impuestos. La planta fue inaugurada el 21 de marzo de 2018.

La administración del nuevo alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero (PAN 2018-21), encontró problemas para que la empresa cumpliera las promesas que justificaban su aumento de tarifa y llegó al acuerdo de disminuir la tarifa a 210 pesos por tonelada. “Es el único cambio que ha habido”, explica Alejandra Haro de la Torre, secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Broquers Ambiental se comunicó con los reporteros vía telefónica en respuesta al cuestionario enviado. De manera escueta, Javier Luna, quien se identificó como representante, mencionó que “no había nada que decir”, y que Diego García Coudurier, si bien había inaugurado la planta y manejado en un principio, ahora ya no tenía relación con ella. Pero no proporcionó evidencia de ello.

Basura, Ricardo Villareal y Felipe Coudurier

Entre su primer mandato como diputado y el actual, Ricardo Villarreal fue alcalde de San Miguel de Allende entre 2015 y 2018. En 2017 le dió una concesión de 15 años para la gestión de los residuos a la empresa Wink-Tec, quién está gastando ocho veces más dinero que lo autorizado antes de entregar el contrato. El director de Wink-Tec es Felipe Coudurier, sobre el cual nadie ha querido contestar si es familiar de Diego Garcia Coudurier.

De acuerdo con el regidor independiente de San Miguel de Allende, Helio Bastién Partida, la empresa no está cumpliendo con la responsabilidad que se le dio. “No hay separación de basura como lo marca la concesión que se les dio en 2017”, explicó. Según la ficha técnica proporcionada por el regidor durante septiembre, octubre y noviembre de 2018, la empresa recicló únicamente 44 toneladas. Diariamente recibía 114 toneladas ese año, más de 10 mil en el acumulado de 3 meses. Por lo que el monto reciclado fue menos del 1%. El resto, lo que no se recicla, es enterrado en el relleno

El gasto en disposición de la basura se ha multiplicado por 8 en los tres años de operación de Wink-Tec. El presupuesto 2017 para el “Impulso a la Separación de Basura en el Relleno Sanitario”, el último antes de entregar la operación relleno a la empresa, era de 1.53 millones de pesos, la misma partida en 2020 es de 9.89 millones de pesos.¹⁰

El gobierno local se defiende, asegurando que la empresa rehabilitó en su totalidad la Planta de Tratamiento, sin dar cifras de lo invertido. El vocero del gobierno San Miguel de Allende acepta que se multiplicó el presupuesto, pero asegura que en realidad se tratan 17 toneladas diarias, el 6.37% es reciclado. El municipio defiende que esta cifra está dentro de los niveles de mercado, aunque en otros como Querétaro se alcanza el 40%.

Ricardo Villarreal defiende la decisión que tomó al ser alcalde. “Estoy convencido que más que nunca derivado al amplio recorte presupuestal que han sufrido los municipios de nuestro país, los Ayuntamientos están obligados (a) buscar alternativas financieras y técnicas que permitan por un lado ahorrar recursos como fue el caso de San Miguel de Allende, Gto., en donde el municipio ahorra millones de pesos derivados del concesionamiento.”

Cobrar para recibir la materia prima

Este modelo de negocio es una constante en el resto de las plantas: la materia prima -la basura-, se regala a la empresa, también se le paga a la misma empresa para que la procese y disponga de ella. Es habitual que se garantice un pago mínimo diario y/o exclusividad sobre toda la basura generada por la ciudad.

Sin embargo, este modelo no es totalmente exclusivo de las plantas relacionadas a García Coudurier, pero sí bastante reciente. En México los primeros proyectos de separación de basura aparecieron apenas a principios del siglo XXI. Los primeros, de hecho, fueron construidos por gobiernos, para intentar reciclar y darle una vida útil más larga a los rellenos sanitarios.

Es el caso de Nuevo León, donde el gobierno del estado opera un sistema de relleno sanitario y separación de basura, que ofrece a los municipios a un precio de 70 pesos por tonelada, que no siempre pagan a tiempo. La planta opera a máxima capacidad desde el año 2000 y aprovecha el 18% de la basura.

En otros estados como Puebla, el municipio de Cholula entregó en concesión en 2017 a una planta separadora construida con recursos públicos a una empresa privada. El contrato muestra que se le garantiza la entrega diaria de al menos 95 toneladas.¹¹ Sin embargo, medios locales dieron cuenta de que la empresa nunca cumplió con su parte, pues no se separa la basura, provocando saturación en el relleno.

Los riesgos de la gestión de la basura

El municipio de Benito Juárez (Cancún), en el estado de Quintana Roo, tiene un importante problema con sus desechos. La planta recicladora falla constantemente, y en el relleno sanitario la basura proveniente de hoteles, servicios turísticos y pobladores locales se ha llegado a verter a cielo abierto. Los lixiviados (líquidos) que genera escurren y se derraman afectando el ecosistema que la rodea, según documentos oficiales. Ese mismo problema es el que se reporta años después en Aguascalientes.

Otra vez, García Coudurier está involucrado con la empresa Promotora Inmobiliaria Majahual, que en 2013 obtuvo la concesión de la prestación del servicio público de limpia por un término de 20 años. Roberto Borge Angulo, ex gobernador del estado (hoy investigado por delincuencia organizada) junto con el alcalde Paul Carrillo de Cáceres y el propio Garcia Coudurier inauguraron la planta en 2015, que supuestamente ponía al estado a la vanguardia en Latinoamérica en el tratamiento de residuos sólidos. A partir del 2017 se empezaron a detectar faltas al contrato original.

El medio Noticaribe ha constatado que no funcionan las bandas separadoras de basura reciclable y se vierte basura a cielo abierto. Estas irregularidades incluso ya han sido señaladas por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, dependencia que también ha señalado que los lixiviados se han derramado fuera del canal que se construyó para contenerlos, y hay acumulación de la basura que no se recicla. Estos residuos no tienen cobertura, y se empapan constantemente por las lluvias, lo que genera más lixiviados.

El siguiente en esta lista de malas gestiones puede ser la Ciudad de México. El 28 de julio de 2020 se publicó en la gaceta oficial una preselección de empresas que pasaron a una segunda ronda para competir para la Instalación y Operación de Plantas de Tratamiento y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos. En dicha lista, aparece VEHÍCULOS DE PARTICIPACIÓN EUROPEA, S.A.¹²

La sociedad está relacionada a Tratamientos de Reciclados del Sureste, empresa de la que Garcia Coudurier se ha presentado como director general y presidente ejecutivo, aunque se subraya el hecho de que en este registro aparece como “VEHÍCULOS” y no como “VEHÍCULO”. En el nombre del proyecto se menciona a Bianna Recycling, empresa que en alianza con Broquers Ambiental (en la que Garcia Coudurier se presentó como presidente del consejo) levantó la planta en Querétaro.

Los reporteros intentaron por numerosas vías obtener un posicionamiento por parte del empresario. Se contactó al bufete donde aparece como socio, se escribieron correos a las empresas con que se relaciona, se solicitó su contacto al representante de la empresa en Aguascalientes, y se le escribió a su red social. Pero no se obtuvieron respuestas.

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